Juan Antonio Márquez Palomares

Expediente 216/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
216/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
08/04/2016

Partes del expediente

  • Juan Antonio Márquez Palomares

Actuaciones

  1. Principal

    AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL EL SECRETARIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO, CON SEDE EN GUANAJUATO, COMUNICA LA ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA PLANTEADA PARA CONOCER LA DEMANDA DE AMPARO, REGISTRADA BAJO EL NÚMERO 200/2016. SE DETERMINA ESTE EXPEDIENTE ES DESTRUIBLE. EL PRESENTE ASUNTO NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Y EN SU OPORTUNIDAD REMÍTASE AL ARCHIVO.

  2. Principal

    AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO, MEDIANTE EL CUAL EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO, RESIDENTE EN GUANAJUATO, ACUSA RECIBO DE LA COMPETENCIA PLANTEADA PARA CONOCER LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA, REGISTRADA BAJO EL NÚMERO 200/2016.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 18/02/2016, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "Acuerdo: León, Guanajuato, dieciocho de febrero de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo, presentada por Eduardo Agustín de Jesús Mancilla Rodríguez quien se ostenta como apoderado de Juan Antonio Márquez Palomares, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en Guanajuato capital y otra autoridad, se provee: Atento a que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa tilda de inconstitucional la resolución de segunda instancia dictada dentro del toca 52/2016 con motivo del recurso de apelación en contra del auto de diecinueve de noviembre de dos mil quince, dictado por la Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad en el juicio ordinario civil C760/2015, mediante el cual fue desechada la demanda; determinación que en términos de lo dispuesto en el ordinal 170, fracción I, de la Ley de Amparo, constituye una resolución que pone fin al juicio antes referido, la cual resulta susceptible de reclamarse a través del juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Es aplicable la tesis número 1a. II/92, de la Octava Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, del semanario Judicial de la Federación, con registro número 206167, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. Lo anterior se afirma de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47, 170, fracción I, y 176 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen: "Artículo 47.- Cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito o ante un Tribunal Unitario de Circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán, carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda." "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido." "Artículo 176.- La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes." "Artículo 37.- Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer:- - I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento." Los actos que deben ser promovidos en la vía directa, competencia de los órganos jurisdiccionales mencionados, son las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. El artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo define lo que debe entenderse por sentencia definitiva y resolución que pone fin al juicio, como se reprodujo en líneas anteriores. Así como el artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (...) La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.". De los preceptos legales antes transcritos, se infiere que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea por violaciones cometidas en las propias resoluciones o durante la secuela del procedimiento, se promoverá en vía de amparo directo. Luego, como la competencia se erige como un derecho fundamental de legalidad y, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que "las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; por ende, si en el cúmulo de atribuciones jurisdiccionales de los juzgados de distrito no se encuentra la concerniente al conocimiento de los juicios de amparo directos, resulta cierto, que para defender el enunciado principio de legalidad, tutelado en el artículo 16 constitucional, este tribunal carece de competencia para conocer de la demanda de amparo en comento, pues al constituir el acto reclamado la resolución de segunda instancia que confirma el auto que desecha la demanda en el juicio de origen; en términos de lo dispuesto en los numerales antes trascritos, el conocimiento del asunto corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Por los argumentos jurídicos que la sustentan y por analogía de razón es aplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 15/2002-PL, visible en la página 10, del Tomo XVIII, de la Novena Época, Julio de 2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de rubro y contenido literal siguiente: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA. De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.". Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías". Asimismo, apoya a lo anterior la tesis visible en la página 41, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, de rubro y contenido siguiente: "COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55." Por su parte el artículo 34 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 34.- Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el supracitado numeral, así como el diverso 47 de la ley de la materia, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, con sede en Guanajuato, para que tenga a bien resolver si confirma o revoca la presente determinación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 21/94, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 43, Tomo I, Novena Época, Mayo de 1995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "AMPARO DIRECTO PLANTEADO COMO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCION, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO. De conformidad con el artículo 49 de la Ley de Amparo cuando se presenta ante un juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos respecto de los cuales proceda el amparo directo, se declarará incompetente de plano y mandará remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien podrá imponer al promovente una multa de diez a ciento ochenta días de salario si confirma la resolución del juez. La interpretación de este precepto permite concluir que se refiere al caso en que la parte quejosa equivoca la vía, promoviendo amparo indirecto contra actos respecto de los cuales procede amparo directo, y dado que dicha equivocación no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales, debe considerarse que se interrumpe el término legal de presentación de la demanda de garantías y, por tanto, a fin de determinar la oportunidad de su presentación, debe atenderse a la fecha en que se presentó ante el juzgado de Distrito y no a aquella en que la reciba el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, sin que resulte aplicable a dicho caso lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo con respecto a que "la presentación de la demanda en forma directa, ante autoridad distinta de la responsable, no interrumpirá los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 de esta ley", toda vez que este último precepto no se refiere al caso de equivocación de la vía, sino al de una demanda de garantías planteada como amparo directo pero que se presenta ante autoridad distinta de la responsable, precepto que además corrobora que la falta de disposición expresa por parte del legislador en torno a la no interrupción del término en el artículo 49 significa que en el caso establecido en este numeral sí se interrumpirá dicho término de presentación de la demanda de amparo, máxime que el propio numeral 49 establece la posibilidad de que el Tribunal Colegiado de Circuito imponga una multa cuando confirme la resolución de incompetencia del juez, que si se relaciona con el artículo 3o. bis del propio ordenamiento, procederá imponerse cuando se haya actuado de mala fe, es decir, cuando la promoción del amparo en la vía indirecta se haya hecho no por una verdadera duda en torno al ejercicio de la vía procedente". Es aplicable por analogía la tesis jurisprudencial 2ª./J. 65/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 346, Tomo VIII, Septiembre de 1998, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "DEMANDA AGRARIA. EL ACUERDO QUE LA DESECHA, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO." Así como la diversa tesis jurisprudencial 2ª./J. 40/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 46, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "AMPARO DIRECTO. PARA EFECTOS DEL MISMO SE CONSIDERA QUE PONE FIN AL JUICIO ORDINARIO FEDERAL LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO QUE CONFIRMA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO EN QUE, POR DECLARARSE INCOMPETENTE, SE NIEGA A CONOCER DEL JUICIO Y ORDENA DEVOLVER LA DEMANDA." Se tiene a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Romita número 204, colonia Industrial de esta ciudad. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 216/2016-IV. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente a la parte promovente."

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