Juan Antonio Guzman Gloria

Expediente 136/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
136/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
07/03/2019

Partes del expediente

  • Juan Antonio Guzman Gloria

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, siete de marzo de dos mil diecinueve. Declaración de estado. Se tiene a la vista el estado procesal de autos y la primera certificación de cuenta, de la que se advierte que no se interpuso el recurso de queja en contra del auto de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo. Por lo tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Fundamento: Artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo vigente; y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Archivo del asunto. Toda vez, que no existe nada pendiente por acordar, archívese el asunto como concluido. Fundamento: Artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Valoración del expediente, anotación en el Libro Electrónico y colocación de los sellos en la carátula. Por otra parte, se valora que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción; por tanto, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula; asimismo, háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito. Fundamento: Artículos décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Recepción de demanda Vista la razón de cuenta con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese el expediente físico así como el electrónico, al cual correspondió el registro 136/2019. Fundamento: Artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo. Pronunciamiento respecto de la procedencia del juicio de amparo. En principio, debe decirse que la demanda debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, como lo ordena la jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192,097, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En el caso concreto, la parte quejosa reclama el auto de ********* de 2019, dictado por el Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dentro del juicio reivindicatorio ordinario civil número *********de su índice, en el que negó admitir a trámite el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso en contra de los autos de *********del año en curso, por no ser de naturaleza revocable. En las relatadas circunstancias, esta juzgadora considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, -aplicado a contrario sensu- y 172, fracción VII, todos de la Ley de Amparo. Del análisis de las citadas porciones normativas, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, sólo procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Este tipo de actos son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Además, deben producir en los gobernados efectos materiales inmediatos sobre tales derechos. En oposición a lo antes mencionado, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación y que no lesionan de manera directa e inmediata derechos sustantivos, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales. Lo anterior es así, ya que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquéllas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna en la esfera del gobernado. Cabe precisar que en la Ley de Amparo vigente, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir como ya se dijo, una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Ahora bien, el acto que reclama el quejoso, consiste en el auto de *********, en el que se desechó el recurso de revocación interpuesto por éste, en contra de los diversos proveídos de *********del año en curso, dictados por el Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en los cuales, de acuerdo a las manifestaciones del propio quejoso, en el primero de ellos, acordó lo siguiente: ".dígase a la promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo que pide, tomando en consideración que no existe apercibimiento decretado en autos de fecha once de diciembre del año dos mil dieciocho en el sentido que señala, sin embargo, y toda vez que no ha comparecido los peritos de las partes a ratificar sus dictámenes ante la presencia judicial, en consecuencia se les concede el término de tres días para hacerlo, apercibidos que en caso de no dar cumplimiento a la ratificación ordenada en autos, se le impondrá multa por la cantidad de ********* En el segundo de los proveídos, se acordó ". en virtud de que los peritos de las partes han comparecido a ratificar sus dictámenes, con fundamento en el artículo 349 del Código de Procedimientos Civiles, por ser contradictorios los dictámenes emitidos por los peritos de las partes en materia de grafoscopia, prueba ofrecida por la parte actora, se designa como perito tercero en discordia al C. Lic. y/o MTRO *********, persona que ha sido notificada por correo electrónico de su nombramiento, para que en el término de tres días, por medio de escrito, acepte y proteste el cargo conferido, al que acompañara original y copia certificada del documento o documentos con que acredite sus conocimientos y manifestar bajo protesta de decir verdad que conoce los puntos materia de la pericial y que tiene capacidad suficiente para emitir el dictamen. De igual manera deberá señalar el monto de sus honorarios, apercibido que, en el caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de ********* Como se ve, dichas determinaciones no dejan sin defensa ni constituyen una violación de carácter irreparable a la parte quejosa, pues sólo tienen efectos intraprocesales, ya que se trata de actos intermedios de trámite en el juicio reivindicatorio de origen. Lo anterior es así, pues a criterio de esta juzgadora el acto respecto del que se duele el hoy quejoso no tiene una ejecución de imposible reparación, en virtud de que, de acuerdo con su contenido y alcances legales, no es una resolución constitutiva de derechos, ni de condena. Únicamente se refiere a la determinación de no haber admitido el recurso de revocación en contra de los proveídos de diecisiete y veintidós de enero de dos mil diecinueve, los que versan en el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía propuesta por su contraparte, pues aduce que el dictamen no se ratificó a tiempo, lo cual en todo caso podría llegar a reclamarse como una violación procesal, pero sin que se advierta violación a derechos sustantivos. Además la parte quejosa aún puede obtener una sentencia favorable. Efectivamente, las consecuencias del acto reclamado se traducen en el desahogo de la prueba pericial propuesta por la parte actora en el juicio de origen y continuar con las etapas procedimentales, por lo que el juzgador de origen queda obligado a dictar sentencia que resuelva dicho juicio, la cual como ya se dijo, puede ser favorable a sus intereses. Así, la violación de la que hoy se queja quedaría sin efectos, sin ocasionar ningún perjuicio en su contra. De resultar esto último, quedaría inmediatamente reparada la violación que por esta vía combate el promovente. Por lo tanto, el amparo promovido en su contra resulta improcedente, por no causar a la parte quejosa una afectación de imposible reparación. Así, al dejarse establecido que el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo. Fundamento: Artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo; así como la jurisprudencia V.2o. J/68, con número de registro 231983, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO)"; y la tesis XXVI.5o.