Juan Antonio Blas Meana Y Remis
Expediente 521/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juan Antonio Blas Meana Y Remis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
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Cuernavaca, Morelos, trece de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 521/2017-II-B, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario MANUEL ALEXANDER VÁZQUEZ FALCÓN, que autoriza y da fe.
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...PRIMERO. SE SOBRESEE...
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En Cuernavaca, Morelos, a las doce horas con dos minutos del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, estando en audiencia pública Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refieren los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 521/2017-II-B, promovido por Juan Antonio Blas Meana y Remis, por derecho propio, sin la comparecencia de las partes. Declarada abierta la audiencia, el secretario hace una relación oral de todas las constancias que obran en autos. Abierto el periodo de pruebas, la secretaria da cuenta con la ofrecida por la parte quejosa, a saber, copia simple por duplicado de acuse de recibo de escrito presentado a la Oficialía Mayo del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete (fojas cinco a 14); el delegado del Oficial Mayo del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, exhibió copias autógrafas de oficio sin número de siete de junio de dos mil diecisiete, dirigido al quejoso y constancia de notificación de doce siguiente (fojas 44 a 48) y hace constar que no se aportaron más medios de convicción y no hay pruebas desahogadas con las que dar cuenta. El Juez acuerda: se admiten y tienen por desahogadas las pruebas de mérito, dada su especial naturaleza, sin perjuicio de su valoración en la sentencia y así, se declara cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos. La secretaria da cuenta con los presentados por el quejoso, que se tuvieron por vertidos mediante auto de veintitrés de mayo actual y hace constar que las partes no formularon más [alegatos], por lo que el Juez acuerda: se tienen por reproducidos los alegatos y al no existir cuestión sobre la cual proveer, se declara cerrada la etapa de alegatos y se ordena dictar sentencia definitiva. Doy Fe. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 521/2017-II-B, promovido por Juan Antonio Blas Meana y Remis, por derecho propio, contra actos del Oficial Mayo del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, turnada y recibida ese día, Juan Antonio Blas Meana y Remis, por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de treinta siguiente; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguida la secuela procesal, por auto de veintiuno de junio se fijaron las doce horas con dos minutos del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, el cual carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, este es el acto que el quejoso reclama del Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos: La falta de acuerdo al escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. TERCERO. Certeza del(los) acto(s) reclamado(s). Al rendir el informe justificado, el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 25). Por tanto, el acto reclamado se tiene por cierto, en virtud de que la autoridad admitió la falta de acuerdo del escrito sobre el que versa el acto reclamado. No pasa inadvertido que con independencia de la certeza del acto, la autoridad también lo negó; sin embargo, fundó la negativa en la carga de trabajo y una lista de peticiones a responder y estos argumentos implican una justificación a la falta de respuesta, pero no implican la inexistencia del acto reclamado, porque su certeza estriba en la falta de contestación. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio oficioso y preferente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. El amparo es improcedente. La improcedencia deviene de la causa prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El quejoso ofreció como prueba, copia simple de acuse de recibo de escrito presentado al Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete (fojas cinco a nueve). El delegado del Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, exhibió copias autógrafas de oficio sin número de siete de junio de dos mil diecisiete, dirigido al quejoso y constancia de notificación de doce siguiente (fojas 44 a 48). Ya que la copia simple del acuse de recibo aportada por el quejoso, no fue redargüida de falsa; con fundamento en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establece la presunción de existencia del escrito original. Las constancias exhibidas por el delegado de la autoridad responsable, ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Examinadas en conjunto, las documentales señaladas prueban los siguientes hechos. El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, el quejoso presentó escrito al Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, solicitándole esta información: ". A).- Categoría con la que compareció en el acta circunstanciada de fecha 4 de Enero del año 2016, consistente en la entrega recepción de la Oficialía Mayor. B).- Si se entregó por parte del (sic) usted algún pliego de observación de los archivos, expediente y/o documentos que le fueron entregados con la categoría en la que compareció en el acta circunstanciada citada en el inciso anterior. C).- Si hizo algún oficio, Memorándum al órgano de Control Interno Municipal. D).