Juan Antonio Osnaya Campos
Expediente 1344/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 24 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1344/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 04/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Antonio Osnaya Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese la promoción signada por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, por medio del cual acusa de recibo del oficio 15632/2023, al cual se adjuntó un tomo relativo al toca de apelación ******************** y cuatro discos digitales en formato DVD, de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es conservable en el plazo de tres años, ya que se negó el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a) de esa normatividad. Asimismo, es conservable el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 17, fracción III inciso b) del citado Acuerdo General, pues se concedió la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa. Finalmente, devuélvanse al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, cuatro discos ópticos en formato DVD y un tomo relativos al expediente de origen toca de apelación ******************** de su índice. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese la promoción del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, por medio del cual acusa recibo del oficio 13618/2023, de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por el que se le comunicó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, asimismo, solicita que se le informe, en su momento, el archivo del presente asunto. Atento a ello, se toma conocimiento de lo informado por la autoridad oficiante y dígasele que una vez que cause ejecutoria la sentencia, se le hará del conocimiento. Notifíquese.
- Principal
V I S T O para resolver los autos del juicio de amparo 1344/2022-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el quince de noviembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitido el dieciséis de noviembre siguiente, por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, por el acto que se indicará en el considerando SEGUNDO******************** SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda que registró con el número 1344/2022-I, otorgó la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a la autoridad responsable su informe justificado y fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se inició en términos del acta de doce de abril de dos mil veintitrés******************** C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con el artículo 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa impugna actos de autoridad penal jurisdiccional residente dentro del territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción******************** SEGUNDO. Actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa******************** Así, de la lectura de la demanda, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama: La sentencia de catorce de noviembre de dos mil veintidós, emitida en autos del toca 90/2022, del índice del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público y por la víctima ********************, en contra de la sentencia absolutoria de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en la causa de juicio ********************, por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la que resolvió reponer el procedimiento en autos de la referida causa penal******************** TERCERO. Existencia. El Presidente del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, al momento de rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye******************** La certeza de que se habla se corrobora además con las constancias remitidas por dicha autoridad en apoyo a su informe con justificación; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley******************** Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, registro 2004362, página 703, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo dispone el numeral 62 de la legislación de la materia******************** Sin embargo, toda vez que las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni se advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, se procede el estudio del fondo del asunto******************** QUINTO. Íter procesal. Previo al estudio de los conceptos de violación y para dar mayor claridad a esta sentencia, es menester tener en cuenta diversos antecedentes obtenidos de las constancias allegadas el presente juicio de amparo: El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia absolutoria a favor del quejoso, en la causa de juicio ********************, del índice del Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, respecto al delito de robo con las modificativas agravantes de haberse utilizado violencia en su ejecución y haber recaído sobre un vehículo automotor, en agravio de ******************** e ******************** (f. 2 anexo I) Inconformes con dicha determinación, el Fiscal y la víctima ********************, interpusieron recurso de apelación, mismo que correspondió conocer al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, México, quien lo radicó por auto de uno de marzo de dos mil veintidós, y lo admitió el nueve de ese mes y año (f. 6 a 9 anexo I)******************** Sustanciado en sus términos el procedimiento de segunda instancia, se dictó sentencia el cuatro de abril de dos mil veintidós, en la que se determinó reponer el procedimiento en la causa penal ******************** (f. 55 a 66)******************** En contra de dicha determinación, el aquí quejoso promovió demanda de amparo indirecto, la cual, por cuestión de turno, correspondió conocer al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con sede en esta ciudad, quien la radicó y admitió con el número ******************** (f. 84 anexo I) Por auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, al citado homólogo federal remitió el juicio de amparo a este órgano jurisdiccional al considerar que se actualizaba el conocimiento previo del asunto, por lo cual, mediante auto de doce de mayo de dos mil veintidós, éste juzgado se avocó al conocimiento del asunto, mismo que radicó con el número ******************** (f. 124 anexo I)******************** El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el juicio de amparo referido, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, para los siguientes efectos: "1) Deje insubsistente la resolución de cuatro de abril de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación ********************de su índice, que ordenó la reposición del procedimiento al Juez de juicio oral, para que deje sin efecto las actuaciones a partir de la audiencia de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, incluyendo la sentencia absolutoria de veinticuatro de noviembre de ese año, dictada en favor de ********************en la causa de juicio ******************** por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México******************** 2) Reponga el procedimiento a fin de que señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia para resolver el recurso de apelación interpuesto por el fiscal de origen y la víctima, contra la sentencia absolutoria reseñada, la que deberá llevarse a cabo siguiendo los lineamientos previstos en los artículos del 57 al 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que deberá citar a las partes que intervendrán en la misma, con los apercibimientos que considere necesarios para el caso de inasistencia******************** Audiencia en la que, deberá emitirse la resolución de segunda instancia de manera verbal, con la exposición de sus fundamentos y motivaciones que le den sustento al sentido de la determinación adoptada, así como el dictado de su posterior versión escritural que no puede faltar al encontrarse dentro de los supuestos a los que hace alusión el artículo 67, fracción VII del Código Nacional Adjetivo aplicable al caso, que deberá ser un extracto de la dictada en forma oral, sin exceder las consideraciones vertidas en aquella, según el penúltimo párrafo del mismo precepto legal invocado; resolución que deberá ser nuevamente notificada a las partes, en particular, al acusado aquí justiciable a fin de que se encuentren en aptitud de ejercer su defensa como lo estime procedente." Dicha sentencia causó ejecutoria el seis de octubre de dos mil veintidós, por lo que se requirió su cumplimiento (f. 146, anexo I)******************** En cumplimiento a los efectos de la concesión de amparo, la autoridad responsable fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia para resolver el recurso de apelación, misma que tuvo lugar el catorce de noviembre de dos mil veintidós, fecha en la que resolvió el recurso de forma oral y posteriormente escrita, determinando reponer el procedimiento en la causa de juicio ******************** (f. 