Juan Antonio Chavez Resendiz

Expediente 442/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
442/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/05/2023

Partes del expediente

  • Juan Antonio Chavez Resendiz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja el auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el cual se desechó parcialmente la demanda respecto del acto reclamado identificado con el número tres la demanda de amparo y por otro lado este juzgado de Distrito se declaró incompetente para conocer de la demanda por cuanto hace al diverso acto reclamado, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Finalmente, agréguese a los presentes autos el oficio enviado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, a través del cual, informa el contenido del auto emitido el diez de mayo de dos mil veintidós, en que se confirma la recepción de expediente del juicio de amparo 442/2023-IV, e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, respecto de los actos reclamados uno y dos.

  2. Principal

    Nezahualcóyotl, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Desahoga prevención. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis del escrito de cuenta, se desprende que el promovente señala como actos reclamados: PRIMERO: los actos de autoridad consistente en la sentencia de primera instancia, emitida el siete de diciembre de dos mil veinte, por el C. Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Texcoco , Estado de México dictado dentro de la Causa Penal 146/2019 SEGUNDO.- la sentencia segunda instancia emitida por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de quince de abril de dos mil veintiuno, dentro del toca 35/2021. TERCERO.- las violaciones procesales acontecidas dentro del Toca 146/2019, procedimiento penal, seguido ante el C. Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Texcoco, con Estado de México. Del análisis de la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados se hacen consistir en los tres siguientes: 1. La sentencia emitida en primera instancia en el proceso penal instruido en su contra, por el Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México en la causa penal 146/2019. 2. La resolución de segunda instancia dictada en el recurso de apelación promovido contra la antes mencionada, de quince de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca 35/2021. 3. Violaciones procesales acontecidas en la causa penal 146/2019, del índice del Juzgado de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México en la causa penal 146/2019. Acto que se precisa de tal forma, pues si bien el quejoso al referirse al tercero de los actos reclamados hizo mención a violaciones procesales en el "toca", se advierte que en realidad se refirió a violaciones durante la primera instancia pues señaló en este punto el número de causa penal y denominación del juez que la instruyó. Incompetencia respecto de los actos reclamados 1 y 2. Conviene precisar que los artículos 107, fracción V, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I, y 176, de la Ley de Amparo, establecen que el amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Los numerales antes indicados establecen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [.] c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y [.] " LEY DE AMPARO "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. [.]" "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." Por su parte, el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y; [.]" De los preceptos legales transcritos se desprende que cuando se trata de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales laborales, administrativos o judiciales, procede el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, siempre y cuando contra esas determinaciones no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. Es decir que el juicio de amparo directo procede en dos supuestos: a) En contra de sentencias definitivas o laudos; y, b) En contra de resoluciones que ponen fin al juicio. En ambos casos, dichos actos deben ser dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Nuestro Máximo Tribunal Constitucional, en Pleno, emitió la jurisprudencia 6/2015, en la que interpreta el alcance de la competencia establecida en el artículo 170 de la Ley de Amparo y en la ejecutoria de la que derivó el criterio, señaló: Que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, aun cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley como procedente en su contra -párrafo 36-. Que conforme con la normatividad sobre la procedencia de tramitación del amparo en la vía directa, o sea atendiendo que los artículos 107, fracción VI, de la Constitución General, 2o., y 170, fracción I, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, revelan que la vía directa de tramitación del juicio de amparo es procedente contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, en el entendido de que se debe entender por sentencias definitivas o laudos, las que decidan el juicio en lo principal -párrafo 38-. En ese orden, tomando en consideración que la demanda de amparo que nos ocupa se promovió contra las sentencias de primera y segunda instancias dictadas en el proceso penal instruido contra el quejoso; al tratarse de resoluciones que ponen fin al juicio, se considera que el acto debe combatirse a través del juicio de amparo directo, que habrá de substanciarse y resolverse por un Tribunal Colegiado de Circuito