Juan Antonio Muñoz Ceniceros

Expediente 587/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
587/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Juan Antonio Muñoz Ceniceros

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, con el que acusa de recibo el oficio de veintiuno de junio del año en curso, mediante el cual se devolvieron los autos del juicio de amparo 804/2021 del índice de ese órgano jurisdiccional, e informa que se avoca al conocimiento de la demanda presentada por Juan Antonio Muñoz Ceniceros. En consecuencia, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente es destruible una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que en este asunto, se declaró que este juzgado carece de competencia para conocer de la demanda planteada; máxime que no cuenta con valor documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicio de amparo.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Por recibido el oficio signado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con asiento en Tapachula de Córdova y Ordóñez, mediante el cual remite, los autos originales del juicio de amparo indirecto 804/2021, promovido por Juan Antonio Muñoz Ceniceros, por su propio derecho, contra actos del Juez del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos en el Estado de Chihuahua y Fiscal General del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 587/2022-VIII y fórmese expediente electrónico e impreso. Del contenido integral del acuerdo de ocho de junio del año en curso, se advierte que el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de juez, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo que Juan Antonio Muñoz Ceniceros, por su propio derecho, promovió; fundamentalmente, porque dice que los efectos positivos, y consecuencias legales del acto reclamado, a saber: "la omisión de expedir copias simples de la carpeta de investigación en la que aparecen los nombres de los agentes aprehensores", se materializarán en donde radica la autoridad ordenadora, esto es, en Ciudad Juárez, Chihuahua, o sea, dentro de la jurisdicción territorial que corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por lo anterior, estimó que la competencia para conocer del presente asunto, se surte en el Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, en turno, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Además, estableció que los actos de referencia no tenían ejecución material en la Ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, dado que no obstante que el acto reclamado es de carácter omisivo, éste tiene efectos positivos, como lo es la expedición de copias que refiere la parte quejosa, lo que tiene ejecución en el lugar en que se tramita el juicio de donde emana el acto reclamado, que es, en Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que era inconcuso que no resultaba competente para conocer y resolver respecto del acto en cuestión. Por ende, determinó con apoyo en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, declararse legalmente incompetente para seguir conociendo de la demanda de amparo y declinar la competencia al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, en turno, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, correspondiendo a este órgano jurisdiccional su conocimiento. Sin embargo, este juzgador no comparte las razones expuestas por el juez declinante, toda vez que, si bien, el acto reclamado lo es la omisión del juez del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos en el Estado de Chihuahua, en expedir las copias solicitadas por el agraviado, lo cierto, es que los actos reclamados por el justiciable no requieren ejecución material. De modo que no presupone un principio de ejecución en el lugar donde radica el juicio de origen, aunado a que en los antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, el quejoso expresó: "el veintiuno de abril de dos mil veinte el hoy quejoso solicité diversos documentos certificados al C. Juez de Ejecución de Penas, quien ordenó sean entregadas al recurrente, las copias certificadas que fueron solicitadas por lo que hace a sentencias emitidas en primera y segunda instancia respecto a las causas penales 927/2009 y 923/2009, que dieron origen a las carpetas de ejecución 270/2011 y 339/2011, respectivamente. Respeto de las diversas copias pedidas, se me informó que resultaba imposible realizar dicha solicitud toda vez que otras autoridad carecía de la competencia para acordar favorable, sin embargo, el juez de Ejecución de Penas ordenó girar atento oficio a la primera autoridad señalada como responsable anexó copia certificada del escrito presentado por el hoy quejoso para que resolviera y proporcionara las copia solicitadas, dentro del exhorto de ejecución E-102/2020. Autoridades que han sido omisas a dicha petición desde el mes de julio de dos mil veinte." De lo anterior se advierte que la única intención de su impugnación es obtener las copias respectivas y sus efectos no alteran el estado de las cosas, ni modifican el entorno o la esfera jurídica del particular, al menos para la continuación y los efectos del procedimiento natural, porque el procedimiento, en sí, surte y continúa con sus efectos dada su propia y especial índole, pero no depende de la conducta omisiva asumida por la responsable en el juicio de amparo. Luego, por más que el juicio o procedimiento natural se siga en esta ciudad, en sí, esto no basta para considerar que el acto reclamado es ejecutable o que requiere de alguna ejecución y, aun menos en esta ciudad, pues la competencia del juez Federal deriva de la naturaleza del acto reclamado en el juicio relativo. Pensar en contra, implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, sea justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de quien resiente esa abstención, y por ese simple hecho sean considerados como de ejecución material, lo cual resulta inadmisible desde cualquier perspectiva, pues esto implicaría que nunca pudiera surtirse la regla contenida en el artículo 37, in fine, de la Ley de Amparo. En este contexto, el acto reclamado por el quejoso en la demanda de amparo, no pueden reputarse como aquellos que contengan una ejecución material, por lo que se ubica dentro de la tercera regla de competencia prevista en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, página 500, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo". De igual manera la Jurisprudencia VII.2o.T. J/63 K (10a.), con número de registro 2021783, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, página 700, Materia Común que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos reclamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda o que desechen el incidente de nulidad de actuaciones o las pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente (como la omisión de llevar a cabo notificaciones y emplazamientos o la resolución desestimatoria recaída al recurso de revisión), por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda." Por tanto, a quien le corresponde seguir conociendo de la demanda de amparo que nos ocupa, es a la autoridad declinante ante quien se presentó, es decir, al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova, toda vez que, el acto reclamado, no requiere de ejecución material, tal y como lo dispone el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37, párrafo tercero y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en Estado de Chihuahua, con sede en ciudad Juárez, no acepta la competencia planteada, por las razones antes expuestas. Por consiguiente, devuélvanse los autos originales del juicio de amparo indirecto 804/2021, remitidos por el juez declinante, para que esté en aptitud de proveer lo conducente; solicitándole tenga a bien acusar recibo de su recepción. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias que resulten necesarias para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C", la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.

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