Juan Antonio López Jiménez
Expediente 340/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 340/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juan Antonio López Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Juan Antonio López Jiménez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las diez horas con cincuenta minutos del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Armando Blanco Palmeros, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referente al juicio de amparo 340/2021-6, promovido por Juan Antonio López Jiménez. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales consistentes en: Escrito con firma autógrafa de veintiséis de marzo del año en curso, presentado ante el Juez responsable, con sello de recibido del mismo día. Escrito con firma autógrafa de veinticuatro de marzo del año en curso, presentado ante el Fiscal responsable, con sello de recibido del mismo día. Copia simple de la impresión del proveído de veintiséis de marzo del año en curso, dictado por el juez responsable en el cuadernillo 15/2021. Medios de prueba ofrecidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, los cuales obran glosados en autos (fojas 6 a 8). De igual forma, se da cuenta con las copias certificadas deducidas del cuadernillo administrativo 15/2021, que remitió la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en la Región Judicial Tres del Estado, con sede en Jalapa, Tabasco, las cuales obran glosadas en autos (fojas 30 a 32). Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 340/2021-6, promovido por Juan Antonio López Jiménez, contra los actos que reclama del Juez de Control de Oralidad en Materia Penal, con residencia en las Salas de Juicios Orales del Jalapa, Tabasco, y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 17, 20 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el ocho de abril de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, Juan Antonio López Jiménez, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO: La negativa del Juez de Control de Oralidad en Materia Penal, en dejar de realizar control judicial, por violaciones de derechos humanos. AUTORIDADES RESPONSABLES: Fiscal del Ministerio Público del Municipio de Jalapa, Tabasco. Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en la Región Judicial Tres del Estado, con sede en Jalapa, Tabasco. SEGUNDO. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA. Por auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo bajo el expediente 340/2021-6, se desechó parcialmente la demanda de amparo respecto del acto que se le reclamó al Fiscal del Ministerio Público de Jalapa, Tabasco, consistente en la negativa de realizar actos de investigación, al dejar de ordenar y realizar el aseguramiento de un vehículo, dentro de la carpeta de investigación CI-I-415/2021. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. De igual forma, en el citado auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata, por lo que hace a la diversa autoridad responsable Juez de Control de Oralidad en Materia Penal, con residencia en las Salas de Juicios Orales de Jalapa, Tabasco, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se otorgó la legal intervención al Fiscal Federal adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 15/2021, mediante el cual la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en la Región Judicial Tres del Estado, con sede en Jalapa, Tabasco, le negó la audiencia de control judicial, con motivo de los actos dilatorios del Ministerio Público adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Jalapa, Tabasco. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en la Región Judicial Tres del Estado, con sede en Jalapa, Tabasco, aceptó la existencia del acto reclamado y remitió copia certificada de diversas constancias que integran el cuadernillo administrativo 15/2021 de su índice; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, al ser expedidas por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con las documentales precitadas. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo y de las constancias allegadas al sumario, se advierte que el promovente del amparo no interpuso medio de impugnación ordinario en contra del proveído reclamado al juez responsable. En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". La disposición legal transcrita establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el quejoso, previo al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Tal principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través de la protección de los derechos humanos, de modo que para acudir al mismo, es necesario interponer en la vía ordinaria, los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Ahora bien, de la disposición legal referida, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que el quejoso no está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: I) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). II) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal). III) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. IV) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). V) Los que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (artículo 61, inciso a), de la Ley de Amparo; y, VI) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). Ilustra al respecto la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." En el caso, el acto que aquí reclama el quejoso, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden contra el citado acto reclamado. Lo anterior se afirma en razón de que, cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16, o afectaciones a la garantía de administración de justicia pronta y expedita, así como el derecho de audiencia pública, señalados en el diverso numeral 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, cuando la parte quejosa es parte formal del procedimiento de origen. Por tanto, al no existir normas que establezcan excepciones en el sentido de que el ahora inconforme, no está obligado a agotar recursos o medios de defensa cuando se reclame un acto dictado por una autoridad jurisdiccional y sí, en cambio, existe norma expresa (artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo), relativa a que aun cuando el acto reclamado sea una resolución judicial, el promovente del amparo está obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la ley que rige el acto reclamado. Máxime que la determinación ahora combatida atiende a una circunstancia de mero trámite, como es el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 15/2021, mediante el cual la Juez de Control responsable, determinó negar al promovente la audiencia de control judicial que