Juan Antonio Arriola Partida

Expediente 351/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
351/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Director del Instituto Nacional de Antropología E Historia de Tepic, Nayarit
  • Juan Antonio Arriola Partida

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    A las nueve horas del veintidós de junio de dos mil veintidós, y por no haberse presentado a oír notificación personal, se tiene por hecha al quejoso JOSÉ ROBERTO SALAZAR CARRILLO, la notificación a través de lista, de la determinación de dieciséis de junio dos mil veintidós, de conformidad con los artículos 27, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.-

  2. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada por este juzgado en el juicio de garantías en que se actúa, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo séptimo de expedientes depurables, artículo 18, fracción I, inciso b), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se negó la protección constitucional solicitada; debiéndose conservar en las 04/08/23 10:01:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA instalaciones del juzgado por el término de tres años, contados a partir del presente proveído y una vez transcurrido dicho lapso y concluido el procedimiento a que alude el párrafo tercero del aludido numeral, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, háganse las anotaciones, en el libro de gobierno de correspondiente que se lleva en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, ya que del estado de autos, se advierte que obran cuatro anexos I (2), II y III; y, ya que en esta fecha se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, es innecesario que dichas documentales continúen a disposición de este juzgado federal; por tanto, devuélvanse los referidos anexos a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 351/2021-XII, promovido por Juan Antonio Arriola Partida, por propio derecho. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEL ACTO RECLAMADO. El uno de abril de dos mil veintiuno, la parte quejosa presentó escrito ante las responsables, por el que solicitó copias simples de diversos documentos. El veintiuno de abril de dos mil veintiuno la Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Ciudad de México, emitió una resolución en la que dio respuesta a la petición realizada por la parte quejosa; notificándose a la quejosa en la misma fecha. Dicha respuesta constituye el acto reclamado. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Veintisiete de abril de dos mil veintiuno (fojas 1 a 4). Prevención de la demanda: Veintinueve de abril de dos mil veintiuno (fojas 9 a 13). Admisión sin incidente: Once de mayo de dos mil veintiuno (fojas 19 a 21). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: Doce de mayo de dos mil veintiuno, quien no formuló alegatos (foja 29). Celebración de audiencia constitucional: Veintiuno de julio de dos mil veintiuno. CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza administrativa, el presente juicio de amparo fue radicado después de la entrada en vigor del Acuerdo General 3/2020, mediante el cual, entre otras cosas, se determinó la transformación del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a su vez, la demanda de amparo se presentó en el lugar en el que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción, dado que 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de Amparo Indirecto 351/2021-XII [22] la parte quejosa tiene igualmente su residencia en esta demarcación territorial; lo anterior en términos de lo establecido por los dispositivos legales y acuerdos de previa mención.10 SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que las autoridades responsables y los actos reclamados son los siguientes:11 1. Director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con sede en Tepic, Nayarit. a) Omisión de dar contestación al escrito presentado por el quejoso el uno de abril de dos mil veintiuno, en el que solicitó copias simples de diversos documentos relacionados con las obras que se están realizando en el Centro Histórico de Jala, Nayarit. 2. Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con sede en la Ciudad de México. b) El escrito de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Ciudad de México y notificada el mismo día, en la que se dio respuesta a su petición de uno de abril del presente año. No Orden Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Foja 1 Director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con sede en Tepic, Nayarit. El citado en el inciso a) Niega (Se 31 a 36 10 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 19/2009, en el que se creó el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales; el 17/2019 en el que se estableció la competencia para conocer de procesos penales federales y de amparo en materia penal y 3/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura, éste último aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual, en su artículo 1, estableció que este órgano jurisdiccional, además de conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia penal que se hubiese recibido bajo la anterior denominación de este Juzgado de Distrito. 