Juan Antonio Gonzalez Ramos

Expediente 618/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
618/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
07/12/2020

Partes del expediente

  • Juan Antonio Gonzalez Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro, mediante el cual acusa recibo del expediente original del que deriva este cuadernillo de antecedentes, e informa que ese órgano jurisdiccional se avocó a su conocimiento registrándolo bajo el expediente 981/2020. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. * VALORACIÓN: No es de relevancia documental. * DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha del presente auto. Lo anterior, en cumplimiento al artículo 20, fracción I, inciso a), del acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del expediente y el estampado de los sellos pertinentes en su carátula.

  2. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que encabeza este acuerdo, se advierte que el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de siete de octubre del año en curso, para que desahogara la prevención ahí contenida, transcurrió sin que lo haya realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y se proveerá lo conducente sobre la demanda en los términos planteados, teniendo como autoridades responsables las señaladas en el apartado correspondiente del escrito de demanda, con excepción de las que refirió como Jefe de grupo de la Policía Ministerial adscritos, al parecer, a las Agencias del Ministerio Público de la ciudad de Querétaro, así como a los Jueces Penales y/o Juzgados de Querétaro, todos señalados en el inciso a) de la demanda. Lo anterior, sin que pase inadvertido que mediante auto de veinte de octubre del año en curso, se tuvo por recibido el escrito en que el promovente intentó desahogar el requerimiento formulado en el auto preventivo; sin embargo, como se precisó en dicho acuerdo, no se atendió debidamente la citada prevención, pues reiteró el señalamiento de las autoridades precisadas en el párrafo que antecede, el cual es impreciso. INCOMPETENCIA En atención a lo anterior, a fin de proveer lo conducente sobre la demanda, se advierte que la parte quejosa hizo consistir como actos reclamados: la orden de detención y/o aprehensión girada en su contra, así como su ejecución, que atribuye a diversas Agencias del Ministerio Público y a Juzgados correspondientes al Estado de Querétaro. Sobre esa base, con la finalidad de proveer lo conducente sobre la demanda, se precisa que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los juzgados de amparo previo a resolver cualquier cuestión relacionada con la materia de la litis constitucional, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. La Ley de Amparo finca como reglas de competencia las siguientes: a) Competencia por territorio (prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo); b) Competencia por materia (civil, penal, laboral y administrativa, que está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación); c) Competencia por grado (la cual consiste en la instancia o vía intentada amparo indirecto y directo); d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Sustenta lo anterior la tesis aislada 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94 del tomo IX, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." En el caso en estudio, interesa la competencia por territorio, la cual se encuentra regulada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" Del análisis del citado precepto se obtienen tres condiciones normativas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que pueden resumirse de la siguiente manera: a) La primera regla establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución (condición futura), trate de ejecutarse (condición futura), se esté ejecutando (condición actual) o se haya ejecutado (condición pasada), lo anterior con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto. b) La segunda regla es un matiz de la primera, ya que establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) El último párrafo establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En la especie, se considera que en el caso se actualiza la segunda regla de competencia prevista por el artículo 37 de la ley de la materia, antes transcrito. Ello es así, pues como se ha visto, el quejoso impugna la orden de detención y/o aprehensión girada en su contra, así como su ejecución, los cuales atribuye a diversas Agencias del Ministerio Público y a Juzgados con residencia en el Estado de Querétaro. Así, con los datos aportados en la demanda, se actualiza el presupuesto procesal que finca la competencia para conocer de la demanda a favor del Juzgado con jurisdicción en el territorio en que residen las autoridades responsables, con motivo de la orden de detención y/o aprehensión girada en contra del aquí quejoso, así como su ejecución. Por tanto, se estima que la competencia para conocer y resolver el presente juicio de amparo, corresponde a los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, Querétaro, por ser los que ejercen jurisdicción en el territorio en que se localizan las autoridades responsables. Al respecto, no se inadvierte que el quejoso en la demanda haya manifestado que tiene su domicilio particular en Salamanca, Guanajuato. Sin embargo, con la demanda no allegó datos de los que se desprendiera que dicho mandato privativo de libertad se pretendiera ejecutar en su contra en esa ciudad; aunado que este juzgado formuló prevención a efecto de obtener la información atinente a si las autoridades responsables que señaló como Jefe de grupo de la Policía Ministerial correspondían a Salamanca, Guanajuato, pues en la demanda las refirió con esa denominación, pero luego refirió que se encontraban adscritos, al parecer, a las Agencias del Ministerio Público y a los Jueces Penales y/o Juzgados, todos en Querétaro, Querétaro, lo que resultaba impreciso; sin embargo, no desahogó dicha carga procesal por las razones apuntadas al inicio de este acuerdo. De modo que, al solo haberse señalado autoridades pertenecientes al Estado de Querétaro, como ordenadoras de los mandamientos de captura contra el quejoso, resulta insuficiente el señalamiento de su domicilio particular para justificar la competencia de este Juzgado de Distrito para el conocimiento del asunto, por lo que ésta corresponde, precisamente, a los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, Querétaro, en turno, por ser los que ejercen jurisdicción en el territorio en que se localizan las autoridades responsables. Ello, sin que la presente determinación prejuzgue sobre la competencia que eventualmente pueda corresponder a este juzgado, pues al carecer de los datos por los que se formuló la prevención de mérito, la demanda de amparo debe proveerse con la información que contiene, la cual en este momento no permite fincar la competencia para su conocimiento a este juzgado de Distrito, por lo que, en su caso, deberá tramitarse el juicio para que se obtengan los informes de las autoridades responsables y pueda puede celebrarse la audiencia constitucional, en que se analice su contenido, esto es, si se aceptan o no los actos reclamados, para emitir la resolución correspondiente. Cobra respecto a lo mencionado en último término en el párrafo que precede, la jurisprudencia 52/2013, Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, página 383, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el sólo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En consecuencia, con apoyo en los artículos 48 de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número a la Jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado de Distrito determina carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y la declina a favor del Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, Querétaro, en turno, a quien estima competente para conocerla, por los motivos expuestos, por lo que ordena enviarle los autos, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en que se sirva precisar si acepta o no, la competencia que se declina. Sin que sea necesario pronunciarse en términos del numeral 48 de la Ley de Amparo, respecto de la suspensión de los actos reclamados, en razón que no se actualizó alguno de los supuestos que prevé el diverso artículo 15 del mismo ordenamiento legal, ni se trata de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. CUADERNO DE ANTECEDENTES Con copia de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFICACIÓN PERSONAL En virtud de la resolución adoptada, se considera innecesario ordenar la notificación personal del presente acuerdo a la parte quejosa, dado que este juzgado consideró carecer de competencia legal para el conocimiento del asunto y, en consecuencia, corresponderá al juez que se considera competente efectuar el respectivo pronunciamiento por ser el facultado para resolver lo que en derecho proceda sobre la demanda...

