Juan Antonio González Jiménez
Expediente 739/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 739/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Juan Antonio González Jiménez
- José Luis Martínez Reyes
Actuaciones
- Principal
Notifíquese; y personalmente a la parte promovent e. I. Se recibe resolución del recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio 8254, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y su anexo, por medio del cual remite el testimonio de la resolución dictada el diecisiete de noviembre del año en curso, en el recurso de queja 120/2017, del que se advierte: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ***, contra el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, residente en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, dentro de los autos del juicio de amparo indirecto 739/2017". II. Se acusa recibo. Acúsese recibo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, comuníquese a la parte quejosa, para los efectos legales procedentes, y archívese el presente juicio como asunto concluido. III. Valoración del expediente principal. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 6944, signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, por medio del cual acusa recibo del oficio 23382/2017, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por ***, en su carácter de apoderado del quejoso ***, contra el acuerdo dictado el veintidós de septiembre del año en curso (fojas 17 a 22), mediante el cual se desechó la presente demanda de amparo; medio de impugnación que se radicó bajo el número estadístico 120/2017. De lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por ****, apoderado jurídico de ***, por medio del cual interpone recurso de queja contra el proveído de veintidós de septiembre del año en curso (fojas 17 a 22), por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Por ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 100 y 101, de la Ley de Amparo, remítanse al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el escrito original del recurso, así como copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo, el informe sobre la materia de la queja, y demás que se estimen pertinentes, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por el promovente.
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por ***, su calidad de apoderado jurídico del quejoso ***, a través del cual desahoga la prevención realizada el diecinueve de septiembre de la presente anualidad (fojas 10 a 13), ante ello, se provee: II. Acto reclamado. En principio, conviene señalar que en el diecinueve de septiembre de la presente anualidad (fojas 10 a 13), se previno a la parte quejosa para que precisara con claridad y exactitud el acto que reclamaba en esta instancia al Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, ante ello, detalló lo siguiente: "El Acto Reclamado al Presidente Ejecutor, se hace consistir en la omisión mediante acuerdo negativo de fecha 30 de Agosto del 2017, que se transcribe en el capítulo de "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN", el cual niega la ejecución del laudo para obtener la subsistencia del trabajador, violándose así las garantías otorgadas por la constitución y las leyes que de ella emana como el artículo 152, 190 segundo párrafo, en relación con los artículos 128, 129 y 130 de la Ley de Amparo...". Al respecto, se digitaliza el proveído que el quejoso hace consistir como acto reclamado, el cual fue anexado al escrito inicial de demanda: Como se advierte, el acto que el promovente reclama en esta instancia, es el acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, dentro del juicio laboral 385/2016, promovido por el quejoso ****, en contra de Electroconstructora Ríos, Sociedad Anónima de Capital Variable y otros, en el cual se le niega la ejecución del laudo emitido el veinte de febrero de dos mil diecisiete. Por su parte, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que el juicio laboral 385/2016, del cual emana el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución de laudo, ello debido a que el veinte de febrero de dos mil diecisiete, se dictó laudo condenatorio. Es aplicable la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y dos, tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD... Igualmente la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 181810, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO... III. Se desecha la demanda de amparo indirecto. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia I.13o.A.J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO... Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los Órganos Jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso concreto, del análisis del presente juicio de amparo quien resuelve considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". En lo que interesa, de lo previsto por dicho precepto, se obtiene que es improcedente el amparo indirecto cuando se reclaman actuaciones judiciales con relación a las cuales la ley prevé a favor del quejoso, dentro del procedimiento, algún recurso ordinario mediante el que exista la posibilidad de que sean modificadas revocadas, o nulificadas, no obstante que tal recurso no lo hubiere hecho valer la parte agraviada. Así pues, lo que caracteriza a un acto definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de garantías bi-instancial, es que respecto de tal acto, no exista ningún recurso ordinario por el cual sea susceptible de ser revocado, modificado o nulificado. En tal virtud, la parte quejosa, está obligada a agotar los medios de defensa que la legislación procesal establezca, previamente a la interposición del juicio de amparo, pues no existe razón jurídica alguna que le exima de quedar sujeto al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en términos de lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, antes transcrito, pues no se ubica en alguno de los supuestos de excepción previstos en dicha fracción. En apoyo a lo considerado se emitió la tesis XXI.1º.45 K, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el tomo XIII, febrero de mil novecientos noventa y cuatro, registro 213455, Octava Época, página trescientos siete, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE GARANTIAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD... Así como la jurisprudencia I.6º.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos, tomo XV, mayo de dos mil dos, registro 187016, Novena Época, página novecientos dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL... En el asunto que nos ocupa, la parte quejosa comparece a esta instancia en su carácter de parte actora dentro del juicio laboral 385/2016, promovido en contra de Electroconstructora Ríos, Sociedad Anónima de Capital Variable y otros, el cual se encuentra en etapa de ejecución, debido a que el veinte de febrero de dos mil diecisiete, se emitió laudo condenatorio. Ahora bien, el artículo 849, de la propia legislación obrera, establece que el recurso de revisión procede: "ARTICULO 849.- Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión". Es decir, el recurso de revisión opera contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. Por ende, si en el caso, el quejoso es parte formal dentro del juicio laboral del cual emana el acto reclamado, es inconcuso que antes de acudir al juicio de amparo, debió interponer el recurso de revisión establecido en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. Luego, si para la procedencia del juicio de amparo, como ya se hizo referencia, es presupuesto que la parte quejosa haga valer previamente los medios de defensa o recursos que la ley le otorga, y en el caso concreto, el acuerdo mediante el cual el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, le niega la ejecución del laudo, es recurrible mediante el recurso de revisión, ello implica que previo al juicio de amparo, debió agotar ese medio de impugnación que tiene el alcance de revocar, nulificar o modificar los actos reclamados antes de acudir al juicio constitucional. En este orden, se evidencia que la demanda que se provee resulta notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página mil setecientos treinta y uno, agosto de dos mil tres, tomo XVIII, con registro 183569, de la Novena Época, que estipula: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE LAUDO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO SI PREVIAMENTE A SU INTERPOSICIÓN, NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO..."DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA."...En esos términos se pronunció el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la tesis localizable en la página cuarenta y siete, volumen 78, sexta parte, Séptima Época, con registro electrónico 254554, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "LAUDOS, EJECUCION DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, POR EXISTIR EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DE EJECUTOR... Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo.
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