Juan Antonio Orozco Hernández
Expediente 880/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 880/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 10/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Antonio Orozco Hernández
- Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis
- María Elena Orozco Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintidós.****************************************Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria.******************** ********************En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo.****************************************Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada.****************************************Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General.****************************************En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha.****************************************Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención.****************************************Finalmente, en caso de obrar documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos.****************************************Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa si exhibió documentos originales y mediante oficio a la autoridad responsable. ****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa juan Antonio Orozco Hernández por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de quince de febrero de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de quince de febrero de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 880/2021, promovido por Juan Antonio Orozco Hernández; y, RESULTANDO: Primero. Presentación en la vía directa. Mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veinte ante la oficialía de partes del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad (foja 9), Juan Antonio Orozco Hernández, por propio derecho, demandó en la vía directa, el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del titular de ese órgano jurisdiccional, que estimó violatorios de los derechos tuteladas en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. Por lo anterior, el titular de dicho tribunal realizó los trámites previstos por el artículo 178 de la Ley de Amparo y por oficio T.U.A. 36/496/2021 presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito (foja 7), remitió la demanda original y una copia de la misma, así como la certificación respectiva de su presentación; el informe justificado respectivo; y, el expediente original 1825/2020. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de amparo intentada inicialmente en la vía directa, correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quien la recibió el trece de septiembre de dos mil veintiuno (foja 2) y en auto de diecisiete de septiembre siguiente (foja 37), se declaró incompetente para conocer de la misma, en atención a que la resolución reclamada -sentencia de veintidós de enero de dos mil veinte que no calificó de legal ni aprobó el convenio celebrado entre las partes en el juicio agrario 1825/2016- no constituye una sentencia definitiva que pone fin al juicio, por lo que ordenó remitirlo al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en esta ciudad. Segundo. Avocamiento y trámite. Por razón de turno, correspondió a este juzgado el conocimiento del presente asunto, quien en auto de trece de octubre de dos mil veintiuno (foja 50) la tuvo por recibida y en la propia fecha, la admitió a trámite, dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete. Asimismo, en el propio proveído se convalidó el emplazamiento que de los terceros interesados Registro Agrario Nacional y María Elena y Jacqueline, ambas de apellidos Orozco Hernández, realizó la autoridad responsable; por esa razón, en dicha determinación solo se ordenó notificarles personalmente el auto de avocamiento que pronunció este juzgado (foja 51), así como al quejoso Juan Antonio Orozco Hernández. Posteriormente, en auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno (foja 101) se reconoció también el carácter de tercera interesada a la Asamblea General de Ejidatarios del Poblado de La Soledad de esta ciudad, en virtud que dentro de la contienda agraria de origen tiene el carácter de codemandada, razón por la que en la propia determinación se ordenó emplazarla a este juicio de amparo. Finalmente, seguido el juicio por sus cauces legales, el diez de enero de este año (foja 151), se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia al tenor de las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue pronunciado por una autoridad jurisdiccional con residencia en esta ciudad, ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por tanto, apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad: Sentencia de veintidós de enero de dos mil veinte que no calificó de legal ni aprobó el convenio celebrado entre las partes en el juicio agrario 1825/2016, que sobre nulidad de acta de asamblea de asignación de solares urbanos demandó el quejoso en contra de la Asamblea General de Ejidatarios del Poblado de La Soledad de esta ciudad y de otros. Tercera. Certeza del acto. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado (foja 2), lo que se corrobora de las constancias aportadas por ésta, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarta. