Juan Antonio Luna Morales
Expediente 503/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 18 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 503/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 16/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Juan Antonio Luna Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese al cuaderno de antecedentes del juicio de amparo número 503/2022, el oficio suscrito electrónicamente por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, por el cual acusa recibo del oficio con el que se le remitieron los autos originales del expedientillo en que se actúa e informa, entre otras cosas, que aceptó la competencia planteada por esta juzgadora respecto del juicio de amparo promovido por Juan Antonio Luna Morales, y radicó bajo el número de amparo 1784/2022. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se decretó carecer de competencia legal José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 2 para conocer de la presente demanda de amparo en que se actúa. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE El presente expediente se considera destruible; por tanto, en términos del artículo 20, fracción I, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.1 inciso a) del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, archívese como asunto concluido, con la indicación de que el mismo es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental al ser un expediente auxiliar, en el que las actuaciones se encuentran vinculadas a un diverso procedimiento. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 3 ??????????????? presente acuerdo de conformidad con el artículo 35 de acuerdo en comento. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el Segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quejoso Juan Antonio Luna Morales, reclama: - Orden de aprehensión de once de noviembre de dos mil cuatro. - Auto de formal prisión de trece de noviembre de dos mil cuatro. - Actos de tortura. - Desaparición de personas. - Detención ilegal de veintiséis de octubre de dos mil cuatro. - Orden de cateo. - Sustitución de identidad de su persona a quien refiere es Louis Homar N. Ante lo cual, la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia en Materia Penal Interina del Distrito Judicial de Saltillo, Coahuila, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del proceso penal 06/2022-RG, instruido en contra del aquí quejoso, José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 2 inicialmente radicado con el número 136/2004 del índice del extinto Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, por los delitos de secuestro y conspiración criminal, en el que por resolución de nueve de marzo de dos mil veintidós, se le dictó auto de formal prisión por el delito de secuestro y auto de libertad por el delito de conspiración criminal (foja 81). Asimismo, informa la autoridad que el veintisiete de octubre de dos mil cuatro, se ejecutó una orden de cateo en el domicilio ubicado en el cruce de las calles Clavel y Tulipán de la colonia Jardín, en Nava, Coahuila, del que mediante ejecutoria de amparo derivada del juicio de garantías número 453/2021, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila (antes 117/2020 del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila), se ordenó dejar insubsistente la resolución de trece de noviembre de dos mil cuatro, relativa al auto de formal prisión emitido contra el ahora quejoso, ordenando se recabara su declaración preparatoria y demás lineamientos para el dictado del auto de plazo constitucional. A lo que se suma que el impetrante del amparo se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 18 CPS-COAHUILA, con sede en Ramos Arizpe, Coahuila, según lo informó la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 CPSCHIAPAS, en Villa Comaltitlán, Chiapas (foja 64). INCOMPETENCIA POR TERRITORIO José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 3 Ante esos antecedentes, se determina que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, no es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero y 48, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En principio, cabe precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, lo procedente es analizar si este juzgado, es o no competente para resolver el presente juicio de amparo. Es aplicable la tesis1 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: COMPETENCIA. La competencia de las autoridades, es materia de interés público, por lo cual, esas mismas autoridades, aun de oficio, deben ocuparse del estudio de esa cuestión, de manera principal y preferente. A efecto de establecer la competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso, para advertir los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado. 1 Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro número 364278, visible a página 381, tomo XXIX, Semanario Judicial de la Federación, quinta época. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 4 Es aplicable al tema, la tesis2 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Atento a lo anterior, este Juzgado estima que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo de que se trata, como enseguida se expondrá. En efecto, el dispositivo legal 37 de la Ley de Amparo, literalmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2 Tesis 1a. II/92, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 206167, página 94, tomo IX, mayo de 1992, Semanario Judicial de la Federación, octava época. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 5 Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la lectura del citado normativo, se desprenden tres reglas, pero dadas las características del asunto a consideración, solo se analizará la prevista en el párrafo primero, dado que los actos reclamados sí tienen ejecución material. En efecto, por regla general (primer párrafo), la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función al lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Luego, cuando los actos reclamados tienen repercusión dentro del proceso penal instruido al aquí quejoso, aun cuando el quejoso esté recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde este recluido el quejoso. Entonces, si en el caso los actos reclamados derivan de un proceso penal que se instruye al quejoso en el José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 6 Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal Interina del Distrito Judicial de Saltillo, Coahuila y además, el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 18 CPS-COAHUILA, con sede en Ramos Arizpe, Coahuila; por lo tanto, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal, que coincide con la jurisdicción donde está recluido el quejoso. Ello es así, pues si bien es cierto que el impetrante se encuentra recluido dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, no se debe obviar que los actos reclamados repercuten directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya esta decisión la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), de la Primera Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 160608, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2183, que dice: COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 7 QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Por consiguiente, en el caso analizado, por las peculiaridades destacadas, se considera que es aplicable la regla prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, máxime que el quejoso no reclama ningún acto ejecutado, ni señala autoridades responsables en esta demarcación. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 8 Lo anterior tiene justificación también, en la ponderación para una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de acceso expedito a la administración de justicia y de audiencia, los cuales implican la posibilidad de que los justiciables puedan acudir a la tutela jurisdiccional con el mínimo de obstáculos para ser oídos en su defensa, precisamente porque el lugar donde se desahoga el proceso cuenta con su asesoría legal, lo que concurre con el de la residencia de los Juzgados de Distrito ubicados en Acapulco, Guerrero, ello con la finalidad de acceder de manera pronta y eficaz al trámite del juicio de amparo y cumplir siempre los requisitos constitucionales y legales. En suma, de conformidad con los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al diverso 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad además con lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero y 48, de la ley de la materia, este juzgado no es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad además con lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por ende, remítase vía mensajería acelerada el presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito en turno con sede en Saltillo, Coahuila, para que tenga a bien proveer lo conducente; con la atenta recomendación José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 9 de acusar el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, déjese sin efecto la fecha y hora señalada para audiencia constitucional en este asunto y fórmese cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a trece de octubre de dos mil veintidós. ESTADO PROCESAL Vista la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra pendiente que la autoridad señalada como José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 2 responsable Juez Primero de Primera y Segunda Instancia del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en Piedras Negras Coahuila, rinda su respectivo informe justificado. Asimismo, que en proveído de treinta de agosto de la anualidad que transcurre, se ordenó reenviar el oficio 8660/2022, del índice de este Juzgado, al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Tradicional, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para que rinda su informe justificado, en virtud de que este Juzgado fue informado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, que el Juzgado que se precisa en el párrafo inmediato anterior había cerrado y que los procesos que ahí se conocían fueron enviado al Juzgado con sede en Saltillo Coahuila, sin que en autos obre constancia de su legal emplazamiento. DIFERIMIENTO Bajo ese contexto se difiere la audiencia de ley, y se fijan las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil veintidós para que tenga verificativo su desahogo. La fijación de esta fecha y hora, es decir, fuera del término a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Amparo, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal. En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior la tesis1 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. 1 Registro: 328173, Quinta Época, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXVIII, Materia(s): Común, Tesis: Página: 519. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 3 ??????????????? Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las otras autoridades responsables, toda vez que ya se encuentran emplazadas al juicio y este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarla por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 4 de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a nueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio signado por la Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Penal Interina del Distrito Judicial de Saltillo, Coahuila, y anexo que acompaña, a través del cual informa que ya remitió su informe justificado, lo cual es correcto, toda vez que mediante proveído de veintiséis de mayo de la anualidad que transcurre, este juzgado tuvo por rendido su respectivo informe justificado. Notifíquese. Así
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 10,248 expedientes
- Juan Antonio Carcamo Valladares1063/2023
- Juan Antonio Cueto de Leon246/2017
- Juan Antonio de los Santos Robledo861/2016
- Juan Antonio Garbey Rodriguez227/2022
- Juan Antonio González Aldeco1723/2016
- Juan Antonio Luna Morales749/2016
- Juan Antonio Luna Morales178/2016
- Juan Antonio Luna Morales1166/2016
- Juan Antonio Luna Morales825/2018
- Juan Antonio Luna Morales1271/2018
- Juan Antonio Marquez Martinez648/2023
- Juan Antonio Mateos Rivera1367/2016