176 a 192 anexo I)******************** Esta última determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional******************** SEXTO. Conceptos de violación. A continuación, se examinará la constitucionalidad del acto combatido, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los motivos de disenso formulados por la parte agraviada, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello******************** No obstante lo anterior, con el propósito de lograr una mayor claridad y entendimiento del asunto, se sintetizan los conceptos de violación expuestos por el impetrante de garantías en su demanda de amparo, quien señala que se vulneran en su perjuicio los numerales 1, 14, 16, 17, 20 apartados "A" y "B" y 21 Constitucionales, en la medida que: Con la reposición del procedimiento, pretende forzar al Juez de enjuiciamiento a entablar un segundo juicio en su contra por los mismos hechos, con la finalidad de que se dicte un fallo condenatorio******************** Se dio al Ministerio Público la oportunidad de presentar a la víctima, quien agotó todos los medios para lograr desahogar su testimonio, sin que esta mostrara interés en presentarse******************** El Ministerio Público fue legítimamente desistido del testimonio de la víctima, conforme al artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales******************** Se rompe con el principio de presunción de inocencia******************** Se violenta el principio de acceso a una justicia pronta y expedita******************** La resolución resulta imprecisa, tendenciosa y sus consideraciones falsas******************** Se ha trasgredido el derecho fundamental al debido proceso, en razón de que se viola la certeza jurídica a que tiene derecho******************** No existe certeza en cuanto al lugar de los hechos, las circunstancias de tiempo y modo, ni en su participación en los hechos materia de la acusación******************** La responsable se excede en su envestidura, actuando de forma parcial en favor de la fiscalía, queriendo obligar a la víctima a asistir con la finalidad de que se le condene******************** La resolución carece de fundamentación y motivación y con ello vulnera el principio de legalidad******************** Ahora bien, es pertinente destacar que opera a favor de la parte quejosa la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que tiene el carácter de sentenciado******************** SÉPTIMO. Estudio. Establecido lo anterior, quien resuelve considera que son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, aún suplidos en su deficiencia, por lo que debe negarse el amparo y protección de la justicia federal, de acuerdo con el siguiente orden de ideas******************** De conformidad con los artículos 14 y 16 Constitucionales, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado******************** Por fundamentación del acto de autoridad se entiende que es necesario que se sustente en una disposición normativa de carácter general; o sea, que la ley prevea una situación concreta que permita realizar el acto de autoridad, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite******************** Mientras que, por motivación del acto de autoridad, debe entenderse como las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley; dicho de otro modo, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general y el caso específico en el que ésta va a operar o surtir efectos******************** En conclusión, para que una autoridad cumpla con la debida fundamentación y motivación de sus actos, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto de que se trata encuadra en los supuestos de la norma que invoca******************** De no cumplir con lo anterior, se estará ante un acto ilegal de autoridad, que deja en estado de incertidumbre jurídica al gobernado; por lo que, un acto es legal, cuando en su dictado se respeta la norma fijada por el legislador; atento a que el principio de legalidad, es la esencia del régimen jurídico de un estado de derecho, pues toda ley, todo procedimiento, toda resolución jurisdiccional o administrativa, como todo acto de autoridad, deben ser expresión del derecho en cuanto a que sean elaborados, emitidos o ejecutados por el órgano o los órganos competentes y en la esfera de sus respectivas atribuciones******************** Así, el derecho de legalidad consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar un acto privativo o de molestia, para cumplir así con uno de los requisitos formales contenidos en el mismo; ésta como una de las exigencias previstas en el artículo 16, Constitucional******************** Consideraciones que desde luego, resultan aplicables a las determinaciones emitidas por una autoridad penal dado que ejerce actos jurisdiccionales, pues está obligada a fundar y motivar sus actuaciones citando al efecto los preceptos legales en que apoye su resolución y exponiendo las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas******************** Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, página 162 de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Adicionalmente, debe señalarse que el artículo 17 constitucional, en su párrafo segundo, se refiere a la garantía de acceso a la justicia conforme la cual toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial******************** Sobre el principio de imparcialidad citado, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas******************** El referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el Juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido******************** Lo anterior encuentra apoyo en la tesis: 1a. CXVII/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; Página: 697, de rubro y texto: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal." Papel de la víctima en el procedimiento penal actual******************** Resulta necesario realizar una breve referencia al papel de la víctima en el proceso penal actual, ello en relación con el propio derecho de acceso a la justicia a que ya se ha hecho referencia******************** Para dicho efecto, cabe recordar lo expresado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 177/2020, quien indicó que el papel de la víctima u ofendido en el proceso penal y la protección de sus derechos fundamentales, fueron temas que, en principio, motivaron al constituyente permanente a implementar la reforma constitucional que introduciría un nuevo paradigma procesal penal en nuestro país******************** Así pues, la iniciativa de reforma tuvo por objeto garantizar: El derecho fundamental al defensor público; El fortalecimiento del derecho fundamental a la reparación del daño; y El derecho fundamental a impugnar el no ejercicio de la acción penal, su desistimiento y actos equivalentes, por medio del control de legalidad, así como perfeccionar su control constitucional frente a sus problemas actuales******************** En ese contexto, advirtió que la intención del legislador ha sido darle mayor presencia a las víctimas y a los ofendidos por el delito, pero también evitar que el propio agente del Ministerio Público sea obstáculo de los intereses victimales. Además, ha pretendido conseguir mayor comunicación entre las víctimas, ofendidos y los entes encargados de protegerlos. Comunicación que suele ser escasa, pero sobre todo poco productiva******************** De este modo, el reconocimiento de la víctima u ofendido del delito como parte procesal implica que debe garantizarse su derecho a que se le dé intervención directa y activa durante todas las etapas del procedimiento penal, puesto que ello ha sido elevado a la categoría de derecho fundamental por el Poder Revisor de la Constitución y por los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano******************** Por su parte, en el Amparo Directo en Revisión 225/2019, la propia Primera Sala del Tribunal Constitucional del país, haciendo referencia al diverso amparo directo en revisión 2902/2014, destacó que como primer rango del parámetro de control de regularidad constitucional de los derechos humanos de la víctima del delito, se encuentra el de acceso a la justicia y a la verdad, y derivado de ello a que sea escuchada, así como a ser resarcida, y que para reconocer y proteger lo anterior en el proceso penal, se requiere, precisamente, que la persona haya sido identificada como víctima del delito y que sea parte en la relación jurídica procesal que conforma la litis******************** Así, recordó que el artículo 20, apartado C, de la Constitución, reconoce y protege como derechos fundamentales de la persona identificada como víctima en el proceso penal y por su parte la Ley General de Víctimas dispone en su artículo 7 que los derechos de las víctimas deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos******************** En el referido precedente -recordó- que de acuerdo