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Falta de interés. El autorizado de las terceras interesadas María Elena y Jacqueline, ambas de apellidos Orozco Hernández, aduce que el quejoso carece de interés jurídico o legítimo, porque mediante contrato de doce de octubre de dos mil diez, cedió sus derechos a Alejandra Romero Espinoza y porque incluso, dice, con ese contrato, la citada Romero Espinoza, demandó a las terceras interesadas la reivindicación del inmueble. Calificación. No se actualiza la causal invocada, ya que el quejoso figura como parte actora en el juicio agrario de origen y esa sola razón es suficiente para considerar que contrario a lo alegado por las citadas terceras interesadas, sí tiene interés jurídico para comparecer a esta instancia de amparo, en la medida que, cualquier resolución que se emita en el mismo es susceptible de depararle perjuicio en el derecho que defiende en ese juicio; más, si tomamos en cuenta que hasta esta fecha, no se ha calificado el derecho subjetivo que el quejoso demandó en la contienda de la que deriva el acto reclamado, es decir, a la fecha no se ha determinado si el quejoso o las terceras tienen un mejor derecho para poseer los solares en disputa. Lo anterior, con independencia de que las terceras aleguen que el accionante del amparo celebró contrato de cesión de derechos a Alejandra Romero Espinoza, ya que dicha cesión está subjúdice a que, en primer término, se califique y en su caso, se reconozca un derecho al quejoso en el juicio agrario de origen. Finalmente, toda vez que no existen más causales de improcedencia de la acción constitucional invocadas por las partes y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismo que se tiene aquí por reproducido como si al efecto se transcribiese, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, Novena Época, Registro 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En ellos, aduce esencialmente que: Que la resolución reclamada viola en su perjuicio las garantías de legalidad, al considerar que existe error en la constitución de las obligaciones de las partes en la celebración del convenio, por vicios en el consentimiento, ya que las partes conocen perfectamente el conflicto, las obligaciones que se adquirieron al suscribir el convenio y la responsable de forma por demás parcial, sin fundamentación y motivación, resolvió indebidamente que existe ese error, sin precisar qué tipo de error observa, situación que lo deja en estado de indefensión; Que la autoridad pasó por alto que el único fin de las partes era solucionar la controversia y que entre ambas partes se hicieron concesiones de pedir y dar, ya que el quejoso renunció a un inmueble valuado en alrededor de tres millones de pesos a cambio de otras contraprestaciones; Que la responsable al emitir la resolución reclamada violenta la garantía de imparcialidad judicial, porque la emitió con clara intención de favorecer a una de las partes y de no aplicar la penalización, dado el evidente incumplimiento de la parte demandada de pagar en tiempo y forma la prestación económica a la que se obligó, negando con ello efectos vinculantes al convenio y favoreciendo con ello a la parte que ya actualizó el incumplimiento; De la misma forma, que al emitir esa sentencia se viola su garantía de acceso a la justicia pronta y expedita, la cual privilegia la solución de conflictos sobre los formalismos procedimentales y con ello, bloquea la salida a un problema de manera ágil, sencilla, sin necesidad de agotar un procedimiento largo y desgastante ante los órganos de impartición de justicia; Que el establecimiento de la cláusula de penalización para el caso de incumplimiento, debe interpretarse como parte de la justicia restaurativa de los medios alternativos de solución de controversias, es decir, como parte del proceso en el cual todas las personas afectadas por una injusticia tienen la oportunidad de discutir cómo han sido afectadas por ella y decidir qué debe hacerse para reparar el daño, cómo lidiar con las consecuencias de la ofensa y sus implicaciones. Que por ello y dado que no hay precepto legal que lo prohíba, se estableció esa pena convencional; Que es inexistente el error en la voluntad de las partes que percibe la responsable, porque ambas partes sabían que la tercera interesada María Elena Orozco Hernández, cuenta con títulos de propiedad sobre los solares materia de la controversia, y que por ello, la inclusión de la cláusula de penalización no se traduce en incertidumbre jurídica, sobre todo porque la demandada conoce los alcances de la misma, debido a su profesión de licenciada en derecho; Que es incongruente que si el convenio se formalizó en audiencia de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, ante la propia autoridad responsable, ahora al calificarlo, emita una resolución en la que lo considere de ilegal y no lo apruebe, porque en todo caso, debió orientar a las partes al momento en que plasmaron su voluntad ante su presencia; Que además, la nulidad por causa de error solo puede invocarse por quien ha sufrido los vicios del consentimiento y no por la responsable, y que