Juan Antonio Gonzaléz Mora

Expediente 1027/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1027/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
02/12/2021

Partes del expediente

  • Juan Antonio Gonzaléz Mora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el oficio suscrito por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual, informa la ejecutoria dictada el once de noviembre del año en curso, del que se advierte que declaró infundada la queja interpuesta en contra del auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, agréguense a los autos para los efectos legales procedentes en términos del artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, glósese el cuaderno de antecedentes relativo, acúsese recibo y archívese este expediente por estar concluido, de conformidad al artículo 214 de la Ley de Amparo. Este expediente es susceptible de destrucción, Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Visto el oficio que suscribe el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual, comunica el acuerdo dictado el nueve de agosto del año en curso, en el toca de recurso de queja -, del que se advierte, admite el recurso y acusa recibo del oficio, en el que se remitieron los autos del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes y el escrito de expresión de agravios; en consecuencia, agréguese a los antecedentes para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto el oficio de la Síndico Municipal de Tonalá, Jalisco, mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de Ley de Amparo, interpone recurso de queja en contra del auto de veintiuno de junio del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, agréguese a los autos y con fundamento en los artículos 97, fracción I, 99, párrafo primero, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja; ríndase informe con justificación sobre la materia de la queja, haciendo del conocimiento de la superioridad, que es cierto que el veintiuno de junio de dos mil veintiuno se dictó el acuerdo que se impugna. Sin que sea el caso actuar conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón de que no existen más partes a las cuales notificar de la interposición del recurso hecho valer.

  4. Principal

    Por este medio notifico a la parte quejosa la resolución de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió a notificarse personalmente de la misma, no obstante de habérsele dejado citatorio para tal efecto. La resolución de mérito a la letra dice: "Por recibida la demanda de amparo promovida por ***, Presidente Municipal del Ayuntamiento de ***, Jalisco, ***, Síndico Municipal del Ayuntamiento de ***, Jalisco, ***, Regidora Municipal del Ayuntamiento de ***, Jalisco, ***, Regidora Municipal del Ayuntamiento de ***, Jalisco, ***, Regidora Municipal del Ayuntamiento de ***, Jalisco; ***, Regidora Municipal del Ayuntamiento de ***, Jalisco, ***, Regidor Municipal del Ayuntamiento de ***, Jalisco, ***, Regidor Municipal del Ayuntamiento de ***, Jalisco, *** Regidor Municipal del Ayuntamiento de ***, Jalisco, y ***, por su propio derecho, y como Presidente Municipal, Síndico y Regidores, del Ayuntamiento de ***, Jalisco contra actos del Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco, del Congreso del Estado de Jalisco y otra, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 1,14, 16, 17, 22 y 36 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en los artículos 3, 20, 21 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, 1, 5, 12, 14 y demás relativos del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, intégrense los expedientes físico y electrónico del juicio de amparo de que se trata; regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1027/2021. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a continuación procede analizar si de conformidad con lo establecido por el precepto legal invocado, se encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De ahí que, la demanda de amparo debe desecharse de plano, cuando se encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113 de la Ley de la Materia, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En torno con lo expresado, cobra aplicación por el criterio que lo conforma, la jurisprudencia I.6o. C. J/19, que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se puede leer en la página setecientos treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". En el presente juicio, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Ahora, se advierte que se actualiza dicha causal de improcedencia, que dispone, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Lo anterior en virtud de que la reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, para la procedencia del amparo, sin embargo, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicha reforma no conlleva una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, pues el legislador introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En ese contexto, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. La redacción actual de ese artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso, los promoventes reclaman en su demanda de amparo, el acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veintiunlo de dos mil veinte, dictado por el tribunal burocrático, en los autos del juicio de origen ***, en el que ordena suspender del encargo por quince días sin goce de sueldo a los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y su ejecución. Precisado lo anterior, se advierte que el proveído reclamado, si bien es un acto que guarda autonomía