Juan Antonio Fernandez Flores

Expediente 781/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
781/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
25/10/2019

Partes del expediente

  • Juan Antonio Fernandez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Glósese a los autos el escrito presentado por el licenciado Felipe Chávez Ocampo, y atención a lo que solicita, deberá estarse a lo proveído el tres de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se ordenó remitir el recurso de revisión interpuesto en el juicio de amparo 781/2019, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, y fue registrado bajo el número de toca 283/2019. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.*ARC

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que aún no obran los acuses de recibo de los oficios 13586/2019, 25496/2019, 25498/2019 y 25499/2019, dirigidos a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Titular de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Director General de Inspección Fitozoosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en la ciudad de México, mediante el cual se ordenó la notificación de la sentencia dictada el ocho de julio, así como el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa el treinta y uno del citado mes. Atento a lo anterior, requiérase al Administrador de Correos, en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, informe a este juzgado el tratamiento dado a los referidos oficios, registrados bajo los códigos 427564, 603062, 603064 y 603065, o, en su caso, remita copia certificada de dichos acuses. Apercibido que de no cumplir con lo que este auto ordena se le impondrá una multa por la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos moneda nacional 50/100), equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la ley de Amparo vigente, previstas en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Glósese a los autos el escrito signado por el licenciado ***********, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes de la sentencia, así como del recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo número 781/2018-V. Por tanto, de conformidad con el artículo 88, del ordenamiento legal antes invocado, se ordena la distribución del escrito de agravios a las partes. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de nueve de julio de dos mil diecinueve, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ***********, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo 781-2018-V, y RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, turnado al día siguiente a este órgano, *************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, a quienes les reclamó lo siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS. 1. Del Honorable Congreso de la Unión: Se reclama la iniciativa, discusión y aprobación del -Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la nueva Ley Federal de Sanidad Animal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio 2007, en específico el artículo 47. 2. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: Se reclama la promulgación y orden de expedición del -Decreto, referido en el numeral 1 del presente apartado, específicamente por lo que hace al artículo 47 de la Ley Federal de Sanidad Animal vigente a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 3. Del Director General de Inspección Fitozoosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria: Se reclama la aplicación y ejecución del contenido del segundo párrafo del artículo 47 de la nueva Ley Federal de Sanidad Animal en perjuicio del suscrito, en su resolución contenida en el Número de Oficio B00.03-2796-2018, de fecha 26 de octubre de 2018, Expediente: 31-2018.ZOO.CJRZ. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado al libelo constitucional. Por auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda, se ordenó formar expediente y registrar el asunto como 781-2018-V, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal correspondiente, se solicitaron a las autoridades responsables su informe con justificación y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo en vigor y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3-2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama un acto que tiene ejecución en el territorio sobre el cual este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda y ampliación, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia lo siguiente: La iniciativa, discusión, aprobación, promulgación y orden de expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de julio de dos mil siete, específicamente el artículo 47; así como su aplicación a través de la resolución contenida en el oficio B00.03.-2796-2018 de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, derivado del expediente 31-2018.ZOO.CJRZ. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI-2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, negó la existencia del acto que le fue atribuido, a saber, la orden de expedición del decreto reclamado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba tendente a desvirtuar tal negativa; por tanto, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: *** IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; *** Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Director General de Inspección Fitozoosanitaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural -fojas 29, 38, 39; 50 a 66; 102 a 119- aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes en la iniciativa, discusión, aprobación y promulgación del decreto que contiene la norma impugnada, así como su aplicación. De manera que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se tiene por acreditada la existencia de los procesos legislativos reclamados por la parte quejosa, así como su aplicación. Además, la certeza deriva no sólo del hecho de que así lo hayan reconocido las autoridades responsables que rindieron sus informes justificados, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del ordenamiento relativo, por tratarse de una norma general, abstracta e impersonal que no está sujeta a prueba, sino que es presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por el artículo 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no son objeto de prueba, pues basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo. Es aplicable al caso la jurisprudencia 65-2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicada en la página 260, del Tomo XII, Agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, del Tomo 65, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del rubro y texto: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. QUINTO. Análisis de las causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no; por tanto, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal del país. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre las causas de improcedencia que fueron invocadas por las autoridades responsables y que resultan infundadas. I. El Director General de Inspección Fitozoosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, invocó la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, señalando que el quejoso carece de interés jurídico para promover demanda de amparo; lo anterior, aduce la autoridad, tomando en consideración que la parte quejosa no cuenta con autorización o reconocimiento para instalar y-o operar algún punto de verificación e inspección zoosanitaria para importación, por lo que la mera negativa de la autoridad respecto de su solicitud contenida en el oficio B00.03.-2796-2018, de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente 31-2018.ZOO.CJRZ, sin mediar una convocatoria por parte de esa autoridad, para instalar, operar y autorizar, o en su caso reconocer alguno de los establecimientos previstos en el artículo 3 del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la autorización, operación y, en su caso, reconocimiento de los establecimientos para inspección y verificación de mercancías reguladas por la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través, del Servicio Nacional de Sanidad, inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en operaciones de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil quince, no le causa perjuicio alguno en su esfera de derechos. Resulta infundada la causa de improcedencia que se hace valer, toda vez que el promovente sí tiene interés jurídico para acudir al amparo, pues para acreditar una afectación al interés jurídico del gobernado que lo legitime para impugnar en amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, demostrando con ello su interés jurídico para combatir tales preceptos, así como aquellos que, por la íntima relación que guardan sus disposiciones, puedan resultarle aplicables, es decir, todos aquellos que regulen el sistema específico dentro del que se ubique. En efecto, en la especie la parte quejosa tilda de inconstitucional el artículo 47 de la Ley Federal de Sanidad Animal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de julio de dos mil siete, pues señala que el numeral descrito al imponer que los puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación -únicamente- deban estar en territorio nacional, transgrede sus garantías constitucionales, causando agravios personales y directos que afectan su esfera jurídica. Luego, obra agregada en el sumario, copia certificada de la solicitud de autorización para instalar y operar un punto de verificación e inspección zoosanitaria para importación en el extranjero, suscrita por el quejoso; así como la respuesta que recayó a su petición, contenida en el oficio B00.03.-2796-2018, derivado del expediente 31-2018.ZOO.CJRZ, de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho -fojas 59 a 61-; mismas que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de las que se advierte que efectivamente, le fue negado al solicitante del amparo, dar trámite a su solicitud al no satisfacer lo establecido en el artículo 47 de la Ley Federal de Sanidad Animal, con lo que, incuestionablemente, se demuestra el interés del quejoso, de conformidad con el artículo 5º fracción I, de la Ley de Amparo, para promover el presente juicio de amparo, al situarse en la hipótesis del artículo tildado de inconstitucional, pues la lectura del mismo revela que, tal como lo señala, le fue resuelta su petición en sentido negativo, lo que revela que tal actuar de la autoridad le ocasiona perjuicio en su esfera jurídica. En sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia P.