como en el caso, no existe constancia que su contraria hubiere invocado vicio alguno en la celebración del convenio y atendiendo además a que, medio suficiente tiempo entre la celebración del convenio y su calificación, su derecho a invocar la nulidad ha prescrito, ya que transcurrieron en exceso los sesenta días que establece el artículo 2236 del Código Civil para que se inconformara, sobre todo porque insiste, su contraria tiene conocimientos en derecho, al ser abogada; Que la calificación del convenio debió enfocarse en el objeto del mismo y no como tal, en la cláusula de penalización por incumplimiento, porque el objeto del mismo es lícito ya que no afecta la igualdad entre las partes ni el debido proceso u otros derechos; Que además, la sentencia reclamada es ilegal y carece de congruencia y exhaustividad, ya que al calificar las cláusulas III, VI y X del convenio, no consideró el escrito de aclaración que presentó el quejoso en el que señaló que los diversos solares que se integraron a ese pacto de voluntades, estaban ubicados en el Ejido de Santiaguito y no en el Ejido de Santa Inés; que por ello, tenía elementos para declarar posible el objeto de esas cláusulas; y, Que al considerar que la cláusula de penalización es ilegal e inequitativa y por ende, carente de aptitud para dirimir una controversia por la vía amigable de composición, la responsable no dio protección alguna ni proveyó lo necesario para dar velar por la familia, puesto que al percatarse que es un conflicto entre hermanos, faltó a su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y al contrario, interfirió en su vida familiar, al no respetar sus usos y costumbres y sobre todo, su voluntad, tan es así dice, que el convenio fue ratificado en su totalidad y en forma personal por todos sus suscriptores. Conceptos de violación que son todos infundados, como a continuación se demostrará. Para hacerlo, en primer término, conviene señalar que los argumentos esenciales por los que la autoridad responsable consideró ilegal y no aprobó el convenio celebrados entre las partes en el juicio agrario de origen, son los que se resumen enseguida: Que existe error en la constitución de las obligaciones insertadas en el convenio celebrado entre las partes y por ende, vicios en el consentimiento, ya que las cláusulas identificadas con los números II, IV y VIII, son contradictorias entre sí y además, sustentan situaciones materiales que no corresponden a la realidad; Ello, porque aunque en la cláusula segunda, se admite que María Elena y Jacqueline, Orozco Hernández, cuentan con documentos eficaces que amparan la titularidad de los solares en disputa, esto es, respecto de los solares 17, 18 y 19, de la manzana 21, zona 1, del Poblado de La Soledad, en el municipio de Morelia, los cuales incluso están registrados tanto en el Registro Agrario Nacional como en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado; y que para conservar la titularidad de los mismos, María Elena y Jacqueline, Orozco Hernández, deberían pagar al quejoso a más tardar, el cinco de agosto de dos mil diecinueve, la cantidad de seiscientos cincuenta mil pesos en moneda nacional; contradictoriamente, en la cláusula octava se estableció como pena convencional, que si el quejoso no recibía la cantidad precisada en la fecha pactada, las cosas quedarían en el estado en el que se encuentran, es decir, quedaría en posesión y como titular de los referidos solares y por ende, se debería realizar el traslado correspondiente de los títulos a favor del accionante del amparo, sin que las demandadas pudieran reclamar con posterioridad derecho alguno respecto de esos solares; Que por ello, las cláusulas segunda y octava resultaban contradictorias, pues mientras que por un lado, reconocían que quienes registralmente aparecen como titulares de los solares en disputa es María Elena y Jacqueline, Orozco Hernández, simultáneamente, pactaban que en el caso que no se hiciera el pago acordado, las cosas quedarían en el estado en el que se encuentran, esto es, que el quejoso quedaría en posesión y como titular de los solares; disposiciones que a consideración de la responsable, son contradictorias porque la realidad es que los solares en cuestión, están inscritos en favor de María Elena Orozco Hernández, y quien detenta la posesión es el quejoso; no así como se estableció en la cláusula octava, en el sentido que, las cosa quedarían en el estado en el que se encuentran y el accionante del amparo quedaría en posesión de los mismos y además, como titular de los solares; Razón por la que la responsable consideró que la inserción de la cláusula octava contiene una contradicción con la que se pone de manifiesto el vicio en el que incurrieron las partes, al establecerse circunstancias que no coinciden con la realidad y actualidad en los hechos y en lo jurídico y la cual, además, se traduce en incertidumbre jurídica para la demandada, porque con la inserción de esa disposición se vulneran sus intereses materiales y jurídicos; Además, el magistrado responsable consideró que mediante la cláusula penal que se insertó se modifica todo el sentido de lo pactado y que no procedía aprobarlo en los términos propuestos, porque una sanción por