(V Región) 3 K (10a.), con número de registro 2002172, de rubro: "PERITO TERCERO EN DISCORDIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVOCACIÓN PROMOVIDO CONTRA EL AUTO QUE ORDENA SU DESIGNACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, AUN CUANDO EL JUICIO DE ORIGEN SE ENCUENTRE CITADO PARA DICTAR SENTENCIA." Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Domicilio para oír y recibir notificaciones Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda, ubicado ********* Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Autorizados Ahora bien, se tienen por autorizados en términos restringidos a las personas que menciona en su escrito de cuenta, esto es, sólo para oír y recibir notificaciones, lo anterior a petición expresa de la parte quejosa. Fundamento: Artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto llevar a cabo las notificaciones que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, en caso de que sean informados de que las partes en el juicio pueden ser emplazados o notificados en domicilios distintos, deberán constituirse en el inmueble que para tal efecto les sea proporcionado. Fundamento: Artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Notificaciones En el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla (por ejemplo, si la persona con quien se entiende la diligencia manifiesta no conocer a la persona buscada, si el inmueble designado está desocupado, entre otros posibles supuestos), se faculta al actuario de la adscripción para que dicha notificación se practique (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado. Ello en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Fundamento: Jurisprudencia 1a./J. 20/2008, con número de registro 169,843, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES". Además, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables. Lo anterior es posible debido a que la notificación del diferimiento de la audiencia no está entre las actuaciones que la ley indica que deben ser notificadas personalmente. Este razonamiento también es aplicable a las autoridades señaladas como responsables y al agente del Ministerio Público. La notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercera interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores. De ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, entonces debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador para esta formalidad, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Fundamento: Artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, y los supuestos de la fracción I del mismo artículo, en sentido contrario; y la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), con número de registro 2,002,576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Por otro lado, en caso de que las partes deseen que les sean practicadas notificaciones por vía electrónica, deben solicitarlo expresamente, señalando el nombre de usuario correspondiente. Fundamento: Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 79, 80 y 87 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Devolución de documentos En otro aspecto, dígase a la parte quejosa que los documentos exhibidos o que llegaren a exhibirse en original, no podrán ser devueltos, toda vez que de la Ley de Amparo y del Código Federal de Procedimientos Civiles se desprende que: (1) los documentos podrán ser objetados por las partes y (2) que éstos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, en cuyo caso deberá resolverse dicha objeción, o bien, mientras el asunto no haya sido resuelto definitivamente. De ahí que la oportunidad para la objeción de documentos sea hasta la audiencia constitucional, por lo que éstos no pueden devolverse antes de ese momento procesal. Fundamento: Artículos 122 de la Ley de Amparo, y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como la jurisprudencia P./J. 22/2000, con número de registro 192,294, de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Reproducción fotostática y medios electrónicos para la obtención y consulta de determinaciones Hágase del conocimiento de la parte quejosa que, en caso de requerirla, queda autorizada la expedición de copia de la presente determinación y demás actuaciones y/o constancias en el juicio, previa comparecencia y recibo que se deje en autos por quien tenga facultades para ello (es decir, realizar la solicitud). También quedan a la vista los presentes autos a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Fundamento: Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tesis aislada I.1o.A.23 K (10a.), con número de registro 2,008,986, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Igualmente, por lo que respecta a la parte quejosa, dígase que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. Para el acceso a las partes al sistema de consulta correspondiente, la parte que así lo desee deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión en el expediente principal, señalando el nombre de usuario correspondiente. Fundamento: Artículos 77, 78, 87, 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Transparencia y datos personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Fundamento: Artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 21, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracciones V, XI y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 69, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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