Juan Antonio Chi Cano
Expediente 1270/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1270/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Antonio Chi Cano
- Cfe Suministrador de Servicios Básicos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el siete de junio de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo agregar a los cuadernos del incidente de suspensión, copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1270/2020-VI-A, promovido por JUAN ANTONIO CHI CANO, en representación de la menor de edad de identidad reservada de iniciales K.A.C.O., contra el acto de la Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (en su correcta denominación), con sede en esta ciudad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Por escrito presentado el diez de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con domicilio en esta ciudad, y turnado el propio día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la nombrada parte quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto de la Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (en su correcta denominación), con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Mediante proveído de la referida fecha -diez de diciembre de dos mil veinte-, por los motivos ahí expuestos, se desechó de plano la demanda de que se trata. TERCERO. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso en su contra recurso de queja, del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el que mediante ejecutoria de once de marzo de dos mil veintiuno, declaró fundado el referido medio de impugnación. CUARTO. En auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria de que se trata, por lo que se admitió a trámite la demanda de amparo; se determinó como medida para proteger la identidad de la menor de edad involucrada en el presente asunto, que se suprimiera de este juicio su nombre, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para identificarla; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; y finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Precisión el acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, procede precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: El crédito por la cantidad de $53,184.00 (cincuenta y tres mil, ciento ochenta y cuatro pesos, sin centavos en moneda nacional), derivado de la revisión de medición y la instalación eléctrica del predio número quinientos cuatro "A", de la calle Ciento cinco, entre Sesenta y cuatro "B" y Sesenta y cuatro "C", del fraccionamiento Delio Moreno, de esta localidad; así como el corte de energía eléctrica. TERCERA. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (en su correcta denominación), al rendir su informe justificado por conducto de su apoderada legal, negó el acto que se le reclama; sin embargo, realizó manifestaciones que evidencian su certeza; en consecuencia, se desvirtúa tal negativa y deberá tenerse como cierto dicho acto. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTA. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo, deben analizarse las causales de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que su estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Debe citarse al respecto la jurisprudencia 814, visible en la página 553, del Tomo VI, relativo a materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra es como sigue: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo. En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destaca la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos". Así como la jurisprudencia VI. 2o. J/87 del entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 364, del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Pues bien, respecto de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de lo dispuesto por los numerales 107, fracción I, constitucional, 5º y 6° de la Ley de Amparo, en relación con el reproducido 61, fracción XII de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional sea la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, pues, generalmente, la emisión de éste conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del mismo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio fundamental (instancia de parte agraviada) se encuentra la prevista en la fracción XII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, el acto de autoridad cuya constitucionalidad se cuestiona no afecta los intereses jurídicos del quejoso, es decir, no lesiona la esfera de derechos de quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 590, del Tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que también se comparte, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia." Ahora bien, tal como quedó establecido, en el presente caso la parte quejosa se duele del crédito por la cantidad de $53,184.00 (cincuenta y tres mil, ciento ochenta y cuatro pesos, sin centavos en moneda nacional), derivado de la revisión de medición y la instalación eléctrica del predio número quinientos cuatro "A", de la calle Ciento cinco, entre Sesenta y cuatro "B" y Sesenta y cuatro "C", del fraccionamiento Delio Moreno, de esta localidad; así como el corte de energía eléctrica. Sin embargo, la parte quejosa no exhibió prueba alguna tendiente a demostrar fehacientemente el derecho que le asiste para impetrar el presente juicio de amparo, es decir, no acreditó su interés jurídico en el presente asunto, en virtud, de que no aportó como prueba constancia alguna con la que acreditara, en primer término, que efectivamente hubiere celebrado contrato alguno con la Comisión Federal de Electricidad que tuviera como finalidad la prestación del servicio de energía eléctrica, o en su caso, que sean los propietarios o posesionarios del predio al que hacen referencia, o bien, los usuarios o beneficiarios del servicio de energía electrica. Cuenta habida, que tanto la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación, como de los Tribunales Colegiados de Circuito, han sostenido que la parte quejosa debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que si no existe en autos elemento alguno que pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados de la ahora impetrante del amparo, se reitera, dicho acto no afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, cobrando aplicación la jurisprudencia número 321, de la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a folios 216, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que es del tenor siguiente: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Sin que sea