Juan Antonio Barboza Guzmán
Expediente 528/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 528/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Antonio Barboza Guzmán
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, seis de agosto de dos mil veintiuno. Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase esta circunstancia del conocimiento de la parte quejosa. Por otra parte, ya que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar; que en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, de que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa; en consecuencia se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el presente expediente es destruible.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Juan Antonio Barboza Guzmán, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 528/2021-IV y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La audiencia conciliatoria de dieciséis de junio del dos mil veintiuno, dentro el expediente número 371/2019, relativo al juicio de divorcio incausado y alimentos promovido por Irma Marcela González Ríos, en contra del quejoso, en la que no se le permitió al abogado patrono del quejoso estar presente, violando en su perjuicio el derecho de estar debidamente asesorado en la citada audiencia. Ahora, con relación a la citada demanda, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: Como se puede advertir, el artículo 17 de la Ley de Amparo prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, salvo las excepciones contempladas en dicho numeral; en tanto que el diverso 18 dispone que el citado plazo se computarán a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a). Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b). Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o, c). Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En la primera de ellas, el término de quince días que prevé el citado artículo 17 se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. En la segunda hipótesis, el término para la interposición de la demanda de amparo iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, ya sea porque en el procedimiento del que deriva el acto reclamado no existe medio legal de comunicación procesal, o bien, porque no es parte del mismo, o siéndolo no fue llamado al procedimiento. La tercera y última estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado, lo cual entraña una confesión de la existencia y conocimiento de un acto que transgrede derechos públicos subjetivos del gobernado. No está por demás mencionar que la parte quejosa no se ubica en ninguna de las hipótesis de excepción que prevé el numeral 17 de la Ley de Amparo, para interponer la demanda de amparo, en el plazo de quince días, pues no reclama una norma general, o el procedimiento de extradición; la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; actos relativos a derechos agrarios; o alguno que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Ahora, el quejoso Juan Antonio Barboza Guzmán, hace consistir el acto reclamado en: La audiencia de conciliación de dieciséis de junio del dos mil veintiuno, dentro el expediente número 371/2019, relativo al juicio de divorcio incausado y alimentos promovido por Irma Marcela González Ríos, en contra del quejoso, audiencia de la cual anexa copia simple de dicha audiencia y en la que no se le permitió a su abogado patrono estar presente, violando en su perjuicio el derecho de estar debidamente asesorado en la citada audiencia." Con relación a ese acto que reclama, el quejoso refiere que le fue notificado en la citada audiencia llevada a cabo en el Juzgado Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, el dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Por tanto, la regla que debe aplicarse para computar el término para la presentación de la demanda de amparo, es la establecida en el artículo 18, primer supuesto, de la Ley de Amparo, es decir, a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación a la parte quejosa del acto reclamado, pues se insiste el quejoso señala en su escrito de demanda que fue notificado del acto reclamado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, además que al haber estado presente en la misma, se enteró de lo ahí acontecido. Ahora, el artículo 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, dispone: Como se ve, las notificaciones practicadas personalmente, surten plenamente sus efectos al día siguiente, lo que implica que la notificación al quejoso del acto reclamado, surtió plenamente sus efectos el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, por lo que el término de quince días contemplado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera su demanda de amparo, empezó a computarse a partir del dieciocho de junio y concliuyó el ocho de julio de dos mil veintiuno; sin contar los días, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de junio, tres y cuatro de julio del año en curso por ser inhábiles (sábados y domingos); en consecuencia, si la demanda que dio origen al presente juicio constitucional, fue presentada por la parte quejosa en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, el catorce de julio de esta anualidad, es inconcuso que para esta última fecha ya había transcurrido el término de quince días que fija el citado artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, por lo que, se considera que la parte quejosa consintió el citado acto que ahora combate; en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del Tomo XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: Asimismo, es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número IV.3o. J/44, publicada en la página 49, tomo 86-2, Febrero 1995, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente: De igual forma resulta aplicable la Tesis, visible en la página 235, XI, Junio de 1993, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: En las narradas condiciones al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Juan Antonio Barboza Guzmán, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Téngase por autorizado para imponerse de autos y oír notificaciones en términos de la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gonzalo Mendoza García, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que lo faculta a ejercer la profesión de licenciado en Derecho o Abogado, tal como exige el mencionado precepto legal. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle del Grillo, número dos letra A (2-A), Fraccionamiento Los Pirules, en Guadalupe, Zacatecas.
