Juan Antonio García Velazquez

Expediente 264/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
264/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
10/11/2017

Partes del expediente

  • Juan Antonio García Velazquez
  • Juez Segundo de Primera Instancia En Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, Residente En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; diez de noviembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa y remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia definitiva; agréguense al expediente principal el cuaderno de antecedentes que se formó en sustitución de éste, el cuaderno incidental, el oficio de cuenta y testimonio de referencia. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos dicen: "PRIMERO.- Por razones distintas a las expresadas por el secretario encargado del despacho del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, se CONFIRMA la decisión sujeta al presente recurso de revisión. SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el juicio constitucional promovido por JUAN ANTONIO GARCÍA VELÁZQUEZ, por propio derecho, en contra del acto que reclamo del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en Acapulco, Guerrero." En tal virtud, dado que no existe actuación alguna por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que el expediente principal es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. En relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, ya que de autos se advierte que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, remitió los autos originales del divorcio voluntario 319-3/2012, de su índice, y dado que el mismo resulta innecesario que continúe a disposición de este juzgado, por tanto, remítanse a su lugar de origen. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; seis de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de revisión.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero, quince de junio de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el escrito signado por autorizado de la parte quejosa, por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y expresa los agravios que en su concepto la misma le causa; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo; agréguese a estos autos una de las copias exhibidas y distribúyanse las restantes entre las demás partes para su conocimiento; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes, debiendo certificar las constancias más relevantes. Una vez que esté debidamente integrado, dentro del plazo a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítase el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, así como el original del diverso de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Cuerpo Colegiado, para el efecto de que se substancie el citado recurso.

  4. Principal

    VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo número 264/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido esa fecha por razón de turno a este Juzgado Octavo, Juan Antonio García Velázquez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares de esta ciudad. ACTO RECLAMADO: (.) el ilegal descuento a mi salario mediante oficio girado a mi fuente de trabajo Manpower Industrial, S. de R.L. de C.V." mediante el cual ordena (.) se efectúe el descuento por la cantidad de $1,000.00 (MIL PESOS 00/100) en forma gradual hasta cubrir la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos), retención adicional al descuento equivalente al 30% por concepto de pensión alimenticia a favor de mi menor hija." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de catorce de marzo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrada bajo el número 264/2017, se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; se ordenó notificar a la parte tercero interesada; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de un diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción IV de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclama un acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia que puede ser de imposible reparación, atribuible a la autoridad responsable ordenadora de naturaleza judicial residente dentro de la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda y demás constancias que conforman el informe justificado se precisa que la parte quejosa reclama del Juez responsable el acuerdo de tres de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de divorcio voluntario número 319-3/2012, mediante el cual ordenó aplicar al hoy quejoso en forma gradual un descuento por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 moneda nacional) hasta cubrir la suma total de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia, que habría de realizar la fuente de trabajo en la que presta sus servicios. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez responsable pues así lo aceptó al rendir su informe justificado (foja 25); lo que se corrobora con la copia certificada del expediente número 319-3/2012, allegada a este sumario por dicha responsable como apoyo a su informe justificado (tomo uno de pruebas), la cual dada su naturaleza, tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en confrontación con el primer párrafo del numeral 17 y 18 de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que se notificó el acto reclamado. En efecto, las citadas disposiciones legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De estos dispositivos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo por regla general dentro del término de quince días computado de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada. b) Desde el día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado el quejoso sabedor de dicho acto o de su ejecución. Los citados supuestos son excluyentes entre sí y no guardan prelación alguna; por tanto, el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de ellos. Cabe hacer mención que las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo: 1) En el caso de leyes autoaplicativas o el procedimiento de extradición el término para interponer la demanda será de treinta días; 2) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión en un plazo de hasta ocho años. 3) La demanda de amparo podrá promoverse en un plazo hasta de siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. 4) En el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, e incorporación forzosa al ejército, la demanda puede promoverse en cualquier tiempo. Luego, esta hipótesis de improcedencia tiene lugar cuando el juicio de amparo no se promueve dentro de los plazos que para el caso específico consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que la ley hace presumir que el afectado por la ley o por el acto de autoridad, consintió uno u otro de manera tácita, lo que resulta explicable, en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos de excepción destacados- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo, implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de los principios de preclusión y cosa juzgada. En este aspecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364, tomo IX-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Ahora, de las constancias del juicio de divorcio voluntario 319-3/2012 (tomo I de pruebas) valoradas con antelación, se advierte que mediante lista de acuerdos publicada el siete de febrero de dos mil diecisiete (foja 199), se notificó a las partes el acuerdo de tres de febrero del año en curso, que en esta vía constitucional reclama, por lo que debe considerarse que a partir de la data citada, la parte quejosa conoció del acto reclamado; de ahí que para la promoción de la demanda de amparo que nos ocupa deba atenderse el plazo a que alude el mencionado artículo 17 de la ley de la materia, en relación con el diverso 129 del citado código adjetivo civil de la Entidad, a virtud de que el propio numeral 18 de la Ley de Amparo, prevé que para los efectos de la presentación de la demanda, las notificaciones y la forma en que surten efectos, se rigen por la ley del acto reclamado. Por tanto, si se realiza el cómputo correspondiente a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución reclamada, se obtiene que el término de quince días transcurrió del nueve de febrero al uno de marzo de dos mil diecisiete; descontándose los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero del año en curso, por corresponder a sábados y domingos y, por ende, inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley de la materia; de manera que si la demanda fue presentada hasta el trece de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, ya había fenecido el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, luego, es inconcuso que dicho acto fue consentido tácitamente por la parte quejosa; consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, y lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la tesis invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 264/2017. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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