-J. 82-2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Materia Constitucional, Administrativa, página 5, de la Novena Época, registro 182695, que a la letra dice: CONSULTA FISCAL. SU RESPUESTA ES APTA PARA ACREDITAR LA OPORTUNIDAD Y EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES, SI SE TRATA DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDA Y QUE SE REFIERA A UNA SITUACIÓN REAL Y CONCRETA. La respuesta a una consulta fiscal, realizada en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, cuando se apoya en normas generales cuya constitucionalidad se cuestiona, constituye un acto de aplicación de las disposiciones legales en que se funda, apto para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, siempre y cuando dicha consulta se refiera a una situación real y concreta, y se trate del primer acto de aplicación de tales disposiciones en perjuicio del contribuyente. Esto es, cuando a través del juicio de garantías se plantea la inconstitucionalidad de los artículos en que se funda la respuesta a una consulta fiscal, es necesario demostrar que se trata del primer acto de aplicación de las disposiciones que se tildan de inconstitucionales, y que la mencionada consulta no se refiere a una situación abstracta. II. El Director General de Inspección Fitozoosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, invocó la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XIV, en relación con el 17, de la Ley de Amparo, señalando que la presentación de la demanda resulta extemporánea, pues la parte quejosa quedó notificada del oficio B00.03.-2796-2018 el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, y aquélla fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Es infundada la causal de improcedencia que se hace valer; lo anterior es así, pues el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de la Materia, es del tenor literal siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: *** XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; *** Como se observa, del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se pretenda impugnar actos consentidos tácitamente. Se entiende que se han consentido tácitamente aquellos actos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; es decir, aquellos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo que dispone: 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Del artículo referido, se obtiene que el plazo genérico para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo las excepciones a que se refiere el propio numeral. Por su parte, el artículo 18, de la ley de la materia, establece: 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De la reproducción que antecede, se advierte que la Ley de Amparo prevé tres supuestos para computar el plazo de quince días con que cuenta la parte quejosa para presentar la demanda de amparo; a saber: 1- A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación legal de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a ley del acto 2- A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, 3- A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, en el presente asunto, el quejoso reclama la inconstitucionalidad del artículo 47 de la Ley Federal de Sanidad Animal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2007, con el carácter de heteroaplicativo, es decir con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, mismo que manifestó tuvo verificativo con la notificación que se le realizó respecto de su solicitud, la cual señaló en su demanda haber conocido el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Lo que se corrobora a través del oficio B00.03.-2796-2018, derivado del expediente 31-2018.ZOO.CJRZ, de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, el cual le fue notificado a la parte quejosa el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho -fojas 60, 61 y 64-; mismas que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, de constancias de autos, se advierte que el quejoso conoció de la aplicación de dicho artículo desde el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho; mientras que la demanda de amparo fue presentada en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, según se advierte del sello impreso en la demanda y la papeleta de turno -fojas 1 y 2-; y no el dieciocho de diciembre del mismo año como lo refiere la autoridad responsable, pues fue en esta última fecha cuando se recibió en este órgano jurisdiccional. En efecto, en este caso se actualiza el segundo supuesto establecido por el artículo 18, de la Ley de Amparo; es decir, el cómputo del plazo legal para interponer el juicio de amparo debe realizarse a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. Apoya lo anterior, por el criterio que informa, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J-32, visible en el tomo XXXI, enero de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 1931; que señala: DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA -INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA-. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a- Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b- Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c- Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a- es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b- y c-, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Por tanto, el plazo para promover el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido por el artículo 18, de la ley de la materia, transcurrió, del veintisiete de noviembre al diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, sin contabilizar el uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de diciembre de la citada anualidad, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la presentación de la demanda de amparo se realizó el diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, como se advierte del sello respectivo -foja 2-, es claro que se presentó dentro del plazo de quince días establecido por el artículo 17 de la ley de la materia y, por ello, debe tenerse por presentada en tiempo. III. El Director General de Inspección Fitozoosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, invocó la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, refiriendo que la parte quejosa no expresó en su demanda ningún razonamiento lógico-jurídico tendente a demostrar la supuesta ilegalidad de la emisión de la resolución contenida en el oficio B00.03.2796-2018 de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Es infundada la causal de improcedencia que hace valer la autoridad; se dice lo anterior, pues la parte quejosa reclama el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2007, en concreto, el numeral 47, señalando como acto de aplicación el oficio B00.03.-2796-2018, derivado del expediente 31-2018.ZOO.CJRZ, de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, a través del cual se dio contestación a su solicitud. Así, por regla general, cuando en amparo indirecto se reclama una ley con motivo de un acto de aplicación, el señalamiento de éste en la demanda cumple con la función primordial de demostrar que el quejoso está legitimado para impugnar también la ley, en razón de que ésta ha sido aplicada en su esfera jurídica, ocasionándole un perjuicio que no es sino reflejo de aquel acto, con lo cual el quejoso se excluye preliminarmente de los supuestos de improcedencia previstos en las fracciones XII y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que interpretados a contrario sensu, indican que el juicio de amparo promovido contra una ley con motivo de su aplicación es, por lo general, procedente sólo cuando se acredita que ésta ha sido efectivamente aplicada y que se presentó la demanda oportunamente en relación con el primer acto de aplicación. En este contexto, al reclamar el acto de aplicación, no es indispensable que, a su vez, se formulen conceptos de violación en su contra -al atribuirle vicios propios-, pues se asume que su inconstitucionalidad deriva de la ley, porque al concretar los perjuicios atribuidos a ésta su señalamiento sólo tiene como propósito cumplir un requisito de procedencia de la acción, al resultar sumamente relevante el análisis de la naturaleza y alcances del acto de aplicación para determinar si el juicio procede respecto de la norma, es decir, el análisis preciso y limitado de la naturaleza del acto de aplicación y sus alcances puede condicionar la procedencia del amparo contra ésta, de suerte que si, por ejemplo, en relación con el acto de aplicación el juicio resulta extemporáneo, ese resultado se reflejará en un sobreseimiento respecto de la ley, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Tercera Parte, Materia Constitucional, página 175, de la Séptima Época, registro 237263, que a la letra dice: LEYES O REGLAMENTOS. AMPARO PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a- que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación, necesariamente comprende a la ley o reglamento; b- que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c- que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. IV. El Titular de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, señaló que opera la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, pues expone que de la lectura integral del escrito inicial de demanda, no se desprende concepto de violación alguno en contra de la emisión del decreto en virtud del cual se promulgó la Ley Federal de Sanidad Animal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2007. Es infundada la causal de improcedencia, pues aunque el Ejecutivo interviene en el proceso formativo de la ley, su actividad en este aspecto se halla subordinada a la voluntad del Poder Legislativo que la expide, y esta preponderancia hace que se considere a la ley como un acto legislativo tanto desde el punto de vista formal como material. En consecuencia, si en la demanda se señaló como acto reclamado la iniciativa, discusión y aprobación de la Ley Federal de Sanidad Animal y se llamó a juicio como responsable a las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, no hay impedimento para examinar la constitucionalidad del ordenamiento combatido, aunque no se hayan hecho valer conceptos de violación en contra de dicha promulgación por vicios propios, pues habiéndose llamado a juicio a la responsable del acto principal, la eficacia o falta de fundamento de los conceptos de violación, habrán de trascender a los demás actos de formación de la ley. En sustento se cita la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192, Primera Parte, Materia Constitucional, página 63, de la Séptima Época, registro 232290, que a la letra dice: LEYES, AMPARO CONTRA, EL ACTO RECLAMADO ESTA INTEGRADO POR TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO LEGISLATIVO. Si en la demanda se señaló como acto reclamado la expedición de la ley y se llamó a juicio al Congreso que la expidió, expresándose conceptos de violación en contra de dicha expedición, no hay impedimento para examinar la constitucionalidad del ordenamiento combatido, aunque no se hayan expresado conceptos de violación respecto del acto de promulgación por vicios propios, pues habiéndose oído a las autoridades responsables expedidoras del ordenamiento combatido incluyendo al Ejecutivo que la promulgó, la eficacia o falta de fundamento de los conceptos de violación habrá de afectar a todos los actos de formación de la ley. V. El Titular de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, manifestó que se actualiza la causal de improcedencia que contempla la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; refiriendo que la parte quejosa no acreditó de qué forma le depara perjuicio la emisión del decreto en virtud del cual se promulgó la ley combatida. Es infundada la causal de improcedencia señalada con antelación; lo anterior es así, pues el quejoso señaló como acto reclamado las etapas del proceso legislativo que dieron vida al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal; así como un acto de aplicación concreto, a saber, la resolución contenida en el oficio B00.03.