Juan Antonio Ramírez Garibay
Expediente 102/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Juan Antonio Ramírez Garibay
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se advierte el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído donde se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales. Se ordena el archivo del presente juicio, como totalmente concluido.
- Principal
Se advierte que transcurrió el plazo legal concedido al quejoso en acuerdo de tres de marzo del año en curso, donde se le previno para que aclarara su libelo de amparo; al no haber dado cumplimiento a ello, se hace efectivo el apercibimiento plasmado en dicho proveído, se tiene por no presentada su demanda de amparo.
- Principal
SE NOTIFICA al quejoso, el proveído de veintidós de marzo del año en curso, por medio de lista que fijo en los estrados de este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, por no haber acudido a éste recinto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Se advierte que transcurrió el plazo legal concedido al quejoso en acuerdo de tres de marzo del año en curso, donde se le previno para que aclarara su libelo de amparo; al no haber dado cumplimiento a ello, se hace efectivo el apercibimiento plasmado en dicho proveído, se tiene por no presentada su demanda de amparo.
- Principal
Se tiene recibida la demanda de amparo. Antes de proveer sobre su admisión, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare el libelo de amparo en los siguientes términos: Mencione la carpeta de la cual deriva el acto atribuido al Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de la Zona Santa Catarina, la data en que presentó el escrito ante dicha autoridad donde realizó diversas peticiones, así como los antecedentes del mismo. Exhiba copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes. Con el apercibimiento, de no dar cumplimiento al anterior requerimiento, en el término establecido, se tendrá por no presentada la demanda. No es el caso pronunciarse en cuanto a la suspensión de oficio, a pesar que el agraviado en el capítulo respectivo, solicita la medida en términos del arábigo 126 de la ley aplicable a la materia, en razón que de la propia demanda se aprecia que se duele de diversas omisiones así como de las órdenes de aprehensión y detención, actos que de acuerdo a su propia naturaleza no son suspendibles conforme a dicho normativo. Se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizando en términos del artículo 24, segundo parágrafo, de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en su libelo de amparo, es decir, solo para recibir notificaciones e imponerse de autos. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de abril de dos mil cuatro, dígasele a las partes, que tienen derecho en cualquier instancia, para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente; sin perjuicio de que en caso, puedan impugnar cualquier determinación relacionada con el pronunciamiento que ordene la supresión o no de los datos personales de las partes, en términos de lo dispuesto por el señalado reglamento.
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