en la etapa de ejecución de laudo, por tratarse de la orden de suspensión por quince días, aún no es ejecutable y, por ende, no causa una afectación irreparable en esa fase del procedimiento. Se afirma lo anterior, porque de acuerdo a lo manifestado en la demanda de amparo, es cierto que ya existe la determinación de suspender a los quejosos, por el término de quince días, sin embargo también lo es, que para que se lleve a cabo ese acto debe agotarse previamente el procedimiento ante el Congreso del Estado de Jalisco, el cual por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, conforme a los artículos 224 a 232 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, con lo cual se colma el derecho de audiencia, previo a la emisión de la resolución respectiva, sin que hayan manifestado los quejosos, ahora recurrentes, bajo protesta de decir verdad, que el Congreso del Estado ya inició en su contra dicho procedimiento, pues si bien aquel está obligado a ejecutar tal medida de apremio, no se aprecia aún su instrumentación, por lo que esta acción es de realización futura e incierta. En consecuencia, al acuerdo reclamado no le reviste el carácter de acto de imposible reparación para la procedencia del amparo indirecto, pues sus consecuencias no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de sus derechos fundamentales, como son la libertad, propiedad o posesión entre otros, es decir, dicha resolución sólo tienen consecuencias o producen efectos de carácter formal o intraprocesal, dentro del procedimiento de ejecución de laudo. Al caso es aplicable en lo conducente, la tesis II.1o.4 A (10a.) que se comparte, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2014, Tomo III, página 2921: "RESOLUCIONES INTRAPROCESALES, INTERMEDIAS O DE TRÁMITE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO SI CAUSAN UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 22/2012 (10a.)]. El artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, que establecía los supuestos en que procedía el juicio de amparo indirecto, es similar y tiene cierta equivalencia con el precepto 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013; sin embargo, en cuanto al procedimiento administrativo no jurisdiccional seguido en forma de juicio, en el nuevo texto se añadió una modificación sustancial, que lleva a establecer que la jurisprudencia 2a./J. 22/2012 (10a.), es inaplicable a los asuntos tramitados conforme a sus disposiciones. Lo anterior es así, porque en términos de la ley anterior, el juicio constitucional en la vía indirecta sólo (sic) podía tramitarse, tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ante autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, contra la última resolución, es decir, contra la que decidía en definitiva el asunto, por violaciones cometidas en ésta (sic) y, en su caso, en ese mismo juicio de amparo debían hacerse valer también las que se hubiesen cometido durante el procedimiento, de suerte que no era dable impugnar en amparo las actuaciones intermedias, procedimentales o de trámite, sino hasta que se impugnara la última resolución, porque así lo exigía el principio de definitividad establecido en el artículo 114, fracción II, de la legislación abrogada. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada (relativo a la procedencia del amparo contra actos emitidos dentro del juicio), debía hacerse extensivo a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de modo que también aquellas actuaciones intraprocesales, intermedias o de trámite, emitidas en los referidos procedimientos administrativos (no judiciales), podrían ser impugnadas directamente a través del amparo indirecto, sin necesidad de esperar hasta la resolución definitiva, siempre y cuando ocasionaran al quejoso afectaciones o perjuicio de imposible reparación. Con ese mismo criterio de interpretación, la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, en la jurisprudencia inicialmente referida, analizó la orden de clausura provisional emitida como medida preventiva o de seguridad dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y determinó que dicho acto genera perjuicios de imposible reparación, por lo que es impugnable en amparo indirecto. Sin embargo, se reitera, esta última tesis es inaplicable a los juicios de amparo tramitados conforme a la ley de la materia actual, toda vez que en su artículo 107, fracción III, inciso b), se regula expresamente (a diferencia de la ley anterior), la procedencia del juicio de amparo contra actos, omisiones y resoluciones dictadas dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, cuando se trate de actos de imposible reparación." (Énfasis añadido). Por tanto, al no manifestarse las autoridades responsables que se encuentran agotando el procedimiento previsto en los artículos 224 a 232 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, no se obtiene la certeza de que la alegada suspensión en la función de la quejosa se ejecutará de ipso facto, al depender de esa instauración previa del procedimiento llevado ante el Congreso del Estado y por consiguiente, de ahí que aún no se desprende afectación de manera actual y material en sus derechos fundamentales. Incluso la sanción todavía está subjudice a que el Congreso del Estado califique sí existe una causa grave que amerite la suspensión, sobre el tema existe la jurisprudencia 111/2018, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUSPENSIÓN EN EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE UN AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE JALISCO, POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO CALIFICAR SI SE ACTUALIZA UNA CAUSA GRAVE QUE AMERITE LA IMPOSICIÓN DE DICHA SANCIÓN. De acuerdo con el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Legislaturas de los Estados, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, están facultadas para suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre que éstos hayan tenido la oportunidad de defenderse. Ahora bien, el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios prevé, entre las medidas que el Tribunal de Escalafón y Arbitraje puede emplear para lograr el cumplimiento de un laudo, la suspensión del servidor público obligado a acatarlo; no obstante, de la interpretación de su último párrafo, se advierte que cuando se trate del titular de un Ayuntamiento quien incurra en incumplimiento, el tribunal laboral deberá remitir las actuaciones correspondientes a la autoridad facultada para aplicar dicha sanción, esto es, al Congreso del Estado, a efecto de que verifique mediante el procedimiento respectivo si se actualiza una causa grave que amerite la suspensión del servidor público, pues en términos de la Constitución Federal éste es el único facultado para suspender de sus funciones al Presidente Municipal de un Ayuntamiento, por tratarse de una medida excepcional para intervenir en la permanencia de los miembros del órgano de gobierno municipal." Además, debe destacarse, el hecho de que las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para hacer cumplir y respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello; dicho órgano jurisdiccional tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que, a su juicio, sean procedentes; de donde se advierte que, para lograr la ejecución y el cumplimiento de sus laudos, el referido tribunal tiene la facultad de imponer sanciones que pueden ser desde 10 hasta 100 veces el salario mínimo general vigente de la zona económica, así como la suspensión de la autoridad en el cargo por un plazo de 15 días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento, y cuando se trate de servidores públicos de otros poderes, niveles de gobierno o Municipios, se remitirán las constancias de las actuaciones que se hubieren efectuado, al servidor o servidores públicos encargados de aplicar la sanción correspondiente que, en el caso concreto, corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, previo procedimiento. Sin embargo, se reitera, al presentar la demanda de amparo indirecto, se hace necesario, de entrada, que la parte quejosa manifieste bajo protesta de decir verdad, que el Congreso del Estado, ha iniciado en su contra el procedimiento de suspensión del cargo, conforme a lo artículos 224 a 232 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, lo que en el caso no acontece. Lo anterior, resulta necesario ya que del capítulo VII del ordenamiento legislativo citado en el párrafo que precede, titulado "Substanciación del Trámite para la Desintegración de Ayuntamientos y Suspensión o Revocación del Mandato a alguno de sus Miembros" se advierte que la queja o denuncia presentada ante el Congreso del Estado de Jalisco en contra de los miembros de los Ayuntamientos o Concejos Municipales, deberá ratificarse y una vez hecho así, se presenta ante la Asamblea del Congreso del Estado de Jalisco, para que a su vez se turne a las Comisiones de Gobernación y Desarrollo Municipal, quienes califican su procedencia, y en caso de que se apruebe la substanciación del trámite para la suspensión, las Comisiones de Gobernación y Desarrollo Municipal notificarán inmediatamente al denunciante y a los denunciados; en el caso, los quejosos aquí disconformes no manifestaron, menos demostraron, que se haya notificado la apertura o la procedencia del trámite para la suspensión de cargo impuesta como medida de apremio por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 82, Enero de 2021, Tomo II, página 1092, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL CARGO IMPUESTA A UN INTEGRANTE DE UN AYUNTAMIENTO CON CARGO DE ELECCIÓN POPULAR (PRESIDENTE, REGIDOR O SÍNDICO). LA DECRETADA POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO, POR SÍ MISMA, NO CAUSA UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE HAGA PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si se actualiza o no una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, que justifique desechar la demanda en contra de la orden de suspensión en el cargo impuesta por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco a un funcionario público de un Ayuntamiento constitucional con cargo de elección popular, que figuró como parte demandada en un juicio laboral burocrático, y llegaron a conclusiones divergentes, en tanto que uno estimó actualizada la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico, al señalar que por el momento el quejoso carecía de afectación a su esfera jurídica, lo que ocurriría hasta que se ejecutara la suspensión en el cargo, mientras que el otro consideró que el motivo de improcedencia analizado por el a quo no reunía los requisitos para que fuera manifiesto e indudable, porque lo reclamado estaba íntimamente relacionado con el fondo del asunto. Criterio jurídico: El Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito determina que la sanción consistente en la suspensión en el cargo de un funcionario público de elección popular (presidente, regidor o síndico), por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por sí misma, no causa perjuicio en ese momento ni constituye un acto de imposible o difícil reparación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, ya