incumplimiento de un convenio agrario, no puede tener los alcances de otorgar todos los derechos de propiedad, titularidad y posesión a una parte y dejar sin ningún derecho a la otra, resultando por ello, una cláusula leonina, con lo que dijo, se evidencía la falta de cordialidad y buena fe que debe prevalecer en los convenios conciliatorios; y, Con relación a la posibilidad en el objeto del convenio, establecido en las cláusulas tercera, sexta y décima, concretamente con relación a dos solares de los cuales era titular el padre de las partes, pertenecientes al Ejido de Santiaguito, y el cual erróneamente se nombró como Santa Inés en el convenio, respecto de los que las partes admitieron su existencia y acordaron que el quejoso sería el titular y poseedor de los mismos -con anuencia de todos sus hermanos-, y que por ello, una vez que desocuparan los solares en disputa, podría trasladar su negocio de compra y venta de vehículos a ese lugar y debería dársele a conocer al Comisariado Ejidal correspondiente para el reconocimiento y respeto de las posesiones convenidas entre las partes; el magistrado responsable señaló que no era posible materializar el objeto de esas disposiciones, porque la actualización de esos supuestos estaba sujeta a las condiciones suspensivas establecidas en la cláusula octava. Por ello, que si no se cumplió con el pago de la cantidad acordada en la cláusula octava, no resultaban exigibles los eventos establecidos en las cláusulas tercera, sexta y décima. Como se ve, los dos argumentos esenciales en los que el magistrado responsable sustento su determinación para no aprobar el convenio celebrado entre las partes son los siguientes: El contenido de la cláusula octava denominado pena convencional, es contradictorio con lo dispuesto en la cláusula segunda, ya que contiene insertas afirmaciones que no coinciden con la realidad fáctica y jurídica con el estado actual que guardan las cosas; al afirmar que, el quejoso es titular registral de los solares 17, 18 y 19, de la manzana 21, zona 1, del Poblado de La Soledad, en el municipio de Morelia, a pesar que previamente reconoció que solo tiene la posesión de los mismos y que la titular registral de los mismos es su hermana María Elena Orozco Hernández; y, La cláusula octava que contiene la pena convencional es leonina, porque modifica todo el sentido de lo pactado y porque una sanción por incumplimiento de un convenio agrario, no puede tener los alcances de otorgar todos los derechos de propiedad, titularidad y posesión a una parte y dejar sin ningún derecho a la otra, con lo que se evidencía la falta de cordialidad y buena fe que debe prevalecer en los convenios conciliatorios. Conforme al anterior panorama, la calificación otorgada a los conceptos de violación descansa en que tal y como lo afirma el magistrado responsable, la ilegalidad del convenio suscrito por las partes se evidencía esencialmente con los dos argumentos expuestos, pues como bien lo señaló, por un lado, este juzgador advierte que efectivamente, existe la contradicción expuesta en el sentido que, lo establecido en la cláusula octava no guarda coincidencia con la realidad material, ya que aunque en efecto, es cierto que el quejoso en la actualidad detenta la posesión material de los solares en disputa, también lo es que, la titularidad registral ante el Registro Agrario Nacional y así como ante el Registro Público de la Propiedad, la tiene su hermana María Elena Orozco Hernández. Por ello, resulta insidioso y contradictorio, que por un lado se establezca que en caso de incumplimiento las cosas quedarán en el estado en el que actualmente se encuentran y por otro, que simultáneamente se inserte una disposición que ordene que en caso de incumplimiento, deberá realizarse el traslado registral de la titularidad de esos bienes a favor del quejoso. Es así, pues un estado en el que las cosas quedarían como actualmente se encuentran, supondría que, el quejoso continuaría únicamente detentando la posesión material de los solares, y su hermana María Elena Orozco Hernández seguiría apareciendo registralmente como propietaria de los mismos; sin modificación alguna respecto de esos dos aspectos esenciales de propiedad y posesión; de ahí que, se coincida con el argumento del magistrado responsable, en el sentido que, se vacía de certeza jurídica el convenio celebrado entre las partes, al afirmar que en caso de incumplimiento del pago de los seiscientos cincuenta mil pesos, las cosas se mantendrán en el estado actual, pero modificando el traslado de dominio al quejoso, ya que entonces de ninguna forma permanece o se guarda el estado actual de las cosas y en cambio, sí se hace patente el error en el que se pretendió hacer caer a su contraria, en detrimento de su patrimonio y de sus derechos fundamentales. Pero como razón más importante aún para no calificar de legal ese convenio y por ende, lo que impide elevarlo a categoría de cosa juzgada, consiste en que como lo afirma el magistrado responsable, bajo ninguna percepción es dable jurídicamente, aceptar que la pena convencional pueda exceder ni en valor ni en cuantía la obligación principal. En efecto, de acuerdo al artículo 1843 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley Agraria y conforme al cual se calificó la legalidad del convenio suscrito por las partes, se tiene que la cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal. En el caso se afirma la infracción a dicha disposición, porque como se advierte del convenio celebrado entre las partes, la obligación principal a la que se sujetó la contraria del quejoso, es al pago de la cantidad de seiscientos cincuenta mil pesos, a cambio de que éste desocupara los solares materia de la controversia y de restituir la posesión a su hermana María Elena Orozco Hernández. No obstante ello, en el caso se afirma que la pena convencional es desproporcionada y leonina, porque como bien lo afirmó el magistrado responsable, en la cláusula octava se estableció como sanción o pena convencional, que en caso que María Elena Orozco Hernández no pagara los seiscientos cincuenta mil pesos a más tardar el cinco de agosto de dos mil diecinueve, debería realizar el traslado registral del dominio de los solares en cuestión, a favor del quejoso; esto, a pesar que como el propio peticionario de amparo reconoce, dichos predios están valuados en la actualidad en aproximadamente tres millones de pesos. De suerte que, ante el incumplimiento de una obligación monetaria cuya cuantía es de seiscientos cincuenta mil pesos, se impuso una sanción cuya materialización supone a decir del propio quejoso, una cuantía de tres millones de pesos; esto es, más de cuatro veces el monto de la obligación principal. Bajo ese orden de ideas, con la inclusión de esa cláusula se desnaturaliza por completo la naturaleza de la pena convencional, ya que la misma tiene como fin garantizar anticipadamente los daños y perjuicios en caso de incumplimiento del contrato; sin embargo, como bien lo dijo el magistrado responsable, de ninguna manera puede tener el alcance de otorgar todos los derechos de propiedad, titularidad y posesión a una parte y dejar sin ningún derecho a la otra, con lo que se evidencía la falta de cordialidad y buena fe que debe prevalecer en los convenios conciliatorios. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la cláusula penal pactada al celebrar un contrato no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal y que con ello no se vulnera el principio de autonomía de la voluntad en materia contractual, sencillamente, porque dicha sanción no debe constituirse en una ganancia exorbitante, sino sólo en una justa indemnización. Así quedó establecido en la tesis aislada 1a. CLI/2018 (10a.), con registro digital 2018593, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 278, que dice: "CONTRATOS. EL ARTÍCULO 7.86 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO QUE PREVÉ EL LÍMITE DEL MONTO DE LA CLÁUSULA PENAL, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. El precepto citado, al prever que la cláusula penal pactada al celebrar un contrato no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal, no vulnera el principio de autonomía de la voluntad en materia contractual. Dicha limitante es constitucionalmente legítima, al perseguir un interés público en tanto regula la sanción por imponerse a la parte que incurra en desacato a la obligación principal, la cual se entiende como una especie de reparación económica a la parte que sí cumplió dicha obligación, pero que se ve afectada por el incumplimiento de la otra, aspecto que no debe constituirse en una ganancia exorbitante, sino sólo en una justa indemnización, la cual se colma con otro tanto de lo que pudo constituir la suerte principal. En este sentido, el interés público se protege en la medida en que establece una prohibición relativa a que, en la celebración de los contratos, se pacten o establezcan cláusulas que, contrariamente a las exigencias de buena fe, generen un desequilibrio importante, injustificado y muchas veces abusivo, de las obligaciones contractuales en detrimento de una de las partes y en afectación de sus derechos fundamentales; asimismo, el interés público prevalece en función de lograr un equilibrio en las transacciones que, aunque sean entre particulares, tienen una peculiar incidencia en la dinámica económica y de mercado. Además, la autonomía de la voluntad debe sujetarse a restricciones especiales, por lo que el contrato debe ser el instrumento ideal para satisfacer las necesidades de los particulares, y no para que una de las partes pueda aprovecharse de manera desmedida de la otra, desnaturalizando la razón de la pena convencional." De la misma forma, se invoca como sustento de lo anterior, la tesis aislada emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 271745, Sexta Época, Materias(s): Civil, localizable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen XXVIII, Cuarta Parte, página 226, que dice: "PENA CONVENCIONAL, MUTABILIDAD DE LA. El Código Civil para el Distrito y Territorios Federales no admite la inmutabilidad de la pena convencional, ya que en su artículo 1843 dispone que la cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal; el artículo 1844 ordena que, si la obligación fuere cumplida en parte, la pena se modificará en la misma proporción, y el artículo 1845 establece que si la modificación no pudiere ser exactamente proporcional, el Juez