a lo anterior, el reconocimiento y protección constitucional de los derechos humanos de las víctimas en el proceso penal parte del derecho fundamental de acceso a la justicia, lo que conlleva, a su vez, el esclarecimiento de los hechos delictivos, así como ser reparada y resarcida íntegramente de todos los daños y perjuicios que le hayan sido causados******************** Para ello, era necesario garantizar -con todas las medidas de protección necesarias- su presencia y el ejercicio de sus derechos, lo que significa, en principio, que la víctima sea escuchada. De este modo, la autoridad podrá contar con todos los datos necesarios en el proceso para tales efectos, incluso proporcionar a la víctima la asesoría y atención a su integridad personal, de forma inmediata, adecuada y efectiva******************** Lo anterior, a su vez conlleva el respeto al debido proceso penal, en su convergencia con los derechos humanos de defensa y debido proceso de la persona imputada, así como el principio de presunción de inocencia, puesto que no es jurídicamente admisible que bajo la aducida tutela de los derechos de una de las partes en el proceso penal, como es la víctima, pudieran vulnerarse los del imputado******************** En ese sentido, en el referido precedente se hizo patente la evolución y desarrollo del papel de la víctima en el proceso penal; lo que también se llevó a cabo de forma más profunda en la sentencia que resolvió la contradicción de tesis 163/2012, en la que se realizó un estudio de la evolución de las figuras de víctima y ofendido a través de las diversas épocas jurisprudenciales del Alto Tribunal, precedente que versó sobre la procedencia de la suplencia de la queja en beneficio de éstos últimos (previo a la reforma a la Ley de Amparo de dos mil once), y que contribuye a hacer patente la relevancia de la protección de los derechos victimales en el proceso******************** Consideraciones de la resolución tildada de inconstitucional******************** Como se estableció, la sentencia que constituye el acto reclamado es la que resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia absolutoria de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, misma que se sostuvo en las consideraciones torales siguientes: Hizo referencia a la obligación que tienen las autoridades de alzada de examinar las diligencias previas y la correspondiente al dictado de la sentencia impugnada para constatar la ausencia de violaciones que afecten derechos de las partes y trasciendan al sentido de la resolución******************** Advirtió violación a los artículos 1, 14, 17 y 20 apartado "C", fracciones I, III, IV, V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se impidió un acceso real y efectivo a la justicia en materia de derechos humanos a favor de la víctima del delito, haciendo nugatorio su derecho a una verdadera impartición de justicia, pronta y sobre todo equitativa e igual con el resto de las partes procesales******************** Realizó un estudio del contenido del artículo 20, apartado C, de la Constitución, así como de diversos tratados internacionales en relación con los derechos de las víctimas, estableciendo que el tratamiento constitucional del derecho o la tutela judicial efectiva, no debe ser distinto cuando el titular del derecho humano lo es la víctima o el ofendido del delito, que cuando lo es el reo o indiciado******************** Destacó la participación activa de la víctima, que ha transitado de ser una mera coadyuvante a un protagonista importante en la investigación y el proceso penal, siendo parte fundamental del debido proceso, así como su derecho a contar con asesoría jurídica******************** Hizo referencia a la existencia de la Ley de Víctimas del Estado de México, cuya finalidad es velar para que las personas en situación de víctimas, reciban atención integral y se garanticen y protejan sus derechos fundamentales, tal como lo establece la Constitución y los Tratados Internacionales******************** Declaró fundado el concepto de violación hecho valer por la víctima y el fiscal, consistente en que la sentencia reclamada atenta al derecho de acceso a la justicia y la impunidad, dado que se emitió sin haber recabado el testimonio de la víctima, a pesar de que sí compareció en múltiples ocasiones ante el juez de la causa******************** Refirió que indebidamente se tuvo al Fiscal por desistido del testimonio de la víctima ante su incomparecencia a la audiencia de juicio, pues ello debe ocurrir ante una actitud inobjetablemente pasiva o negligente por parte del Ministerio Público, sin embargo, que el motivo por el cual no se llevó a cabo el desahogo de su testimonio fue por cuestiones no imputables a la víctima, así como atribuibles a la defensa del acusado, primeramente por no llevarse correctamente los traslados y por cuestiones tecnológicas, así como por ausencia y nueva designación de defensor, desprendiéndose que ésta ha estado pendiente del juicio oral, pues incluso con posterioridad a ello compareció para indicar los motivos por los que no pudo comparecer a la audiencia de juicio, así como para que se recibiera su testimonio******************** Consideró que no existió negligencia por parte de la Fiscalía en este caso, pues cuando compareció la víctima no se recabó su testimonio, sin que ello denote la falta de interés del pasivo del delito ni una negligencia manifiesta de la Fiscalía******************** Derivado de ello, estableció la existencia de una violación procesal que trascendía al resultado del fallo que ameritaba ordenar la reposición del procedimiento, de conformidad con lo establecido en los numerales 480 y 481, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales Análisis de las actuaciones que fueron materia de revisión en el recurso de apelación que da origen al acto reclamado******************** A efecto de verificar si se actualizan o no las violaciones constitucionales hechas valer por la parte quejosa, debe llevarse a cabo el análisis de las diligencias llevadas a cabo por la responsable en la causa de juicio **************************************** El once de junio de dos mil veintiuno, dio inicio la audiencia de juicio oral relativa a la causa penal ********************, a la cual compareció el Agente del Ministerio Público, el asesor jurídico, el defensor del acusado, así como dos testigos, sin que en el área de seguridad se encontrara el quejoso, por lo cual se decretó un receso a efecto de verificar el traslado del imputado, no obstante, ante el desconocimiento del motivo por el cual no se trasladó al interno, se fijaron las catorce horas del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, para su verificativo, con lo que concluyó la audiencia******************** El cinco de julio de dos mil veintiuno, se dio continuidad a la audiencia de juicio, a la cual compareció el asesor jurídico, así como la defensora particular del acusado; una vez iniciada el juez hizo constar que no se había notificado al Ministerio Público de dicha audiencia, por lo cual no fue posible llevar a cabo la audiencia, aunado a problemas de conexión con el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Cuautitlán, por lo que se ordenó notificar al Ministerio Público y a las partes del nuevo segmento de audiencia, mismo que señaló para las dieciocho horas del catorce de julio de dos mil veintiuno******************** El catorce de julio de dos mil veintiuno, dio inicio la audiencia de juicio, a la cual compareció únicamente el Agente del Ministerio Público, así como dos testigos, asimismo, se hizo constar la falta de conexión remota con el juzgado de Cuautitlán (lugar en que se encontraba privado de su libertad el quejoso y en donde comparecería también su defensa), por lo que se fijaron las diecisiete horas con treinta minutos del once de agosto de dos mil veintiuno, para su verificativo, ordenando las gestiones relativas para la notificación de las partes y haciendo del conocimiento del Ministerio Público su obligación de presentar todos sus órganos de prueba a la audiencia, con lo que concluyó la audiencia******************** El once de agosto de dos mil veintiuno, dio inicio la audiencia de juicio, a la cual compareció el Agente del Ministerio Público, el defensor del quejoso, el quejoso ********************y el asesor jurídico, en la que se llevaron a cabo los actos procedimentales siguientes: se cuestionó al quejoso si era su deseo que el defensor compareciente le siguiera representado en la etapa relativa, quien contestó afirmativamente, por lo que el defensor aceptó y protestó el cargo conferido******************** El asesor jurídico aceptó y protestó el cargo relativo, estando a la espera de que, en su caso, éste fuera ratificado por la víctima u ofendido del delito******************** Se hizo constar que la defensa, así como el asesor jurídico, se encontraban debidamente