óbice para resolver en este sentido, que la quejosa exhibiera con su escrito de demanda como pruebas de su parte, diversas documentales a fin de acreditar su interés jurídico: Copia certificada del acta de nacimiento número trescientos tres (303), de diez de febrero de dos mil doce, expedida por la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, a nombre de la menor de identidad reservada de iniciales K.A.C.O., de la que se desprende que Juan Antonio Chi Cano y Karemi Gabriela Ortega Moo, son sus padres (foja 10). Original del certificado de nueve de diciembre de dos mil veinte, expedido por el doctor Joaquín Ernesto Montero Aguirre, a favor de la paciente de identidad reservada de iniciales K.A.C.O., del que se advierte que el referido galeno hace constar que la misma presenta un cuadro compatible con asma bronquial (foja 9). Impresión del comprobante de la prueba de conocimientos del primer trimestre del ciclo escolar 2020-2021 para educación primaria, de la que se advierte que la menor de identidad reservada de iniciales K.A.C.O., concluyó la prueba en comento, correspondiente al tercer grado. Copia simple de la credencial de elector CHCNJN92060981H800, expedida a favor de Juan Antonio Chi Cano, por el Instituto Federal Electoral (foja 12). Copia simple del oficio ZMER-RKC/OMR/ABR/4914/2020 de veinticinco de agosto de dos mil veinte, signado por el Jefe de Departamento de Sistemas Comerciales, Zona Mérida de la Comisión Federal de Electricidad, dirigido al cliente Ortega Moo William Oswaldo, en el domicilio ubicado en la calle Ciento cinco, número quinientos cuarenta letra "A", entre sesenta y cuatro "B" y sesenta y cuatro "C", fraccionamiento Delio Moreno. Pues respecto a las señaladas con los incisos c), d) y e) se tratan de copias simples, las cuales carecen de valor probatorio alguno, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que para que pueda hablarse de la existencia de una copia y de la certeza de que existe un original de la misma, es menester que la copia tenga la fuerza probatoria suficiente como para establecer la correlativa existencia de un original, pero para que esto suceda es necesario que la copia sea certificada y con ello pruebe la existencia de su original, de ahí que las mismas no puedan tomarse en consideración en cuanto a su contenido. En efecto, tales documentos exhibidos en copia fotostáticas simples, resultan insuficientes para demostrar el correspondiente interés jurídico que aduce tener la parte quejosa, toda vez que los referidos documentos por sí mismos carecen de valor probatorio pleno, ya que las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, por lo que existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia irreal, del documento que se pretende hacer parecer. En apoyo de esta convicción se cita la jurisprudencia 3a./J. 1/89 de la Extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 379, del Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Máxime que aun cuando el oficio ZMER-RKC/OMR/ABR/4914/2020 contara con la certificación referida, lo cierto es que tampoco alcanzaría el fin pretendido por la parte quejosa, esto es, acreditar su interés jurídico. Se dice lo anterior, pues como quedó establecido, de la misiva en comento se advierte que no se encuentra dirigida al aquí promovente, sino al cliente Ortega Moo William Oswaldo, persona distinta cualquiera de los quejosso; de donde deviene inconcuso que fue ésta la persona física que se presume celebró un contrato con la Comisión Federal de Electricidad, que resultó en el número de servicio 772120902124. Finalmente, respecto a las documentales señaladas con los incisos a) y b), únicamente logran acreditar que la menor quejosa es hija de Juan Antonio Chi Cano y Karemi Gabriela Ortega Moo; así como que en su fecha de expedición, esto es, el nueve de diciembre de dos mil veinte, un médico cirujano asentó que la misma presentaba un cuadro compatible con asma bronquial; de ahí que el valor probatorio de dichos documentales, versa únicamente sobre su contenido. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 562, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, Materia Civil, que dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS. NO PRUEBAN ACTOS INCIDENTALES. Los documentos públicos hacen fe del acto o actos principales contenidos en ellos y para los que fueron expedidos, pero no son demostrativos de aquellos actos que como incidentales accesorios o complementarios aparecen en esos documentos". Tampoco es obstáculo, que se hayan tenido por ciertos los actos reclamados, puesto que ello sólo demuestra la existencia de los mismos, más no así la titularidad del derecho reclamado, esto es, que dichos actos afecten la esfera jurídica de la parte quejosa; por tanto, tal circunstancia no exime a la parte quejosa de la obligación de acreditar que con la emisión y ejecución de los actos se afecta su interés jurídico y la inconstitucionalidad de éstos, de conformidad con las jurisprudencias número 325 y 853, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicadas en las páginas 218 y 581, Tomo VI, Materia Común, Apéndice 1917-1995, al Semanario Judicial de la Federación, que en su orden establecen: "INTERES JURIDICO. NO LO DEMUESTRA LA PRESUNCION DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La omisión de las autoridades responsables de rendir sus informes justificados sólo acarrea la presunción, juris tantum, de ser ciertos los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, pero ello no significa que esa presunción exima al quejoso de la obligación que tiene de acreditar su interés jurídico para promover el juicio de garantías."; e, "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deber observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguir siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Además, se cita la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 541, Tomo XIII, mayo, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIAS DE AMPARO, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS, NO LO INFRINGE LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EN UNA PARTE SE TENGA POR ACREDITADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y, EN OTRA, SE DECRETE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTIAS POR NO AFECTAR DICHO ACTO LOS INTERESES JURIDICOS DEL QUEJOSO. La circunstancia de que el juez de Distrito en una parte de la sentencia que se revisa tenga por acreditada la existencia del acto reclamado y, en otra, determine la falta de interés jurídico del quejoso para promover el