reducirá la pena de una manera equitativa, teniendo en cuenta la naturaleza y demás circunstancias de la obligación; de manera que si una pena pactada es mayor en su valor o cuantía que la obligación principal, la parte excedente es nula, de acuerdo con el artículo 8o. del Código Civil, por ser contraria a una ley prohibitiva." Pues bien, establecidos los argumentos conforme a los cuales este juzgador estima legal la calificación realizada por el magistrado responsable al convenio aludido, se impone dar contestación a los conceptos de violación expresados por el accionante de la tutela constitucional, en forma particular. Así, en primer término es infundado el concepto de violación en el que el quejoso aduce que la resolución reclamada viola en su perjuicio las garantías de legalidad, al considerar que existe error en la constitución de las obligaciones de las partes en la celebración del convenio, por vicios en el consentimiento, ya que las partes conocen perfectamente el conflicto, las obligaciones que se adquirieron al suscribir el convenio y la responsable de forma por demás parcial, sin fundamentación y motivación, resolvió indebidamente que existe ese error, sin precisar qué tipo de error observa, situación que lo deja en estado de indefensión. Ello, porque como se advierte de lo expuesto anteriormente, el magistrado claramente señaló que el error que incidió en el consentimiento expresado por la parte contraria del quejoso, consistió en que el contenido de la cláusula octava denominado pena convencional, es contradictorio con lo dispuesto en la cláusula segunda, ya que contiene insertas afirmaciones que no coinciden con la realidad fáctica y jurídica del estado actual que guardan las cosas; al afirmar que, el quejoso es titular registral de los solares 17, 18 y 19, de la manzana 21, zona 1, del Poblado de La Soledad, en el municipio de Morelia, a pesar que previamente reconoció que solo tiene la posesión de los mismos y que la titular registral de los mismos es su hermana María Elena Orozco Hernández. De tal suerte que, el error que resulta insidioso y contradictorio, como lo dijo el magistrado responsable, consiste en que por un lado se establezca que en caso de incumplimiento las cosas quedarán en el estado en el que actualmente se encuentran y por otro, que simultáneamente se inserte una disposición que ordene que en caso de incumplimiento, deberá realizarse el traslado registral de la titularidad de esos bienes a favor del quejoso; porque como ya se dijo, un estado en el que las cosas quedarían como actualmente se encuentran, supondría que, éste continuaría únicamente detentando la posesión material de los solares, y su hermana María Elena Orozco Hernández seguiría apareciendo registralmente como propietaria de los mismos; sin modificación alguna respecto de esos dos aspectos esenciales de propiedad y posesión. Por otro lado, son también infundados los conceptos de violación en los que el quejoso dice que: La autoridad pasó por alto que el único fin de las partes era solucionar la controversia y que entre ambas partes se hicieron concesiones de pedir y dar, ya que el quejoso renunció a un inmueble valuado en alrededor de tres millones de pesos a cambio de otras contraprestaciones; Que al emitir la resolución reclamada violenta la garantía de imparcialidad judicial, porque la emitió con clara intención de favorecer a una de las partes y de no aplicar la penalización, dado el evidente incumplimiento de la parte demandada de pagar en tiempo y forma la prestación económica a la que se obligó, negando con ello efectos vinculantes al convenio y favoreciendo con ello a la parte que ya actualizó el incumplimiento; Que al emitir esa sentencia se viola su garantía de acceso a la justicia pronta y expedita, la cual privilegia la solución de conflictos sobre los formalismos procedimentales y con ello, bloquea la salida a un problema de manera ágil, sencilla, sin necesidad de agotar un procedimiento largo y desgastante ante los órganos de impartición de justicia; Que el establecimiento de la cláusula de penalización para el caso de incumplimiento, debe interpretarse como parte de la justicia restaurativa de los medios alternativos de solución de controversias, es decir, como parte del proceso en el cual todas las personas afectadas por una injusticia tienen la oportunidad de discutir cómo han sido afectadas por ella y decidir qué debe hacerse para reparar el daño, cómo lidiar con las consecuencias de la ofensa y sus implicaciones. Que por ello y dado que no hay precepto legal que lo prohíba, se estableció esa pena convencional; Lo anterior, porque el hecho que el magistrado responsable, en uso de las atribuciones que la ley le confiere, determine que existe un error que impacta en la conformación del consentimiento y que además, la cláusula convencional no es equitativa en cuanto a los derechos y obligaciones asignados entre las partes, no debe asumirse como una infracción que tienda a favorecer a una de las partes, sino más bien, como la observancia y cumplimiento estricto a lo dispuesto en los artículos 185 de la Ley Agraria, con relación a los diversos 1793 y 1794 del Código Civil Federal, en el que se establece que para la calificación