impuestos de los autos, y al haber sido afirmativa su respuesta, explicó al quejoso el motivo de la audiencia******************** Atendiendo a lo establecido en el auto de apertura a juicio, dio lectura al hecho motivo de la acusación, así como al delito por el que se formuló ésta, siendo el de robo, con modificativas agravantes de haberse cometido con violencia y haber recaído sobre un vehículo automotor, previsto y sancionado en los artículos 287, 289, fracción I, 290, fracciones I inciso b) y fracción V, en relación con los numerales 6, 7 y 8, fracción I y III, y 11, fracción I, inciso d)******************** Se dio lectura de las penas solicitadas por la fiscalía, siendo las penas máximas del delito relativo, así como amonestación pública, suspensión de derechos políticos y civiles, así como el pago de la reparación del daño moral a favor de la víctima, y como daño material la restitución de un vehículo de similares características al que le fue robado******************** Se hizo constar que no se llevaron a cabo acuerdos probatorios, estableciendo que el acusado se encontraba privado de su libertad con motivo de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa******************** Se otorgó el uso de la voz a la fiscalía a efecto de que llevara a cabo sus alegatos de apertura, quien procedió a llevar a cabo la narrativa de hechos, así como la exposición de los medios de prueba ofertados, a saber: Testimonial de la víctima **************************************** Testimonial del ofendido ********************, a través de la cual se incorporaría una documental para acreditar quién es el dueño del vehículo automotor******************** Testimonial de los policías de investigación Víctor Alan Garduño Castellanos y José Rodolfo Delfín Becerra y Héctor Gustavo Castañeda Martínez******************** Se otorgó el uso de la voz al asesor jurídico, quien realizó manifestaciones adhiriéndose a lo expuesto por el Ministerio Público******************** Se dio el uso de la voz a la defensa del imputado, quien igualmente manifestó sus alegatos de apertura******************** Se concedió a las partes la oportunidad de manifestar si existía algún planteamiento que desearan hacer valer en cuanto a algún error o deficiencia en el procedimiento, así como si era su deseo plantear alguna incidencia, quienes respondieron de forma negativa******************** Hizo del conocimiento del acusado su derecho a rendir declaración en cualquier momento, previa consulta con su defensor, o bien, a guardar silencio******************** Advirtiendo la incomparecencia de los órganos de prueba ofertados por el Ministerio Público, el Juez otorgó a dicha parte el término de veinticuatro horas a efecto de justificar la inasistencia de sus atestes, caso contrario, en términos del artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le tendría por desistido de éstos; en caso de justificar la inasistencia, se verificaría la audiencia el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, a las dieciséis horas******************** El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se dio inicio a la continuación de audiencia de juicio, a la cual compareció el Agente del Ministerio Público, el asesor jurídico, así como el acusado, sin que se hubiese presentado el defensor del quejoso, por lo cual se decretó un receso a efecto de dar oportunidad a que arribara; luego, habiendo transcurrido dicho receso, y no contándose con su presencia, se le otorgó el término de veinticuatro horas para justificar su inasistencia, por lo que se señalaron las dieciséis horas del uno de septiembre de dos mil veintiuno, para la continuación de la audiencia; asimismo, el Agente del Ministerio Público hizo constar la presencia de diversos testigos, y solicitó que se les notificara su obligación de comparecer, por lo que el juez del proceso los hizo pasar a efecto de notificarles la nueva fecha de audiencia, testigos entre los que se encontraba la víctima **************************************** El uno de septiembre de dos mil veintiuno, se inició la continuación de audiencia de juicio, contándose con la presencia del Agente del Ministerio Público, asesor jurídico y defensor privado del imputado, sin embargo no se contó con la presencia del acusado, pues éste no fue trasladado; asimismo, el Juez dio cuenta con la presencia de la víctima ********************, a quien, junto con diversos testigos, hizo pasar a efecto de notificarles la nueva fecha y hora, siendo ésta las diecisiete horas con treinta minutos del siete de septiembre de dos mil veintiuno******************** El siete de septiembre de dos mil veintiuno, inició la continuación de audiencia de juicio, a la que compareció el Agente del Ministerio Público, asesor jurídico, defensa privada, así como el acusado; asimismo, se dio cuenta con la presencia de tres órganos de prueba, sin que se localizara la víctima ******************** ni el ofendido ********************, por lo que se otorgó al Agente del Ministerio Público el término de veinticuatro horas para que justificara la inasistencia de éstos, apercibiéndole que, en caso de no hacerlo así, se le tendría por desistido de los mismos, por lo cual se procedió al desahogo de las diversas testimoniales; hecho lo anterior, la Fiscalía solicitó el señalamiento del siguiente segmento de audiencia en un horario alrededor de las dieciséis horas, en razón que la víctima del delito le refirió que le es complicado asistir más tarde debido a sus labores, sin embargo, previo receso a efecto de verificar la disponibilidad de salas, se señalaron las dieciocho horas del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, para su continuación******************** El veinte de septiembre de dos mil veintiuno, continuó la audiencia de juicio, a la que compareció el Agente del Ministerio Público, el asesor jurídico, así como el acusado, sin que se hubiese contado con la presencia del defensor, por lo que se decretó un receso para esperar su arribo; reanudada la audiencia, dado que no compareció el defensor, se procedió a fijar las quince horas con treinta minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, para la continuación de audiencia; asimismo, el Ministerio Público solicitó que se girara oficio a efecto de que se designara defensor de oficio para el caso de que en la siguiente audiencia no compareciera nuevamente el defensor, refiriendo que su inasistencia a diversas audiencias era una estrategia dilatoria del procedimiento, dando cuenta de la presencia de la víctima ********************, en el área de seguridad, por lo que el juez acordó favorable la solicitud, con lo que concluyó la audiencia******************** El veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se dio inicio al siguiente segmento de audiencia, en el cual se contó con la presencia del Ministerio Público, asesor jurídico de la víctima, así como una diversa defensora particular del quejoso, y el propio acusado; así, la citada defensora refirió que era su primera intervención en el asunto, sin que hubiese aceptado y protestado el cargo, ni se hubiere impuesto de la carpeta de investigación ni de las audiencias de juicio anterior, por lo que el quejoso la designó como defensora y revocó las anteriores designaciones, por lo cual la defensora aceptó y protestó el cargo y solicitó la suspensión de la audiencia, ante ello, la representación social manifestó su oposición e hizo constar la presencia del ofendido del delito, a lo que se adhirió también el asesor jurídico, por lo que después de un ejercicio contradictorio, y previo receso decretado, el juez del conocimiento acordó suspender la audiencia y señaló las nueve horas con treinta minutos del seis de octubre de dos mil veintiuno******************** Asimismo, el juez dio cuenta con la comparecencia del ofendido del delito ********************, a quien hizo pasar a efecto de notificarle el diferimiento de la audiencia******************** El seis de octubre de dos mil veintidós, se dio continuación a la audiencia de juicio, a la que comparecieron todas las partes, así como el defensor previamente designado, no obstante, dado que ya había sido revocado previamente, el quejoso lo designó nuevamente, manteniendo el nombramiento realizado en audiencia previa; asimismo, se dio intervención a la fiscalía a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera en torno a la inasistencia de los testigos, quien inicialmente realizó diversas manifestaciones en torno a la nueva designación del defensor, así como a la suspicacia que producía el hecho de que hubiese faltado a diversas audiencias y que con posterioridad hubiese comparecido diversa defensora en audiencia anterior sin que ésta continuara con la defensa, denunciando una estrategia dilatoria******************** En cuanto a la inasistencia de la víctima y del ofendido, solicitó que se tuviera por justificada pues