Juan Antonio Córdova Hernández
Expediente 341/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 30 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 341/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 02/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juan Antonio Córdova Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
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Cúmplase...
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Causa estado, se ordena el archivo definitivo y es susceptible de destrucción...
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Notifíquese Personalmente...
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Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso C de la Ley de Amparo notifico por medio de lista a la parte quejosa ********************** el proveído de 05 de septiembre de 2019, que a la letra dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que por diligencia de seis de agosto de la presente anualidad, Carlos Mario Cornelio Cornelio, autorizado del quejoso Juan Antonio Córdova Hernández, se le hizo entrega de los edictos, que se ordenaron para emplazar a la tercera interesada Andrea del Rosario Nazur Gómez (foja 159). Los cuales, deberían publicarse y entregarse a este órgano de control constitucional en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso b) segundo párrafo de la Ley de Amparo. Al respecto, este juzgador advierte que se actualiza la hipótesis de sobreseimiento contenida en la fracción II del artículo 63, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó" "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (...) III Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (...) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (...) III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad" d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable" De dichos preceptos legales se desprende que, si una vez que ha sido admitida la demanda de amparo, se advierte que no se conoce el domicilio del tercero interesado, ya sea porque el quejoso lo ignora, o bien, porque no corresponde al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo, dictará las medidas pertinentes para investigarlo y cuando estime que éstas resultaron infructuosas ordenara que el emplazamiento respectivo se realice por edictos, los que serán a costa del quejoso. En efecto, el emplazamiento del tercero interesado, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionada a que el quejoso recoja y realice el pago de los edictos respectivos, así como también manifestar si cuenta con las posibilidades económicas para cubrir el gasto de esa naturaleza, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Lo anterior, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado y tomando en consideración que es obligación esencial de la parte quejosa, el señalar el domicilio de dicho tercero interesado, a fin de que se le otorgue la posibilidad de ejercer sus derechos procesales y de hacer eficaz la defensa de sus intereses, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible al quejoso por la falta de comparecer a recoger y realizar el pago de los edictos o en su caso manifestar si cuenta con las posibilidades económicas para cubrir el gasto de esa naturaleza, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por tanto, torna improcedente el presente juicio de amparo. En aras de precisar el contexto en el que se produjo el acto que se reclama y con la finalidad de comprobar la actualización de la causa de inejercicio en examen, se impone realizar una breve reseña de sus antecedentes conforme las constancias que obran en los presentes autos. En ese sentido, se tiene en lo que interesa lo siguiente: a) En auto de doce de abril de dos mil diecinueve (fojas 09 a 14), con fundamento en el artículo 5º, fracción III de la Ley de Amparo, se tuvieron como terceros interesados en el presente asunto a Carlos Felix Guzman y Andrea del Rosario Nazur Gómez, ordenándose turnar los autos a uno de los actuarios de éste órgano de control constitucional para el emplazamiento de dicha parte procesal, en el domicilio que se desprendía de la copia certificada de la averiguación previa AP-VHSA-7MA-328/2016, que remitió la autoridad señalada como responsable Rosendo Villalobos Domínguez, Fiscal del Ministerio Público Auxiliar del Fiscal General adscrito a la Dirección de Amparo y Resoluciones de Consultas, como apoyo a su informe con justificación, misma que obra por cuerda separada dado a su volumen. b) Posteriormente, mediante constancias de imposibilidad de diez de abril del presente año (fojas 32 y 33), por las razones ahí expuestas, no se logró el emplazamiento de los terceros interesados Carlos Felix Guzman y Andrea del Rosario Nazur Gómez, por lo que en auto de doce de abril de dos mil diecinueve, se advirtió que de las copias certificadas antes citadas, se desprendían diversos domicilios donde podía ser emplazados dichos terceros por lo que se comisionó al Actuario de la adscripción se constituyera en