del convenio deben concurrir indispensablemente todos y cada uno de los elementos siguientes: Que las partes suscriptores otorguen consentimiento para la celebración del convenio; Que el objeto del convenio pueda ser materia del mismo; Que las partes tengan capacidad legal para obligarse; Que el consentimiento sea expresado sin vicios; Que el objeto materia del convenio sea lícito; Que el motivo o fin del convenio sea lícito; Que el convenio cumpla con las formalidades establecidas por la Ley Agraria; Que en el convenio exista congruencia; Que en el convenio se observe en principio de exhaustividad; y, Que el convenio sea equitativo en lo pactado en cuanto a los derechos y obligaciones que las partes se reconozcan. De tal modo que, si al verificar el análisis del convenio al amparo de dichos elementos, el magistrado responsable no solo concluyó que se actualizó en perjuicio de María Elena Orozco Hernández, un error que incidió en la conformación de su consentimiento, sino que además, que el establecimiento de la pena convencional es excesiva y leonina, porque la misma no debe tener el alcance de otorgar todos los derechos de propiedad, titularidad y posesión a una parte y dejar sin ningún derecho a la otra; es evidente que, no se infringe el principio de imparcialidad judicial, porque en todo caso, lo que vigiló el magistrado, fue la no infracción a disposiciones de orden público, cuya obligación le impone, vigilar y garantizar que el convenio celebrado en materia agraria, sea equitativo en lo pactado en cuanto a los derechos y obligaciones que las partes se reconozcan recíprocamente. De la misma forma, no se puede considerar que al emitir la sentencia en los términos en los que se hizo, se viole su garantía de acceso a la justicia pronta y expedita, así como la de composición amigable entre las partes, la cual privilegia la solución de conflictos sobre los formalismos procedimentales y con ello, bloquea la salida a un problema de manera ágil, sencilla, sin necesidad de agotar un procedimiento largo y desgastante ante los órganos de impartición de justicia; porque es de explorado derecho, que cualquier derecho, facultad o garantía, tiene un límite u obligación en frente y en el caso, su garantía de acceso a la justicia pronta y expedita, así como de autocomposición, no impone que el magistrado responsable, en automático, califique de legales todos los convenios que se celebren en los asuntos sometidos a su conocimiento, a fin de satisfacer esas garantías y que por ello, omita hacer uso de las facultades legales que la Ley Agraria le otorga, para detectar convenios que sean lesivos en los derechos de algunas de las partes. Lo anterior, porque ello llevaría al absurdo de considerar que a fin de privilegiar la garantía de acceso pronto a la impartición de justicia y de autocomposición, se califiquen o convaliden convenios ilegales o leoninos en perjuicio de las partes, infringiendo con ello, uno de los principios rectores en el procedimiento agrario, que lo es precisamente, la equidad en cuanto a los derechos y obligaciones que las partes se reconozcan, así como la cordialidad y buena fe que debe prevalecer en ellos. Aunado a lo anterior, contrario a lo que afirma el quejoso, en el caso quedó establecido que sí existe precepto legal que establece que la cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal. De la misma forma, se considera que es infundado y por ende, no asiste razón al quejoso al afirmar que es inexistente el error en la voluntad de las partes que percibe la responsable, porque ambas partes sabían que la tercera interesada María Elena Orozco Hernández, cuenta con títulos de propiedad sobre los solares materia de la controversia, y que por ello, la inclusión de la cláusula de penalización no se traduce en incertidumbre jurídica, sobre todo porque la demandada conoce los alcances de la misma, debido a su profesión de licenciada en derecho. Se considera de esa forma, porque el error no se hizo descansar en la circunstancia relativa a que ambas partes conozcan plenamente que María Elena Orozco Hernández es quien aparece como titular registral de los solares en disputa, sino en realidad, en la contradicción detectada en la obligación impuesta a ésta en caso del incumplimiento del pago al que se sujetó; aunado a ello, el hecho de que la contraria del quejoso, sea abogada o tenga conocimientos jurídicos, en nada influye ni incide en la obligación que legalmente se le impone al magistrado responsable para vigilar y respetar que los convenios se sujeten al principio de equidad entre las partes, ya que esa obligación se impone a la responsable, con relación a lo pactado en la totalidad del convenio y no con relación a las particularidades específicas de los suscriptores, esto es, la obligación de equidad recae en las obligaciones y derechos que pactan las partes en el convenio y no en la calidad de los sujetos que lo suscriben. Del mismo modo, es infundado el concepto en el que el quejoso dice que es incongruente que si el convenio se formalizó en audiencia de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, ante la propia autoridad responsable, ahora al calificarlo, emita una resolución en la que lo considere de ilegal