  3. Principal

    ...Notifíquese personalmente a la parte promovente...

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL PROMOVENTE EL ACUERDO DICTADO EL VEINTE DE OCTUBE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: Téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito signado por el promovente *****, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada en proveído de siete de octubre de dos mil veinte. Ahora bien, para realizar el pronunciamiento correspondiente, se precisa que dicho requerimiento consistió en lo siguiente: "(.) PREVENCIÓN Ahora, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en los artículos 114, fracción I, en relación con el diverso numeral 108, fracciones II y II de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que en el término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el amparo que se promueve, con copias necesarias del escrito aclaratorio y bajo protesta de decir verdad: ? A) Precise las autoridades que señala como responsables. Ello, toda vez que en el apartado del acto reclamado señala: III.- Autoridades responsables a) Como Autoridades Ordenadoras: (.) Jueces Penales de Querétaro, con domicilio en Carretera a Chichimequillas, KM. 8.5 San José el Alto, Querétaro. b) Como Autoridades Ejecutoras: (.) señalo al jefe de grupo de la Policía Ministerial de Salamanca, Guanajuato, adscrito, a las agencias del ministerio público antes mencionadas en el inciso a), así como a los Juzgados de Querétaro, también antes mencionados en el inciso a)." Lo subrayado es propio. Lo anterior es así, en virtud de que señala como autoridades responsables a los Jueces Penales de Querétaro y Juzgados de Querétaro, sin embargo, lo hace de forma genérica. Luego, si bien es cierto señala como autoridad responsable al jefe de grupo de la Policía Ministerial de Salamanca, Guanajuato, adscrito a dichas agencias, también lo es que afirma están adscritos a las Agencias del Ministerio Público de la ciudad de Querétaro, creando incertidumbre a qué ciudad se refiere. Por tanto, debe requerírsele a la parte promovente a efecto de que manifieste con claridad las autoridades que pretende señalar como responsables, toda vez que tal circunstancia que no puede estar sujeta a la interpretación de este juzgado, puesto que constituye un requisito formal de la demanda. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente que, de no cumplir con lo indicado, dentro del término legal concedido para tal efecto, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se proveerá la demanda de amparo sólo en cuanto a las diversas autoridades responsables señaladas en su demanda inicial. De lo anterior, se tiene que la parte promovente no cumple debidamente la citada prevención, pues de nueva cuenta refiere señalar como autoridades responsables, entre otras, como ordenadora a los Jueces Penales de Querétaro y como ejecutora al jefe de grupo de la Policía Ministerial de Salamanca, Guanajuato, adscrito a dichas agencias, afirmando que éste, está adscrito a las Agencias del Ministerio Público de la ciudad de Querétaro, creando incertidumbre a qué ciudad se refiere. En tales condiciones, toda vez que la parte promovente no dio cabal cumplimiento a la prevención efectuada en auto de siete de octubre del presente año, requiérasele de nueva cuenta para que cumpla con dicha cuestión. En el entendido de que deberá de exhibir las copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes. Luego, el cumplimiento al requerimiento formulado en auto de siete de octubre de dos mil veinte (notificado el catorce de octubre siguiente), no se desahoga en sus términos y, considerando que el ocurso de mérito se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el quince de octubre siguiente, es decir, cuando aún no comenzaba a transcurrir el término concedido para que desahogara esa carga procesal. En tal virtud, se informa a la parte quejosa que cuenta con el término de cinco días a efecto que atienda lo requerido en auto de siete de octubre de dos mil veinte, que se contará a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, por lo que subsiste el apercibimiento decretado en dicho auto para el caso de no hacerlo. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2000702 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 39/2012 (10a.) Página: 400 "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo. Contradicción de tesis 411/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 22 de febrero de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que hace a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos respecto del fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Jaime Santana Turral. Tesis de jurisprudencia 39/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintinueve de febrero de dos mil doce.

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