-2796-2018 de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, contenido en el expediente 31-2018.ZOO.CJRZ, el cual le fue notificado el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho; de tal manera que este Juzgador, al dictar la resolución correspondiente, debe considerar los actos que integran el proceso legislativo como una unidad y no separarlos cuando deben de estudiarse íntegramente como un proceso. Es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Tercera Parte, Materia Común, página 117, de la Séptima Época, registro 237229, del epígrafe y texto: LEYES, AMPARO CONTRA EXPEDICIÓN, REFRENDO, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS. Como el refrendo de la ley, al igual que su expedición, promulgación y publicación, es un acto que forma parte del proceso que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que adquiera vigencia y sea susceptible de aplicación, es de estimarse que dicho refrendo está vinculado a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la propia ley, en vista de que, si bien es cierto que en el proceso de su formación intervienen diversos órganos estatales, como lo son el Legislativo que las expide y el Ejecutivo que las promulga y ordena su publicación, hacen que el ordenamiento legal respectivo pueda ser aplicado a los casos concretos comprendidos en las hipótesis normativas, y son todos ellos los que pueden ser reparados a través del juicio de garantías. Tanto el refrendo como la expedición, la promulgación y publicación de la ley, no pueden quedar subsistentes o insubsistentes en forma aislada, puesto que concurren para que tenga vigencia la ley y pueda ser aplicada, y, en cambio, necesariamente dejan de producir efectos conjuntamente al pronunciarse una ejecutoria que declara inconstitucional esa ley; consecuentemente, a pesar de que se produzcan por órganos diferentes, no pueden considerarse consumados irreparablemente, ni improcedente su declaración en el juicio de amparo contra la ley. Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192, Primera Parte, Materia Constitucional, Común, página 81, de la Séptima Época, registro 232296, del rubro y texto: REFRENDO. DEBE CORRER LA MISMA SUERTE QUE LOS OTROS ACTOS DEL PROCESO LEGISLATIVO. Si la ley impugnada se declara inconstitucional, todos los actos del proceso legislativo, entre ellos el refrendo, deben correr la misma suerte, o sea que si el Juez considera inconstitucional la ley y concede el amparo contra la expedición, promulgación y aplicación de la ley, no tiene por qué hacer consideraciones especiales respecto al refrendo, y si éste no fue reclamado por vicios propios, el refrendo debe correr la misma suerte que los otros actos del proceso legislativo, sin que ello cause perjuicio a la autoridad. SEXTO. Estudio de fondo. Al no existir diversa causa de improcedencia propuesta por las partes y no advertirse alguna que deba estudiarse de oficio, enseguida se procede al análisis de los conceptos de violación que formula la parte quejosa en contra del acto reclamado, los cuales se encuentran dentro de su demanda de amparo y se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, siendo aplicable al respecto la jurisprudencia 2a.-J 58-2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, cuya sinopsis es la siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X -De las sentencias-, del título primero -Reglas generales-, del libro primero -Del amparo en general-, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Por razón de método y técnica jurídica en primer término se llevará a cabo el estudio y análisis del primer, segundo y tercer conceptos de violación, en los que la parte quejosa medularmente aduce que el segundo párrafo del artículo 47, contenido en el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Sanidad Animal, publicada el veinticinco de julio de dos mil siete, en el Diario Oficial de la Federación, contraviene las garantías de legalidad y seguridad jurídica contempladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, bajo el argumento de que dicho artículo no fue contemplado para sufrir modificaciones en el Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con Proyecto de Decreto que expide la citada legislación, dictamen que fue base y sustento en la abrogación de la Ley Federal de Sanidad Animal de mil novecientos noventa y tres. Agregó, que en los artículos que el Congreso de la Unión ordenó modificar en la -Minuta con Proyecto de Decreto que expide la nueva Ley Federal de Sanidad Animal-, nunca se mencionó el artículo 47, y al no haberlo citado no tenía por qué haber sufrido modificación alguna. Además, la parte quejosa aduce que en la parte considerativa de la Minuta con Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Sanidad Animal, se establecen los motivos que dan origen a la modificación de cuarenta y dos artículos de la citada legislación; sin embargo, en dicho considerativo no se encontró motivo, razón o justificación para modificar el numeral 47. En este tenor, refiere la quejosa que la -Minuta con Proyecto de Decreto que expide el Congreso de la Unión para la nueva Ley Federal de Sanidad Animal- carece de motivación y fundamentación, pues el legislador nunca hizo alusión a los motivos y circunstancias por los cuales los citados puntos de verificación ubicados en el extranjero debían ahora situarse en territorio nacional. Así, a fin de estar en aptitud de analizar el motivo de queja constitucional, procede señalar el marco normativo en materia de emisión y modificación de leyes: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -vigente al 20 de julio de 2007-. 72.- Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. A.- Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. B.- Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido. C.- El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta,, -sic- y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ley o decreto, serán nominales. D.- Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones. E.- Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes. F.- En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. G.- Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año. H.- La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. I.- Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la Comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara. I -sic-.- El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales. Tampoco podrá hacerlas al Decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente. De la interpretación sistemática de las disposiciones que se invocaron en las líneas que preceden, y que se encontraban vigentes, se desprende lo siguiente: La regla general es que todo proyecto de ley será discutido sucesivamente en ambas Cámaras, con excepción de aquellos cuya resolución sea exclusiva de alguno de dichos cuerpos legislativos. Es cierto que la formación de leyes puede iniciar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, pero también es verdad que tratándose de proyectos de leyes que versen sobre contribuciones o impuestos, necesariamente deberán discutirse y, en su caso, autorizarse, primero en la Cámara de Diputados, de acuerdo con lo ordenado en el inciso H- del artículo 72 constitucional. Así, la ley constituye la fuente formal más importante del derecho y durante su creación se desahogan las siguientes etapas: a- Iniciativa. Se traduce en el acto por virtud del cual los sujetos autorizados constitucionalmente por el artículo 71 presentan o proponen ante la Cámara de Origen del Congreso de la Unión que corresponda, un proyecto de ley o decreto, con lo cual se pone en marcha el mecanismo para la formación de las leyes en nuestro sistema constitucional. b- Discusión. Es la etapa del proceso legislativo en la cual, con arreglo a las disposiciones consagradas en el reglamento de debates, se examinan las iniciativas de ley o decreto por los legisladores en cada una de las Cámaras que integran el Congreso Federal y se hace el intercambio de opiniones a favor o en contra de la proposición. c- Aprobación. Una vez agotada la discusión en el seno de la Cámara de Origen, se recoge la votación nominal de los legisladores, la cual, de ser suficiente provocará la aprobación del proyecto de ley o decreto, debiendo, entonces, remitirse para su discusión y aprobación a la Cámara Revisora. Debe destacarse que el proceso de discusión y aprobación de las iniciativas debe realizarse de manera sucesiva en ambas Cámaras, por así establecerlo el primer párrafo del artículo 72 constitucional, siendo que por lo que toca a los proyectos de decretos o leyes que versen sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, la discusión deberá realizarse primero en la Cámara de Diputados, fungiendo como Revisora la de Senadores; por lo demás, no existe impedimento constitucional para que la etapa de discusión se inicie, indistintamente, en cualquiera de las Cámaras. d- Sanción. Una vez aprobado un proyecto de ley por ambas Cámaras del Congreso Federal, se remite al Ejecutivo Federal para que, de no tener observaciones, ordene su publicación. El ejercicio de observaciones al proyecto se ha denominado como derecho de veto, que provoca su devolución a la Cámara de Origen para su revisión, discusión y, en su caso, nueva aprobación por dos terceras partes del número total de votos, la cual, de darse, generará a su vez la remisión del proyecto a la Cámara Revisora para los mismos efectos y, de ser aprobada, deberá publicarse inmediatamente por el Ejecutivo. e- Promulgación o publicación. Consiste en la etapa del proceso legislativo en que el Ejecutivo Federal, una vez aprobado definitivamente el proyecto de ley o decreto, en los términos referidos con