Juan Antonio García Marin
Expediente 1752/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1752/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 26/01/2018
Partes del expediente
- Juan Antonio García Marin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
VI) Toluca, Estado de México; veintiséis de enero de dos mil dieciocho. De la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la determinación de ocho de enero de los actuales, a través de la cual se sobreseyó en el presente juicio, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por ende, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación siguiente: 1) El cuaderno principal es susceptible de depuración, porque por un lado se sobreseyó y por otro se negó el amparo en el presente juicio (punto vigésimo primero, inciso IV, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto de referencia). 2) El original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero del Acuerdo General Conjunto de referencia). 3) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que en ambos expedientes (principal e incidental), no existen documentos exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este juzgado de Distrito carecen de relevancia documental y, además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre el acuse de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará materialmente al archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Víctor Manuel Rendón Sosa, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VI.- V i s t o s para resolver en los autos del juicio de amparo indirecto 1752/2017-VI; y, R E S U L T A N D O . Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, Juan Antonio García Marín, solicitó el Amparo y la Protección de la Justicia Federal, en contra del Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México y otras autoridades por los actos que señala en su escrito de demanda. Segundo. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por determinación de diez de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las responsables, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos tuvo verificativo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente determinación. C O N S I D E R A N D O . Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48, con relación en el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que los actos que se reclaman son atribuidos a autoridades administrativas que se pretenden ejecutar dentro del territorio donde se ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene precisar que el acto reclamado es: La orden de traslado a diverso centro de reclusión, dormitorio o celda y su ejecución. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. El Director de Seguridad y Operación de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social; Director y Jefe de vigilancia por ausencia y suplencia del Subjefe de Vigilancia del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México; el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México; y el Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Procesal Acusatorio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México; al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo, sin que el quejoso haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar dicha negativa; razón por la cual, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 1002, visible a fojas 1621 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan dicha negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Existencia del acto reclamado. Por su parte, el Juez Ejecutor de Sentencias del Nuevo Sistema de Justicia Acusatoria, Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Puente Grande Jalisco fue omiso en rendir su informe justificado dentro del plazo otorgado (quince días hábiles) no obstante de estar notificado debidamente de tal requerimiento el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (foja 38), motivo por el cual, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se le reclaman, consistente en la orden de traslado del quejoso a diverso centro de reclusión, celda o dormitorio y su ejecución. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 8/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, que se encuentra en la página 26, tomo IX, marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." En esa tesitura, al producirse la presunción prevista en el tercer párrafo del artículo 117 de la ley que rige al juicio de amparo, debe tenerse por cierto el acto reclamado. Quinto. Estudio de fondo. La orden de traslado emitida, aún por autoridad administrativa, no es inconstitucional en sí misma. Lo anterior, pues si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el traslado efectuado por autoridades administrativas es un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento judicial; ello no implica que dicha afectación viola por si, la Constitución Federal, pues a diferencia de la orden de aprehensión emitida por autoridades administrativas, el traslado resulta convalidable si se notifica al juez con posterioridad, acorde con los artículos 18 y 21 constitucionales, así como 15, 49, 50, 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dicen: "Artículo 15. Funciones de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria deberá llevar a cabo las siguientes funciones básicas: I. . VIII. Ejecutar el traslado de las personas privadas de la libertad y notificar al órgano jurisdiccional correspondiente de tal circunstancia inmediatamente y por escrito, anexando copia certificada de la autorización del traslado; .". El énfasis es propio. "Artículo 49. Previsión general Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 Constitucional. Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa". De la interpretación literal de las porciones normativas reproducidas, efectivamente se advierte que las autoridades administrativas tienen la facultad de trasladar a una persona privada de su libertad, en casos excepcionales; lo cual puede resultar constitucional, a la postre, si se solicita autorización a la autoridad judicial competente incluso posteriormente. Entonces, no obstante la presunción del acto reclamado, corresponde al quejoso acreditar su inconstitucionalidad, pues dicho acto no es inconstitucional en sí mismo. Lo anterior es así pues el artículo 117 de la invocada ley, expresa que la autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes, para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, y acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; también establece en su párrafo tercero, que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de derechos humanos en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en qué se haya fundado. Por tanto, si la orden de traslado fue emitida por una autoridad jurisdiccional, no puede considerarse en sí misma inconstitucional, pues dicha autoridad está facultada para autorizarlo. Por lo aquí expuesto, es dable negar el amparo y protección solicitado contra el acto que se reclama de la autoridad responsable Juez Ejecutor de Sentencias del Nuevo Sistema de Justicia Acusatoria, Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Puente Grande Jalisco, ya que el quejoso no acreditó que dicho acto resultara violatorio de derechos humanos en cuanto a su contenido o forma en que fue emitido. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías en términos del considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Antonio García Marín, en contra de la autoridad y por los actos precisados en el considerando cuarto de la presente sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