el domicilio de Carlos Félix Guzmán, por encontrarse dentro de esta ciudad y, por lo que respecta a la tercera Andrea del Rosario Nazur Gómez, se ordenó girar despacho al Juez de Paz de Macuspana, Tabasco. c) Subsiguientemente, mediante constancia de imposibilidad de veintidós de abril del presente año (foja 39), por las razones ahí expuestas, no se logró el emplazamiento del tercero interesado Carlos Félix Guzmán por lo que en auto de veintitrés de abril siguiente se requirió a la parte quejosa para el efecto de que en el término de tres días siguientes a la notificación que al efecto se le realizara, proporcionara domicilio actual y correcto del citato tercero interesado, con el apercibimiento que de ser omiso en dicho requerimiento, se procedería en lo establecido por la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo, esto es, una vez agotadas las medidas pertinentes para su localización, el emplazamiento se ordenaría con edictos, en los términos establecidos en el artículo 315 del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia. d) Después, en proveído de tres de mayo del año actual se tuvo por recibido sin diligenciar, por las razones ahí expuestas el despacho 169/2019 orden 190/2019 (fojas 44 a 48), que fue girado a efecto de notificar a la tercera interesada Andrea del Rosario Nazur Gómez, ordenándose, girar de nueva cuenta despacho a dicha autoridad, toda vez que no había realizado todas las acciones tendientes a llevar a cabo la diligencia encomendada, en ese mismo auto por escrito recepcionado en la oficialía de partes de este Juzgado el dos de mayo del año en curso, el aquí quejoso señaló un diverso domicilio para emplazar al tercero interesado Carlos Félix Guzmán, por lo que se comisionó al Actuario de la adscripción se constituyera en el domicilio allí precisado (fojas 51 a 53). e) Posteriormente, mediante constancia de imposibilidad de siete de mayo del presente año (foja 56), por las razones ahí expuestas, no se logró el emplazamiento del tercero interesado Carlos Félix Guzmán por lo que en auto de ocho de mayo siguiente y toda vez que de dicha constancia se advertía el domicilio correcto y buscado, se ordenó a la Actuaria adscrita se constituyera de nueva cuenta en el domicilio correcto (fojas 57 y 58). f) Seguida la secuela procesal, en auto de quince de mayo del año que transcurre (fojas 66 y 67), se recibió el despacho 209/2019, orden 237/2019 sin diligenciar, por las razones que la actuaria judicial de la adscripción del Juzgado de Paz de Macuspana, Tabasco, expuso en el razonamiento actuarial de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (foja 65) que fue enviado con el fin de emplazar a juicio a la tercera interesada Andrea del Rosario Nazur Gómez; en razón de lo anterior, se requirió a la parte quejosa para el efecto de que en el término de tres días siguientes a la notificación que al efecto se le realizara, proporcionara domicilio actual y correcto de la citada tercera interesada, con el apercibimiento que de ser omiso en dicho requerimiento, se procedería en lo establecido por la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo, esto es, una vez agotadas las medidas pertinentes para su localización, el emplazamiento se ordenaría con edictos, en los términos establecidos en el artículo 315 del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia (foja 66 y 67) g) Seguidamente, previo aviso judicial fijado en el domicilio calle Kalahari, número 9, residencial Palmira de esta ciudad, en el que habita el tercero interesado Carlos Félix Guzmán, se tuvo por notificado por lista en veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (fojas 73 a 75). h) Por escrito recepcionado en la oficialía de partes de este Juzgado el veintiséis de mayo del año en curso, el aquí quejoso señaló un diverso domicilio para emplazar a la tercera interesada Andrea del Rosario Nazur, por lo que se comisionó al Actuario de la adscripción se constituyera en el domicilio allí precisado (foja 81). I) Sin embargo, dicha diligencia tampoco se pudo practicar de acuerdo a lo asentado en la constancia actuarial de tres de junio del año en curso (foja 84), por lo que en auto de seis de junio siguiente (fojas 85 y 86), de conformidad en lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso de veintitrés de abril del presente año, por lo que se requirió al Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Tabasco "1", Titular del Centro de Mando y Comunicaciones perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Apoderado Legal de Teléfonos de México, sociedad anónima bursátil de capital variable, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Dirección Local Tabasco, Suministrador de Servicios Básicos, Dirección General del Registro Público de la Propiedad y Comercio adscrita a la Coordinación Catastral y Registral, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Estado, Sistema de Agua y Saneamiento de Centro, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Ayuntamiento de Centro, Tabasco, Instituto Nacional Electoral, Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social y Delegado del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, todos con residencia en esta ciudad, todos con sede en esta ciudad, para el efecto que de una revisión de su base de datos informaran si existía algún domicilio de la tercera interesada Andrea del Rosario Nazur Gómez. J) En cumplimento a lo anterior, a como se advierte de la siguiente tabla, se tuvieron recibidos los informes solicitados de: AUTORIDADES AUXILIARES. FOJAS. 