Juan Antonio Reyes Lores O Flores

Expediente 295/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
295/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Juan Antonio Reyes Lores O Flores

Actuaciones

  1. Principal

    En diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio registrado bajo el folio 6200. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. SE RECIBE OFICIO. Agréguese a los autos, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia; mediante el cual se hace del conocimiento, que el titular del referido juzgado aceptó la competencia planteada en el presente asunto. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    En tres de mayo de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez con la demanda de amparo, presentada físicamente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, la cual fue turnada a este órgano jurisdiccional y registrada bajo el folio5510. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de mayo de dos mil veintitrés. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************o ********************, contra actos de los Jueces de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, del Centro de Justicia Penal Estatal en la Ciudad de ********************, Michoacán de Ocampo, y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número ********************/2023. INCOMPETENCIA LEGAL. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, carece de competencia legal para conocer del asunto planteado. Lo anterior, en virtud a que el impetrante de amparo ********************o ********************, señaló como autoridades responsables a: Como ordenadoras: Jueces de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, del Centro de Justicia Penal Estatal en la Ciudad de ********************, Michoacán de Ocampo. Como ejecutoras: Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en la ciudad de ********************. Policía Ministerial en el Estado de Michoacán, con sede en la ciudad de ********************. A quienes atribuye la orden de aprehensión girada en su contra, así como su ejecución material. Precisado lo anterior, del artículo 37 de la Ley de Amparo, se obtienen tres reglas que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: Es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Es competente el Juez de Distrito, donde se haya presentado la demanda, en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro. Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. En esa tesitura, en el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis, virtud a que el acto reclamado requiere de ejecución material (orden de aprehensión), esto es, que con la emisión del acto reclamado, se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o porque sus efectos conlleven a esa situación; es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Por tanto, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Bajo esa tesitura, tenemos que, en el presente asunto, las autoridades señaladas como ordenadoras tienen su residencia en la Ciudad de ********************, Michoacán de Ocampo, y las autoridades señaladas como ejecutoras tienen su residencia en ********************, Michoacán de Ocampo, pues existe el señalamiento expreso por parte del promovente de tales residencias, no así de alguna autoridad, con sede en un lugar ubicado dentro de la circunscripción territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. Aunado a lo anterior, del escrito inicial de demanda se desprende que, el promovente del amparo manifiesta bajo protesta de decir verdad, que tiene su domicilio ubicado en la calle ********************, número ********************, colonia ********************, segunda sección, ********************, Michoacán de Ocampo, y que el día veinte de abril del dos mil veintitrés, personas que se dicen agentes de la policía judicial se presentaron en su domicilio particular con el propósito de privarlo de su libertad. De lo que se sigue, el acto reclamado tendrá ejecución en el municipio de ********************, Michoacán de Ocampo, pues es ahí donde se pretende cumplimentar la orden privativa de libertad, ya que en ese lugar se presentaron, según el dicho del quejoso, elementos de la Policía Ministerial. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, es en ese sitio en que presumiblemente se ejecutará la orden de aprehensión reclamada y, en donde los Juzgados de Distrito con residencia en la ciudad de ********************, ejercen su jurisdicción, acorde con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. No se soslaya el criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del Juez de Distrito, pues la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del Juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar a página 383, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, registro digital 2004166, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Por tanto, se estima que este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer del presente asunto; de ahí que, en términos del numeral 48 de la Ley de Amparo, es legalmente compete para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción residan las autoridades donde deba ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, en este caso, es el Juez de Distrito en turno, con residencia en ********************, Michoacán. En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se declina la competencia al titular del JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, EN TURNO, CON RESIDENCIA EN MORELIA, por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar donde pretende ejecutarse los actos reclamados respecto del quejoso precisado en este apartado, a fin de que provean lo que conforme a derecho corresponda. Por tanto, remítase copia certificada del presente expediente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de distrito con residencia en ********************, Michoacán, para que por su conducto, lo turne al juzgado correspondiente. Solicítese al Juez, que corresponda conocer de su contenido, se sirva acusar el recibo de estilo respectivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes. AUTORIZADOS, DATOS DE CONTACTO Y USUARIO. Por otro lado, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; así como proporcionado el correo electrónico *********** y el número telefónico ********************, para oír y recibir notificaciones. Sin que pase desapercibido, que los datos de contacto proporcionados no se encuentran contemplados en el numeral 26 de la Ley de Amparo, para las notificaciones a la parte quejosa; sin embargo, se ordena agotarlos de conformidad con el artículo 28 fracción III, de la Ley de Amparo, por similitud jurídica, pues dicho numeral autoriza a ordenar notificaciones a las autoridades responsables en casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario para la eficacia de la notificación, por cualquier medio oficial. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, conforme al artículo 3º de la Ley de Amparo; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

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