Juan Antonio Leyva Martínez
Expediente 234/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 234/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Juan Antonio Leyva Martínez
- Fátima del Rocio Jara Cano
- Juan Antonio Leyva Martínez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
se notifica por lista a los quejosos:Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en el juicio de amparo en que se actúa. Ahora bien, en la sentencia constitucional dictada el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa. Posteriormente, la resolución fue impugnada mediante recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, sobre el cual, el tribunal de alzada modificó la sentencia en la que concedió el amparo a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "Efectos de la sentencia. 1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 79, fracción II, 79-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y no se apliquen en lo presente y futuro. 2. Se deje insubsistente el cobro de derechos por servicios registrales con folio 757934280, mismos que deberán ser con base en la cuota mínima que establece el artículo 79-B, es decir, por el monto de $1,648.00 (mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por cada registro de compraventa, y no la prevista en el artículo 81, fracción IX, del citado ordenamiento, como lo acotó el a qua y se le reintegre el excedente. 3. Hecho lo anterior, proceda a devolver la diferencia de los pagos realizados por la quejosa al utilizar los servicios del Registro Público de la Propiedad, con residencia en esta ciudad, los cuales constan en los recibos indicados, correspondientes a los conceptos de los rubros de "FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD" e "IMPUESTO ADICIONAL". 4. Las cantidades a devolver deberán ser debidamente actualizadas". Por tanto, con apoyo en los artículos 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, por auto de siete de septiembre de dos mil dieciocho se requirió a la autoridad responsable, el cumplimiento correspondiente. Ahora bien, mediante oficios recibidos en este juzgado federal el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho y diez de enero del año en curso, el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, informó sobre cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, acreditando que desincorporó de la esfera jurídica de los quejosos los artículos 79, fracción II, 79-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y emitió un cheque en su favor por la cantidad de $9,561.00 (nueve mil quinientos sesenta y un pesos 00/100 moneda nacional), a fin de devolver la cantidad enterada por el acto de las normas impugnadas (fojas 281 a 284 y 295 a 298). Con motivo de lo anterior, mediante autos de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho y diez de enero del presente año, se ordenó dar vista a la parte quejosa, a fin de que manifestara lo que a su interés legal correspondiera, sin que al efecto desahogara la vista correspondiente. Por lo tanto, de lo anterior se obtiene que las documentales valoradas en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hacen prueba plena y resultan suficientes para determinar que en el caso ha lugar a tener por cumplida la sentencia ejecutoria en este juicio de amparo, por haberse acatado en sus términos los alcances de la misma, pues la autoridad actuó conforme a los parámetros que le fueron impuestos en la determinación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, marzo de 2000, instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena época, de la literalidad siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Por tanto, debe estimarse cumplida la sentencia ante la justificación de los efectos del fallo protector. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable hubiese incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de esta juzgadora este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público adscrito.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LAS QUEJOSAS. Agréguese a los autos para debida constancia, el oficio del Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio; al efecto, con el oficio precisado, dése vista a los quejosos por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidos que en caso de no hacerlo, este juzgado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y al oficio de cumplimiento a que se refiere el presente proveído.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, no ha dado contestación al requerimiento formulado por este juzgado en proveído de veintidós de noviembre del año en curso, relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que sea legalmente notificada de este proveído, informe a este órgano jurisdiccional si la parte quejosa ya compareció ante esa autoridad a recibir el cheque en cuestión, remitiendo en copia certificada las constancias con las que se acredite fehacientemente lo anterior. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no contestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedor a una multa equivalente a... con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualizado el diez de enero de dos mil dieciocho, por decreto publicado en esa fecha en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos, se advierte que mediante oficio agregado en proveído de dieciocho de octubre del año en curso, el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, informó que el cheque expedido en favor de la parte quejosa se encuentra a su disposición; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que sea legalmente notificado de este proveído, informe a este órgano jurisdiccional si la parte quejosa ya compareció ante esa autoridad a recibir el cheque en cuestión, remitiendo en copia certificada las constancias con las que se acredite fehacientemente lo anterior. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no contestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedor a una multa equivalente a... con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualizado el diez de enero de dos mil dieciocho, por decreto publicado en esa fecha en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.
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