Juan Antonio Miranda Guzmán
Expediente 1336/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1336/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juan Antonio Miranda Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación y cuenta que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de diez de enero del presente año, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, se resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar los siguientes antecedentes: 1. Por sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Juan Antonio Miranda Guzmán, para los efectos siguientes: "[.]El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y el Actuario de su adscripción, realicen el emplazamiento de las partes demandadas Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF TABASCO), Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco e Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en la controversia laboral 557/2019 de su índice, dentro de los términos establecidos en el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco[.]" De lo transcrito se desprende que los efectos de la sentencia de amparo fueron para que la autoridad responsable emplazara a las partes demandas Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF TABASCO), Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco e Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco al expediente laboral 557/2019 de su índice. 2. El dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito; en consecuencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. 3. Mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el seis de enero del presente año, el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió copias certificadas de las contancias de emplazamiento de dieciocho y diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, efectuadas a las partes demandadas 1) Gobierno del Estado de Tabasco, 2) Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y 3) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tabasco), en los autos del expediente laboral 557/2019 de su índice. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 4. En razón de lo anterior, en proveído de diez de enero de dos mil veintiuno, se dio vista y corrió traslado a la parte quejosa con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestara lo que a su interés conviniere, sin que se haya pronunciado al respecto, no obstante haber sido legalmente notificada para ello. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable, se desprende que el actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, efectuó las contancias de notificación el dieciocho y diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en las que asentó que quedaban debida y legalmente notificadas, citadas y emplazadas al juicio laboral 557/2019 las entidades públicas 1) Gobierno del Estado de Tabasco, a través de Margot Moretes Guzmán, 2) Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través de Maricela Ramón Pérez y 3) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tabasco) . En ese tenor, es evidente que al momento de pronunciarse la sentencia de amparo -veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno-, los efectos del acto reclamado habían desaparecido, toda vez que el dieciocho y diecinueve de agosto del mismo año, el actuario del Tribunal responsable, emplazó a las partes demandadas en la controversial de origen; lo cual, constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara sin materia la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, diez de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas de las constancias de emplazamiento de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, efectuadas a las partes demandadas del expediente laboral 557/2019 de su índice. Por lo tanto, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a las constancias que se recibieron en el presente auto; y una vez que transcurra el mismo, esta Juzgadora efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Juan Antonio Miranda Guzmán; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y el Actuario de su adscripción, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: [.] El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y el Actuario de su adscripción, realicen el emplazamiento de las partes demandadas Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF TABASCO), Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco e Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en la controversia laboral 557/2019 de su índice, dentro de los términos establecidos en el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco. [.] Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintiuno. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, en Turno, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1336/2021-8, promovido por Juan Antonio Miranda Guzmán, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco., con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionada el veinticinco siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnada a este órgano jurisdiccional al veintiséis de octubre del presente año, Juan Antonio Miranda Guzmán, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: A C T O S R E C L A M A D O S "DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, RECLAMO LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA A FAVOR DEL GOBERNADO; CONSISTENTE EN: LA FALTA DE TURNO DEL EXPEDIENTE AL ACTUARIO DE SU ADSCRIPCIÓN PARA LA DEBIDA Y LEGAL NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LOS DEMNADADOS, MISMO QUE FUE ORDENADO MEDIENTE AUTO DE FECHA 01 DE JULIO DE 2021, SIN QUE A LA FECHA SE HAYA REALIZADO DICHA DILIGENCIA POR EL ACTUARIO; LA FALTA DE SEGUIMIENTO RELATIVO A LAS NOTIFICACIONES QUE DEBERÁ DE EFECTUAR EL ACTUARIO DE SU ADSCRIPCIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO ORDENADO EN EL ACUERDO DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2021; LA FALTA DE ACUERDO Y SEÑALAMIENTO DE FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN DE PRUEBAS EN AUTOS DEL JUICIO LABORAL 557/2019 RADICADO EN EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO; LA DILACIÓN PROCESAL, QUE SE DERIVA DE TOAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES PROCESALES EN LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL, MISMAS QUE SON ATRIBUIBLES A LA AUTORIDAD LABORAL, ANTE LAS OMISIONES DEL ACTUARIO DE SU ADSCRIPCIÓN PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE LABORAL. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA LA FALTA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO A LAS PARTES; LA FALTA DE SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE DEBE DE REALIZAR EL ACTUARIO DE SU ADSCRIPCIÓN RESPECTO A LA NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO ORDENADO EN EL AUTO DE FECHA 01 DE JULIO DE 2021; LA OMISIÓN DE TURNAR EL EXEDIENTE LABORAL DEBIDAMENTE NOTIFICADO Y DILIGENCIADO A LA JEFA DE LA SALA DE CONCILIACIÓN PARA QUE UNA VEZ HECHO O ANTERIOR, SE SEÑALE FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN DE PRUEBAS." A U T O R I D A D E S R E S P O N S A B L E S "COMO AUTORIDAD ORDENADORA: EL PLENO, EL PRESIDENTE Y EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO. COMO AUTORIDAD EJECUTORA: EL JEFE DE ACTUARIOS Y/O ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN DEL H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO". SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA El veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 1336/2021-8, se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral y análisis exhaustivo del escrito de demanda, así como de las pruebas anexas a está, se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de emplazar a la parte demandada en la controversia laboral 557/2019 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades señaladas como responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, Pleno, Presidente y Actuarios de dicho tribunal, fueron omisas en rendir su informe justificado a pesar de haber sido notificadas del proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, por el que se le requirió, como se advierte del acuse de recibo de los oficios 29971/2021, 29972/2021, 2997/2021 y 29974/2021 que obra en autos, en el que consta el sello y fecha de recibo por parte de la citada autoridad; en consecuencia, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de la Materia, se presume cierto el acto que se les atribuye. Sirve a de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, página 452, Novena Época, Registro 204370 de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. OMISION DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE REMITIR CONSTANCIAS EN EL. La omisión de las autoridades responsables de acompañar pruebas a su informe justificado, para acreditar la legalidad del acto reclamado, sólo da lugar a imponerles determinada multa, pero ello no releva a los quejosos de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, toda vez que los quejosos tienen la carga de la prueba conforme lo dispone el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no sea inconstitucional en sí mismo. Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que el juez de Distrito, conforme lo establece el último párrafo del artículo 78 reformado de la ley antes aludida, tiene la obligación de recabar oficiosamente las pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y considere necesarias para la resolución del asunto, pues tal reforma alude a que el juez de amparo debe recabar de oficio "pruebas", mas no constancias, porque éstas pueden consistir en elementos diversos de aquellos que tuvo en cuenta la responsable para emitir el acto reclamado, y son precisamente estas "pruebas" las que corresponde al quejoso allegar al juicio de garantías, en términos del primero de los preceptos mencionados." En ese sentido, toda vez que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo copia simple del escrito de diecisiete de marzo de dos mil veinte y autos de nueve de marzo de dos mil veinte y uno de julio de dos mil veintiuno, inherentes al expediente laboral 557/2019; sin que las autoridades responsables hayan objetado dichas constancias. Documentos que tienen valor de indicio en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo tanto, atendiendo a los datos proporcionados en la demanda de amparo, y las pruebas anexas a esta, en las que se destaca el auto de uno de julio de dos mil veintiuno, inherente al expediente laboral 557/2019, en el que el tribunal responsable ordena emplazar a las demandadas, se puede colegir que, las autoridades señaladas como responsables no han efectuado dicho emplazamiento, para los efectos de este juicio de amparo el acto que reclama la parte quejosa es cierto. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ESTUDIO DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Es fundado el concepto de violación, respecto a que la Junta responsable transgrede en perjuicio del quejoso el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se traduce en una violación al derecho fundamental consistente en la impartición de justicia de manera pronta y expedita, esto es, dentro de los términos y plazos que fija la ley de la materia. En efecto, de acuerdo a los lineamientos preceptuados por el dispositivo constitucional en comento y las reglas contenidas en la Ley Federal del Trabajo, se aprecia lo fundado de la transgresión al citado numeral de la Carta Magna, pues al estar probada la existencia del acto reclamado también se demuestra su inconstitucionalidad al ser un acto de naturaleza omisiva. Luego, el numeral constitucional en análisis encierra diversas prerrogativas individuales, pero teniendo en cuenta las características propias del caso, nuestro estudio sólo lo enfocaremos a la de impartición de justicia dentro de los plazos legales. Ahora bien, para demostrar la conclusión anunciada es menester transcribir el contenido del segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". Del artículo transcrito se desprende que el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, implica que todo justiciable tiene derecho a que las controversias que sean sometidas a la potestad judicial serán tramitadas por tribunales, que están obligados a impartir la justicia en los plazos y términos que fijen las leyes aplicables al caso, de manera pronta, completa e imparcial. En ese tenor, los encargados de impartir justicia tienen la obligación de hacerlo de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, pues no basta que el justiciable acuda ante el órgano jurisdiccional a instar la solución de una controversia, sino que dicho acceso a la justicia debe ser eficaz, lo cual se traduce en obtención de una resolución dictada conforme a la ley aplicable al hecho y decida si al peticionario le asiste o no la razón. Ahora bien, es pertinente precisar a qué se refieren los principios que integran la prerrogativa constitucional de acceso a la justicia, los cuales se traducen en lo siguiente: a) Justicia pronta: se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de realizar las diligencias y resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; b) Justicia completa: consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; c) Justicia imparcial: significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, d) Justicia gratuita: que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público En ese contexto, se satisface el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal cuando se realizan los emplazamientos y se cita a las partes a las audiencias dentro de los plazos y términos que establecen las leyes aplicables, así como que se emita la resolución dentro de los mismos términos en la cual se resuelve si asiste o no la razón sobre los derechos solicitados; resolución que será apegada a derecho y sin que los órganos encargados de la impartición cobren a los justiciables por la prestación de ese servicio público. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 192/2007, visible en la página 209 del Tomo XXVI, Octubre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 171257, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En ese orden de ideas, las autoridades del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de conformidad con el artículo 17 Constitucional están obligados a impartir en forma pronta, completa, gratuita e imparcial la administración de justicia en los asuntos del ámbito de su competencia, como el que reclama la parte quejosa en esta vía, obligación que incluye impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes aplicables. Por su parte, el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, establece lo siguiente: "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario". Del dispositivo transcrito se desprende que las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario. En esa medida, se desprende que las autoridades responsables, no cumplieron con lo establecido en las disposiciones transcritas, por lo que es evidente que se transgredió el numeral constitucional analizado. En efecto, se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en el juicio laboral 557/2019, emitió el acuerdo de uno de julio de dos mil veintiuno, en el que, en virtud de que las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio, ordenó el emplazamiento de las entidades públicas demandadas: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF TABASCO), Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco e Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. SEXTO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. En consecuencia, atendiendo a la prerrogativa denominada derecho a la jurisdicción, consistente en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial que consagra el artículo 17 constitucional, lo procedente es, de conformidad con los numerales 74 y 77 de la Ley de Amparo, conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados, para el efecto de que: El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y el Actuario de su adscripción, realicen el emplazamiento de las partes demandadas Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF TABASCO), Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco e Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en la controversia laboral 557/2019 de su índice, dentro de los términos establecidos en el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Juan Antonio Miranda Guzmán, por las razones y para los efectos expuestos en los considerandos QUINTO y SEXTO de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.
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