juicio de amparo, no implica, como lo pretende el agraviado, que el citado resolutor federal haya incurrido en su fallo en contradicción alguna; habida cuenta que el sólo hecho de que en el juicio de garantías se haya demostrado la existencia del acto reclamado, de ninguna manera acredita el interés jurídico del quejoso para solicitar la protección constitucional, ni menos aún prueba la inconstitucionalidad del aludido acto reclamado, situaciones las dos últimas que corresponde demostrar fehacientemente al peticionario de garantías, lo cual omitió; en tal virtud, se encuentra apegada a derecho la sentencia del a quo en la que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo." A mayor abundamiento, debe decirse, que además, aun superado ese aspecto relativo al interés jurídico; también se actualizaría la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo que disponen los artículos 1° fracción I, y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, por las siguientes consideraciones. Primeramente, es importante destacar que el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta constitución, así como por los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Por su parte, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la citada legislación, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo anterior es dable concluir, fundadamente, que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. A su vez, el artículo 5°, fracción II, del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En tanto que la fracción I, del artículo 1 de la legislación de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. Así las cosas, las actuaciones de la Comisión Federal de Electricidad relativas al cobro y/o corte de suministro de energía eléctrica, no son emitidas en una relación de supra a subordinación -entre una autoridad y el gobernado-, sino en una relación de coordinación, es decir, en un plano de igualdad de carácter contractual de suministro de energía eléctrica entre el contratante y la autoridad responsable; por lo tanto, no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del amparo, pues respecto a dichas controversias, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, la contradicción de tesis 156/2017, se pronunció como se verá más adelante. En el caso, para mayor comprensión del asunto, resulta pertinente precisar lo siguiente: 1. El once de agosto de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Industria Eléctrica que surtió efectos a partir del día siguiente, la cual abrogó la entonces Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 2. El once de agosto de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la cual entró en vigor el diecisiete de febrero de dos mil quince, cuando inició sus funciones el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, cuestión que será precisada con mayor amplitud con posterioridad. 3. El doce de enero de dos mil dieciocho se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 156/2017, citada líneas arriba, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de tesis 2ª./J 156/2017 (10), Materia Común-Civil, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuya obligatoriedad es a partir del lunes quince de enero de dos mil dieciocho, con número de registro 2015944, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil". De la ejecutoria que dio origen al criterio obligatorio transcrito líneas arriba, se advierte que la Sala consideró lo siguiente: "La presente contradicción tiene como materia determinar la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014. La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: "... "V. Las empresas de abastecimientos y suministros; "... "XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código." "Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio". 4. La demanda de amparo promovida en contra del acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad, se recibió en este juzgado el diez de diciembre de dos mil veinte, esto es, cuando ya se encontraba vigente la referida jurisprudencia número 156/2017, en materia energética. Establecido lo anterior, y de conformidad con la jurisprudencia citada párrafos precedentes, se advierte que las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Esto es así, pues del contenido del artículo 75 del Código de Comercio se advierte, que la ley reputa actos de comercio, las empresas de abastecimientos y suministros; y que las controversias que se deriven de los actos comerciales se ventilarán y decidirán en la vía mercantil. De la interpretación armónica de lo previsto en dichos preceptos legales se entiende, que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, tal como lo establece el citado numeral 1049 de la ley mercantil. En acatamiento al criterio obligatorio ya citado, la Comisión Federal de Electricidad, al actuar en un plano de igualdad respecto a los usuarios a quienes presta sus servicios, no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sin embargo, la nueva normatividad, obliga a analizar si en la actualidad, las funciones que realiza la Comisión Federal de Electricidad, constituyen actos desplegados por el Estado, en tanto que ahora, la legislación secundaria prevé que la comercialización de la energía eléctrica ya no es una actividad exclusiva de aquél, sino que entra en un régimen de libre competencia comercial. En ese sentido, los artículos 1, 4 y 5 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, la cual entró en vigor al día siguiente conforme a su artículo primero transitorio, establecen lo siguiente: "Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. Las disposiciones de esta ley son de interés social y orden público. Esta ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes." "Artículo 4. El suministro eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional son de utilidad pública y se sujetarán a obligaciones de servicio público y universal en términos de esta ley y de las disposiciones aplicables, a fin de lograr el cabal cumplimiento de los objetivos establecidos en este ordenamiento legal. Son consideradas obligaciones de servicio público y universal las siguientes: I. Otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución en términos no indebidamente discriminatorios; II. Ofrecer y prestar el suministro eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad; III. Cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sustentable establecidas en el capítulo II del título cuarto de esta Ley; IV. Contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico, conforme