Juan Antonio Nemi Dib

Expediente 38/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
38/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
08/02/2021

Partes del expediente

  • Juan Antonio Nemi Dib

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a ocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa en proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno, sin que haya dado cumplimiento a lo solicitado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia, y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el Secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE, Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Precisado lo anterior, téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Juan Antonio Nemi Dib, por propio derecho; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 38/2021 y dese de alta en el sistema correspondiente. Ahora, a efecto de estar en posibilidad de proveer lo que en derecho corresponda en relación con la demanda de amparo, resulta oportuno tener en cuenta que los artículos 108, fracciones III y IV, y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura De los artículos en cita se tiene presente que, si esta juzgadora al momento de la presentación de la demanda advirtiere alguna irregularidad, debe prevenir a la parte quejosa para que sea subsanada, y luego determinar lo que en derecho corresponda. Conforme lo anterior, se destaca que de una revisión efectuada a la demanda se advierten diversas irregularidades que esta juzgadora considera deben ser subsanadas por el promovente del amparo, a saber: 1) Manifieste si es de su interés reclamar el embargo, bloqueo o congelamiento a su (s) cuenta (s) bancaria (s), pues no se menciona como acto reclamado destacado, sin embargo, se hace mención en el apartado de antecedentes del acto reclamado. 2) Indique el número de acuerdo por el cual aduce la Unidad de Inteligencia Financiera lo incluyó en la lista de personas bloqueadas; y, 3) Si reclama el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, con motivo de algún acto de aplicación, de ser así, precise cual, así como la fecha en que le fue notificado o tuvo conocimiento del mismo. De igual forma, esta juzgadora estima conveniente que a manera de antecedentes el promovente manifieste bajo protesta de decir verdad: a) El número de cuenta (s) bancaria (s) que por esta día defiende, así como el estado de la república donde las aperturo. b) La fecha en la que se enteró o tuvo conocimiento del embargo, bloqueo o congelamiento en su (s) cuenta (s) bancaria (s). Apercibido que de no cumplir con dicho requerimiento, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento que el desahogo del presente requerimiento debe ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia3 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. PROVIDENCIAS DE TRÁMITE En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como como autorizados en los términos amplios a las personas que tengan inscritas sus cédulas profesionales de licenciados en derecho en el registro correspondiente del Poder Judicial de la Federación. En otro aspecto, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, así como en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa la consulta, promoción y recepción de notificaciones en el presente expediente vía electrónica, por medio del usuario ******. Se exhorta al quejoso a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), continúe con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir presentar recursos, promociones y documentos, recibir notificaciones, lo anterior a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se ordena que el presente acuerdo se publique de manera temporal y únicamente con fines informativos bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo,4 para lo cual, los actuarios de la adscripción deberán fijar una lista al exterior del inmueble -reja perimetral-, misma que podrá ser consultada por las partes interesadas, o bien, si así lo desean podrán ingresar a la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuit os.asp?Cir=1&Exp=1. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente asunto, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, a través de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos; asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para la reproducción de constancias, con la misma salvedad, y en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En caso de que las partes interpongan recursos previstos en la Ley de Amparo, se tendrá por agregado al presente expediente el acuse de recibo por parte de la Superioridad con la sola recepción del mismo en la oficialía de partes, previa certificación secretarial en la que conste la fecha y hora de recepción de la mencionada comunicación. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela judicial pronta y efectiva y al debido proceso, de los artículos 12 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este juzgado determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio ni requieran ser acordadas mediante determinación judicial adoptada por este órgano jurisdiccional, -por ejemplo, los acuses de recibo, las autorizaciones de las partes, las notificaciones a los peritos o gestiones para hacer efectivas multas ya impuestas, etcétera- con excepción de aquellas con las que por disposición expresa de la ley deba darse vista a las partes, se glosarán en el expediente, en términos del artículo 62 del citado código adjetivo, el secretario hará constar el día y la hora en que se presentó el oficio o escrito, considerando desde este momento procedente la pretensión plasmada en el documento, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas y, sólo en caso de que resulte notoriamente improcedente su solicitud, se comunicará a la parte promovente tal determinación mediante acuerdo del juzgadora y notificación correspondiente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados.

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