anterioridad, ordena que la norma recién creada se haga del conocimiento de los gobernados mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación. f- Inicio de vigencia. Aun cuando la fecha en que la norma legal se vuelve obligatoria constituye propiamente un efecto, producto de la culminación del proceso legislativo, según lo establecido en el propio ordenamiento o de acuerdo con su publicación en el aludido periódico oficial, en la doctrina se ha identificado a la vigencia de la ley como la última de las etapas de dicho procedimiento. Como se ve, la iniciativa es el punto de partida del proceso legislativo, ante el órgano del poder público encargado de legislar, a partir de un proyecto de ley que deberá ser estudiado, revisado, valorado, modificado, adicionado, aprobado o rechazado, función que tiene encomendada específicamente el Congreso de la Unión, dividido en dos Cámaras, la de Diputados y la de Senadores. De acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de iniciar leyes corresponde al Presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados. Por regla general, las iniciativas de ley pueden presentarse, indistintamente, ante cualquiera de las dos Cámaras que integran el Congreso de la Unión; sin embargo, el inciso H- del artículo 72 Constitucional, establece una importante e insoslayable excepción, al señalar que tratándose de contribuciones o impuestos, la iniciativa de la ley deberá discutirse primero en la Cámara de Diputados. Lo anterior significa que en lo que se refiere a la formación de leyes fiscales, la Cámara de Diputados siempre será la Cámara de Origen y la de Senadores la Cámara Revisora, razón por la que todas las iniciativas de leyes fiscales deberán presentarse, sin excepción, ante la Cámara de Diputados, en la cual necesariamente tendrá que iniciar su discusión. Una vez que el proyecto de ley se presenta ante alguna de las Cámaras, se inicia lo que se conoce como debate camaral, es decir, la discusión propiamente del proyecto de ley, que puede conducir a su aprobación, o bien, a su rechazo. Aquí conviene invocar el contenido de la jurisprudencia Tesis: P.-J. 94-2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, registro 188907, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Materia Constitucional, página 438, que a la letra dice: VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el quórum necesario o sin el número de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violación formal trascendería de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliéndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de carácter secundario. De lo anterior se obtiene que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que existen dos clases de violaciones de carácter formal dentro del proceso legislativo: a- Las que trascienden a la norma y provocan su inconstitucionalidad o invalidez. b- Las que por no tener trascendencia, en nada afectan la validez de la norma. En el caso en estudio, la parte quejosa reclama que el artículo 47 no fue mencionado en la -Minuta- para sufrir modificaciones en la nueva Ley Federal de Sanidad Animal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2007, y no obstante, dicho artículo se modificó en su totalidad, sin existir causa o fundamento legal para ello, motivo por el cual se aduce una violación formal dentro del proceso legislativo. Así, enseguida se reseñan de manera sintetizada los antecedentes del proceso legislativo que dio origen a la Ley Federal de Sanidad Animal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2007, visible en la página electrónica: http:--legislacion.scjn.gob.mx-Buscador-Paginas-wfProcesoLegislativo.aspx---VJXb97UGY4VdBZ3OTOss0dKxvI99eak1tyDsM9NcYLQn7Hu8Kz6U-x27mQiTHEP PROCESOS LEGISLATIVOS Fecha de publicación: 25-07-2007 Categoría: LEY Registro 1 de 9 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CÁMARA DE ORIGEN: SENADORESEXPOSICIÓN DE MOTIVOS México, D.F., a 24 de noviembre de 2005.1. INICIATIVA DE SENADOR -GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN-NOTA: ESTE PROCESO LEGISLATIVO SE INTEGRA CON 2 INICIATIVAS DE DIVERSAS FECHAS.Del Sen. Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de Ley Federal de Sanidad Animal.SE TURNO A LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.H. CÁMARA DE SENADORES ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, Senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los diversos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro formulando Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, con base en la siguiente: -.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones arriba mencionadas, presento a consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL para quedar como sigue: -.- Artículo 48.- La Secretaría podrá autorizar a particulares que instalen y operen puntos de verificación e inspección sanitaria para importación y estaciones cuarentenarias, cuando cumplan los requisitos, procedimientos y disposiciones de sanidad animal que emita la Secretaría.Los puntos de verificación e inspección sanitaria para importación deberán estar ubicados en punto de ingreso al país o en franja fronteriza. REGISTRO 2 de 9 DICTAMEN-ORIGEN SENADORESDICTAMEN México, D.F., a 27 de abril de 2006. NOTA: ESTE DOCUMENTO SE PUEDE VISUALIZAR EN EL ARCHIVO PDF LIGADO. N. DE E. ESTE DICTAMEN MENCIONA EN LOS ANTECEDENTES LA INCORPORACIÓN DE PROPUESTAS DE MINUTA REMITIDA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS. -VÉASE GACETA PARLAMENTARIA No. 94 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2005-. -.- A las comisiones que suscriben, fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley Federal de Sanidad Animal; que fue presentada por el Senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, Senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los diversos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones realizaron diversos trabajos, a efecto de revisar y analizar detalladamente el contenido de la citada Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen. Estas Comisiones Unidas, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción II y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el contenido de la Iniciativa citada en el párrafo anterior, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, basándose en los siguientes: -.- MODIFICACIONES REALIZADAS A LA INICIATIVA Las comisiones unidas dictaminadoras consideramos que la iniciativa que se dictamina satisface en varias de sus disposiciones las necesidades expuestas, no obstante dichas Comisiones consideran que algunos aspectos de la Iniciativa deben adecuarse al marco jurídico y administrativo existente por lo que se modifican algunas de sus disposiciones en los términos que se señalan a continuación. -.- Con base en las consideraciones expuestas, estas comisiones dictaminadoras someten a la aprobación del Pleno de la Asamblea de la H. Cámara de Senadores, el presente Dictamen que contiene el Proyecto de Ley Federal Sanidad Animal, al tenor del siguiente Artículo: ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Federal de Sanidad Animal, en los siguientes términos: -.- Artículo 47.- La Secretaría podrá autorizar a particulares que instalen y operen puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación y estaciones cuarentenarias, cuando cumplan los requisitos, procedimientos y disposiciones de sanidad animal que emita la Secretaría. Los puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación deberán estar establecidos en punto de ingreso al país o en franja fronteriza. -.- Registro 3 de 9 DISCUSIÓN-ORIGEN SENADORES DISCUSIÓN México, D.F., a 27 de abril de 2006. El siguiente punto es un dictamen de Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos con un proyecto de Ley Federal de Sanidad Animal. Está a discusión el proyecto de dictamen. -.- EL C. PRESIDENTE JACKSON RAMIREZ: Al estar aceptadas las modificaciones y con esa nueva redacción de esos artículos que tienen adición y modificación, se votará el dictamen que está en la Gaceta Parlamentaria, más lo que acaban ustedes de aprobar que se modifique y se adicione. En consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación hasta por dos minutos. -Se abre el sistema electrónico de votación- -LA C. SECRETARIA CASTELLANOS CORTES: Se emitieron 88 votos a favor; y 0 en contra. -EL C. PRESIDENTE JACKSON RAMIREZ: Aprobado el proyecto de Ley Federal de Sanidad Animal. Pasa a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Registro 4 de 9 MINUTA CÁMARA REVISORA: DIPUTADOS MINUTA México, D.F., a 5 de septiembre de 2006. CON PROYECTO DE DECRETO, QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL México, DF, a 26 de abril de 2006. CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados Presentes. Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Sanidad Animal. Atentamente Senador Carlos Chaurand Arzate -rúbrica- Vicepresidente Registro 5 de 9 DICTAMEN-REVISORA DIPUTADOS DICTAMEN México, D.F., a 19 de abril de 2007. N. DE E. AL FINAL DEL PRESENTE DICTAMEN SE ENCUENTRAN LAS INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES DE JALISCO Y QUERÉTARO, DE LA MISMA MATERIA. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, CON PROYECTO DE LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL Honorable Asamblea: A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, fue turnada para su estudio, análisis, y dictamen, la Minuta con proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Sanidad Animal, que fue enviada por el H. Cámara de Senadores, en uso de sus facultades y atribuciones que el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le confiere. Con fundamento en el artículo 72 inciso e- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del 39 y 45 numeral 6 inciso f- de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65,66, 85,86, 88 y lo que disponga el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, corresponde dictaminar la correspondiente minuta a partir de las siguientes:Antecedentes -.