argumentó esencialmente que debido a los diversos diferimientos por causas atribuibles a la defensa, no se habían podido desahogar esos medios de prueba, sin que pudiera estárseles citando continuamente, aunado a que por sus trabajos les era complicado presentarse y ante la incertidumbre de que se celebrara o no la audiencia, le otorgarían prioridad a sus ocupaciones, manifestaciones a las que se adhirió el asesor jurídico******************** Cabe destacar que en la propia audiencia el juez hizo referencia a las manifestaciones vertidas por la víctima y ofendido del delito en el segmento previo, en las que señalaron que iban a hacer lo "imposible" por estar en la audiencia, dado su entorno laboral en el que no les permitían faltar continuamente, asimismo, que solicitaron incluso diverso horario de audiencia, sin embargo atendiendo a la agenda no fue posible el señalamiento de nueva hora******************** Por lo anterior, determinó tener por justificada la inasistencia de la víctima y ofendido del delito, no obstante, apercibió a la fiscalía en el sentido de que, en caso de faltar nuevamente los referidos órganos de prueba, se le tendría por desistido de su ofrecimiento, en términos del numeral 91 del Código Adjetivo Penal Nacional, por lo que fijó su continuación para el diecinueve de octubre a las ocho horas con treinta minutos******************** Con posterioridad el defensor interpuso recurso de revocación en contra de diversas determinaciones adoptadas en audiencia, mismo que fue resuelto de plano por el juzgador******************** El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se dio continuidad a la audiencia de juicio a la que comparecieron todas las partes, asimismo, el juez dio cuenta con la comparecencia del ofendido ********************, y se dio el uso de la palabra al Agente del Ministerio Público a efecto de que se pronunciara en torno a la inasistencia de la víctima ********************, quien solicitó que se desahogara la testimonial a cargo del compareciente y con posterioridad se pronunciaría en torno a ello, por lo que se procedió al desahogo de la testimonial del ofendido **************************************** Una vez desahogado el testimonio referido, el fiscal refirió que desconocía el motivo por el cual la víctima no había comparecido, por lo que solicitó que se le concediera término para justificar la ausencia, solicitud a la que se adhirió el asesor jurídico, por lo que previo ejercicio contradictorio, el juez determinó tener por desistido al fiscal de dicha prueba y señaló las diez horas del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, para el siguiente segmento de audiencia******************** El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se dio inicio a la continuación de audiencia de juicio, a la que compareció el fiscal, asesor jurídico, así como la defensa, sin que se contara con la presencia del acusado; asimismo, se advierte la presencia de la víctima ********************, quien solicitó que se le permitiera rendir su declaración atendiendo a la imposibilidad que había tenido para comparecer en audiencias previas (por motivos personales y laborales), no obstante el Juez resolvió que dicha circunstancia ya había sido debatida y resuelta; así, atendiendo a la incomparecencia del acusado señaló las diez horas del doce de noviembre de dos mil veintiuno******************** El doce de noviembre de dos mil veintiuno, se dio inicio al segmento de audiencia, en la que comparecieron todas las partes, así como la víctima ********************, asimismo, las partes manifestaron no tener pruebas nuevas y el acusado, previo receso decretado, señaló que guardaría silencio; de igual forma las partes manifestaron que no existía prueba de refutación alguna, asimismo, se dio el uso de la palabra a las partes para emitir sus alegatos de clausura, y señaló data y hora para el dictado de la sentencia respectiva (dieciséis de noviembre a las diez horas con cuarenta minutos)******************** El dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se dio inicio a la continuación de la audiencia de juicio, en la que a su inicio se contó únicamente con la presencia del asesor jurídico, decretándose un receso a efecto de que arribaran las demás partes; reanudada la audiencia, se contó con la presencia del fiscal, así como de la defensa privada, asimismo, se dio cuenta con la imposibilidad para trasladar al acusado, por lo que la audiencia se reprogramó para las trece horas con veinte minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno******************** El diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se dio inicio a la audiencia de emisión de fallo, en la que se dio cuenta con la presencia del asesor jurídico, defensa privada y acusado, sin que se encontrara el Ministerio Público, por lo que se decretó receso para dicho efecto; reanudada la audiencia, se contó con la presencia del fiscal y se procedió a la emisión del fallo, dictando a favor del quejoso sentencia absolutoria, y como consecuencia de ello, el levantamiento de las medidas cautelares impuestas, ordenando girar el oficio respectivo a efecto de que se le pusiera en inmediata libertad, únicamente por lo que hace a la causa penal relativa (********************); finalmente, fijó data y hora para dar lectura a la pieza escrita, siendo las trece horas del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno******************** El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se dio inicio a la audiencia de lectura y explicación de la pieza escrita, no obstante, ante las manifestaciones de la defensa, se dispensó la lectura y explicación de la pieza escrita******************** Estudio de la resolución reclamada******************** Tal como se señaló, en la resolución reclamada se determinó reponer el procedimiento fundamentalmente en razón de que se advirtió fundado el concepto de violación formulado por los recurrentes en el sentido de que indebidamente se tuvo al Ministerio Público por desistido de la testimonial a cargo de la víctima **************************************** Ahora bien, es de precisarse que el procedimiento penal de origen se encuentra en etapa de juicio, la cual, conforme al numeral 348 del Código Nacional Adjetivo de la Materia, es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso******************** Asimismo, establece que dicha fase se realizará sobre la base de la acusación, en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad******************** Por su parte el numeral 349 del propio ordenamiento, establece que una vez que el Tribunal de enjuiciamiento reciba el auto de apertura a juicio oral deberá establecer fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de veinte ni después de sesenta días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio, por lo que se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate******************** Así, la etapa de juicio tiene por objeto resolver las cuestiones esenciales del proceso, esto es, el tener o no por acreditado el delito y la responsabilidad penal del acusado, ya que se producirán las pruebas ante la presencia del juez y se expresarán los argumentos conclusivos de las partes, siendo la etapa culminatoria de todo el procedimiento; de ahí la importancia de garantizar los derechos de las partes intervinientes a través del respeto a los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad, En esta etapa, intervienen como parte en el proceso y no como meros sujetos, sino como partes destacadas con una función protagónica en este proceso penal la víctima u ofendido y asesor jurídico, esto es muy importante porque con relación al anterior sistema inquisitivo tenían la función de ser meros coadyuvantes del fiscal, siendo que ahora se convierten en parte activa******************** Al respecto, debe garantizarse el reconocimiento y protección constitucional de los derechos humanos de las víctimas a efecto de lograr el esclarecimiento de los hechos, así como ser reparada y resarcida íntegramente de todos los daños y perjuicios que le hayan sido causados, por lo cual el Juez del proceso debe ser garante de que la víctima logre dicho cometido, sin que ello de forma alguna implique parcialidad, pues ello a su vez conlleva el respeto al debido proceso penal, en su convergencia con los derechos humanos de defensa y debido proceso de la persona imputada******************** Ahora bien, el artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que interesa, establece: "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto******************** También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo******************** En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y hora señalados, salvo que soliciten al Órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias******************** En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que justifiquen la imposibilidad que se tuvo para presentarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la comparecencia de sus testigos o peritos." Dicho precepto, dispone la forma en que se deberá proceder cuando sea necesario hacer comparecer a un ateste o perito; de igual forma, en su cuarto párrafo dispone que cuando alguna de las partes se encuentre obligada a presentar algún testigo o perito pero no cumpla con ello, se le tendrá por desistido de esa prueba, a menos que justifique la imposibilidad para dicho efecto, dentro de las veinticuatro horas siguientes******************** Dicho precepto no únicamente se refiere a los testigos de la víctima o del acusado, sino que permite a cualquiera de las partes que se encuentre obligada a presentar a un testigo o perito, la oportunidad de justificar la imposibilidad para presentarlo, ello a efecto de garantizar el derecho de defensa del acusado, o bien, de la propia víctima******************** Ahora bien, a efecto de ilustrar de mejor forma las actuaciones de la etapa de juicio a que se hizo referencia en el íter del proceso, se procede a realizar el siguiente recuadro: Fecha de audiencia ¿qué aconteció? observaciones ¿Compareció la víctima? 