Juan Antonio García Rodríguez
Expediente 748/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 748/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juan Antonio García Rodríguez
- JUAN ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta que antecede, se acuerda; téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito***** al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja civil 99/2021 de su índice, de la que se advierte que se desechó el citado medio de impugnación, interpuesto ***** en que se tuvo por desechada la demanda de derechos fundamentales**** Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido; por tanto, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el archivo definitivo del mismo******
- Principal
Juicio 748/2021-IX folio 7976 veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta, téngase por recibido el escrito signado por los quejosos ***, por el que interponen recurso de revisión contra el auto de diecinueve de julio del año en curso, emitido en autos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y 37 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se tiene por interpuesto el RECURSO DE REVISIÓN que hacen valer los citados promoventes, contra el aludido auto. Finalmente, remítase el escrito original de cuenta que contiene los agravios que causa el auto y el original del este expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del medio de impugnación aludido. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibido el escrito signado por ***********, mediante el cual desahoga la prevención efectuada en proveído de ocho de julio pasado. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en razón de que el quejoso es parte formal y material en el juicio de origen, por lo que estaba obligado a agotar el principio de definitividad. A lo que el artículo citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,31 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Del dispositivo apuntado en párrafos que anteceden, se advierte que el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo. La falta de cumplimiento de esa obligación acarrea la improcedencia del juicio de garantías. Lo anterior obedece a que el juicio de amparo es, de suyo, un medio de defensa extraordinario, de tal manera que los recursos ordinarios se constituyen en una especie de filtro, cuyo objetivo es impedir el abuso del juicio de garantías, ya que a través de la sustanciación de los recursos o medios de impugnación ordinarios pueden darse por terminados conflictos o litigios que, dada su naturaleza, no tienen razón de ser del conocimiento de los tribunales federales de amparo. Entonces, para que se actualice la causal de improcedencia señalada, es necesario que concurran los requisitos siguientes: a) Que se trate de una resolución que provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, Casos de excepción al principio: c) Que la parte quejosa sea una persona extraña al juicio de origen. d) Que no se trate de actos que importen peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. e) Que no se trate de un acto reclamado consistente en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación, resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca requisitos para su disfrute. Ahora, en el caso a estudio, se actualiza la causal de improcedencia que se invoca, toda vez que se reúnen los requisitos que se precisaron en líneas que anteceden, tal y como se precisará enseguida. Esto, en virtud de que el primero de los requisitos -que el acto reclamado emane de una autoridad judicial, administrativa o del trabajo- se surte en la especie, toda vez que el acto reclamado lo constituye la resolución interlocutoria de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de nulidad de actuaciones, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Décimo Sexto Distrito Judicial del Estado de Tabasco, con residencia en Nacajuca, Tabasco, mediante el cual dicho órgano judicial declaro improcedente el incidente de nulidad de actuación que hicieron vales los aquí quejosos. Asimismo, se actualiza el segundo de los requisitos enunciados -proceda algún medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama- en atención a que contra el acto de reclamo procede el recurso de apelación. Para sustentar dicha afirmación es menester analizar el contenido del artículo 398, que establece: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE TABASCO. "ARTÍCULO 398.- Impugnación de las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia. Contra las resoluciones interlocutorias que se dicten después de pronunciada la sentencia, procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo. La resolución que apruebe o desapruebe el remate o la adjudicación, será siempre apelable en el efecto suspensivo, si la sentencia definitiva fuere apelable. Las resoluciones encaminadas directa e inmediatamente a la ejecución material de la sentencia no serán recurribles." Del artículo antes transcrito, se advierte que la apelación procede contra las resoluciones que se dicten en los incidentes en efecto devolutivo y sí paralizan o ponen terminación al juicio haciendo imposible su continuación serán en efecto suspensivo. De ahí que, si en el caso, el acto reclamado consiste en una resolución dictada en un incidente, previo instar el juicio de garantías la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, tomando en consideración que no puede acudirse directamente al juicio constitucional, sin antes agotar dicho medio de impugnación ordinario. De tal forma que la inconformidad de los quejosos con dicha determinación pudo hacerla valer de manera inmediata mediante el medio ordinario de defensa, a través del cual tratara de obtener la modificación de la resolución que tilda de inconstitucional. Por lo antes expuesto, al poder obtenerse la revocación, modificación o nulificación de tal determinación, pues existe la posibilidad de impugnarla a través de la apelación y por las diversas excepciones y defensas que plantee, para poder obtener, como se dijo en líneas precedentes, la modificación o revocación de tal determinación, emitida en los autos del procedimiento de origen. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del procedimiento ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad responsable; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia responsable mediante la tramitación del recurso respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Por tanto, en contra de la resolución interlocutoria reclamada por los promoventes es improcedente el juicio de amparo, dado que en contra de la misma tendrá que agotar el recurso de apelación establecido en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.6o.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, del Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por otra parte, respecto a la excepción apuntada en el inciso c), ?que la peticionaria de amparo tenga el carácter de tercero extraño?, esta no se actualiza porque los quejosos no tienen tal carácter, puesto que se aprecia de los antecedentes del acto de reclamo, que son parte demandada en el juicio de origen. De igual manera, en el particular tampoco se actualizan las salvedades señaladas en los incisos d) y e), tomando en consideración que el acto reclamado deriva de una controversia del orden civil. En ese orden de ideas si en la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012, que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable. Lo que se actualiza en el caso concreto pues del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, se observa que el recurso de apelación se tramita de forma inmediata, resulta idóneo, eficaz y se resuelve en un tiempo razonable. De ahí que, se pueda concluir que si los quejosos no interpusieron el medio de defensa que la ley de la materia contempla, por virtud del cual se pueda apelar el acto que se reclama - previo a acudir al presente juicio-, no obstante su vinculación al juicio de origen, es palmario que no se cumplió con el principio de definitividad; por lo que es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo; y, por ende, debe desecharse la demanda de garantías. En el caso particular, cobra aplicación la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, correspondiente a la novena época; instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, febrero de 2006, página: 1665, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Asimismo, no se soslaya el criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia visible en la página 990, Tomo 2, Octubre de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO."; sin embargo, el mismo no cobra aplicación en el particular tomando en consideración que en el particular no se advierte que existan menores, habida cuenta que en el artículo 358, fracción I, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, se estableció la procedencia de la apelación en efecto suspensivo en cuestiones inminentemente familiares como acontece en el caso. El criterio en cita se publicó en la jurisprudencia, 1ª./J.77/2006, de la Sala citada, localizable en la página 111 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, de enero de 2007, Novena Época, registro digital 173621, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA. Del contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la propia ley, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Juan Antonio y Arturo, ambos de apellidos García Rodríguez. Notifíquese personalmente.
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