- Principal
SE PUBLICA AUTO CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE QUEJOSA. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Juan Antonio Barboza Guzmán, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 528/2021-IV y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La audiencia conciliatoria de dieciséis de junio del dos mil veintiuno, dentro el expediente número 371/2019, relativo al juicio de divorcio incausado y alimentos promovido por Irma Marcela González Ríos, en contra del quejoso, en la que no se le permitió al abogado patrono del quejoso estar presente, violando en su perjuicio el derecho de estar debidamente asesorado en la citada audiencia. Ahora, con relación a la citada demanda, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: Como se puede advertir, el artículo 17 de la Ley de Amparo prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, salvo las excepciones contempladas en dicho numeral; en tanto que el diverso 18 dispone que el citado plazo se computarán a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a). Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b). Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o, c). Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En la primera de ellas, el término de quince días que prevé el citado artículo 17 se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. En la segunda hipótesis, el término para la interposición de la demanda de amparo iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, ya sea porque en el procedimiento del que deriva el acto reclamado no existe medio legal de comunicación procesal, o bien, porque no es parte del mismo, o siéndolo no fue llamado al procedimiento. La tercera y última estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado, lo cual entraña una confesión de la existencia y conocimiento de un acto que transgrede derechos públicos subjetivos del gobernado. No está por demás mencionar que la parte quejosa no se ubica en ninguna de las hipótesis de excepción que prevé el numeral 17 de la Ley de Amparo, para interponer la demanda de amparo, en el plazo de quince días, pues no reclama una norma general, o el procedimiento de extradición; la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; actos relativos a derechos agrarios; o alguno que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Ahora, el quejoso Juan Antonio Barboza Guzmán, hace consistir el acto reclamado en: La audiencia de conciliación de dieciséis de junio del dos mil veintiuno, dentro el expediente número 371/2019, relativo al juicio de divorcio incausado y alimentos promovido por Irma Marcela González Ríos, en contra del quejoso, audiencia de la cual anexa copia simple de dicha audiencia y en la que no se le permitió a su abogado patrono estar presente, violando en su perjuicio el derecho de estar debidamente asesorado en la citada audiencia." Con relación a ese acto que reclama, el quejoso refiere que le fue notificado en la citada audiencia llevada a cabo en el Juzgado Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, el dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Por tanto, la regla que debe aplicarse para computar el término para la presentación de la demanda de amparo, es la establecida en el artículo 18, primer supuesto, de la Ley de Amparo, es decir, a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación a la parte quejosa del acto reclamado, pues se insiste el quejoso señala en su escrito de demanda que fue notificado del acto reclamado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, además que al haber estado presente en la misma, se enteró de lo ahí acontecido. Ahora, el artículo 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, dispone: Como se ve, las notificaciones practicadas personalmente, surten plenamente sus efectos al día siguiente, lo que implica que la notificación al quejoso del acto reclamado, surtió plenamente sus efectos el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, por lo que el término de quince días contemplado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera su demanda de amparo, empezó a computarse a partir del dieciocho de junio y concliuyó el ocho de julio de dos mil veintiuno; sin contar los días, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de junio, tres y cuatro de julio del año en curso por ser inhábiles (sábados y domingos); en consecuencia, si la demanda que dio origen al presente juicio constitucional, fue presentada por la parte quejosa en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, el catorce de julio de esta anualidad, es inconcuso que para esta última fecha ya había transcurrido el término de quince días que fija el citado artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, por lo que, se considera que la parte quejosa consintió el citado acto que ahora combate; en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del Tomo XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: Asimismo, es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número IV.3o. J/44, publicada en la página 49, tomo 86-2, Febrero 1995, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente: De igual forma resulta aplicable la Tesis, visible en la página 235, XI, Junio de 1993, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: En las narradas condiciones al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Juan Antonio Barboza Guzmán, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Téngase por autorizado para imponerse de autos y oír notificaciones en términos de la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gonzalo Mendoza García, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que lo faculta a ejercer la profesión de licenciado en Derecho o Abogado, tal como exige el mencionado precepto legal. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle del Grillo, número dos letra A (2-A), Fraccionamiento Los Pirules, en Guadalupe, Zacatecas.
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