1 11 de junio de 2021 No se verificó No se trasladó al acusado No 2 05 de julio de 2021 No se verificó No se notificó al fiscal y por problemas de conexión No 3 14 de julio de 2021 No se verificó Falta de conexión con el centro penitenciario No 4 11 de agosto de 2021 Sí se verificó No se desahogaron pruebas por incomparecencia de órganos de prueba********************No 5 18 de agosto de 2021 No se verificó No asistió defensor Sí 6 01 de septiembre de 2021 No se verificó No presentaron al acusado Sí 7 07 de septiembre de 2021 Sí se verificó Se desahogaron testimoniales de diversos testigos, no así de la víctima********************No 8 20 de septiembre de 2021 No se verificó No asistió defensor Sí 9 29 de septiembre de 2021 No se verificó Compareció diversa defensora no impuesta de actuaciones No 10 06 de octubre de 2021 No se verificó No comparecieron órganos de prueba faltantes No 11 19 de octubre de 2021 Si se verificó Se desahogó únicamente atestado de ofendido, por lo que se tuvo por desistida a la defensa de su ofrecimiento********************No 12 28 de octubre de 2021 No se verificó No comparece el acusado Sí, solicita que se le reciba su declaración, se determina que eso ya fue debatido******************** 13 12 de noviembre de 2021 Sí se verificó Alegatos de clausura Sí 16 de noviembre de 2021 No se verificó No se presentó al acusado No 14 17 de noviembre de 2021 Sí se verificó Se dictó sentencia absolutoria No 15 24 de noviembre de 2021 Sí se verificó Lectura y explicación de pieza escrita (se dispensó) No De dicho recuadro se advierte que a lo largo de la etapa relativa, se difirió la audiencia correspondiente en diversas ocasiones y por diversos motivos, pues las primeras tres audiencias no fue posible verificarlas por problemas técnicos, así como ante la falta de traslado del acusado, sin que trascienda el hecho de que la víctima no se encontraba en ninguna de ellas, pues como se dijo, no se estuvo en aptitud de desahogar la audiencia******************** En la cuarta de las audiencias, se llevaron a cabo diversos actos procesales, no obstante, no fue posible desahogar pruebas atendiendo a la incomparecencia de los órganos de prueba admitidos a la fiscalía, por lo que se le previno a efecto de que en el término de veinticuatro horas justificara su inasistencia, circunstancia que realizó como se advierte de las propias audiencias subsecuentes******************** Luego, las audiencias quinta y sexta no tuvieron verificativo en virtud a la incomparecencia del defensor a la primera de ellas, y a la falta de traslado del acusado, a la segunda, audiencias -ambas-, a las que sí compareció la víctima******************** En la séptima audiencia se verificó el desahogo de tres testimoniales admitidas a la fiscalía, sin embargo, no se contó con la presencia de la víctima ni del ofendido del delito, previniéndose al fiscal a efecto de llevar a cabo la justificación respectiva en el término de veinticuatro horas, quien expuso la dificultad con que contaba la víctima para comparecer a audiencias en horarios posteriores a las dieciséis horas, con motivo de sus labores; no obstante, atendiendo a la agenda de audiencias se fijaron las dieciocho horas del veinte de septiembre siguiente******************** La octava y novena audiencias, no tuvieron verificativo atendiendo a que en la primera de ellas, el defensor fue omiso en comparecer y en la segunda, compareció diversa abogada quien manifestó no encontrarse impuesta de las actuaciones y audiencias previas, así como desconocer totalmente el asunto, negándose incluso a que se decretara un receso para dicho efecto, pues manifestó que le era imposible imponerse de las constancias en un breve lapso de tiempo (tal como lo señaló el juez en audiencias posteriores), denunciándose por la fiscalía una estrategia dilatoria por parte de la defensa; asimismo, en la primera de las señaladas, sí se contó con la presencia de la víctima, no así en la segunda******************** La décima audiencia, no fue posible llevarla a cabo con motivo de la incomparecencia de los órganos de prueba, por lo cual, se otorgó a la fiscalía el término de veinticuatro horas para justificar, no obstante, solicitó que se tuviera por justificada su ausencia en dicho acto, pues con motivo de sus trabajos les era complicado presentarse, aunado a que las prácticas dilatorias de la defensa habían contribuido a la dificultad para desahogar la testimonial relativa, haciéndose patentes por el juez del proceso las manifestaciones de la víctima y del ofendido en el sentido de que su entorno laboral no les permitía faltar tan seguido******************** La undécima audiencia, tuvo verificativo, sin embargo, únicamente se desahogó la testimonial a cargo del ofendido del delito ante la incomparecencia de la víctima, solicitando la fiscalía oportunidad de justificar la ausencia de ésta dentro del término de veinticuatro horas, sin que se acordara favorable su solicitud, teniéndole por desistido de dicho órgano de prueba******************** Cabe indicar que la víctima, tal como se advierte del recuadro elaborado, compareció a las dos audiencias posteriores, asimismo, que en la primera de ellas, solicitó que se recabara su declaración, sin que se acordara favorable por el Juez del conocimiento******************** Finalmente, el Juez del conocimiento dictó sentencia absolutoria, en la que efectivamente, atendiendo a la ausencia de la testimonial de la víctima, quien -dijo- era la única persona que podía señalarlo, se consideró que el caudal era insuficiente para acreditar más allá de toda duda razonable la existencia del ilícito así como la responsabilidad o participación del quejoso en el hecho delictivo, esto es, la falta de desahogo del órgano de prueba admitido a la fiscalía, repercutió de modo negativo al momento de dictarse el fallo******************** De lo hasta aquí expuesto, se advierte que correctamente la autoridad responsable, al analizar el procedimiento de juicio, consideró conculcados derechos subjetivos de la víctima toda vez que se impidió un acceso real y efectivo a la justicia a su favor, haciéndose nugatorio su derecho a una verdadera impartición de justicia, pronta y sobre todo equitativa e igual con el resto de las partes procesales******************** Es así, dado que, en efecto, el suscrito tampoco advierte negligencia o pasividad por parte del fiscal para la presentación de la víctima del delito, ni tampoco advierte desinterés jurídico de la víctima en el asunto, pues tal como se ha hecho patente, la víctima sí compareció en diversas ocasiones a efecto de desahogar su atestado, lo que no fue posible atendiendo a múltiples circunstancias, una de ellas, la audiencia del defensor del acusado, así como el nombramiento de diversa defensora, quien compareció a audiencia sin encontrarse impuesta de los antecedentes de la causa, por lo cual, el juez del conocimiento, en salvaguarda del derecho a una defensa técnica y adecuada del acusado, difirió la audiencia, al menos en cuatro de once ocasiones por motivos atribuibles a la defensa, siendo que en otras tres ocasiones se difirió la misma por causas ajenas a las partes, sino atribuibles al propio tribunal y la logística de las mismas, y finalmente, en cuatro diversas ocasiones con motivo de la inasistencia de la víctima******************** En tal contexto, el suscrito tampoco advierte inactividad por parte de la víctima, pues incluso atendió dos audiencias subsecuentes, en las que evidentemente ya no se le otorgó la oportunidad de rendir su deposado, por encontrarse ya en un momento procedimental diverso******************** En ese sentido, se considera correcta la