11 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." También apoya lo expuesto la jurisprudencia P./J. 49/96 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Materia Común, Página 58, con número de registro 200066, Novena Época, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto." 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de Amparo Indirecto 351/2021-XII [23] Amparo indirecto 351/2021-XII . desvirtúa) 2 Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con sede en Ciudad de México. .. El citado en el inciso a) Niega (Se desvirtúa) 49 a 56 TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto, el acto reclamado consistente en la omisión de otorgar respuesta a la petición realizada, por parte del Director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con sede en Tepic, Nayarit, pues no se advierte que dió respuesta al escrito presentado por el quejoso el uno de abril de dos mil veintiuno, en el que le solicitó copias simples de diversos documentos relacionados con las obras que se están realizando en el Centro Histórico de Jala, Nayarit. De igual forma, es cierto, el acto reclamado, consistente en el escrito de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Ciudad de México y notificada el mismo día, en la que se dio respuesta a su petición de uno de abril del presente año, no obstante, haya manifestado no es cierto, toda vez, que el ocurso de veintiuno de abril del presente año, fue emitido por la aludida responsable. Por lo que, la certeza de los actos reclamados se demuestra con las documentales que se allegaron al sumario, las que al no haber sido objetadas, y ser expedidas por servidor público en uso de sus atribuciones, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles,12 de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., con el que se demuestra que la parte quejosa realizó la petición de referencia. CUARTO. PROCEDENCIA. 4.1 Respecto del acto señalado en el inciso a) La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable Director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con sede en Tepic, Nayarit, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, al referir que respecto a la petición que hizo el quejoso de uno de abril de dos mil veintiuno, esta fue recibida y remitida al módulo Central de Transparencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para su atención a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, lo cual, se hizo del conocimiento del quejoso, mediante correo electrónico de veintidós del abril de dos mil veintiuno, enviado a través de la cuenta de la ventanilla única del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en Tepic, Nayarit. Asimismo, el veintiuno de abril del presente año, le fue notificado al quejoso el oficio UE-559/2021, suscrito por la Coordinadora Nacional de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de 12 "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes," Artículo 133. Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129." "Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.". "Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado." "Artículo 203. El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas. El escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe de la existencia de la declaración; más no de los hechos declarados. Es aplicable al caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 202." 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de Amparo Indirecto 351/2021-XII [24] Transparencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por el cual, se le informó que su solicitud quedó registrada bajo el folio 1115100023721, y que tomando en consideración que la documentación relacionada con su petición, contenía datos personales considerados como de información confidencial, se ponía a su disposición la documentación solicitada en versión pública, mismas que serían entregadas previo pago de derechos. Acompañando la autoridad responsable copias certificadas de diversas documentales para acreditar tal aseveración, las cuales ya fueron valoradas con anterioridad. En ese sentido, de las citadas documentales, se advierte que, se dio contestación por escrito a la solicitud del quejoso, la cual, si bien es cierto, fue emitida por una diversa autoridad a la responsable, está la realizó en atención a que le fue canalizada al encontrarse vinculada con sus funciones,13 además, que la misma, fue emitida de manera congruente a la petición realizada y el quejoso fue enterado de ello.14 De lo anterior, se desprende que la responsable dio contestación a la petición efectuada por la parte quejosa. En efecto, de las constancias que obran en autos, se permite determinar que previo a la presentación de la demanda de amparo -veintiocho de abril de dos mil veintiuno-, la responsable el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, le notificó por correo electrónico que la información solicitada ya se encontraba disponible, lo cual refirió el mismo quejoso en su escrito de demanda, y que se corrobora con las documentales que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado; por tanto, la omisión que señala como acto reclamado la aquí quejosa, no existía a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veintiocho de abril de dos mil veintiuno-, ya que, como se señaló, la respuesta a su petición fue previo a la presentación de la demanda de