- Si realizó con su obligación que le impone la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios, en atención a la categoría con la que compareció en el acto administrativo de entrega recepción de la Oficialía Mayor del Periodo 2013-2015. ." Por oficio sin número de siete de junio de dos mil diecisiete, el encargado de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, respondió el escrito presentado por el quejoso el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete (fojas 44 y 45). La respuesta fue notificada al quejoso el doce de junio del año en curso (fojas 46 a 48). Ahora bien, la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que originan la queja. Lo anterior se sustenta en las siguientes jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) Núm. 79, Julio de 1994 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tesis: 1a./J. 36/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196072 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 5 Jurisprudencia(Común, Penal) Tomo VII, Junio de 1998 ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. La parte quejosa presentó la demanda de amparo el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Al considerar la presentación de la queja en ejercicio del derecho de petición, debe abordarse en qué consiste esta prerrogativa. El artículo 8º de la Carta Magna, que consagra el derecho de petición, dice a la letra: "Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El precepto transcrito otorga un derecho a los gobernados e impone una obligación a las autoridades. El derecho que confiere a los gobernados, es el de acudir ante cualquier autoridad a formular peticiones de manera escrita, pero siempre de forma pacífica y respetuosa, con la salvedad que en materia política, sólo pueden hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. La obligación que impone a las autoridades, es correlativa de la recepción de la petición y tiene dos componentes: 1) Dictar un acuerdo escrito, congruente con la solicitud aunque no necesariamente favorable al interés del gobernado y; 2) Dar a conocer su respuesta al solicitante en breve término, en el entendido que únicamente si aquél señala domicilio para ser notificado, quedará sujeta a hacer de su conocimiento la respuesta en ese domicilio, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse. Ahora bien, a la instauración del juicio de amparo, la petición del quejoso no había sido respondida y, por consiguiente, menos notificada la respuesta. Sin embargo, tales hechos ocurrieron con posterioridad. En efecto, a través del oficio sin número de siete de junio de dos mil diecisiete, el encargado de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, respondió la petición del quejoso y dicha respuesta le fue notificada el doce siguiente. Sin juzgar sobre la legalidad o no de la respuesta de la autoridad y únicamente para efectos de determinar si la respuesta fue congruente o no, procede imponerse de la petición y la contestación. Antes de continuar, es necesario establecer qué es congruencia. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, congruencia es conveniencia, coherencia, relación lógica. Entonces, una respuesta será congruente cuando conteste lo planteado. A mayor abundamiento sobre qué es la congruencia, en un contexto jurídico, el principio de congruencia supone que la autoridad se pronuncie sobre lo planteado, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. Como quedó apuntado en párrafos que anteceden, a través de su petición, el quejoso solicitó respuesta a estas cuatro preguntas: ". A).- Categoría con la que compareció en el acta circunstanciada de fecha 4 de Enero del año 2016, consistente en la entrega recepción de la Oficialía Mayor. B).- Si se entregó por parte del (sic) usted algún pliego de observación de los archivos, expediente y/o documentos que le fueron entregados con la categoría en la que compareció en el acta circunstanciada citada en el inciso anterior. C).- Si hizo algún oficio, Memorándum al órgano de Control Interno Municipal. D).- Si realizó con su obligación que le impone la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios, en atención a la categoría con la que compareció en el acto administrativo de entrega recepción de la Oficialía Mayor del Periodo 2013-2015. ." Como se lee del oficio sin número de siete de junio del año en curso, la autoridad responsable contestó todas las interrogantes del quejoso. A juicio de quien resuelve, las respuestas fueron congruentes con las preguntas. Y se reitera, la respuesta de la autoridad responsable fue puesta en conocimiento del quejoso el doce de junio actual. En torno a la notificación, según la constancia, Rafael Franco Melgarejo, quien funge como delegado de la autoridad responsable, manifestó que se constituyó en el domicilio ubicado en Lourdes 749, fraccionamiento Manantiales, en Cuautla, Morelos, el doce de junio de dos mil diecisiete, en busca de Juan Antonio Blas Meana, para notificarle la respuesta por escrito a la solicitud de información de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Según el notificador, en el domicilio fue atendido por quien dijo ser esposa del quejoso y ante su negativa de ser notificada, procedió a pegar la respuesta en la pared del inmueble. La constancia de notificación trajo anexas dos imágenes, una de una persona colocando un oficio bajo el grabado del número 749 en un muro y otra del oficio ya adherido. Sin juzgar sobre la legalidad o ilegalidad de la notificación, la referida constancia evidencia que la notificación de la respuesta a la petición del quejoso, fue intentada en el domicilio que aquél designó en su escrito para tal efecto. Así las cosas, a juicio de quien resuelve, la autoridad responsable satisfizo los elementos de la obligación que le impone el ejercicio