- Modificaciones Buscando la armonización de la Ley con otros instrumentos jurídicos como la Ley Federal de Metrología y Normalización, la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable así como lograr estar en condiciones de contar con un instrumento eficiente y actualizado, esta Comisión dictaminadora ha considerado pertinente realizar algunas modificaciones a la Minuta para clarificar los conceptos y reconociendo que la cadena productiva de los procesos es continúa y que se requieren acciones a lo largo de ésta para garantizar en origen la salud de los animales y las prácticas de higiene y sanidad que se empleen en su procesamiento, para finalmente proporcionar un producto comestible con su calidad sanitaria, y en consecuencia no generar riesgos a la salud pública, es necesario señalar las acciones coordinadas que las dependencias de la Administración Pública Federal deben desarrollar para el cumplimiento de su mandato, dentro del marco de sus respectivas competencias. Se considera importante que cualquier establecimiento que procese bienes para consumo humano, sean o no Tipo Inspección Federal debe ajustarse a la reglamentación sanitaria vigente expedida por la Secretaría de Salud quien tiene la facultad para realizar el control sanitario de los alimentos con el objeto de proteger a la población contra riesgos sanitarios. Dentro de las modificaciones propuestas es necesario circunscribir la titularidad de la SAGARPA a las buenas prácticas pecuarias y a los riesgos zoosanitarios, de conformidad con el ámbito de competencia de esa entidad; y se aclara con precisión que los peligros a los que se tiene que dirigir la SAGARPA son aquellos que afectan la integridad de los bienes, ya que corresponde a la Secretaría de Salud la regulación y control de aquellos que afectan la salud humana. Se ha considerado modificar las -Medidas de reducción de riesgos de contaminación- por las -Buenas Prácticas Pecuarias- por considerar que la definición circunscribe las acciones que se deben aplicar en la fase de producción primaria. Es necesario sustituir el término -salud humana- por -los consumidores- con la finalidad de no generar confusión en los ámbitos de competencia de la SAGARPA y la Secretaría de Salud; en este sentido un riesgo zoosanitario tiene que ser controlado por la SAGARPA, mientras que el daño a la salud humana compete a la Secretaría de Salud y se deberá considerar la necesidad de emprender acciones coordinadas entre ambas dependencias para no generar sobreregulación y afectación a los particulares de Reglamentos y normatividad. En uso de la facultad que otorga a esta Soberanía el artículo 72 inciso e- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto que expide la nueva Ley Federal de Sanidad Animal, con las modificaciones correspondientes, para que sea devuelta a la colegisladora para los efectos legales y de procedimiento legislativo correspondiente. En este orden de ideas es pertinente hacer las modificaciones a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 28, 29, 42, 51, 52, 78, 79, 81, 88, 90, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 128, 138, 140, 143, 144, 145, 149, 152, 154, 163, 164, 165, 172, 173, así como la denominación al nombre del Título Segundo y al artículo sexto y la eliminación de los artículos décimo primero y décimo segundo transitorios de la minuta para quedar como siguen: ARTÍCULO ÚNICO: Decreto por el que se expide la Ley Federal de Sanidad Animal. -.- Artículo 47.- La Secretaría podrá autorizar a particulares que instalen y operen puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación y estaciones cuarentenarias, cuando cumplan los requisitos, procedimientos y disposiciones de sanidad animal que emita la Secretaría. Los puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación deberán estar ubicados en punto de ingreso al país o en franja fronteriza. Registro 6 de 9 DISCUSION-REVISORA DIPUTADOS DISCUSIÓN México, D.F., a 19 de abril de 2007. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de Ley Federal de Sanidad Animal, consulte a la Secretaría de la asamblea si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato. La Secretaria diputada ******************: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo -votación-, gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo -votación-. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. El Presidente diputado ******************: Se dispensa la segunda lectura; en consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores, ábrase el sistema de votación electrónica hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto. La Secretaria diputada ******************: Háganse los avisos a que los que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema de votación electrónico hasta por cinco minutos. -Votación- El Presidente diputado ***************: Esta Presidencia saluda a los jóvenes estudiantes de la Escuela -Tomás Alba Edison- aquí presentes, a los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, de Guadalajara, -ITESO-; y a los estudiantes de la Escuela Primaria -**************-, aquí presentes. Gracias. Ciérrese el sistema de votación electrónico. El Secretario diputado ****************: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 274 votos en pro, 109 en contra y dos abstenciones. El Presidente diputado *****************: Aprobado el artículo por 274 votos. Aprobado, en lo general y en lo particular, el proyecto de Ley Federal de Sanidad Animal. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e- del artículo 72 constitucional. Registro 7 de 9 MINUTA -ART. 72-E CONST.- CÁMARA DE ORIGEN: SENADORES MINUTA México, D.F., a 24 de abril de 2007. -.- -.- -.- Registro 8 de 9 DICTAMEN -ART. 72-E CONST.- SENADORES DICTAMEN México, D.F., a 26 de abril de 2007 Devuelta por la aplicación del inciso e- del artículo 72 Constitucional.De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Sanidad Animal. QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA. CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA. FUE APROBADO POR 83 VOTOS EN PRO. SE TURNÓ AL EJECUTIVO FEDERAL. COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERIA, Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS Abril, 24 de 2007. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMALHONORABLE ASAMBLEA: A la Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores de la LX Legislatura les fue turnada para su análisis, estudio y dictamen, la Minuta con proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Sanidad Animal, remitida por la H. Cámara de Diputados. Con fundamento en las facultades que nos confieren el artículo 72 inciso e- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 65, 66, 86, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Estudios Legislativos formulan el presente dictamen al tenor de los siguientes: -.- Respecto a las modificaciones que realizó la colegisladora a los artículos 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 14, 16, 17, 18, 28, 29, 42, 51, 52, 78, 79, 81, 88, 90, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 128, 138, 140, 143, 144, 145, 149, 152, 154, 163, 164, 165, 172, 173, así como la denominación del Título Segundo y al artículo sexto y la eliminación de los artículos décimo primero y décimo segundo transitorios, es necesario considerar lo siguiente: 1. Esta Comisión dictaminadora considerado pertinente las modificaciones a la Minuta realizadas por la colegisladora para clarificar los conceptos y reconociendo que la cadena productiva de los procesos es continúa y que se requieren acciones a lo largo de ésta para garantizar en origen la salud de los animales y las prácticas de higiene y sanidad que se empleen en su procesamiento, para finalmente proporcionar un producto comestible con su calidad sanitaria, y en consecuencia no generar riesgos a la salud pública, es necesario señalar las acciones coordinadas que las dependencias de la Administración Pública Federal deben desarrollar para el cumplimiento de su mandato, dentro del marco de sus respectivas competencias, lo anterior a efecto de buscar la armonización de la Ley con otros instrumentos jurídicos como la Ley Federal de Metrología y Normalización, la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable así como lograr estar en condiciones de contar con un instrumento eficiente y actualizado.2. Se considera oportuna la modificaciones propuestas para circunscribir la titularidad de la SAGARPA a las buenas prácticas pecuarias y a los riesgos zoosanitarios, de conformidad con el ámbito de competencia de esa entidad; y se aclara con precisión que los peligros a los que se tiene que dirigir la SAGARPA son aquellos que afectan la integridad de los bienes, ya que corresponde a la Secretaría de Salud la regulación y control de aquellos que afectan la salud humana. 3. Igualmente resulta atinada la modificación para modificar las -Medidas de reducción de riesgos de contaminación- por las -Buenas Prácticas Pecuarias- por considerar que la definición circunscribe las acciones que se deben aplicar en la fase de producción primaria. 4. También se considera oportuna la sustitución del término -salud humana- por -los consumidores- con la finalidad de no generar confusión en los ámbitos de competencia de la SAGARPA y la Secretaría de Salud; en este sentido un riesgo zoosanitario tiene que ser controlado por la SAGARPA, mientras que el daño a la salud humana compete a la Secretaría de Salud y se deberá considerar la necesidad de emprender acciones coordinadas entre ambas dependencias para no generar sobreregulación y afectación a los particulares de Reglamentos y normatividad. Con base en las consideraciones expuestas, esta Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Estudios Legislativos someten a la aprobación del Pleno de la Asamblea de la H. Cámara de Senadores el siguiente Decreto: ARTÍCULO ÚNICO: Decreto por el que se expide la Ley Federal de Sanidad Animal. LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL -.- Artículo 47.- La Secretaría podrá autorizar a particulares que instalen y operen puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación y estaciones cuarentenarias, cuando cumplan los requisitos, procedimientos y disposiciones de sanidad animal que emita la Secretaría. Los puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación deberán estar ubicados en punto de ingreso al país o en franja fronteriza. Registro 9 de 9 PROCESOS LEGISLATIVOS DISCUSION -ART. 72-E CONST.- SENADORES DISCUSIÓN México, D.F., a 26 de abril de 2007. -EL C. PRESIDENTE **********************: Pasamos ahora a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Sanidad Animal. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. -EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del dictamen.-Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. -La Asamblea asiente.- -Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. -La Asamblea no asiente.- Sí se omite la segunda lectura, señor presidente. -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Está a discusión. Esta presidencia no tiene registrados oradores, considera el asunto suficientemente discutido, pero pregunta, en términos del 134, si hay alguna reserva. No habiendo reserva, ábrase el sistema electrónico, por dos minutos, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. -Se recoge la votación.- -EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Se emitieron 82 votos en pro; cero votos en contra, señor presidente. -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley Federal de Sanidad Animal. Pasa al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales. -.