y no lo apruebe, porque en todo caso, debió orientar a las partes al momento en que plasmaron su voluntad ante su presencia; lo anterior, porque una cosa es la suscripción y otra distinta la calificación, ya que en la primera, se transcribe la voluntad de los suscriptores y en la calificación, conforme a los elementos legales antes anotados, corresponde al magistrado responsable vigilar cuidadosamente que no se actualicen infracciones a los principios rectores del proceso agrario. Sin embargo, el hecho de que el convenio se haya celebrado en audiencia pública, incluso en presencia del magistrado responsable, no impone ni supone la obligación que en automático se califique de legal y se tenga que elevar a la categoría de cosa juzgada, ya que para ello, como quedó establecido anteriormente, deben verificarse la concurrencia de todos y cada uno de los elementos de validez antes descritos. De la misma forma, es infundado el concepto en el que el quejoso aduce que la nulidad por causa de error solo puede invocarse por quien ha sufrido los vicios del consentimiento y no por la responsable, y que como en el caso, no existe constancia que su contraria hubiere invocado vicio alguno en la celebración del convenio y atendiendo además a que, medio suficiente tiempo entre la celebración del convenio y su calificación, su derecho a invocar la nulidad ha prescrito, ya que transcurrieron en exceso los sesenta días que establece el artículo 2236 del Código Civil para que se inconformara, sobre todo porque insiste, su contraria tiene conocimientos en derecho, al ser abogada. En primer lugar, porque en el caso, la validez del convenio está sujeto indispensablemente a la calificación previa del tribunal agrario, en términos del artículo 185 de la Ley Agraria y en segundo lugar, porque los vicios en la conformación del consentimiento, son imprescriptibles e irratificables. Igualmente, es infundado el concepto en el que dice que la calificación del convenio debió enfocarse en el objeto del mismo y no como tal, en la cláusula de penalización por incumplimiento, porque el objeto del mismo es lícito ya que no afecta la igualdad entre las partes ni el debido proceso u otros derechos; lo anterior, porque la calificación y estudio del convenio no puede desvincularse en partes, sino que debe ser apreciado como un todo, en el que debe verificarse en conjunto, que ninguno de los derechos u obligaciones pactadas entre las partes, sean lesivos sus derechos; aunado a ello, el quejoso tampoco señala el artículo que establece que la calificación del convenio debe ceñirse estrictamente a su objeto. Por otra parte, es infundado, el concepto de violación en el que se dice que la sentencia reclamada es ilegal y carece de congruencia y exhaustividad, ya que al calificar las cláusulas III, VI y X del convenio, no consideró el escrito de aclaración que presentó el quejoso en el que señaló que los diversos solares que se integraron a ese pacto de voluntades, estaban ubicados en el Ejido de Santiaguito y no en el Ejido de Santa Inés; que por ello, tenía elementos para declarar posible el objeto de esas cláusulas. Ello, porque en él se establece un argumento que parte de una falacia, ya que sobre ese punto, el magistrado no consideró imposible el objeto, por la imprecisión en el nombre del ejido de los otros solares, sino más bien, porque dijo que no era posible materializar el objeto de las cláusulas tercera, sexta y décima, porque la actualización de esos supuestos estaba sujeta a las condiciones suspensivas establecidas en la cláusula octava; por ello, que si no se cumplió con el pago de la cantidad acordada en la cláusula octava, no resultaban exigibles los eventos establecidos en las cláusulas tercera, sexta y décima. Finalmente, tampoco asiste razón al quejoso al afirmar que, la cláusula de penalización es ilegal e inequitativa y por ende, carente de aptitud para dirimir una controversia por la vía amigable de composición, la responsable no dio protección alguna ni proveyó lo necesario para dar velar por la familia, puesto que al percatarse que es un conflicto entre hermanos, faltó a su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y al contrario, interfirió en su vida familiar, al no respetar sus usos y costumbres y sobre todo, su voluntad, tan es así dice, que el convenio fue ratificado en su totalidad y en forma personal por todos sus suscriptores. Ello, porque se insiste, el deber impuesto al magistrado responsable, no tiene descanso en la observancia a disposiciones en materia familiar o consuetudinaria, sino a los principios que conforme a la Ley Agraria deben regir el proceso agrario, preponderantemente, el principio de equidad entre las partes. En las narradas circunstancias, al no haber prosperado los conceptos de violación planteados, lo que se impone es negar el amparo solicitado. Sexta. Publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Antonio Orozco Hernández, contra el acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad, descrito en la consideración quinta de este fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy quince de febrero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
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