conforme a lo previsto por el artículo 170, fracción I, de la ley de la materia. Determinación judicial. En tal virtud, de conformidad con el precepto 47 de la Ley de la Materia, este órgano constitucional declara carecer de competencia legal para conocer la demanda de amparo en cuestión. Apoya a lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, visible en la página 2102, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, mayo de 2005, Tomo III, Décima Época, que a la letra dice: "AMPARO DIRECTO. EL HECHO DE QUE CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PUSO FIN AL JUICIO PROCEDA UN RECURSO ORDINARIO Y ÉSTE NO SE AGOTE PREVIO A LA PROMOCIÓN DE AQUÉL, INCIDE EN LA PROCEDENCIA DEL JUICIO Y NO EN LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003). El artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. Por su parte, el artículo 46 de la ley de la materia abrogada señalaba como requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo directo, que contra la sentencia definitiva o resolución que le pusiera fin al juicio, las leyes comunes no concedieran recurso ordinario alguno, por virtud del cual pudieran ser modificadas o revocadas. En ese tenor, la recta intelección del mencionado numeral de la ley vigente lleva a considerar que el hecho de que contra la sentencia definitiva o resolución que puso fin al juicio reclamada, proceda un recurso ordinario y éste no se agote previo a la promoción del amparo, incide en la procedencia del juicio y no en la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito; por tanto, dicho órgano jurisdiccional tiene competencia para declarar la improcedencia de la demanda de amparo, conforme al numeral 61, fracción XVIII, por inobservancia al principio de definitividad, que lo obliga a decretar el sobreseimiento en el juicio en términos del diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En tal virtud, en el nuevo contexto normativo, atendiendo al artículo sexto transitorio de la nueva ley, es inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 10, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.", pues el escenario jurídico conforme al cual se generó dicho criterio ya no es igual al que aparece en la ley vigente, en tanto que en ésta, la definitividad, que era de singular importancia para establecer la competencia, se fijó como un aspecto no de ésta, sino de la procedencia del juicio." En consecuencia, remítase al TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, EN TURNO, quien ejerce jurisdicción sobre dicha autoridad, los autos del juicio registrado bajo el número 442/2023-IV, para que tenga a bien determinar lo conducente, respecto de los actos antes precisados (1 y 2). Lo anterior de conformidad con el artículo 34 de la Ley de la Materia, que establece: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. Desechamiento respecto del acto reclamado identificado con el número 3. Del examen integral de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con ello, debe establecerse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "Octava Época Registro: 221353 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 198 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." En el caso, el peticionario señaló como autoridad responsable y acto reclamado, el siguiente: "TERCERO.- las violaciones procesales acontecidas dentro de la causa penal (sic) 146/2019, procedimiento penal, seguido ante el C. Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Texcoco, con Estado de México, Respecto del acto reclamado señalado, se actualiza una causa de improcedencia, como se verá enseguida: Los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza a partir del día siguiente al en que: Hubiese surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; El quejoso hubiese tenido conocimiento del acto o resolución que reclama, o de sus actos de ejecución; El quejoso se hubiese ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que su intención fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable al caso concreto, de cualquiera de los tres establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto señalan: "Registro: 239520 Séptima ÉpocaInstancia: Tercera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Cuarta Parte Página: 105Tesis AisladaMateria(s): Común DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SÓLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado." En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste las violaciones procesales acontecidas dentro de la causa penal 146/2019, del índice del Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Texcoco, con Estado de México. De lo anterior se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado al menos desde el siete de diciembre de dos mil veinte en que se dictó sentencia en primera instancia, sin que diera noticia de haber interpuesto amparo indirecto contra esas violaciones previo a la emisión de ese fallo y en todo caso, debió hacerlas valer en el amparo directo que interpuso contra la resolución de segunda instancia, de tal modo que, el amparo indirecto que ahora pretende promover contra esas violaciones resulta por demás extemporáneo. Por lo tanto, es inconcuso que transcurrió el plazo de quince días que la ley otorga para la presentación de la demanda de amparo y, por ende, el quejoso consintió tácitamente los actos que pretenden reclamar; en razón de que conocían la existencia del mismo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia. P./J. 