- Así, las cosas, resultan infundados los conceptos de violación analizados; pues de la anterior trascripción se advierte que en la iniciativa de veinticuatro de noviembre de dos mil cinco, presentada ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el Senador ***************** ocurrió formulando Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Sanidad Animal, realizando la exposición de motivos en la que se contemplaba el numeral 48, el cual correspondía con la redacción actual del ordinal 47 impugnado por la parte quejosa. Para luego, el veintisiete de abril de dos mil seis, la iniciativa de la Ley Federal de Sanidad Animal, ser turnada para su estudio y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, apreciando que el numeral 47 fue modificado para quedar redactado de la siguiente manera: 47.- La Secretaría podrá autorizar a particulares que instalen y operen puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación y estaciones cuarentenarias, cuando cumplan los requisitos, procedimientos y disposiciones de sanidad animal que emita la Secretaría. Los puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación deberán estar ubicados en punto de ingreso al país o en franja fronteriza. Enseguida, el veintisiete de abril de dos mil seis, se sometió a discusión el proyecto de dictamen de Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos; por lo que al haber sido aceptadas las modificaciones, y con la nueva redacción de los artículos que tuvieron adición y modificación, se votó el dictamen, siendo aprobado el proyecto de ley y se ordenó pasar a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Posteriormente, el diecinueve de abril de dos mil siete, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Sanidad Animal, con las modificaciones correspondientes, para que fuera devuelta a la colegisladora para los efectos legales y de procedimiento legislativo correspondiente, quedando intocado el ordinal 47 de la ley en comento, tal y como se desprende de la trascripción que antecede. De lo que se tiene que es inexacta la apreciación de la parte quejosa, al aducir que el numeral 47 de la Ley Federal de Sanidad Animal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de julio de dos mil siete, no fue contemplado en el proceso legislativo para sufrir modificaciones, pues como ya se dijo, desde su iniciativa se previó su modificación -en un principio en el ordinal 48-, para luego ser rectificado por las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos -actualmente artículo 47-. Sin dejar de atender, que la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, consideró pertinente realizar algunas modificaciones a la Minuta para clarificar los conceptos y reconociendo que la cadena productiva de los procesos es continua y que se requieren acciones a lo largo de ésta para garantizar en origen la salud de los animales y las prácticas de higiene y sanidad que se empleen en su procesamiento, para finalmente proporcionar un producto comestible con su calidad sanitaria, y en consecuencia no generar riesgos a la salud pública; por tanto, se modificaron los artículos 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 14, 16, 17, 18, 28, 29, 42, 51, 52, 78, 79, 81, 88, 90, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 128, 138, 140, 143, 144, 145, 149, 152, 154, 163, 164, 165, 172, 173, así como la denominación al nombre del Título Segundo y al artículo sexto y la eliminación de los artículos décimo primero y décimo segundo transitorios de la minuta, empero, como ya se dijo el ordinal 47 quedó intocado. Es decir, los numerales precisados en el párrafo precedente fueron modificados respecto de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Sanidad Animal, y no en relación a la Ley anterior; pues al ser abrogada, no hubo modificación o reforma alguna, sino la expedición de una nueva legislación. Aunado a lo anterior, en la iniciativa del proceso legislativo de veinticuatro de noviembre de dos mil cinco, el Senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, realizó la exposición de motivos por los cuales ocurría a formular Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Sanidad Animal; de este modo, en el dictamen de veintisiete de abril de dos mil seis, las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos del Senado de la República, valoraron la iniciativa, emitiendo diversas consideraciones y modificaciones a la Ley Federal de Sanidad Animal, dando vida al artículo 47 de que se duele la parte quejosa, el cual fue votado y aprobado el veintisiete de abril de dos mil seis, pasando así a la Cámara de Diputados para efectos constitucionales. Por lo que conforme a lo estipulado en el artículo 103, fracción I, de la Constitución General de la República, cuyo texto reprodujo el numeral 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo las normas generales pueden combatirse por violación a cualquiera de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en el Pacto Federal; las derivadas del proceso legislativo o las contenidas en las garantías reconocidas, incluidas las de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación, competencia, audiencia, entre otras. En ese tenor y conforme al artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, para abordar el análisis de la inconstitucionalidad de una ley derivada de la contradicción de la ley impugnada con otra norma general o ley secundaria, o de un acto legislativo que reforma o modifica un texto legal que se convierte en uno nuevo, es menester que en los conceptos de violación se precisen los derechos fundamentales que se estimen violados, y que se demuestre que la norma aplicada en perjuicio del quejoso y reformada mediante el proceso legislativo, es la que viola el orden constitucional; es decir, el estudio constitucional precisa de razonamientos jurídicos con los que se ataque que el proceso de reforma que produjo la vigencia del nuevo precepto de la norma ordinaria produjo efectos en menoscabo de la esfera jurídica del gobernado; de ahí que este requisito no se colma con la exposición de que el artículo 47 de la Ley de Sanidad Animal no fue contemplado para sufrir modificaciones en el Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con Proyecto de Decreto que expidió la Ley Federal de Sanidad Animal, pues como ya se dijo, éste fue incorporado en el proceso legislativo que dio origen a dicho dictamen, por lo que los conceptos de violación expuestos en ese sentido resultan infundados, pues impiden establecer la vinculación necesaria entre los actos legislativos o textos legales, con la violación al derecho público subjetivo del que es titular el gobernado. Tiene aplicación la tesis I.3o.C.377 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, Materia Civil, página 1812, de la Novena Época, registro 185138, que reza: LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD PUEDE DERIVARSE DE LA CONTRADICCIÓN CON OTRA LEY, A TRAVÉS DE LA DEMOSTRACIÓN DE TRANSGRESIÓN A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA POR LA NORMA APLICADA EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. En el juicio de amparo las normas generales pueden combatirse por violación a cualquiera de las exigencias establecidas en la Constitución General de la República, como son las derivadas del proceso legislativo o las contenidas en las garantías individuales, incluida la de seguridad jurídica, que alberga las denominadas subgarantías de legalidad, fundamentación y motivación, competencia, retroactividad, audiencia, entre otras. Consecuentemente, la inconstitucionalidad de una ley puede derivarse de la demostración de incongruencias en el orden jurídico que revelen violación, entre otras, a la garantía de seguridad jurídica, como podría ser la contradicción de la ley impugnada con otra norma general o ley secundaria, en el caso de que regulen un mismo supuesto jurídico, para lo cual es menester que en los conceptos de violación se precisen los derechos fundamentales que se estimen violados y se demuestre que la norma que se aplicó en perjuicio del quejoso es la que viola el orden constitucional y no sólo la ley que se utiliza como parámetro comparativo para derivar la incongruencia o carencia de facultades de la autoridad que emitió la norma que se tilda de inconstitucional, ya que la falta de conformidad entre leyes secundarias sólo puede reportar beneficio al quejoso cuando la inconstitucionalidad radica en aquella que le fue aplicada, por ser ésta la que determina su situación jurídica. Por consiguiente, en los casos en que se tilda de inconstitucional una ley por su afirmada contradicción con otra norma general o ley secundaria, el examen constitucional precisa de la existencia de la causa de pedir que no se colma con la exposición de contradicciones entre los textos legales, sino que requiere de la indicación de la garantía individual violada y de la precisión de razones mínimas que pongan de relieve la violación del derecho público subjetivo invocado por la norma general aplicada, y no por la que se utilice como parámetro comparativo, pues sólo de esa manera se podría demostrar que se aplicó en el acto reclamado una ley inconstitucional; de otra manera, por más contraria a la Constitución que resultara la norma comparativa no aplicada, no podría concederse la protección de la Justicia Federal. En cuanto al segundo concepto de violación, en el que la parte quejosa aduce que el artículo 47 contenido en el Decreto por el que se expide la nueva Ley Federal de Sanidad Animal, no fue contemplado para sufrir modificaciones en el Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, sino que únicamente se asentaron los motivos que dieron origen a la modificación de cuarenta y dos artículos; se insiste, resulta infundado, pues el veinticinco de julio de dos mil siete, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Nueva Ley Federal de Sanidad Animal, y de sus transitorios primero y segundo se desprende que dicha legislación entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como que se abrogaba la Ley Federal de Sanidad Animal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 1993. Por lo que no fue necesario que se justificara una -modificación- en lo particular, al actual artículo 47 de la Ley Federal de Sanidad Animal, pues en la exposición de motivos al Proyecto de Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Sanidad Animal, quedó inmersa la justificación de la citada legislación en general. Asimismo, en lo relativo al tercer concepto de violación, en el que el quejoso señala que no existe razón o justificación para que los puntos de verificación zoosanitarios ubicados en el extranjero hayan sido removidos para situarlos en territorio mexicano, sin haberse