1 Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Tabasco "1". 99 2 Titular del Centro de Mando y Comunicaciones perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 103 3 Apoderado Legal de Teléfonos de México, sociedad anónima bursátil de capital variable. 89 4 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Dirección Local Tabasco. 117 5 Suministrador de Servicios Básicos. 102 6 Dirección General del Registro Público de la Propiedad y Comercio adscrita a la Coordinación Catastral y Registral, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Estado. 109 7 Sistema de Agua y Saneamiento de Centro. 120 8 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. 101 9 Ayuntamiento de Centro, Tabasco 110 10 Instituto Nacional Electoral. 115 11 Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social. 152 12 Delegado del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, todos con residencia en esta ciudad. 100 De lo informado por las autoridades auxiliares precisadas en la tabla que antecede, se colige que únicamente el Apoderado Legal de Teléfonos de México, sociedad anónima bursátil de capital variable, Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Tabasco "1", Suministrador de Servicios Básicos, Titular del Centro de Mando y Comunicaciones perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Instituto Nacional Electoral, Delegado del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, todos con residencia en esta ciudad, informaron que después de realizar una búsqueda en el sistema de Plataformas y Bases de Datos, encontraron datos sobre el domicilio de la tercera interesada Andrea del Rosario Nazur, por lo que en auto de veintiocho de junio del presente año (fojas 122 y 123), se comisionó al Actuario de la adscripción se constituyera en los diversos domicilios que se aprecian de dichos informes a efecto de lograr el emplazamiento de dicha tercera (foja 122 y 123) k) Posteriormente, mediante constancia de imposibilidad de tres de julio del presente año (foja 129), por las razones ahí expuestas, no se logró el emplazamiento de la tercera interesada Andrea del Rosario Nazur Gómez (foja 129). l) Por tanto, al haberse agotado los medios de investigación, en auto de uno de agosto de dos mil diecinueve (fojas 153 a 157), se decretó el emplazamiento de Andrea del Rosario Nazur Gómez por medio de edictos, ordenándose notificar personalmente a la parte quejosa, para que en el plazo de veinte días hábiles computados legalmente, una vez publicados, entregarlos ante este órgano jurisdiccional (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos) o en su caso en el mismo plazo expresara la imposibilidad para cubrir dicho gasto. m) En virtud de lo anterior, el cinco de agosto del presente año (foja 162), se notificó personalmente a la parte quejosa el proveído de uno de agosto del año en curso. De la anterior narración de antecedentes queda de manifiesto que el uno de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó emplazar por medio de edictos a la tercera interesada Andrea del Rosario Nazur Gómez, así como que dicha determinación le fue notificada el cinco de agosto del presente año. Ahora, la parte quejosa a través de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, compareció ante este órgano jurisdiccional para que se le hiciera entrega de los edictos relativos, lo cual aconteció el seis de agosto del año en curso (foja 159). Sin embargo, la parte quejosa dentro del plazo de veinte días hábiles concedidos no acreditó ante este Juzgado haber hecho las gestiones tendientes para la publicación respectiva, mismo que transcurrió del ocho de agosto al cuatro de septiembre del presente año; de igual forma, no obra escrito alguno por el que manifestara no contar con los recursos para sufragar el pago de dichas publicaciones, y que además lo sustentara con medio probatorio alguno, puesto que de autos y de las constancias remitidas por las autoridades responsables no se advierte que sea una persona de escasos recursos. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Pagina 27, que señala: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Por ello, ante el incumplimiento del citado requerimiento, procede hacer efectivo el apercibimiento contenido en el auto de uno de agosto de dos mil diecinueve (fojas 153 a 157), pues se actualiza la hipótesis de sobreseimiento analizada, la cual tiene su razón de ser en la contumacia en que incurre la parte quejosa al no acreditar las gestiones ante este órgano de control constitucional dentro del plazo de veinte días hábiles concedidos para la publicación de los edictos y emplazar a la renombrada parte tercera interesada, lo que impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige como formalidad esencial del procedimiento, atinente al emplazamiento de una de las partes, lo que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. En esas condiciones, es claro que al quedar paralizado el juicio de amparo por no acreditar ante este órgano de control constitucional dentro del plazo de veinte días hábiles concedidos el haber realizado las gestiones tendientes para publicar los edictos y de esa manera lograr el emplazamiento de la parte tercera interesada, ni tampoco haber aportado probanzas con las cuales acreditara que no contaba con solvencia económica para cubrir el monto correspondiente a la publicación de dichos edictos, por lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, de la parte quejosa, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, tomo XXXII, agosto de 2010, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." De igual forma, tiene sustento la jurisprudencia 1a./J. 4/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, libro 5, abril de 2014, de texto y rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento." Para mayor sustento, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 3/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 727, libro 5, abril de 2014, que textualmente dice lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", sostuvo que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, prevé que agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado favorable, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión; además, señaló que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, por lo que en tal circunstancia, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago, entonces el juzgador pueda determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado. Tal alcance interpretativo del citado artículo 30, delinea con precisión el contenido de la carga procesal legal impuesta al quejoso, pero además, prevé la posibilidad de eximirlo de su cumplimiento estricto cuando manifieste tener imposibilidad para cubrir el gasto correspondiente y así lo aprecie el juzgador indiciariamente en autos del juicio constitucional. Por tanto, el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, aun cuando prevé que corre a cargo del quejoso el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio se desconoce, no priva del derecho humano de acceso a la jurisdicción a quienes carecen de recursos para cubrir esa carga económica, ya que en tal caso, puede alcanzarse la continuación del juicio de amparo mediante la manifestación que haga el quejoso al juzgado sobre la circunstancia precaria que le afecta, aunado a los indicios que en tal sentido se hubieren allegado al expediente de amparo, pues con ello el juzgador puede eximirle del pago de las publicaciones y ordenar la continuación del trámite del juicio, mediante la publicación de los edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal." En consecuencia, al actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 63, fracción II, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto que se imputa a las autoridades responsables. Es aplicable la tesis aislada XXVII.3o.35 K (10a), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Materia Común, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Pagina 2846, que señala: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA OMISIÓN INJUSTIFICADA DEL QUEJOSO DE DILIGENCIARLOS NO CONSTITUYE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SINO UNA HIPÓTESIS AUTÓNOMA DE SOBRESEIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la ejecutoria de la que se derivó la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 416, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la omisión del quejoso de recoger los edictos para el emplazamiento del tercero perjudicado, pagar su publicación y exhibirla podría configurar la causa de improcedencia del amparo prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 30, fracción II, y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, este criterio no puede aplicarse analógicamente a los asuntos regidos por la ley de la materia vigente a partir del 3 de abril de 2013, para integrar una causa de improcedencia y sobreseer con base en ésta en términos del artículo 63, fracción V, de dicha ley. Ello es así, porque la fracción II de ese mismo precepto incorporó expresamente como una causa autónoma de sobreseimiento la omisión injustificada del quejoso de acreditar la entrega de los edictos para su publicación, cuando deba emplazarse por ese medio al tercero interesado." Por tanto, al haberse actualizado en forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; por lo que, se deja sin efecto la audiencia constitucional fijada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE...
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