Juan Antonio Morales Sánchez

Expediente 1412/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1412/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con residencia la Ciudad de Hermosillo, Sonora.
  • Juan Antonio Morales Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, once de mayo de dos mil veintitrés. Recepción de exhorto. Glósese a los autos el oficio y anexo remitido por el ******************** ********************por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto ********************, orden ********************del índice de este juzgado, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de ********************. Baja de comunicación oficial enviada. En esa tesitura, dese de baja la comunicación oficial enviada, -Orden ********************Exhorto ********************- y háganse las anotaciones correspondientes. Estado procesal de autos. Ahora bien, del contenido del exhorto de cuenta, se advierte la notificación personal practicada a la parte quejosa el veintiocho de abril pasado, relativa a la resolución constitucional emitida el veinticuatro de marzo pasado. En esa tesitura, tómese en consideración el cómputo correspondiente para seguir con la secuela procesal del presente juicio. Notifíquese; y personalmente a la encargada de las "Comunicaciones oficiales enviadas". Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con treinta y dos minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en el sumario y da cuenta con la demanda de amparo, con las constancias de emplazamiento de las partes y con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para imponerse de las constancias que obran en autos; y se hace constar que al tener por rendido dicho informe justificado, se determinó que no existen terceros interesados. El juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de pruebas, el secretario hace constar la prueba aportada por la autoridad responsable al rendir su informe justificado. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su propia naturaleza la prueba referida. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario certifica y hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tienen por perdido el derecho de las partes para formularlos; y, se cierra esta fase. Al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución en los siguientes términos: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1412/2022; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Mediante demanda de amparo depositada el diez de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en Ciudad de México, y turnada el siguiente día hábil al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, en Ciudad de México, Iván Albenir Cruz Fernández, en su carácter de defensor particular de Juan Antonio Morales Sánchez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto reclamado al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, de esta ciudad. 2. Por auto de trece de octubre de dos mil veintidós, el juzgado con residencia en Ciudad de México antes mencionado, radicó el juicio con el expediente 943/2022, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda y remitió el asunto al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en turno, la que fue turnada a este juzgado y fue radicada con el juicio 1412/2022. 3. Por auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, este juzgado no aceptó la competencia declinada, por su parte el juzgado declinante, por proveído de quince de noviembre siguiente, insistió en la incompetencia propuesta y envió el asunto al superior para dirimir el conflicto competencial. 4. Mediante sentencia de doce de enero del presente año, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de Ciudad de México, al resolver los autos del Conflicto Competencial 29/2022, determinó que compete a este juzgado conocer del asunto, por lo que el juzgado declinante, por proveído de veinticuatro de enero del mismo año ordenó el envío de las constancias a este órgano y ordenó el archivo del mencionado juicio 943/2022. 5. Por auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado se avocó al conocimiento del juicio y admitió la demanda; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio a la representación social la intervención que legalmente le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 6. Seguido el trámite del juicio, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. Competencia 7. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo primero y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto cuya ejecución material tuvo verificativo en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción. Precisión del acto reclamado 8. Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: ". La resolución de la impugnación 84/2022 de fecha 13 de septiembre de 2022, notificada ese mismo día, por la cual se resolvió: Primero.- Que no era procedente la causal de improcedencia interpuesta por el agente del Ministerio Público de la Federación, en la que expresó que era extemporánea la interposición de la impugnación 84/2022 por parte de asesor jurídico, respecto del No Ejercicio de la Acción Penal de la Carpeta de Investigación FED/SON/HSO/0001986/2019, y Segundo.- La resolución que revocó el acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal de fecha 15 de julio de 2022 de la Carpeta de Investigación FED/SON/HSO/0001986/2019." 9. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de este, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causales de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. 10. Esta situación es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causal de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causal de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que el o los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. 11. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia XVII.2º.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, que enseguida se invoca: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Certeza del acto reclamado 12. Es cierto el acto reclamado al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, de esta ciudad, pues así lo manifestó en su informe con justificación, lo que se corrobora con la prueba anexa a este (disco versátil digital). 13. Probanza la anterior, a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2. 14. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del Tomo VI, página 231, del epígrafe y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en el confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse este como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 15. Además, es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página doscientos seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Análisis de las causales de improcedencia. 16. Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, pues de resultar fundada alguna de las hipótesis que se establecen en el numeral 61 de la citada ley, sería imposible el estudio de la litis planteada. 17. En efecto, previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado procede, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia, pues constituyen cuestiones de orden público que debe abordarse de oficio y de manera preferente al asunto de fondo. 18. Es aplicable a la anterior consideración, la jurisprudencia II.1º. J/5, que se publica en la página 95, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 19. En el caso, quien aquí resuelve advierte que el presente asunto es improcedente de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." 20. De conformidad con la interpretación de los preceptos anteriores, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, a saber: 21. Cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate. 22. Partiendo de esa base, se estima que los actos reclamados en el presente juicio, no constituyen actos de imposible reparación en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque no se actualiza alguno de los supuestos anteriormente citados, es decir, que no afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etc.), o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. 23. Se afirma que se actualiza la hipótesis prevista en los numerales citados, ya que la parte quejosa reclama la resolución de trece de septiembre de dos mil veintidós, a través de la cual, el juez responsable determinó que no era procedente la causal de improcedencia interpuesta por la representación social, en la que expresó que era extemporánea la impugnación interpuesta por el asesor jurídico, respecto del no ejercicio de la acción penal; y por otra parte, que dicho juzgador revocó el inejercicio de la acción penal. 24. Dado que como se anticipó, el juicio de amparo indirecto sólo será procedente cuando, tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, es decir, se trate de los considerados como de "imposible reparación"; por lo cual el juez de amparo habrá de atender si la naturaleza de la violación afecta materialmente dichos derechos, a efecto de determinar la procedencia del indicado juicio de control constitucional, puesto que, por el contrario, si las consecuencias de los actos de autoridad reclamados sólo tienen efectos dentro del procedimiento, son de naturaleza intraprocesal o intermedia, no generará contra la esfera jurídica de derechos del quejoso una ejecución de imposible reparación y por consecuencia será improcedente el juicio de amparo indirecto, ya que pueden ser reparados durante la secuela procesal, con independencia que se obtenga o no resolución favorable en definitiva. 25. En efecto, en el presente caso, la posible violación procesal no producirá de manera cierta e inmediata una afectación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues como lo dispone el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede, contra actos e juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna, así como en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. 26. En el caso particular, mediante resolución de trece de septiembre de dos mil veintidós, el juez señalado como responsable resolvió que no era procedente la causal de improcedencia interpuesta por el agente del Ministerio Público de la Federación, en la que expresó que resultaba extemporánea la interposición de la impugnación 84/2022 por el asesor jurídico, respecto del inejercicio de la acción penal en la Carpeta de Investigación FED/SON/HSO/00019886/2019, y en consecuencia, al analizar el fondo del asunto, revocó el referido acuerdo de inejercicio de la acción penal en dicha carpeta de investigación. 27. Esto es, si el juez responsable revocó el inejercicio de la acción penal, a efecto de que el representante social analice de nueva cuenta el material probatorio, obtenga mayores datos al integrar la investigación, y con plenitud de jurisdicción resuelva de nueva cuenta en relación con el ejercicio de la acción penal, que por disposición expresa del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le compete a dicho representante social; dicha determinación no implica una afectación irreparable a la esfera jurídica del solicitante de amparo, máxime que la revocación del inejercicio de la acción penal, por sí misma, no implica que necesariamente se vaya a ejercitar acción penal de nueva cuenta en contra del quejoso, por lo que, se reitera, es indudable que ese acto no conlleva una ejecución irreparable, dado que no afecta materialmente derechos sustantivos, pues como se precisó, no necesariamente se ejercitará acción penal en contra del quejoso, pues antes de resolver, el representante social deberá cumplir los lineamientos trazados por el juez responsable, y de ser procedente, con plenitud de jurisdicción, resolverá de nueva cuenta en relación con el ejercicio de la acción penal. 28. Como se apuntó, la determinación del juez responsable, en todo caso, sólo genera consecuencias de índole estrictamente procesal y sin afectación directa, inmediata y material de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano es parte. 29. De acuerdo a lo expuesto, los actos reclamados no pueden estimarse como de imposible reparación para efectos del juicio de amparo indirecto y, por ende, debe concluirse que no son impugnables a través de esta vía. 30. A mayor abundamiento, cabe destacar que a partir de la ley de la materia vigente desde el tres de abril de dos mil trece, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al disponer que por estos se entienden los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Decisión 31. En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia señalada, deberá decretarse el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. 32. Asimismo, ante la actualización de la causal de sobreseimiento, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal y como lo establece la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del rubro: "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado, se: VII. Resuelve Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Iván Albenir Cruz Fernández, en su carácter de defensor particular del quejoso Juan Antonio Morales Sánchez, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por las razones precisadas en los apartados V y VI de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso mediante exhorto; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. jvr

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, dos de marzo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Glósese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, en funciones de juez de Control, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de mérito y dese vista a las partes con su contenido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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