realizado un estudio técnico-científico y-o basarse en una recomendación internacional y-o en un análisis de riesgo, según corresponda, ni tampoco se ha obtenido beneficio alguno a favor de la población; además, que dichos puntos de verificación deben estar situados en territorio extranjero, pues la verificación e inspección a las mercancías de origen vegetal de importación, actualmente se realiza tanto en territorio nacional como extranjero por parte de la autoridad sanitaria federal en los puntos de inspección internacional en materia de sanidad vegetal; por lo que al compartir ambas legislaciones el mismo objetivo -animal y vegetal-, consistente en prever la introducción de enfermedades y plagas que pongan en riesgo la salud vegetal y animal del país, no existe justificación para que la inspección zoosanitaria tenga que realizarse en territorio nacional y no en el extranjero. Es inoperante dicho concepto de violación, pues su manifestación en el sentido de que dichos puntos de verificación deben ubicarse en territorio extranjero, es una mera apreciación subjetiva, pues conforme al artículo 47, en relación con el numeral 4, ambos de la Ley Federal de Sanidad Animal, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación está facultada para autorizar a los particulares la operación e instalación de puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación, cuando cumplan los requisitos, procedimientos y disposiciones de sanidad animal que emita la propia secretaría. El carácter de esta norma jurídica no es estrictamente obligatorio sino potestativo. Ello permite afirmar que la norma en cuestión genera una relación jurídica en la que el Estado ejerce una potestad a la que se sujeta el particular siempre que cubra determinados requisitos que establece la Ley. Así, no es que el Estado tenga el deber de otorgar o mantener una autorización, ni que el particular goce de un derecho derivado de ésta, sino se trata más bien de una relación jurídica en la que el Estado, en el ámbito de su competencia y como titular de la potestad de otorgar o no las autorizaciones, puede modificar las condiciones mediante las cuales los particulares se sujetan a esa potestad estatal. Por tanto, la relación jurídica derivada de las señaladas autorizaciones no es la de un derecho subjetivo -pretensión- correlativo a un deber u obligación, sino la de una potestad estatal correlativa a una sujeción a cargo de los particulares, los cuales tienen que avenirse a los requisitos y modalidades que, conforme a la Ley, regulan su situación jurídica. Asimismo, el legislador tiene la facultad de establecer a través de las normas que emite, las políticas públicas a partir de las cuales las autoridades habrán de cumplir con sus funciones y objetivos, en el caso específico, dónde se instalarán los puntos de inspección zoosanitarios, sin que ello afecte la esfera jurídica del quejoso, pues sólo se trata de la manera en que habrá de buscarse la consecución de los objetivos trazados por la propia legislación; de ahí lo inoperante del citado concepto de violación. No es obstáculo a lo anterior, que tratándose de mercancías de origen vegetal, las inspecciones sí se realicen tanto en territorio nacional como extranjero, pues se insiste, se trata de políticas públicas que buscan cada una de ellas cumplir con sus objetivos, sin que exista justificación legal para exigir que dichas políticas sean estrictamente uniformes en material animal -zoosanitaria- y vegetal -fitosanitaria-, y menos aún, estáticas; sin que además, este juzgador considere procedente determinar, a través del análisis de las manifestaciones del quejoso, cuál de ellas es mejor, por no corresponder a la autoridad jurisdiccional establecer los parámetros de conducción de las políticas públicas. Con el propósito de dar mayor sustento a lo expuesto, en lo conducente, se cita la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 276-2009, el veintinueve de abril de dos mil nueve, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen a la tesis 1a. LXXXIX-2009, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Junio de 2009, Materia Constitucional, Administrativa, página 290, de la Novena Época, registro 167047, del rubro y texto siguientes: VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN ZOOSANITARIA. LOS ARTÍCULOS 4o., PÁRRAFO OCHENTA Y OCHO, Y 47 DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. Conforme a los citados artículos de la Ley Federal de Sanidad Animal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2007, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tiene la potestad de autorizar a los particulares para que operen e instalen puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación, cuando se cumplan los requisitos, procedimientos y disposiciones de sanidad animal que emita la propia secretaría. Esto es, se confieren poderes, pero no se imponen obligaciones en sentido estricto, lo cual genera una relación de potestad-sujeción entre el Estado y los particulares y no una de derecho subjetivo-obligación. Así las cosas, los indicados artículos, al modificar las condiciones anteriores para el otorgamiento de las autorizaciones en el sentido de exigir que los puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación se ubiquen en puntos de entrada al territorio nacional, en la franja fronteriza o en un recinto fiscal estratégico, no violan el principio de irretroactividad de la ley contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que con dicha modificación sólo se ejerce una potestad estatal, sin que ello altere algún derecho. En efecto, si antes de la referida reforma se otorgó a una empresa autorización para operar un punto de verificación, las nuevas condiciones para operar tales puntos no violan el mencionado principio, ya que el Estado es el titular de la potestad para otorgar o no las autorizaciones y la empresa se coloca en una situación correlativa de sujeción, precisamente porque tiene que avenirse a los requisitos y modalidades legales que regulan su situación jurídica, sin que pueda alegar algún tipo de derecho o de expectativa de derecho a la perpetuidad de la autorización. De este modo, la ejecutoria en cuestión, en lo conducente dice que los artículos 4 y 47 de la Ley Federal de Sanidad Animal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2007, al modificar las condiciones anteriores para el otorgamiento de las autorizaciones en el sentido de exigir que los puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación se ubiquen en puntos de entrada al territorio nacional, en la franja fronteriza o en un recinto fiscal estratégico, no violan el principio de irretroactividad de la ley contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que con dicha modificación sólo se ejerce una potestad estatal, sin que ello altere algún derecho, la cual, en lo conducente dice: -Así, como lo indica el criterio invocado, el análisis sobre la -aplicación retroactiva de una ley implica verificar si el acto -concreto se lleva a cabo dentro de su ámbito temporal de validez -sin afectar situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos -por el gobernado con anterioridad a su entrada en vigor. -4. Una vez que se explicó el contenido del principio de no -retroactividad de la ley, se pasará a estudiar los agravios de la -parte recurrente. De la síntesis del apartado anterior se puede -apreciar que la mayoría de sus argumentos van dirigidos a -impugnar la irretroactividad de los artículos 4-, párrafo ochenta y -ocho, y 47 de la Ley Federal de Sanidad Animal, los cuales son -del tenor literal siguiente: -Artículo 4o. Para los efectos de la Ley se entiende por: --párrafo 88-. -Punto de verificación e inspección zoosanitaria para -importación: Sitio ubicado en puntos de entrada al territorio -nacional; o bien, en la franja fronteriza o Recinto Fiscalizado -Estratégico, con infraestructura de laboratorio aprobado por -la Secretaría o con convenio con laboratorios aprobados, -para constatar el cumplimiento de esta Ley y demás -disposiciones de sanidad animal de acuerdo a lo establecido -por esta Ley, en lo que no se contraponga con la legislación -de comercio exterior y aduanal aplicable; -Artículo 47.- La Secretaría podrá autorizar a particulares que -instalen y operen puntos de verificación e inspección -zoosanitaria para importación y estaciones cuarentenarias, -cuando cumplan los requisitos, procedimientos y -disposiciones de sanidad animal que emita la Secretaría. -Los puntos de verificación e inspección zoosanitaria para -importación deberán estar ubicados en punto de ingreso al -país o en franja fronteriza. -El primero de los artículos define que es un punto de verificación -e inspección zoosanitaria para importación y el segundo -establece, en primer lugar, la facultad de la autoridad -administrativa para autorizar a los particulares la instalación y -operación de tales establecimientos y, en segundo lugar, impone -un requisito de ubicación para los puntos de verificación e -inspección. -Ahora bien, esta Primera Sala considera que los agravios -relacionados con el principio de irretroactividad son infundados, -pues giran en torno a un problema conceptual introducido por la -recurrente al denominar -derechos adquiridos- a una --autorización-. A partir de esta confusión se crea un falso dilema, -pues tanto el Juez de Distrito como la empresa recurrente, en -sentidos opuestos, tienden a refutar y defender, respectivamente, -la inexistencia o existencia de esos supuestos -derechos-. -Cabe recordar que por oficio BOO.