Juan Antonio Domínguez
Expediente 986/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 986/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/06/2022
Partes del expediente
- Juan Antonio Domínguez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por la Auxiliar de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través del cual, remite copia certificada de diversas constancias de las que se advierte que señaló las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de julio de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral D-6/76/2021, de su índice; asimismo, giró exhorto recordatorio a la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, a efecto de que emplace a la demandada Solutions Group de México, sociedad anónima de capital variable. Atento a lo anterior, se toma conocimiento sin que haya lugar a formular el requerimiento respectivo, toda vez que en proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, se vinculó al cumplimiento a la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, concediéndole un término de tres días para que realice las gestiones necesarias a fin de lograr el emplazamiento de la demandada Solutions Group de México, sociedad anónima de capital variable al juicio laboral D-6/76/2021, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo concedido para ello, máxime que no obra en autos el acuse de recepción correspondiente. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de junio de dos mil veintidós. De las constancias que integran el presente sumario, se advierte que mediante auto de tres de mayo de dos mil veintidós, se ordenó remitir el escrito de agravios electrónico al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, hasta en tanto obraran las constancias de notificación a las partes de la sentencia recurrida y del proveído referido por el que se tuvo por interpuesto recurso de revisión de la autoridad responsable y se ordenó correr traslado del mismo a las partes; y, toda vez que dichas constancias de notificación ya obran, con apoyo en el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se remiten mediante oficio los datos del presente juicio de amparo, del escrito de expresión de agravios, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, a través del correo electrónico correspondiente, a fin de que los turne al Tribunal Colegiado que deba substanciar el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada dentro del presente juicio constitucional. Una vez que se cuente con la papeleta de turno respectiva, remítanse al Tribunal Colegiado correspondiente el oficio anexando la papeleta en cita y el escrito de agravios que cuenta con firma electrónica de la autoridad responsable. De igual manera, en observancia al artículo 17 constitucional, en virtud de que la administración de justicia debe ser completa, imparcial y pronta, así como con la finalidad de que el Tribunal Colegiado en turno esté en posibilidad de determinar lo conducente con relación al recurso de revisión planteado, se remite el cuaderno original del juicio de amparo en que se actúa. En virtud de lo anterior, fórmese el respectivo cuaderno de antecedentes. No obstante lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, que establece que todos los envíos de expedientes de un órgano jurisdiccional a otro se harán de forma electrónica, se comisiona al analista jurídico SISE realizar las gestiones necesarias a efecto de que se vincule el expediente electrónico del presente juicio con las constancias que integran este a fin de que sean consultadas por el órgano colegiado que por razón de turno deba conocer del citado recurso. Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Ricardo Mora Álvarez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil veintidós. Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 986/2022. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por Juan Antonio Domínguez, en contra de los actos de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por violación a los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, se provee. Exhortación a las partes para mejorar la comunicación. Asimismo, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo precitado, solicítese a las partes para que señalen correos electrónicos -ya sea oficiales o personales, según corresponda- y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean partes, con el propósito de que se pueda entablar comunicaciones no procesales. En el entendido de que deberán registrarse y, de ser necesario incorporarse previa certificación correspondiente. Exhortación a las partes para transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Además, con apoyo en los artículos 22, fracción I y 28 a 31 del acuerdo en cita, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En ese tenor, se exhorta para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 a 31 del acuerdo general 21/2020, de referencia, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa); en el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la solicitud de consulta electrónica no implica la notificación por esa vía, sino que debe solicitarse expresamente para transitar hacia la actuación plena desde el Portal de Servicios en Línea. Consulta física del expediente. Se les hace saber a las partes que para la consulta física del expediente, en términos de lo establecido en el artículo 3 del multirreferido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" en el cual se encuentra el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo. En términos de lo dispuesto por el segundo párrafo, última parte, del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Martha Trinidad Altamirano, Mildred Mabel Rodríguez Porras y Alfredo Porras Rubín, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Desechamiento de la demanda Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respeto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro digital: 188643 Instancia: Pleno Tipo: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Acto reclamado De la demanda de amparo se advierte que Juan Antonio Domínguez, señala como acto reclamado, el siguiente: - La omisión de la Junta Especial Numero Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, de desahogar la audiencia incidental señalada para el veintiuno de abril de dos mil veintidós; y, continuar con la secuela procesal dentro del juicio laboral 2059/2014 de su índice. Actualización de causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, en correlación con la diversa V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo Respecto del citado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, en correlación con la diversa V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el procedimiento que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. Asimismo, prevén que cuando los actos emitidos durante el trámite de un procedimiento no afecten en forma trascendente las personas, cosas o defensas de las partes, dichas actuaciones podrán ser reparadas por medio del juicio de amparo directo. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Por lo que con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Por lo que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento laboral, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del juicio en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, dicha Sala concluyó que tratándose de procedimientos procesales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación del promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Cabe precisar que, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral de origen, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, se estima que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, en los siguientes términos: (REFORMADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) "Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. Si el trabajador está patrocinado por un Procurador del Trabajo, la Junta notificará el acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la Procuraduría, se le hará saber a ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las consecuencias legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría legal en caso de que el trabajador se la requiera." De lo dispuesto en el precepto anterior se observa que el legislador federal ya estableció en la ley un lapso preciso (cuarenta y cinco días naturales) para que la Junta oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. Tiene aplicación la jurisprudencia: "Registro digital: 2019400 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 33/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II Página 1643 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Por lo que el criterio general es que la demanda que se interponga contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Las consideraciones arriba destacadas tienen sustento en la tesis: "Registro digital: 2011580 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Página 1086 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Asimismo, se debe precisar que el eventual retardo en la administración de justicia, que pudieran entrañar el acto reclamado, no justifica la procedencia del presente juicio de amparo; de tal suerte que el acto reclamado solo implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, que de ninguna manera constituye una violación al principio de justicia pronta. Por todo lo anterior, válidamente puede decirse que el acto reclamado en la presente vía, no constituye una actuación de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía, pues sus consecuencias no afectan de forma inmediata y cierta alguno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan a la parte promovente un perjuicio irreparable. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional no advierte del contenido de la demanda de amparo una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, para lo cual se justifique su procedencia, ya que como lo manifestó la propia parte promovente en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, se advierte que la omisión que en esta vía reclama comenzó después del veintiuno de abril de dos mil veintidós, fecha señalada para el desahogo de la audiencia incidental en el juicio laboral 2059/2014, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Sin embargo, aun cuando se está en presencia de un acto contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Lo que en el caso no ocurre, pues de acuerdo a los antecedentes narrados por la parte promovente no se advierte que exista una abierta dilación procesal o la paralización total del procedimiento laboral de origen, atento que del veintiuno de abril de dos mil veintidós, fecha señalada para el desahogo de la audiencia incidental en el juicio laboral de origen, al veinticuatro de mayo de dos mil veintidós -fecha de presentación de la demanda de amparo-, han transcurrido treinta y tres días naturales, por lo que, el lapso entre la primera y segunda fecha, no revela la existencia de una abierta dilación en el procedimiento laboral que implique su paralización. En efecto, para que la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Entonces, si el acto reclamado consiste en la omisión de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, de desahogar la audiencia incidental señalada para el veintiuno de abril de dos mil veintidós en el juicio laboral 2059/2014 de su índice; en consecuencia, la dilación en la substanciación del procedimiento en el juicio laboral 2059/2014, no es mayor a cuarenta y cinco días naturales, ya que la demanda de amparo fue presentada en el Buzón Judicial, el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en tal virtud, sólo han transcurrido treinta y tres días naturales, entre las fechas indicadas; en este sentido, al no exceder dicha fecha de cuarenta y cinco días naturales, a la presentación de la demanda, no es factible considerar una abierta dilación al procedimiento laboral, y por ello resulta improcedente el juicio de amparo. Desechamiento En tales condiciones, se desecha de plano la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, en correlación con la diversa V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. Transparencia De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y reformada mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -aplicable al caso concreto-, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. Digitalización y expediente electrónico En observancia al acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo en cita. Comunicaciones entre órganos del Poder Judicial de la Federación Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Publicación de listas Las listas se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, tal y como lo establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, en virtud de que no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a este órgano jurisdiccional. En el entendido de que estas se generan de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y pueden ser consultadas por la partes en la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1. Además, de conformidad con el citado artículo del acuerdo general se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este juzgado federal remitan por correo electrónico a la administración de este edificio sede la lista de publicación de expedientes, para que esta la coloque en un espacio de fácil acceso para su consulta. Firma Electrónica (FIREL) Con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Pantoja Salazar, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargado del Despacho de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la licencia otorgada a la titular de este Juzgado en el punto cuarto del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo del año en curso, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 10,245 expedientes
- Juan Alberto Correa Terán1431/2018
- Juan Alberto Guevara Ortega610/2023
- Juan Alberto Ibarra Pradal1483/2023
- Juan Ángel Rodríguez Guerrero1432/2018
- Juan Antonio Domínguez1145/2021
- Juan Antonio Domínguez2201/2022
- Juan Antonio Domínguez1248/2018
- Juan Antonio Domínguez1066/2020
- Juan Antonio Domínguez1922/2021
- Juan Antonio Domínguez1724/2023
- Juan Antonio Domínguez1790/2021
- Juan Antonio Flores García2356/2017