que no se podrá materializar hasta que el Congreso del Estado desarrolle su procedimiento en uso de su soberanía. Justificación: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 108/2010, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", determinó que un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, como regla general, en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (aquel en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento) o, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; y que existe una excepción a esa regla, cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos. Derivado de lo anterior, el acuerdo de suspensión en el cargo de un integrante de un Ayuntamiento con cargo de elección popular (presidente, regidor o síndico), dictado en la etapa de ejecución del laudo, al tratarse de una medida de apremio que aún no se materializa, no causa un daño de imposible reparación al quejoso ni se le afecta un derecho sustantivo que haga procedente el juicio de amparo, ya que dicho perjuicio se causa hasta que se materialice dicha sanción (medida de apremio). Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 111/2018 (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE UN AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE JALISCO, POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO CALIFICAR SI SE ACTUALIZA UNA CAUSA GRAVE QUE AMERITE LA IMPOSICIÓN DE DICHA SANCIÓN.", estableció que, conforme al artículo 115, fracción I, de la Constitución General, el único órgano facultado para suspender en sus funciones a un presidente Municipal, regidor o síndico, es el Congreso Local (de cada entidad federativa), y que derivado de ello, el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios debe ser interpretado en el sentido de que el tribunal burocrático de dicha entidad, sólo puede solicitar al Congreso Local dicha suspensión, para lo cual deberá remitir las actuaciones correspondientes a efecto de que aquél verifique, mediante el procedimiento respectivo, si se actualiza o no una causa grave que amerite dicha suspensión. Por ello, aunque el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco decrete como medida de apremio para lograr la ejecución del laudo, la suspensión en el cargo de un servidor público con cargo de elección popular, dicha solicitud no es vinculante para el Congreso del Estado de Jalisco, sino sólo para que inicie y desahogue el procedimiento previsto en su ley orgánica, en el que previo a haber otorgado el derecho de audiencia al afectado, calificará si la omisión del servidor público de cumplir con lo ordenado en el laudo constituye una falta grave que amerite la suspensión en el cargo.". Bajo la óptica jurídica descrita, se desecha la demanda de amparo de cuenta, al concretarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto del acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral ***, relativo a la suspensión del cargo del Presidente, Síndico Municipal y Regidores del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Miriam Rubio Vega, por así haberlo solicitado. En términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que designan; sin que haya lugar a, tener como autorizados a las personas que señalan con tal carácter, dado que el artículo 10 de la Ley de Amparo, establece que los quejosos y terceros interesados acreditarán la representación en los términos previstos el diverso artículo 12 la Ley de la Materia. Sin embargo, en el último párrafo del artículo 10 de la Ley de Amparo, dispone que tratándose de las autoridades con carácter de quejosos o terceros interesados, se aplicaran las reglas del artículo 9 de la ley en cita; es decir, éstas podrán designar delegados para que actúen conforme a sus intereses. En otro orden, respecto a la autorización del uso de medios tecnológicos para la reproducción de las actuaciones que obren agregadas en el juicio de amparo en que se actúa, dígasele que los autos se quedan a disposición en la Secretaría de este Juzgado de Distrito, para cuando lo requiera, previa solicitud verbal al funcionario respectivo, realice la citada reproducción de autos. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.1º.A.22 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II, abril de 2015, página 1831, del rubro: "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE 'IMPONERSE DE AUTOS' (LEGISLACIÓN VIGENE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En este orden, con apoyo en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele las copias certificadas de las documentales que indican, previo cotejo y compulsa que se realice con las copias simples que al efecto adjuntaron así como previa identificación y acuse de recibo que otorgue en autos; asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las copias que solicita, previa toma de razón y recibo que para ello otorgue en autos, en el entendido de que, tanto la devolución del documento como las copias, serán entregadas, previa cita que el promovente agende, según el esquema de trabajo previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19. Se tiene como domicilio procesal el que indica la parte quejosa en su demanda de amparo. Con apoyo en lo establecido en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la elaboración de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Finalmente, se exhorta a la parte quejosa, a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo preceptuado ACUERDO GENERAL 22/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19.".

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