Juan Antonio Ortíz Taxilaga
Expediente 484/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Antonio Ortíz Taxilaga
Actuaciones
- Principal
La Superioridad declaró infundada la queja interpuesta en contra del auto de desechamiento de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo. Acúsese recibo a la Superioridad. Archívese como asunto concluido. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente una vez que transcurran cinco años es susceptible de destrucción al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental, por lo que se indica como fecha probable para tal efecto, el quince de julio de dos mil veintidós. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Por otra parte, toda vez que obran en autos documentos exhibidos por la parte quejosa, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, correrá la misma surte que el expediente.
- Principal
La superioridad informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto que desechó su demanda.
- Principal
Agréguese a los autos copia del escrito signado por ********** (parte quejosa); mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de mayo de la presente anualidad (fojas 26-28). Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da entrada al recurso y ríndase el informe relativo a la queja de que se trata. Remítase de inmediato el escrito original de expresión de agravios y copia del mismo, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, por conducto de su oficina de correspondencia común, con residencia en Xalapa, Veracruz, así como copia certificada de las constancias necesarias para su resolución, manifestándole que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Juan Antonio Ortíz Taxilaga, contra actos del 1. Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz y otra autoridad. Fórmese expediente y hágase la anotación respectiva con el número 484/2017-V, en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Del escrito inicial de demanda y sus anexos, se advierte la parte quejosa señala como acto reclamado: ".sentencia interlocutoria de fecha 15 de mayo de 2017, expediente civil 479/2016-III, porque decreta el divorcio de los cónyuges, pero es omisa en pronunciarse por cuanto a la cancelación, cesación o terminación de la pensión alimenticia pedida en el inciso c) del escrito inicial de demanda." Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia en el presente sumario, prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dado que previo a esta instancia constitucional, la parte quejosa debió agotar los recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto. En efecto, el citado numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio es improcedente: "XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto y fracción de la Ley de Amparo transcritos, ponen de manifiesto que el juicio es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. A su vez el diverso 509 del Código Adjetivo Civil, que dispone: "Artículo 509.- El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia." De lo anterior se estima que el acto reclamado es susceptible de impugnación a través del recurso de apelación previsto por el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues la legislación procesal civil del Estado, expresamente señala en su artículo 510 que son apelables las sentencias. Por lo tanto, este juicio deviene improcedente, dado que a través de dicho medio de defensa -apelación- la resolución reclamada (que decretó el divorcio y omitió resolver las cuestiones relativas a la pensión alimenticia) puede ser confirmada, revocada o modificada, pues se ubica dentro de la hipótesis prevista por el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y, por ende, previo al juicio de derechos humanos, debió ser combatido a través del recurso de apelación, a fin de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Por lo que, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir el acto en comento, debió agotar las instancias ordinarias necesarias por medio de las cuales pudo haberse confirmado, revocado o modificado la aludida determinación de quince de mayo de dos mil diecisiete. En consecuencia, al no haberlo hecho así, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda del juicio protector de derechos humanos por su notoria improcedencia, pues se actualizó la causa a que se hizo referencia en el cuerpo de esta resolución, esto es, la prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo.
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