12/2015(10a.), por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo 1, página 38, de texto y rubro: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA.El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal. En el caso, el acto reclamado no se ubica en alguna de las excepciones al plazo general previstas por el numeral 17 de la Ley de Amparo, ya que no es una ley autoaplicativa o un procedimiento de extradición, tampoco una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, ni tiene por objeto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, ni importa peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal o alguno de los prohibidos por el precepto 22 Constitucional. Sirven de apoyo a lo anterior, por las razones que las informan, los siguientes criterios: "Quinta Época Registro: 370682 Instancia: Cuarta Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XCV Materia(s): Laboral Tesis: Página: 1533 TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO DEBE EMPEZARSE A CONTAR. Ni literal ni lógica ni jurídicamente puede estimarse, que en el caso de que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, deba tomarse necesariamente como punto de partida, para hacer el cómputo del término para la interposición del amparo, la notificación del propio acto, en primer lugar porque la interpretación gramatical no permite hacer esa distinción, y en segundo, porque no existe precepto alguno en la ley que lo autorice. Por el contrario, es lógico admitir que el legislador estimó que el elemento principal a tomarse en cuenta, es el de que el afectado tenga conocimiento de los actos, de hecho, pues esto está de acuerdo con la teoría jurídica de los actos de autoridad, que si por una parte deben tener firmeza, por la otra, tienen la presunción de legalidad, mientras no se demuestre lo contrario, mediante el juicio constitucional y ello, dentro del término perentorio de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, no siendo otro el principio en que descansa el motivo de improcedencia que se contiene en la fracción XII del artículo 73 del propio ordenamiento, y cuya consecuencia es la de que no siendo combatidos en tiempo los actos de autoridad, queden éstos firmes y su legalidad no puede ser objeto de discusión. En tal virtud, debe concluirse que no es la naturaleza del procedimiento del que emana el acto reclamado, la que debe servir de base para determinar el momento a partir del cual debe empezarse a computar el término aludido, sino simplemente el hecho de que el quejoso conozca el acto y de esta manera esté en posibilidad de atacarlo, surgiendo esta posibilidad desde el momento mismo en que se entere del acto o legalmente se le tenga por enterado mediante una notificación, independientemente de la naturaleza del procedimiento del que se haya derivado." "Novena Época Registro: 204707 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Agosto de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/21 Página: 291 ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Consecuentemente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo que nos ocupa. Al margen que como se expuso, la demanda de amparo es extemporánea, se actualiza además la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dice: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" El artículo transcrito establece que cuando se promueva un juicio de amparo, cuyo acto emane de un procedimiento judicial, se considerarán consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en éste, si hubiera un cambio de situación jurídica, pues no podría analizarse el acto combatido, sin afectar esa nueva situación. Ello es así, ya que todo proceso está formado por una serie de pasos precisados en las legislaciones aplicables, algunos están íntimamente vinculados con el siguiente, pues no se puede emitir el segundo, sin cumplir con los requisitos del primero, mientras que otros pueden gozar de autonomía, en virtud de que la emisión de éstos no afecta los anteriores. Entonces, conforme a lo anterior, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; Que se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, en el presente caso el quejoso reclamó en el presente juicio las violaciones procesales acontecidas en primera instancia en el proceso penal instruido en su contra. Y de los antecedentes narrados en la demanda y escrito de desahogo de prevención, se desprende que contra esa sentencia interpuso recurso de apelación y posteriormente amparo directo contra ese fallo. Por tanto es evidente que el dictado de las sentencias de primera, segunda instancia y amparo directo, produjo una consumación irreparable de las violaciones reclamadas, ya que no se podría jurídicamente estudiar el acto reclamado consistente en las violaciones procesales acontecidas en primera instancia, sin afectar la nueva situación jurídica de la parte quejosa. Lo anterior porque la imposibilidad de regresar las etapas procesales, cuando el juicio o procedimiento ha avanzado a una etapa distinta, es la que produce que las posibles violaciones que se hubieren cometido en la etapa anterior se estimen irreparablemente consumadas, pues el análisis de éstas podría afectar la nueva situación jurídica que se ha creado al avanzar el asunto a una etapa procesal diversa. En el caso, con motivo de la sentencia condenatoria dictada contra el quejoso, la cual se modificó en apelación y fue materia de estudio en amparo directo, se superó la etapa