Juan Antonio López López y Otros.

Expediente 20/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
20/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
17/01/2017

Partes del expediente

  • Juan Antonio López López y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV B "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, mediante proveído de cuatro de enero del año en curso (fojas 34-39), se desechó la demanda de garantías promovida por 1) JUAN CARLOS DE LA HUERTA ACEVEDO, 2) IVÁN ORTEGA ÁNGELES, y 3) ERIK CARMONA LÓPEZ, por su propio derecho y con el carácter de defensores particulares de los imputados: 1) JUAN ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ, 2) ARTURO ARZATE VARGAS, y 3) SILVER IDAEL OLMEDO LÓPEZ, el cual se notificó a la parte promovente el seis de enero de la presente anualidad (fojas 39 vuelta); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA VII "... Vista la demanda de amparo promovida por: 1) JUAN CARLOS DE LA HUERTA ACEVEDO, 2) IVÁN ORTEGA ÁNGELES, y 3) ERIK CARMONA LÓPEZ, por su propio derecho y con el carácter de defensores particulares de los imputados: 1) JUAN ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ, 2) ARTURO ARZATE VARGAS, y 3) SILVER IDAEL OLMEDO LÓPEZ, contra actos de la Juez de Garantías y Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca; presentada el tres de este propio mes de enero, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y el día de hoy en este Juzgado. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 20/2017. En principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, de la lectura integra del escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa reclama de la Juez de Garantías y Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca: la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 34/2016; mediante la cual, la Juez responsable desechó el recurso de revocación interpuesto por los abogados defensores por propio derecho, en contra de la determinación de dos de diciembre de dicho año, donde se declaró que los aludidos defensores abandonaron la defensa de los imputados. En base a lo anterior, se aprecia que respecto de los quejosos: 1) JUAN CARLOS DE LA HUERTA ACEVEDO, 2) IVÁN ORTEGA ÁNGELES, y 3) ERIK CARMONA LÓPEZ, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en las fracciones XII y XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 5° fracción I, 6°, del mismo cuerpo de leyes, que disponen... De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6º de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante, y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues ya se dijo que esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Asimismo, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En la especie, los quejosos: 1) JUAN CARLOS DE LA HUERTA ACEVEDO, 2) IVÁN ORTEGA ÁNGELES, y 3) ERIK CARMONA LÓPEZ, promueven en presente juicio, en primer lugar, por su propio derecho, contra la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 34/2016; sin embargo, dichos quejosos no son parte en el expediente penal aludido, puesto que únicamente tienen el carácter de defensores particulares de los imputados: 1) JUAN ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ, 2) ARTURO ARZATE VARGAS, y 3) SILVER IDAEL OLMEDO LÓPEZ. Partiendo de la premisa anterior, se concluye que la presente instancia es improcedente, toda vez que los promoventes citados, por su propio derecho, carecen de legitimación en la causa penal 34/2016; puesto que si bien es cierto, en materia penal un defensor tiene legitimación procesal activa para promover la instancia constitucional en representación de su defendido, también lo es que, cuando lo hace por su propio derecho y no es parte en lo particular, carece de dicha legitimación, ya que, como se dijo, su intervención se circunscribe únicamente a defender los derechos de la parte imputada. En ese contexto, al actualizarse respecto de los quejosos; 1) JUAN CARLOS DE LA HUERTA ACEVEDO, 2) IVÁN ORTEGA ÁNGELES, y 3) ERIK CARMONA LÓPEZ, la causa de improcedencia invocada, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías. Luego, en relación con la demanda promovida por: 1) JUAN CARLOS DE LA HUERTA ACEVEDO, 2) IVÁN ORTEGA ÁNGELES, y 3) ERIK CARMONA LÓPEZ, con el carácter de defensores particulares de los imputados: 1) JUAN ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ, 2) ARTURO ARZATE VARGAS, y 3) SILVER IDAEL OLMEDO LÓPEZ, cabe precisar que de la lectura integra del escrito de demanda no se aprecia el acto en particular que cause perjuicio a los imputados señalados, puesto que, tanto el acto de autoridad como los conceptos de violación y causa de pedir, se encuentran dirigidos a la afectación de los derechos de los defensores: 1) JUAN CARLOS DE LA HUERTA ACEVEDO, 2) IVÁN ORTEGA ÁNGELES, y 3) ERIK CARMONA LÓPEZ, por haber desechado la responsable el recurso de revocación interpuesto en contra de la determinación de dos de diciembre de dicho año, donde se declaró que los aludidos defensores abandonaron la defensa de los imputados; por tanto, al no señalarse el acto que afecte a los imputados en la causa de origen, este Juzgador se encuentra imposibilitado para pronunciarse respecto de la admisión por lo que hace a dichos quejosos. En el entendido de que no se efectúa prevención a la parte promovente para que manifieste si reclama el mismo acto en representación de: 1) JUAN ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ, 2) ARTURO ARZATE VARGAS, y 3) SILVER IDAEL OLMEDO LÓPEZ, puesto que de la certificación Secretarial de cuenta se aprecia que en la demanda de amparo que dio origen al juicio 21/2017 del índice de este Juzgado, fue promovida por las personas citadas, contra la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 34/2016, del índice del Juzgado de Garantías y Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca; mediante la cual se confirmó la determinación de dos de diciembre de dicho año, donde se declaró que los abogados particulares de los aquí quejosos abandonaron la defensa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica, y por autorizadas en los términos que refiere, a las personas que menciona. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo.

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