VI.- VISTOS, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1752/2017-VI; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, Juan Antonio García Marín, promovió el presente juicio de amparo, en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se precisan: "AUTORIDADES RESPONSABLES: DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. DIRECTOR DE SEGURIDAD Y OPERACIONES DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO. DIRECTOR DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO" TOLUCA ESTADO DE MÉXICO. JEFE DE VIGILANCIA DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO" TOLUCA ESTADO DE MÉXICO. JUEZ EJECUTOR DE SENTENCIAS DEL NUEVO SISTEMA DE ACUSATORIA, ADVERSARIA Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO JUEZ EJECUTADOR DE SENTENCIAS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA ACUSATORIO ADVERSARIAL Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUENTE GRANDE JALISCO EN EL ESTADO DE MÉXICO ACTO RECLAMADO: LA ORDEN DE TRASLADO A DIVERSO CENTRO DE RECLUSIÓN, DORMITORIO O CELDA. SEGUNDO. Por auto de diez de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó formar por duplicado el incidente de suspensión; se solicitó el informe previo a las autoridades responsables y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia incidental, misma que tuvo verificativo el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete respecto de las autoridades responsables locales y se difirió por lo que hace a las foráneas en los términos del acta que antecede y que forma parte de la presente interlocutoria. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer del presente incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, , 35, 107 y 138 de la Ley de Amparo y 48 en relación con el 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que se determina la procedencia de la suspensión definitiva contra actos por los cuales en el cuaderno principal, se ordenó la tramitación por duplicado de la presente incidencia. SEGUNDO: Precisa establecer en primer término, de conformidad con el artículo 146 fracción I de la Ley de Amparo, que los actos reclamados que son materia de estudio en el incidente de suspensión en que se actúa, se hicieron consistir en: La orden de traslado a diverso centro de reclusión, dormitorio o celda. TERCERO. El Juez Ejecutor de Sentencias del Nuevo Sistema de Acusatoria, Adversaria y Oral del Distrito Judicial de Tlanepantla, Estado de México; al rendir su informe previo negó la existencia de los actos que por esta vía se le reclaman. Por tanto, toda vez que el quejoso no aportó prueba idónea para desvirtuar tal negativa, lo propio es negar la medida suspensional solicitada. Por su aplicación al caso, es de citarse la Tesis Jurisprudencial número 1008, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Salas y Tesis Comunes, Segunda Parte, Página 1630, rubro y texto: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que se afirma y consecuentemente negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". CUARTO. Por su parte, el Juez Ejecutador de Sentencias del Nuevo Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Puente Grande Jalisco en el Estado de México, fue omiso en rendir su informe previo, no obstante de estar debidamente notificado de dicho requerimiento, como se advierte del acuse de recibo que obra en autos (foja 49) por tanto, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama, ante ello se provee lo siguiente: SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Ahora bien, con la finalidad de preservar la materia del juicio de amparo, que siempre, de una forma u otra, versa sobre el respeto de los derechos humanos del gobernado, con fundamento en los artículos 128, 139, 147y 161, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la orden de traslado a diverso centro de reclusión,, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se realice el traslado de la parte quejosa a diverso centro de reclusión del cual se encuentra. Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la suspensión definitiva solicitada, respecto al acto consistente en el cambio de celda o dormitorio, para el efecto de que el quejoso no sea trasladado a otra celda o dormitorio del que actualmente es interno, dado que de ejecutarse se le ocasionaría daños y perjuicios de difícil reparación. Lo anterior, siempre y cuando no se altere el orden y seguridad del centro preventivo, o bien, a la fecha de la presente resolución no se hubiere ejecutado el mismo, ya que de ser así, no podría darse a esta medida cautelar efectos restitutorios los cuales son propios de la sentencia que resuelva el juicio en lo principal, quedando bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades penitenciarias la integridad y seguridad física del quejoso. Cabe precisar que la medida decretada en la presente determinación, no surtirá efectos respecto de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridades diversas a las señaladas como responsables o si el acto reclamado es materia de otro juicio de amparo en el que se haya concedido la suspensión de los actos que ahora impugna; o bien, si dicha medida obedece a cuestiones de seguridad del centro penitenciario en que se encuentra recluido el quejoso o son tendentes a salvaguardar su integridad o, la de la demás población penitenciaria. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en lo previsto en los artículos 124, 131 y 136 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se; R E S U E L V E : PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a Juan Antonio García Marín, que solicitó contra los actos y autoridades mencionados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a Juan Antonio García Marín que solicitó contra los actos y autoridad mencionados en el considerando cuarto. Notifíquese.
- Incidental
VI.- Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Juez Ejecutador de Sentencias del Nuevo Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Puente Grande Jalisco en el Estado de México, no ha rendido su informe previo así como tampoco obra el acuse de recibo de correo certificado del diverso 33057/2017, que acredite que se encuentra legalmente notificado para tal fin; por tanto, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia incidental prevista para el día de hoy, motivo por el cual, se ordena diferirla y se señalan las nueve horas con quince minutos del tres de enero de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo el desahogo de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior aplicada en lo conducente, la Jurisprudencia publicada en la página 224, Tomo XI, Marzo de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, que a la letra dice: "AUDIENCIA INCIDENTAL, DIFERIMIENTO DE LA. CUANDO NO SE NOTIFICÓ A LA RESPONSABLE." Finalmente, en obvio de evitar mayores dilaciones procesales, líbrese telegrama a la autoridad citada para que rinda su informe previo al incidente en que se actúa. Notifíquese.
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