procesal en que el quejoso estuvo en posibilidad de hacer valer las violaciones de que se duele (previo al dictado de la sentencia de primera instancia y posteriormente en amparo directo), lo que hace jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce de sus garantías, porque no es posible hacer que el proceso penal se retrotraiga hasta antes del dictado de la sentencia de primera instancia en que estuvo en posibilidad de hacer valer tales violaciones. Determinación que se apoya en el criterio contenido en la tesis de rubor y texto: "Registro digital: 2025083 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común Tesis: I.11o.C.61 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Agosto de 2022, Tomo V, página 4390 Tipo: Aislada CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAME UN ACTO PROCESAL VINCULADO EXPRESAMENTE CON ALGUNA DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO EN EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN CON LA QUE CONCLUYE O DILUCIDA LA CONTROVERSIA PRINCIPAL O INCIDENTAL PLANTEADA. Hechos: En la fase de ejecución de convenio de un juicio mercantil, la parte demandada promovió incidente de nulidad de actuaciones respecto a la adjudicación del inmueble embargado en ese asunto. Además, solicitó medidas cautelares con la finalidad de que: a) se mantuviera la situación de hecho existente; y, b) se inscribiera el referido incidente en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el folio real del inmueble adjudicado. El Juez de origen admitió el incidente de nulidad de actuaciones y, en dos acuerdos distintos, no acordó de conformidad las medidas cautelares solicitadas. En contra de estas últimas dos resoluciones, la parte demandada promovió juicio de amparo. El Juez de Distrito desechó la demanda al estimar que se actualizó un cambio de situación jurídica, pues en diversa demanda de amparo promovida por la misma quejosa, respecto del mismo procedimiento de origen, reconoció que el incidente de nulidad de actuaciones se declaró infundado en interlocutoria de primer grado y que ésta se encontraba subjúdice en apelación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, sólo se actualiza cuando en el juicio de amparo se reclame un acto vinculado expresamente con alguna de las etapas procesales que conforman el procedimiento respectivo en el que se emite resolución con la que concluye o dilucida la controversia principal o incidental planteada. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente cuando por virtud de un cambio de situación jurídica deban considerarse consumadas irreparablemente las presuntas violaciones que se hubieren cometido en el procedimiento respectivo, pues no es posible decidir sobre éstas sin afectar la nueva situación jurídica. Esta causa de improcedencia sólo opera en procedimientos jurisdiccionales o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. De esa forma, el cambio de situación jurídica implica que el acto reclamado ocurrió en una determinada etapa procesal; de ahí que cuando el procedimiento avanza a otra fase, por regla general no es posible hacer que el juicio o procedimiento se retrotraiga. En otras palabras, el procedimiento jurisdiccional o el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio se asemeja a un túnel dividido en secciones, cada una de las cuales se cierra o individualiza de las demás por medio de compuertas; de manera que cada vez que se avanza por ese túnel, las compuertas que dividen las secciones se cierran, lo que impide que la persona que recorre ese túnel se encuentre en posibilidad para regresar a la sección anterior, pues ésta ha quedado cerrada definitivamente. Esa imposibilidad de regresar las etapas procesales, cuando el juicio o procedimiento ha avanzado a una etapa distinta, es la que produce que las posibles violaciones que se hubieren cometido en la etapa anterior se estimen irreparablemente consumadas, pues el análisis de éstas podría afectar la nueva situación jurídica que se ha creado al avanzar el asunto a una etapa procesal diversa. Conforme a lo expuesto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo llamada cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, aquél será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. Por tanto, si en el procedimiento principal o incidental respectivo se solicitan medidas cautelares y éstas no se acuerdan de conformidad, la emisión de la resolución con la que concluya ese procedimiento principal o incidental no implica un cambio de situación jurídica, en virtud de que las medidas cautelares solicitadas no corresponden a una etapa de ese procedimiento." De ahí, que se actualice la causal de improcedencia invocada, al existir un cambio de situación jurídica. Consecuentemente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XVII, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo que nos ocupa, únicamente por cuanto hace al acto reclamado identificado en este acuerdo con el número 3. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y POR MEDIO DE OFICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÒYOTL, EN TURNO. Así lo proveyó y firma el licenciado RODOLFO MEZA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl ante Brianda Ivette Pacheco Flores, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    ***NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR ÚNICA OCASIÓN.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · 9,414 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano