Juan Antonio Rangel Heras
Expediente 731/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 731/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Antonio Rangel Heras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa estado. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la determinación que decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área del edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 4. Incidente de suspensión. Mediante resolución de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. 4.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4.2 Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con veintiún minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido de la Secretaria Cristina García Maya, en el juicio de amparo 731/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, la Secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al Juez: con la demanda de amparo e informe justificado; el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales de la autoridad responsable; sobre el particular el Juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas relacionadas. No habiendo prueba pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y al Secretaria hace constar que ninguna de las partes presentó pedimento alguno; a lo que el Juez acuerda: ténganse haciendo la anterior constancia y se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 731/2021, promovido por Juan Antonio Rangel Heras, por alegada violación a los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48, 55, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece el número, denominación y circunscripción territorial de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos y Juzgados de Distrito, dado que el acto reclamado produce sus efectos dentro de la jurisdicción de este juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. La parte quejosa reclama lo siguiente: El acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, pronunciado en los autos del juicio laboral 477/2020, en el que se admitió a trámite la demanda promovida por el quejoso en contra de Poliforum Centro de Innovación Social, su Consejo Directivo, y se desechó respecto de la Directora General del Poliforum Centro de Innovación Social, Presidente Municipal del Ayuntamiento Morelia, Michoacán, Regidores de cada una de las distintas representaciones o fracciones políticas que integran el mismo Ayuntamiento, titular de la Secretaría de Bienestar y Política Social del mismo Ayuntamiento, Contador Municipal, y quien resulte responsable de la relación laboral. Tercero. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. Es cierto el acto que el quejoso reclama, ya que así se desprende del contenido del informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, y se corrobora con las copias certificadas del expediente laboral 477/2020, las que tienen valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo Cuarto. Análisis de causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe ser analizado por el juzgado aún de oficio, como así lo señala el artículo 62 de la ley de amparo. En el caso, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso artículo 61 fracción XXIII y con numeral 107 fracción V, interpretada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en una resolución en la que se desechó parcialmente una demanda presentada en la vía laboral, que en la especie, el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, toda vez que con el desechamiento parcial de esa demanda, no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos del peticionario de amparo como pueden ser la vida, propiedades y posesiones, entre otros, y tampoco se produce afectación material de los mismos. Es así, pues el desechamiento parcial de la demanda laboral presentada contraviene el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a una impartición de justicia pronta, pues si bien es cierto que la sentencia definitiva que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del promovente, no se ocupará de lo desechado, también lo es que la tramitación del juicio continuará respecto de los elementos que integraron la litis y concluirá con una sentencia definitiva impugnable en amparo directo en el que puede cuestionarse esa actuación como violación procesal que, de prosperar, dará lugar a la reposición del procedimiento, subsanándose con ello la afectación resentida dentro del juicio ordinario. Lo que, de ninguna manera afecta en forma directa, inmediata y material los derechos sustantivos de la parte quejosa, porque los efectos jurídicos producidos con la resolución motivo del amparo son meramente intraprocesales, pues su única consecuencia es que se establezca la relación jurídico procesal entre actor y demandados, que el juicio se sustancie y culmine con una sentencia, la que incluso podría ser favorable a los intereses del quejoso, caso en el cual desaparecería el supuesto agravio, pero en caso contrario tiene expedito su derecho para apelar la sentencia de primera instancia y hacer valer los agravios pertinentes, reclamando la citación al juicio, y si la resolución de alzada es contraria a sus derechos, puede reclamarla en el amparo directo. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia PC.XVI.A. J/32 A (10a.) de los Plenos de Circuito que establece: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [APLICACIÓN SISTEMÁTICA Y ANALÓGICA DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 37/2014 (10a.), 2a./J. 48/2016 (10a.) Y P./J. 7/2019 (10a.), E INAPLICABILIDAD DE LA DIVERSA 2a./J. 55/2002]. En la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, siempre que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, que sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no trascienda al sentido del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Con apoyo en esas directrices, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) la Segunda Sala sostuvo que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste; además, en ese criterio también precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, ya que en ese caso el juicio de amparo será procedente. En esa línea de pensamiento, en la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), el Pleno del Máximo Tribunal determinó que el auto o resolución que niega la admisión de la denuncia del juicio a terceros carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, porque únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, postura que, dijo, es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar, dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza. Con base en lo anterior, contra el desechamiento parcial de la demanda no procede el juicio de amparo indirecto, por contravenir el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a una impartición de justicia pronta, pues si bien es cierto que la sentencia definitiva que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del promovente, no se ocupará de lo desechado, también lo es que la tramitación del juicio continuará respecto de los elementos que integraron la litis y concluirá con una sentencia definitiva impugnable en amparo directo en el que puede cuestionarse esa actuación como violación procesal que, de prosperar, dará lugar a la reposición del procedimiento, subsanándose con ello la afectación resentida dentro del juicio ordinario. De ahí que resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/2002, al sustentarse en la afectación exorbitante que, afirmó la Segunda Sala, causa el desechamiento parcial de la demanda; concepción que resulta incompatible con el texto legal vigente". Además, que no se afecta el desarrollo del juicio de origen, ni se vulnera la garantía de defensa del aquí quejoso; de ahí que, de existir tal violación, ésta sólo produce una afectación de índole procesal, y de ninguna manera impide al promovente el ejercicio de un derecho. En esas condiciones, al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso artículo 61 fracción XXIII y con numeral 107 fracción V, interpretada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito determina sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Antonio Rangel Heras en contra del acto que reclamó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, por las razones precisadas en el último considerando de este fallo.