determinación reclamada en razón que debe velarse por el acceso efectivo de la víctima a la impartición de justicia, máxime que se advierte que en la undécima audiencia el Juez ni siquiera otorgó el término de veinticuatro horas a la fiscalía para justificar la inasistencia de la víctima, no obstante lo previsto en el numeral 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales y no obstante también, que la fiscalía así lo solicitó******************** Lo anterior, cobra mayor relevancia si se analiza lo manifestado por la víctima en el sentido de que le era complicado presentarse a las audiencias por motivos laborales y dado que en su trabajo no le permitían faltar a menudo; no obstante, como correctamente lo aprecia la responsable, se advierte que la víctima ha estado pendiente del juicio******************** De lo anterior, se advierte lo infundado de los conceptos de violación b) y c), en los cuales se expresa que se otorgó al Ministerio Público la oportunidad de presentar a la víctima, quien agotó todos los medios para lograr desahogar su testimonio, sin que esta mostrara interés en presentarse, así como que el Ministerio Público fue legítimamente desistido del testimonio de la víctima, conforme al artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales; circunstancias que, como ya se dijo, son inexactas, dado que, por una parte, la víctima no ha expresado renuencia a presentarse a las audiencias, pues lo ha hecho en diversas ocasiones, sin que se advierta una imposibilidad manifiesta o definitiva de la fiscalía de presentarla, y por otro lado, no se otorgó a la fiscalía la oportunidad de justificar la incomparecencia de la víctima, incurriendo el juez responsable en una violación trascendente al tenerle por desistido de dicha probanza******************** Lo anterior, tampoco implica que el juzgador exceda su envestidura, actuando de forma parcial en favor de la fiscalía, queriendo obligar a la víctima a asistir con la finalidad de que se le condene (concepto de violación i), sin embargo, como se ha señalado, debe garantizarse a las partes el debido acceso a la justicia, máxime que como ya se ha señalado, la víctima tiene un papel preponderante en el procedimiento penal actual, a quien debe garantizársele el derecho de ser escuchada y de no ser re victimizada, Asimismo, resulta infundado el concepto de violación identificado en el inciso a), en el sentido de que la determinación de reponer el procedimiento, pretende forzar al Juez de enjuiciamiento a entablar un segundo juicio en su contra por los mismos hechos, con la finalidad de que se dicte un fallo condenatorio******************** Dicho argumento carece de todo sustento, pues no se trata de un nuevo juicio o un segundo juicio como lo pretende hacer valer la parte quejosa, sino de una reposición del procedimiento al advertirse violaciones en perjuicio de una de las partes******************** Asimismo, el hecho de que se reponga el procedimiento para subsanar violaciones cometidas, no es una garantía para la víctima de que se dictará una sentencia conforme a sus intereses, pues el desahogo de su atestado únicamente permitiría al juez ponderar dicha prueba con el resto del caudal probatorio para establecer o no, la responsabilidad penal del acusado******************** De igual manera, tampoco asiste razón al impetrante de amparo al señalar que se ha trasgredido el derecho fundamental al debido proceso, en razón de que se viola la certeza jurídica a que tiene derecho (concepto de violación g)******************** Es así, dado que la Primera Sala ha sustentado que el contenido esencial de la garantía de seguridad jurídica radica en "saber a qué atenerse" respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad, tal como se desprende -por las razones que la integran- de la jurisprudencia 1a./J. 139/2012 (10a.); 10ª Época; 1a. Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XVI, enero de 2013; Tomo 1; Pág. 437, de rubro y texto: "SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. EN QUÉ CONSISTE. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución General de la República, es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. En ese sentido, el contenido esencial de dicho principio radica en "saber a qué atenerse" respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad. Así, en materia tributaria debe destacarse el relevante papel que se concede a la ley (tanto en su concepción de voluntad general, como de razón ordenadora) como instrumento garantizador de un trato igual (objetivo) de todos ante la ley, frente a las arbitrariedades y abusos de la autoridad, lo que equivale a afirmar, desde un punto de vista positivo, la importancia de la ley como vehículo generador de certeza, y desde un punto de vista negativo, el papel de la ley como mecanismo de defensa frente a las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado. De esta forma, las manifestaciones concretas del principio de seguridad jurídica en materia tributaria, se pueden compendiar en la certeza en el derecho y la interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso; la primera, a su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, suficiente desarrollo y la certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición del contribuyente, en caso de no cumplirse con las previsiones del ordenamiento; y, la segunda, principal, más no exclusivamente, a través de los principios de proporcionalidad y jerarquía normativa, por lo que la existencia de un ordenamiento tributario, partícipe de las características de todo ordenamiento jurídico, es producto de la juridificación del fenómeno tributario y su conversión en una realidad normada, y tal ordenamiento público constituirá un sistema de seguridad jurídica formal o de "seguridad a través del Derecho"******************** Dicho principio, cobra aplicación en el ámbito jurisdiccional a través de la firmeza de las resoluciones, misma que se actualiza con el transcurso del tiempo, dando lugar a figuras como la de la prescripción, la caducidad, etcétera******************** Dichas figuras, resultan necesarias en el orden jurídico atendiendo a que justamente a partir de ellas, las partes saben en qué momento pueden o no esperar algo de la autoridad, y tienen certeza de los derechos que pueden o no ser ejercitados en un determinado momento******************** En ese sentido, el hecho de que en un proceso judicial se interponga un medio de defensa fuera de tiempo, amerita su desechamiento, puesto que la resolución ha causado firmeza jurídica, y atendiendo a la seguridad jurídica de las partes, ésta ya ha adquirido la calidad de cosa juzgada y, por tanto, es ejecutable******************** Por otro lado, en caso de que se interponga un recurso en tiempo, permite a la parte recurrente cuestionar la determinación previo a que ésta sea ejecutable o quede firme, incidiendo de forma definitiva en su esfera de derechos******************** En ese sentido, el hecho de que en un primer momento se hubiese dictado un fallo absolutorio en favor del quejoso, y con posterioridad se dicte un fallo en el que se ordena dejar insubsistente dicha determinación y se ordene reponer el procedimiento, no es contrario a la seguridad jurídica, pues, como se señaló, la sentencia absolutoria, aún no causaba ejecutoria******************** Se invoca, por sus razones, la tesis XI.C.16 C (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, registro 2006697, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1630, que dice: "COSA JUZGADA. AL CONSTITUIR UN DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD JURÍDICA PROTEGIDO POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y POR LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 25, NUMERALES 1 Y 2 DE ÉSTA. De conformidad con el artículo 25, numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro que sea efectivo, que la ampare contra actos que violenten sus derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución, la ley y la citada convención. Los Estados Parte se comprometen a decidir sobre los derechos de quien interponga algún recurso y garantizar el cumplimiento de lo que ahí se decida. Sin embargo, la regulación de este derecho no es obstáculo para considerar que la aplicación de la figura jurídica de la cosa juzgada es transgresora de las prerrogativas consagradas en dichas disposiciones, pues la finalidad de ésta consiste en que exista certeza respecto de las cuestiones resueltas en los litigios, mediante la invariabilidad de lo fallado en una sentencia ejecutoria, ante el riesgo de que al tramitarse un nuevo juicio en el que se ventilen las mismas cuestiones que en el anterior, por los mismos sujetos y conforme a similares causas, se pronuncien sentencias contradictorias con la consecuente alteración de la estabilidad y seguridad de los contendientes en el goce de sus derechos, lo cual también constituye un derecho humano consistente en la seguridad jurídica protegido por la Constitución y por la referida Convención Americana." En ese sentido, no se advierte un actuar tendencioso, ni que las consideraciones en que se sustentó el fallo resulten falaces o carentes de sustento (concepto de violación f), aunado a que este juzgador estima que el acto de autoridad que se combate en esta instancia reúne las exigencias del artículo 16 constitucional, cumpliendo con las exigencias de fundamentación y motivación (concepto de violación j), dado que la responsable señaló con precisión las circunstancias especiales y razones particulares que tuvo en consideración para concluir como lo hizo y apoyó con preceptos constitucionales y legales su determinación y su análisis teórico y fáctico******************** En congruencia con lo anterior, la decisión reclamada se ajusta a la garantía de legalidad, pues la autoridad responsable invocó los preceptos normativos aplicables al caso y expuso pormenorizadamente las razones y motivos que tuvo en consideración para emitir el acto reclamado; razón por la cual, como se dijo, el acto reclamado satisface la garantía de legalidad en términos de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual expresa: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Tampoco se vulnera el principio de principio de acceso a una justicia pronta y expedita (concepto de violación e), pues el derecho de acceso a la justicia también involucra el derecho de las partes a recurrir la sentencia, es decir el derecho a un recurso, también conocido como derecho a una segunda instancia******************** Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4321/2017, estableció que en nuestro sistema jurídico interno, el derecho humano a una doble instancia o apelación se encuentra implícito en el artículo 23 constitucional, al disponer que "Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias (.)", es decir, de una interpretación de dicha prohibición, en sentido contrario, se advierte que, al menos, se tiene derecho a dos instancias, en el trámite de los procesos en materia penal******************** La doble instancia se relaciona estrechamente con los derechos al debido proceso, acceso a la justicia real, completa y efectiva y defensa adecuada, reconocidos en los artículos 14, párrafo segundo, 17, párrafo segundo, y 20, Apartado B, fracción VIII y Apartado C, fracción II, parte final del primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que constituye una manera de garantizar la recta administración de justicia y otorga la posibilidad de interponer un recurso, para evitar que una sentencia que se estima deriva de un procedimiento viciado o contiene errores en perjuicio del inconforme, quede firme******************** En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, entre las garantías esenciales del procedimiento se encuentra el principio de impugnación de sentencias, por virtud del cual se obtiene justicia completa e imparcial, tal como se advierte de la tesis LXXVI/2005, visible en la página 299 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, agosto de 2005, Novena Época, que se transcribe: "PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. De los artículos 14, segundo párrafo; 17, segundo párrafo y 107, fracción III, inciso a), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que constituye una formalidad esencial del procedimiento el hecho de que sea impugnable un acto definitivo de un tribunal que lesiona los intereses o derechos de una de las partes. En efecto, si los citados artículos 14 y 17 obligan, respectivamente, a que en los juicios seguidos ante los tribunales se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y a que la justicia se imparta de manera completa e imparcial, y por su parte el aludido artículo 107 presupone la existencia de medios impugnativos en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio mediante los cuales se nulifiquen, revoquen o modifiquen, es evidente que dentro de dichas formalidades están comprendidos los medios ordinarios de impugnación por virtud de los cuales se obtiene justicia completa e imparcial"******************** Así, para que exista un cumplimiento cabal de las formalidades del procedimiento, defensa adecuada y acceso a la justicia, como lo establecen los artículos constitucionales aludidos, todo proceso penal debe establecer, como garantía procesal, la posibilidad de apelar o impugnar la decisión adoptada en una primera instancia, por medio de un recurso judicial efectivo, que a su vez, es el medio idóneo para contar con un acceso a la justicia completo y eficaz******************** Asimismo, destacó que en el ámbito internacional, este derecho a una doble instancia o apelación, se encuentra expresamente reconocido en tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, de los que nuestro país es parte, los cuales, en términos del artículo 1 constitucional, integran el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas del orden jurídico mexicano******************** Al efecto expresó que éste se reconoce expresamente en el artículo 8.2, segunda parte, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos que se transcriben: "Artículo 8. Garantías judiciales******************** . 2********************. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: . h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior." En ese sentido, el derecho a una segunda instancia forma parte del propio acceso a la justicia, mismo que no se encuentra en pugna con el diverso de justicia pronta y expedita, pues al margen de que ello prorrogue la determinación definitiva del asunto, es una garantía a efecto de que a las partes en el litigio se les garantice el debido proceso******************** Por otra parte, debe decirse que tampoco se vulnera el derecho a la presunción de inocencia del condenado (concepto de violación d), pues dicho principio opera no solo hasta el dictado de la sentencia, sino hasta que ésta quede firme, es decir, hasta que transcurra el término para ser impugnada, o bien, sea confirmada en definitiva******************** Esto es así, pues si la resolución definitiva todavía es susceptible de modificarse o revocarse, por ende, no existe certeza respecto de la responsabilidad del sujeto en la comisión de una infracción y, al no existir dicha seguridad, el principio de presunción de inocencia obliga a dar trato de no culpable, esto es, a no imponer las consecuencias privativas de derecho propias de un condenado******************** Los criterios antes expuestos han sido establecidos por la primera sala de la SCJN en la resolución al amparo en revisión 624/2008 al establecer "que la presunción de inocencia no sólo opera hasta que se dicte resolución definitiva que resuelve el fondo del asunto, sino hasta que la misma queda firme"******************** Así, en dicha resolución estableció que el derecho a la presunción de inocencia es un derecho "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes cuyo contenido se encuentra asociado con garantías encaminadas a disciplinar distintos aspectos del proceso******************** Así, en la dimensión procesal de la presunción de inocencia, pueden identificarse al menos cuatro vertientes del derecho: como principio informador del proceso penal; como regla probatoria; como estándar probatorio o regla de juicio; y, como regla de trato procesal******************** Siendo que en el caso, el suscrito no advierte violación a cualquiera de dichos aspectos en perjuicio del quejoso, pues incluso, como ya se ha indicado, el hecho de que se ordene la reposición del procedimiento no es una garantía de que se dictará un fallo condenatorio en contra del quejoso, ni se advierte tampoco que en el fallo revisado, se le dé el trato de culpable******************** Finalmente, el concepto de violación h), resulta inoperante, pues señala que no existe certeza en el lugar de los hechos, las circunstancias de tiempo y modo, ni en su participación en los hechos materia de la acusación; circunstancias que no son materia del presente juicio de amparo, y que tampoco fueron analizadas en la resolución recurrida******************** Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por ********************, por su propio derecho******************** Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por propio derecho, contra el acto reclamado y autoridades precisados en los considerandos SEGUNDO y TERCERO, por los motivos precisados en el diverso SÉPTIMO de esta sentencia******************** Notifíquese; vía electrónica al quejoso, personalmente a la representación social federal de la adscripción, por lista a los terceros interesados (víctima y ofendido) y mediante oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público tercero interesado.
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