del derecho de petición, a saber, respuesta congruente y por escrito a la petición y su conocimiento al quejoso en el domicilio proporcionado para ser notificado; sin que sea óbice para ello que la respuesta y la notificación únicamente aludan a Juan Antonio Blas Meana, cuando el quejoso promovió como Juan Antonio Blas Meana y Remis, esto en virtud de tratarse de una nimiedad en el nombre y, en contrapartida, coinciden los datos de la petición respondida y el domicilio en que se llevó a cabo la notificación de la respuesta. Lo resuelto no implica determinación sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la respuesta ni de su notificación, antes, únicamente se refiere a la satisfacción por la responsable, de la obligación que le impone el ejercicio del derecho de petición, por lo que quedan a salvo los derechos del quejoso para actuar en la vía y forma que a su interés convenga. De hecho, debe decirse que no procede examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la respuesta a la petición ni de su notificación, porque tales actos positivos no forman parte de la litis. Tal exclusión no constituye inobservancia a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consignada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el órgano de amparo, como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), no puede ocuparse de examinar un acto distinto del señalado como reclamado, pues de hacerlo, modificaría la litis constitucional y afectaría los principios que rigen el juicio de amparo, entre éstos, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos, como son los afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. El rubro y texto de la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), se citan a continuación: Tesis: P./J. 5/2016 (10ª.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2012228 1 de 1 Pleno Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I Pag. 11 Jurisprudencia(Constitucional, Común) Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos. Conforme a lo expuesto, los actos positivos desplegados motu proprio por la autoridad responsable, de responder la petición del quejoso formulada el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete y notificarle su decisión, trajeron consigo la cesación de efectos de la omisión reclamada, pues los destruyó de forma total e incondicional, que en suma, consistían en la incertidumbre jurídica que generaba en la parte quejosa, la falta de respuesta a su solicitud. A mayor abundamiento, la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo por la cesación de efectos del acto reclamado, no es la simple destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos en la esfera jurídica del quejoso, no los surtirá más y no dejó huella que amerite el otorgamiento del amparo para ser borrada. Sobre los pormenores de la cesación de efectos del acto reclamado, se invocan como apoyo estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 9/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196820 1 de 1 Segunda Sala Tomo VII, Febrero de 1998 Pag. 210 Jurisprudencia(Común) Tomo VII, Febrero de 1998 SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193758 46 de 80 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Pág. 38 Jurisprudencia(Común) Tomo IX, Junio de 1999CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y las manifestaciones en torno al acto reclamado, aun de las que planteen la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior porque el sobreseimiento no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo y resulta irrelevante constatar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido del fallo. Los referidos efectos del sobreseimiento se apoyan en las siguientes jurisprudencias: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) Volumen 24, Tercera Parte SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) Tomo VIII, Agosto de 1998 SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Alegatos del quejoso. Con independencia de la resolución del juicio, en acatamiento del principio de exhaustividad que debe regir en toda resolución judicial, respecto de los alegatos formulados por el quejoso, debe decirse que por criterio jurisprudencial del Pleno del Alto Tribunal del País, los alegatos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, que no pueden estar por encima de los elementos probatorios, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador, entrar a su estudio. A mayor razón, lo planteado en vía de alegatos no constituye conceptos de violación ni da lugar a incluir en la litis nuevos actos reclamados, verbigracia, la respuesta de la autoridad a la petición; antes, esto debe realizarse a través del acto formal que la Ley de Amparo establece para ello, a saber, la ampliación de demanda de amparo. El aludido criterio jurisprudencial está contenido en la siguiente tesis: Tesis: P./J. 27/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 205449 1 de 1 Pleno Núm. 80, Agosto de 1994 Pag. 14 Jurisprudencia(Común) Núm. 80, Agosto de 1994 ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Antonio Blas Meana y Remis, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe. Doy fe. Oopb
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el Delegado del OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, mediante el cual remite la respuesta de siete de junio del año en curso, que recayó al escrito presentado por el quejoso el seis de marzo de dos mil diecisiete y su respectiva notificación; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga, dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase...
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