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informa continuación de juicio de origen. Intégrese a los autos el oficio del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, mediante el cual informa la continuación del juicio laboral 477/2020 y remite copia certificada de las constancias con las que lo acredita. De lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta y un minutos del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia incidental, asistido de la Secretaria Cristina García Maya, en el incidente derivado del juicio de amparo 731/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Amparo, la Secretaria da cuenta con las constancias necesarias para resolver y el Juez acuerda lo conducente: CERTIFICACIÓN ACUERDO 1 La secretaria hace constar que no se recibió el informe previo de la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, no obstante quedó notificado del oficio 18702/2021, a través del cual se le requirió para ello, a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del veintinueve de septiembre pasado. Con dicha omisión resuélvase lo conducente. PRUEBAS 1 Se hace constar que la parte quejosa ofreció medios de prueba. Se toma conocimiento y se cierra esta etapa. ALEGATOS 1 Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. Se toma conocimiento y se cierra esta fase. Finalmente, el Juez procede a dictar la siguiente resolución: VISTOS y RESULTANDO: Primero. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo, Juan Antonio Rangel Heras, por propio derecho, solicitó la suspensión de los actos reclamados. Segundo. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 48 en relación con el 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. Segundo. Precisión de la norma, actos u omisiones reclamados. En el caso, el quejoso señala como acto reclamado: * El acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintiuno dictado dentro del juicio 477/2020, en donde se tuvo por radicada y recibida la demanda por la vía ordinaria laboral, se señalaron las doce horas del cinco de octubre del presente año, para el desahogo de la audiencia de conciliación y se ordenó notificar y emplazar a la parte demandada. Tercero. Autoridad omisa en rendir informe previo. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, omitió rendir informe previo, no obstante encontrarse notificado del oficio 18702/2021, a través del cual se le requirió para ello, a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del veintinueve de septiembre pasado, según se advierte del sello de entrega correspondiente. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de inicio de este incidente de suspensión y con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos reclamados a esa autoridad. Cuarto. Procedencia de la suspensión. Es menester precisar que para que proceda conceder la suspensión del acto reclamado, de conformidad con el dispositivo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 128 de la Ley de Amparo, se requiere tomar en cuenta los siguientes elementos: I. Que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza sea susceptible de suspenderse; II. Que exista la solicitud del agraviado; III. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese orden, habida cuenta que se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada, los actos reclamados son susceptibles de ser suspendidos, con su concesión no se infringen disposiciones de orden público, ni se lesiona el interés social, y de negarse se causarían daños y perjuicios de difícil reparación, con apoyo en lo preceptuado en el citado numeral, SE CONCEDE a Juan Antonio Rangel Heras la suspensión definitiva de los actos reclamados para el único efecto de que sin suspender el procedimiento del juicio laboral 477/2020, no se dicte el laudo correspondiente; hasta en tanto las autoridades responsables reciban la notificación sobre la sentencia definitiva. Sin que sean desapercibidos los efectos pretendidos por la parte quejosa, de que no se lleve a cabo la audiencia fijada en el juicio de origen para el cinco de octubre siguiente, sin embargo de conformidad con el numeral 150 de le Ley de Amparo, los juicios no deben quedar paralizados, por el contrario se debe cuidar su continuidad. Garantía. Sin que haya lugar a fijar garantía para que surta efectos la suspensión que se concede, virtud de que el juicio de origen va iniciando y, por tanto, no se advierten daños y perjuicios contra tercero, aunado a que como quedó expuesto, la suspensión concedida no es para que se suspenda el procedimiento, sino que únicamente es para que no se emita el laudo correspondiente. Por tanto, con apoyo en el artículo 146 fracción IV, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: UNICO. Se concede la suspensión definitiva a Juan Antonio Rangel Heras, en los términos del considerando tercero de esta resolución.
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