a lo señalado en el artículo 114 de esta ley; V. Cumplir con las obligaciones en materia de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes que al efecto se establezcan en las disposiciones aplicables, y VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y servicios conexos al mercado Eléctrico Mayorista basado en los costos de producción conforme a las reglas del mercado y entregar dichos productos al Sistema Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible, sujeto a las instrucciones del CENACE." "Artículo 5. El Gobierno Federal, los generadores, los transportistas, los distribuidores, los comercializadores, los usuarios calificados participantes del mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En lo no previsto por esta ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal." Por su parte, los numerales 1, 2, 3, 4 párrafo segundo, 7, 82 y 118, así como el artículo primero y tercero transitorio, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad en vigor, publicada el once de agosto de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, disponen: "Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 25, párrafo cuarto, de la Constitución y del transitorio vigésimo del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, es de interés público y tiene por objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad, así como establecer su régimen especial en materia de: I. Empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; II. Remuneraciones; III. Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras; IV. Bienes; V. Responsabilidades; VI. Dividendo estatal; VII. Presupuesto, y VIII. Deuda." "Artículo 2. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente ley. La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero." "Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética." "Artículo 4. La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia." "Artículo 5. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades siguientes: I. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía; II. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto; IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables; V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados; VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros; VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto. La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el país o en el extranjero." "Artículo 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda." "Artículo 82. Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa. Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable." "Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte. Tratándose de actos jurídicos o contratos que surtan sus efectos o se ejecuten fuera del territorio nacional, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto." . "PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto siguientes." "TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica." En relación con la entrada en vigor de dicha ley, mediante publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de febrero de dos mil quince, la Secretaría de Energía realizó la siguiente declaratoria: "ARTÍCULO ÚNICO.- La Secretaría de Energía declara que se encuentra en funciones el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y están en operación los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas que prevé la Ley de la Comisión Federal de Electricidad." "TRANSITORIO ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación." De los artículos transcritos, los cuales, se encuentran vigentes a partir del diecisiete de febrero de dos mil quince, fecha en que entró en vigor el acuerdo por el que inicia sus funciones el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, se advierte que la comercialización de la energía eléctrica ya no es una actividad exclusiva del Estado, en tanto que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Esto es, la comercialización de la energía eléctrica podrá prestarse incluso, por un particular, siempre que éste cuente con el permiso necesario para ofrecer el suministro eléctrico, en términos del artículo 3, fracción XLV, de la citada Ley de la Industria Eléctrica. De esta manera, la prestación del servicio de energía eléctrica podrá llevarse a cabo a través de una persona distinta de la Comisión Federal de Electricidad, en términos del artículo 51 de la citada ley, el cual dispone: "Artículo 51. Previo al inicio del Suministro Básico o Suministro Calificado, el Usuario Final deberá celebrar un contrato de suministro con un Suministrador. Dichos contratos deberán cumplir con las condiciones generales para la prestación del Suministro Eléctrico y, en el caso del Suministro Básico, deberán ser registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor. El Suministro de Último Recurso se preverá en los contratos de Suministro Calificado y los contratos de Participante de Mercado que celebren los Usuarios Calificados." Por otro lado, conforme a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, ésta constituye ahora una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, la cual tiene por objeto prestar el servicio público de trasmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, así como llevar a cabo las actividades relacionadas con la generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, y que tiene como fin el desarrollo de las actividades empresariales, económicas industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. Lo hasta aquí expuesto, permite llegar a la conclusión que si bien los actos que realice la Comisión Federal de Electricidad, relacionados con su obligación de prestar el servicio público de energía eléctrica, son de orden público, ya no pueden entenderse como actos desplegados por el Estado. Lo anterior es así, pues ese servicio ya no es facultad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad, dado que si bien en el desarrollo de su actividad de generar, conducir, transformar, distribuir y vender energía eléctrica, actúa bajo un marco legal establecido, lo cierto es que ahora, al menos en la comercialización de la energía eléctrica, son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Derivado de lo anterior, no puede afirmarse que los actos que emite la Comisión Federal de Electricidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica constituyen actos administrativos, debido a que por disposición de la ley, no emanan de un ente del Estado, máxime que como se dijo, ahora se considera a la citada Comisión como una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, en esa virtud no resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 167/2011, con número de registro 159944, del rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL AJUSTE EN EL MONTO DEL CONSUMO DERIVADO DE ÓRDENES DE VERIFICACIÓN, COBRO O CORTE DE DICHO SUMINISTRO Y SU EJECUCIÓN, NO SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN O DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ACLARACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 167/2011 [9a.])." Precisado lo anterior, conviene traer a colación lo que establecen los artículos 3, 7, 82 y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, anteriormente transcritos, de los que se desprende que el legislador dispuso expresamente que a los actos que emita la Comisión Federal de Electricidad les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa. Por tal motivo, sólo los actos administrativos son impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. La precisión anterior es importante para evidenciar que las normas en cita no se ven afectadas por lo dispuesto en el artículo octavo transitorio de la ley en consulta, el cual establece: "OCTAVO. Los contratos, convenios, poderes, mandatos, y en general los actos jurídicos, las representaciones otorgadas y las facultades concedidas por la Comisión Federal de Electricidad con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, y que se encuentren vigentes, subsistirán en los términos pactados. La Comisión Federal de Electricidad deberá tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en dichos instrumentos." Dicho transitorio se refiere al aspecto sustantivo de los actos celebrados por la Comisión Federal de Electricidad con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, mismo que subsistirán en los términos pactados, lo que se traduce únicamente en que los derechos y obligaciones ahí pactados seguirán rigiendo la relación contractual con independencia del cambio de naturaleza jurídica de la citada comisión. Por tal motivo, resulta válido afirmar que los conflictos que deriven de los actos descritos en la norma invocada se rigen por la legislación vigente al momento de entablar el juicio o procedimiento necesario para dirimirlos. En esas condiciones, el usuario cuenta con la vía ordinaria mercantil para hacer valer sus derechos, según lo establecido por los artículos 5, segundo párrafo, de la Ley de la Industria Eléctrica, y 3, primer párrafo y 118 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad. Por tanto, la nueva regulación en cuanto al servicio de energía eléctrica incide en la naturaleza de los actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad y, por ende, en que ya no puedan considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5, fracción II, de la citada ley. Al caso se invoca también, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 532, Libro 53, Tomo I, abril de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2016656, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." No se soslaya, que en la propia jurisprudencia se establezca la posibilidad de tener a la empresa como autoridad responsable cuando realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, en cuyo caso se deja a cada juzgador su análisis, atendiendo al criterio construido en la mencionada jurisprudencia. Ahora bien, en la ejecutoria de mérito se advierte que la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal, indicó que entre las situaciones que comprometen los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, podrían encontrarse aquellas cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable, pero bajo el entendido de que le asiste algún derecho respecto a la prestación del servicio, lo cual no sucede en el particular, como ya quedó evidenciado con la primera causal de improcedencia citada. En tales circunstancias, encontrándose acreditadas las causales de improcedencia previstas en las fracciones XII y XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que obste a la anterior determinación, que como quedó establecido, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, declarara fundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de diez de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de que se trata, al considerar actualizada la causal de improcedencia en estudio; ello, toda vez que de la propia ejecutoria se desprende que dicha Superioridad contempló el supuesto de que derivado de la sustanciación del presente juicio constitucional, pudieran comprobarse los elementos necesarios para actualizar la misma, o una diversa; lo que se reitera, el suscrito juzgador estima que en la especie así ocurre. QUINTA. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JUAN ANTONIO CHI CANO, en representación de la menor de edad de identidad reservada K.A.C.O., contra el acto de la Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (en su correcta denominación), con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la cuarta consideración de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
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Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos, donde se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio en proveído de diecisiete de mayo del presente año; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese y cúmplase.
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Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido vía electrónica mediante el uso de la FIREL de RICARDO ARMANDO CEBALLOS TREJO, apoderado legal de la autoridad responsable Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (en su correcta denominación), con el que, en cumplimiento a lo solicitado por auto de seis de mayo del año en curso, rectifica su informe justificado, pronunciándose respecto al acto reclamado consistente en el corte de energía eléctrica. Por lo que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Finalmente, en cuanto a las pruebas que ofreció en su informe que se provee, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, hágase relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, en cuando al documento que adjunta para acreditar su personalidad, dígasele a la autoridad oficiante que deberá estarse a lo acordado en proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en el que se le tuvo por reconocido el carácter con el que se ostenta. Notifíquese y cúmplase.
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