solicitó, con motivo de los actos dilatorios del Ministerio Público adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Jalapa, Tabasco, dentro de la carpeta de investigación CI-JA-415/2020, lo que implica que no se analizó en esa determinación el fondo de la cuestión planteada, de ahí que era obligación procesal del quejoso agotar el medio de defensa aplicable, como es el recurso de revocación. Ilustra al respecto la tesis del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que refiere: "AUDIENCIA PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE CONVOCAR A SU CELEBRACIÓN DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales proceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan modificarse, revocarse o nulificarse, sin que exista obligación de agotarlo si el acto reclamado se ubica en alguna de las excepciones previstas en la propia fracción de ese precepto. Por su parte, del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el recurso de revocación procede ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial; además, conforme al diverso numeral 456 de este ordenamiento, las resoluciones judiciales sólo podrán ser recurridas por los medios y en los casos establecidos por el propio código. Ahora bien, como el acuerdo del Juez de control que determina que es improcedente convocar a la audiencia para la sustanciación del recurso previsto en el artículo 258 del código citado, es de mero trámite, pues en él no se analiza el fondo de la cuestión planteada, en su contra procede el recurso de revocación, cuyo efecto sería modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad, motivo por el que debe agotarse dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir con el principio de definitividad." En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se afirma lo anterior, puesto que, contra el acto reclamado por la parte promovente del amparo, procede el recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en esta." Así, del análisis de los preceptos transcritos, se tiene la certeza que, en la especie, concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue emitido por la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en la Región Judicial Tres del Estado, con sede en Jalapa, Tabasco, dentro de la carpeta judicial referida, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos señalados, al provenir de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos también se presentan en el caso, al considerar lo establecido en los numerales 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los cuales se advierte la procedencia de un medio de impugnación que pudo hacer valer la parte quejosa en el referido asunto, a saber, recurso de revocación, dado que la legislación nacional procesal penal, reglamentaria del acto tildado de inconstitucional, señala expresamente el recurso de revocación, como medio de impugnación que es procedente contra resoluciones que atiendan cuestiones de mero trámite, que se resuelvan sin substanciación, del cual conoce la autoridad que los dictó. Por tanto, contra el acto reclamado en comento, procede el recurso de revocación, establecido en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por ende, resulta incuestionable la procedencia de dicho medio de defensa, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado antes precisado, con lo cual se cumple el cuarto de los requisitos mencionados; de ahí que resulta exigible que la parte quejosa, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agote el recurso ordinario previsto por la ley que rige la contienda de origen, el cual se encuentra a su alcance, dado que se trata de una de las partes formales dentro de la controversia de origen. Lo anterior se concluye, en aplicación de la tesis XXVII.2o.1 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2504, Décima Época, Materia Común, Penal, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA SOLICITADA AL JUEZ DE CONTROL PARA EXPONER LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO. CONTRA LA NEGATIVA DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA QUE SE REALICE, DEBE AGOTARSE PREVIO AL AMPARO, EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El acuerdo que niega fijar fecha y hora para que se realice una audiencia de control para exponer al Juez las omisiones del Ministerio Público en la investigación del delito, es de mero trámite por no trascender al resultado y no afectar derechos sustantivos, además de emitirse sin sustanciación alguna; por tanto, en su contra procede el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En ese orden, como tal determinación no constituye una excepción al principio de definitividad, como quedó demostrado con antelación, por ende, el asesor jurídico o el directo agraviado, debieron agotar el recurso ordinario previsto en la legislación que rige el acto reclamado para combatir tal determinación, antes de acudir al juicio constitucional. Ilustra al respecto la tesis de Jurisprudencia I.6º. C. J/37, publicada en la página novecientos dos, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De ese modo, al ser clara la actualización de la causa de improcedencia analizada; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 63, fracción V, de Ley de Amparo, SE SOBRESEE en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado en el presente asunto, por los razonamientos precisados en párrafos precedentes. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6º, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción ll, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juan Antonio López Jiménez, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en la Región Judicial Tres del Estado, con residencia en Jalapa Tabasco, autoridad señalada como responsable, y anexos que acompaña, consistente en copia certificada de diversas constancias que integran el cuadernillo administrativo 15/2021, de su índice; en tal razón, con el contenido de estos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.
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MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, se ordenó girar el oficio 9767/2021 a la autoridad responsable Juez de Control de Oralidad en Materia Penal, con residencia en las Salas de Juicios Orales del Municipio de Jalapa, Tabasco, para que rindiera su respectivo informe justificado; misiva que se encuentra en tránsito hacia su destino, pues así se advierte del rastreo realizado a la guía de Correos de México con número de código RM001368145MX, en la página electrónica http://www.correosdemexico.net/sepomex-rastreo. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
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