Juan Antonio Contreras Arreola

Expediente 339/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
339/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
05/11/2018

Partes del expediente

  • Juan Antonio Contreras Arreola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la resolución de quince de octubre del año en curso, emitida por este juzgado de distrito; asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: Se declara que ha causado ejecutoria la resolución de quince de octubre del año en curso, que sobreseyó en el presente juicio de amparo 339/2018-1, promovido por Juan Antonio Contreras Arreola, por propio derecho, contra los actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y de otras autoridades. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese.(1)

  2. Principal

    VISTOS; los autos para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 339/2018-1, promovido por Juan Antonio Contreras Arreola, por propio derecho; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo Por escrito recibido por la Secretaria de guardia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, y en esa misma fecha, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, Juan Antonio Contreras Arreola, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben (fojas 3 a 5): "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. ORDENADORAS: a). Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas [.] en Ciudad Victoria, Tamaulipas [.]. b). Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas [.] en Ciudad Victoria, Tamaulipas [.] c). Subsecretario de Operación Policial, de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas [.] en Ciudad Victoria, Tamaulipas [.] d). Director del Centro de Ejecución de Sanciones de esta Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas [.] 2. EJECUTORAS: a). Coordinador de custodios y seguridad del Centro de Ejecución de Sanciones de esta Ciudad (penal de Nuevo Laredo) [.] b). Subdirector Técnico del Centro de Ejecución de Sanciones de esta Ciudad (penal de Nuevo Laredo Tamaulipas) [.] c). Comisario General de la Policía Investigadora del Estado, de la Procuraduría General de Tamaulipas [.] d). Encargado y/o coordinador regional de la Policía Estatal en Nuevo Laredo, Tamaulipas [.] IV.- ACTO RECLAMADO: "A) Primeramente, de las autoridades ordenadoras, lo constituye la ORDEN DE TRASLADO, involuntario del lugar donde actualmente me encuentro recluido hacia cualquier otro reclusorio, penal, cereso, cefereso, centro de ejecución de sanciones penales o centro penitenciario, ya sea dentro del mismo Estado de Tamaulipas, o en cualquier otra parte de la República Mexicana, toda vez no se ha emitido orden por escrito debidamente fundada y motivada de la autoridad judicial y de cualquier otra para ser trasladado, violentando mi derecho de audiencia, ya que además en el mes Diciembre del presente año tengo programada audiencia para obtener un beneficio. De las autoridades ejecutoras, se reclaman las consecuencias materiales inherentes derivadas de la orden ilegal de traslado es decir su cumplimiento directo, de hecho que permita el traslado a otro centro penitenciario distinto al actual, o la reubicación o traslado dentro del mismo centro penitenciario, a otra sección o área distinta de la que actualmente me encuentro, lo que acarrearía perjuicios de imposible reparación." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados El promovente del amparo manifestó que se infringen en su perjuicio los derechos fundamentales tutelados por los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 20, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo En auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se registró la demanda con el número 339/2018-1, se admitió a trámite, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; al advertirse que el acto reclamado consistía medularmente en la orden de traslado emitida por autoridad administrativa y sin la intervención de la autoridad judicial, se concedió la suspensión de plano por tratarse de un acto de los previstos en los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe respecto a la suspensión de plano concedida, así como su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, (fojas 11 a 15). C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, es competente para resolver este asunto por razón de materia, grado y territorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y al Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Se afirma a lo anterior en virtud de que las consecuencias de los actos reclamados tienen ejecución en esta ciudad, en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia P./J. 40/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, materia común, página 32, Novena Época, registro 192097 y en la diversa tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", también del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, materia común, página 255, Novena Época, registro 181810. En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial, se concluye que el quejoso Juan Antonio Contreras Arreola, reclama: La orden de traslado del Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, a cualquier otro centro de reclusión dentro del país y su ejecución. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del Tomo 76, del mes de Abril de 1994, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Inexistencia de los actos reclamados consistentes en la orden de traslado y su ejecución. Las autoridades responsables Subsecretario de Operación Policial, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas (foja 53), Coordinador Municipal de la Policía Estatal Acreditable de Nuevo Laredo, con residencia en esta ciudad (54 y 81), Secretario de Seguridad Pública (foja 63 y 64), Subsecretaria de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social (foja 68), Comisionado General de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado (foja 70 y 52), Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Ejecución de Sanciones (fojas 74 y 48), Responsable del Departamento de Vigilancia, Custodia y Seguridad de Nuevo Laredo (fojas 73 y 45), así como el Coordinador de Custodios y Seguridad del Centro de Fijación de Sanciones (fojas 43 y 75) -todos en sus correctas denominaciones- al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados, que se hicieron consistir en la orden de traslado del quejoso del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad, a cualquier otro centro de reclusión dentro del país, y la ejecución de ese mandato; sin que el impetrante haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. De igual forma, al rendir sus informes respecto de la suspensión de plano decretada en autos, de manera general, las autoridades responsables hicieron referencia a estar enteradas del acto de traslado reclamado, y tomar las medidas necesarias para que dicho traslado no se llevara a cabo, de lo cual resulta evidente la inexistencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial publicada con el número 284, consultable en la página doscientos treinta y seis, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Ello es así, dado que la demostración del acto reclamado es una cuestión de hechos que debe acreditarse con las pruebas adecuadas e idóneas; de ahí que, cuando las autoridades responsables niegan categóricamente el acto que se les imputa, en tal supuesto, el juez de distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata y, luego, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; por tanto, es evidente que corresponde a la parte quejosa la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables, y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Es aplicable la jurisprudencia 308, consultable en la página 77, agosto de 1994, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, al no existir prueba que desvirtúe la negativa de las responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos que se les reclaman, consistentes en la orden de traslado del quejoso del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad, a cualquier otro centro de reclusión dentro del país y su ejecución. Atento al sentido del presente fallo, no se entra al estudio del fondo de los conceptos de violación. Respalda lo anterior, la jurisprudencia 509 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, séptima época, materia común, tomo VI, parte SCJN, página trescientos treinta y cinco, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". CUARTO. Precisión jurisprudencial No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. QUINTO. Publicación de sentencia. En otro orden, dado que aun cuando por auto admisorio dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece los artículos 66, 67, fracción II, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. Atento a lo anterior, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68, del ordenamiento legal antes invocado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción IV, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 339/2018-1, promovido por Juan Antonio Contreras Arreola, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero de este fallo, por los motivos precisados en ese mismo considerando. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, ante Patricia Arcos León, secretaria que autoriza y da fe.(1)

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentran señaladas las trece horas con treinta minutos de esta fecha para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de derechos fundamentales (foja 13); asimismo, que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con el objeto de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación rendido por las autoridades responsables Encargado de la Subdirección Técnica del Centro de Ejecución de Sanciones, Encargado de la Dirección del Centro de Ejecución de Sanciones y del Encargado del Departamento de Vigilancia, Custodia y Seguridad del Centro de Ejecución de Sanciones, todas con residencia en esta ciudad (fojas 73 a 75), y puedan estar en aptitud de manifestar lo que a su interés convenga. Para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con cincuenta y un minutos del quince de octubre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la misma. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio del Coordinador Municipal de la Policía Estatal Acreditable, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe sobre la suspensión de plano decretada en autos; por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese. (1)

  4. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, doce de septiembre de dos mil dieciocho. Ténganse por recibidos los oficios del Encargado de la Subdirección Técnica del Centro de Ejecución de Sanciones, Encargado de la Dirección del Centro de Ejecución de Sanciones y del Encargado del Departamento de Vigilancia, Custodia y Seguridad del Centro de Ejecución de Sanciones, todas con residencia en esta ciudad, mediante los cuales rinden sus informes justificados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los presentes autos y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese. (1)

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