-02087 de treinta de noviembre -de dos mil, el director en Jefe de la Comisión Nacional de Sanidad -Agropecuaria otorgó a la ahora recurrente una autorización para -que en sus instalaciones correspondientes a la planta Tipo -Inspección Federal número **********, ubicada en la ciudad de -Monterrey, Nuevo León, operara un punto de verificación e -inspección de productos cárnicos de exportación a México. En ese -sentido, la empresa quejosa alega que mediante la autorización se -le otorgaron ciertos derechos y que éstos se ven vulnerados por -las reformas a la ley. -Sin embargo, contrario a lo que pretende demostrar la parte -quejosa, la naturaleza de la relación que genera una autorización -como la que aquí nos ocupa no es de derecho subjetivo--obligación, sino de potestad-sujeción. Cuando una norma exige -que se cubran ciertas facultades, lo que se obtiene es una -potestad y su opuesto es una sujeción, no un derecho, como se -verá a continuación. -El concepto de -derecho subjetivo- admite cuatro diferentes -sentidos, los cuales se pueden clasificar en opuestos y -correlativos. Los sentidos son: pretensión, deber, privilegio, no--derecho, potestad, sujeción, inmunidad e incompetencia. -Veámoslo detenidamente. Los conceptos opuestos hacen -referencia a la situación jurídica en que se encuentra una persona -cuando no está en la situación que el concepto en cuestión denota: -Opuestos -Pretensión No derecho -Deber Privilegio -Potestad Incompetencia -Sujeción Inmunidad -Los conceptos correlativos hacen referencia a la situación -jurídica en que se encuentra aquella otra persona frente a quien -uno tiene un derecho, en los distintos sentidos expuestos. -Correlativos -Pretensión Deber -Privilegio No-derecho -Potestad Sujeción -Inmunidad Incompetencia -O de otro modo: -OPUESTOS CORRELATIVOS -Pretensión no-derecho -Deber Privilegio -Privilegio Deber -no-derecho Pretensión -Potestad Incompetencia -Sujeción Inmunidad -Inmunidad Sujeción -Incompetencia Potestad -5. Así, en la terminología anterior, la autorización contenida en -las normas impugnadas produce una relación jurídica entre el -Estado y la empresa recurrente de dos tipos: en sentido -correlativo, es de potestad-sujeción, y en sentido opuesto es de -potestad e incompetencia. -El Estado mexicano, a través de la Secretaría de Agricultura, -Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tiene la -potestad de otorgar las autorizaciones a los particulares que -cubran determinados requisitos de ley. Se trata, pues, de un poder -conferido a los particulares que cumplan con tales exigencias -dispuestas por el legislador. El Estado tiene en todo tiempo la -potestad de alterar esos requisitos -aumentándolos o -disminuyéndolos- porque a él le corresponde esa función. Lo -mismo ocurre con las concesiones y las licencias en general. -De este modo, las normas impugnadas no son normas que -imponen obligaciones en sentido estricto -ante lo cual cabría la -posibilidad de hablar de derechos-, sino que se trata de normas -que confieren poderes. Bajo el amparo de las mismas se originó -una relación jurídica entre el Estado como titular de la potestad -de otorgar o no las autorizaciones y la empresa quejosa que está -correlativamente sujeta a dicha potestad. En otras palabras: el -Estado se coloca en una potestad frente a la empresa, porque -puede modificar sus relaciones jurídicas en el ámbito de su -competencia. La empresa quejosa, por su parte, se coloca en la -situación correlativa de sujeción jurídica frente al primero, -precisamente porque tiene que avenirse a los requisitos y -modalidades que, conforme a la ley, regulan su situación jurídica. -Así, cuando el Estado modificó las condiciones para el -otorgamiento de las autorizaciones en el sentido de exigir que, a -partir de la reforma impugnada, los puntos de verificación e -inspección zoosanitaria para importación tendrán que ser sitios -ubicados en puntos de entrada al territorio nacional, en la franja -fronteriza o en un Recinto Fiscalizado Estratégico, solamente -ejerció su potestad estatal sin que ello alterase ningún tipo de -derecho, sino un estado de sujeción, lo cual no puede reputarse -como inconstitucional. -Si, por otra parte, imaginando la situación jurídica opuesta a la -potestad, hablaríamos de una incompetencia, pues quien no es -titular de una potestad no es competente para modificar o no las -relaciones jurídicas derivadas de aquélla. -6. De este modo, para esta Primera Sala de la Suprema Corte de -Justicia de la Nación no es jurídicamente posible analizar el -problema en términos de derecho adquirido correlacionándolo -con una obligación del Estado a -respetar- para siempre la -autorización dada a la quejosa bajo el amparo de la legislación -anterior porque, se insiste, jamás se trató de un derecho o de una -expectativa de derecho, sino que siempre se trató de una potestad -del Estado correlativa a una sujeción de la recurrente. En efecto, -siguiendo con la clasificación expuesta, la correlación que según -la empresa recurrente se daría sería entre una pretensión de la -empresa de no ser privado de su autorización y un deber del -Estado de respetar ad eternum las condiciones de la misma. Ver -de este modo el problema, a juicio de esta Primera Sala, implica -desnaturalizar las normas jurídicas que se están analizando. -7. Por otro lado, parece difícil entender el concepto -autorización- -bajo la clave de un derecho adquirido, que nos llevaría -necesariamente al concepto de derecho subjetivo. La expresión --derecho subjetivo- es, como se sabe, ambigua y admite, al -menos, las siguientes acepciones: -Como reflejo de una obligación, v.gr. -por el precio que pagué en -el hotel tengo derecho a sábanas limpias-; -a-Como derecho en sentido técnico -v.gr. -Pedro tiene derecho a obtener una sentencia judicial por medio de la cual Juan le indemnice por los daños que le causó a su casa--; b- Como permisión positiva -v.gr. --tengo derecho a fumar en la sala--; - Como derecho político -v.gr. --el pueblo tiene derecho a elegir a sus gobernantes»- y d- Como libertad fundamental -v.gr. -tengo derecho a que se anule la sentencia dictada en mi contra--. En ninguna de estas acepciones cabe el término autorización, por -las razones que se expusieron anteriormente. 8. Por lo demás, esta Primera Sala ya se ha pronunciado respecto -de este mismo tema, esencialmente en el mismo sentido que aquí -se expresa, al resolver el Amparo en Revisión número 1950-2006, -bajo la ponencia del Ministro **********************, en la -sesión celebrada el veintiuno de marzo de dos mil siete. En dicha -resolución se estableció básicamente que la verificación e -inspección de los productos derivados de los animales, para la -prevención, control o erradicación de las enfermedades y plagas -de los animales, es una actividad exclusiva del Estado, y que -desarrolla por conducto de la Secretaría de Agricultura, -Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Dijo en ese entonces esta Primera Sala que la naturaleza de la -actividad que se autorizó realizar a la quejosa no se modificó con -las reformas correspondientes, es decir, que la verificación e -inspección zoosanitaria es una actividad propia y exclusiva del -Estado, y lo que están regulando tales reformas es el lugar, -ubicación, modo y tiempo en que habrán de realizarse tales -inspecciones. -Asimismo, se dijo que no podía considerarse que la autorización -constituyese un derecho adquirido, y menos aún que con las -reformas realizadas a los preceptos reclamados se estuvieran -desconociendo las actuaciones que como punto de verificación -haya realizado antes de su entrada en vigor. -Por otro lado, se sostuvo que la autorización, como acto jurídico -administrativo mixto, contiene cláusulas de orden regulatorio y -otras de naturaleza contractual: las primeras se encuentran -sujetas a las modificaciones del orden jurídico que regulan el -otorgamiento de la autorización y las segundas, que son -opcionales, acorde al acto autorizado, pueden garantizar los -intereses legítimos del beneficiado por la autorización, por lo que -las modificaciones legales no podrán establecer cargas que -afecten desproporcionada o injustificadamente su esfera jurídica y -patrimonio. De este modo, cuando el Estado por conducto de -alguno de sus organismos o dependencias, expide una -autorización a favor de un particular, se pueden materializar -ventajas a su favor. Sin embargo -se precisó-, dicha -autorización, aunque concede un beneficio, también esta sujeta a -condiciones vinculadas al marco legal que reglamentan las -condiciones generales de la misma, a las que deberá sujetarse el -beneficiario y que podrán ser modificadas, atendiendo a -decisiones que importen intereses de la colectividad, sin que para -ello sea necesario el consentimiento del gobernado, es decir, -cuando se reforma la legislación relativa, se pueden modificar los -términos de las condiciones reglamentarias de la autorización, sin -que el gobernado intervenga, porque sería tanto como pretender -convenir con éste reformas a la Constitución, a las leyes o a los -reglamentos respectivos, lo cual es jurídicamente inadmisible. Por tanto, se concluyó, la autorización concedida no puede ser -considerara como un derecho adquirido, porque al tratarse de una -actividad que desarrolla de forma particular o exclusiva por el -Estado y que éste mediante una autorización delega en los -particulares para su realización, no significa dicha facultad haya -entrado al patrimonio del particular, porque sigue siendo exclusiva -del Estado, y que podrá revocar unilateralmente o por no acatar -las disposiciones que la rijan o por no satisfacer sus requisitos. 9. A partir de todo lo anterior, esta Primera Sala está en -condiciones de afirmar que, al no estar en juego ningún derecho -adquirido o expectativa del mismo, el principio de irretroactividad -contenido en el artículo 14 constitucional, no resulta en modo -alguno afectado. En tales condiciones, se concluye que son -infundados los agravios marcados en esta sentencia con los -números 4.1, 4.2 y 4.4 y que están asociados al principio de -irretroactividad de la ley en relación con las teorías de los -derechos adquiridos y los componentes de la norma. Respecto a esta última teoría, conviene aclarar que no asiste la -razón a la recurrente cuando señala que se ubica en la primera -hipótesis: cuando una norma jurídica se actualiza de modo -inmediato, el supuesto y la consecuencia correspondientes no se -pueden variar sin que ello viole la garantía de irretroactividad. Lo -anterior es así, por dos razones: 1- porque liga su argumento con -la idea de derechos adquiridos -que ya se señaló que en este -caso no aplica porque estamos ante una autorización- y 2- -porque la teoría de los componentes de la norma funciona con -respecto de normas de carácter obligatorio y no con normas que -confieren poderes, ya que los supuestos y las consecuencias -jurídicas de unas y otras normas son diferentes a la hora de -actualizarse: en las normas obligatorias el supuesto se traduce en -una conducta ilícita y la consecuencia en una sanción, mientras -que en las normas que confieren poderes, el supuesto puede ser -una incompleta reunión de las condiciones de aplicación y la -consecuencia la invalidez de la facultad conferida. Por consiguiente, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación en estudio, procede negar a la quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal, y con apoyo en los artículos 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se, RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio, respecto del acto y autoridad responsable precisada en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ************************, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a la quejosa y por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación. Lo resolvió y firma ********************, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***********************, hoy ocho de julio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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