Juan Antonio Llanos Mendoza
Expediente 2226/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2226/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/05/2019
Partes del expediente
- Juan Antonio Llanos Mendoza
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por el que remite testimonio de ejecutoria pronunciada el dos de mayo del año en curso, dentro de la Queja 225/2018, relativa al juicio de amparo 2226/2018-III-M mismo que también devuelve, acúsese de recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el medio de impugnación de referencia, fue resuelto bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Es infundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se desecha la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia." Realícense las anotaciones del caso en el libro de gobierno, y ARCHÍVESE este asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que sobresee y concede la protección constitucional, ha causado ejecutoria para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días de cabal cumplimiento a la presente ejecutoria, dictada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Sin que sea el caso de realizar diverso requerimiento en razón a que la junta responsable no tiene superior jerárquico, por lo que transcurrido el término de tres días previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se procederá a la remisión del expediente para el trámite de inejecución señalado en el párrafo que antecede. Se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 [ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195, de la Ley de Amparo, se le hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo. Finalmente, tomando en consideración que se formó el Anexo I con las constancias remitidas por el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en consecuencia, remítase a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
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