amparo que aquí se analiza, sin que haya aportado elemento de convicción eficaz con 13 Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 78/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 280 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, Administrativa Novena Época, de contenido: INCONFORMIDAD. DEBE DECLARARSE INFUNDADA Y TENERSE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, CUANDO SE ACREDITA QUE UN INFERIOR JERÁRQUICO DE LA RESPONSABLE, CUYAS FUNCIONES SE VINCULAN CON LO SOLICITADO, YA DIO CONTESTACIÓN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, el efecto de la sentencia protectora, tratándose de actos de naturaleza negativa, consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y a cumplir lo que la misma exija. Por tanto, de concederse la protección federal por haberse acreditado la violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, debe tenerse por cumplida la ejecutoria y declararse infundada la inconformidad, cuando se acredita que ya se dio contestación por escrito a la solicitud del quejoso, no obstante que ésta se formule por una autoridad diversa de la responsable, siempre que se trate de un inferior jerárquico y que la materia de la petición se vincule con sus funciones, pues con ese carácter resuelve la petición formulada al superior. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 129/2006, con Registro Digital 174238 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 279 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, Materia Común Novena Época, de contenido: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE TENERSE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, CUANDO SE DEMUESTRE QUE UN INFERIOR JERÁRQUICO DE LA RESPONSABLE, CUYAS FUNCIONES SE VINCULAN CON LO SOLICITADO, DIO CONTESTACIÓN POR ESCRITO. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe tenerse por cumplida la ejecutoria relativa si se demuestra que ya se dio contestación por escrito a la solicitud del quejoso aunque 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de Amparo Indirecto 351/2021-XII [25] el cual desvirtuara lo manifestado por la autoridad responsable y, con el cual demostrara la existencia de la omisión reclamada, de ahí que, se tiene por inexistente el acto que se reclama.15 Por tanto, al no existir la omisión que reclama la parte quejosa a la autoridad responsable, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 4.2 Respecto del acto señalado en el inciso b). En el caso particular, las responsables aluden la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que el accionante del amparo contaba con los medios de defensa legales ordinarios para combatir los actos reclamados, esto a través del recurso de revisión, argumento que es fundado. Se establece lo anterior, en razón de que previo a la promoción al juicio de amparo indirecto, el quejoso debió impugnar tal acto reclamado en sede administrativa, a través del recurso de revisión, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de lostribunales judiciales, administrativos o del trabajo, quedeban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo provenga de una autoridad diversa de la responsable, siempre que se trate de un inferior jerárquico cuyas funciones se vinculen con la petición. 14 Es aplicable la tesis III.2o.P.1 CS (10a), con Registro Digital 2014889, de los Tribunales Colegiados de Circuito, observable en la página 2831 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Agosto de 2017, Materia Constitucional, Décima Época, de contenido: DERECHO DE PETICIÓN. SE VE SATISFECHO, AUN CUANDO UNA AUTORIDAD DISTINTA A LA QUE SE HIZO LA SOLICITUD, SEA LA QUE DA RESPUESTA DE MANERA CONGRUENTE A LO SOLICITADO, Y ORDENA SU NOTIFICACIÓN AL INTERESADO. En tratándose del derecho de petición previsto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste se satisface, aun cuando es una autoridad, no señalada como responsable, y distinta a la que se le hizo la petición, la que da respuesta de manera congruente al escrito de que se trate y además ordena notificar su determinación al interesado, aunado a que la que dio contestación es la facultada conforme a sus atribuciones para atender lo solicitado, y no la autoridad ante quien se presentó la petición respectiva. 15 Sobre el particular, es dable establecer que el acto reclamado fue inexistente y no hubo una cesación de efectos, dado que, previo a la presentación de la demanda de amparo, no existía el acto reclamado, lo anterior de conformidad con la tesis con datos de localización: Registro digital: 210237, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materias(s): Común, Tesis: II. 1o. C. T. 217 K, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, octubre de 1994, página 313, de rubro y texto: "INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de Amparo Indirecto 351/2021-XII [26] Amparo indirecto 351/2021-XII mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en símismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Del citado artículo y fracción, se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia prevista en el mismo. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. En ese contexto, es de señalarse que en esta sede constitucional se pretende combatir: ? La acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, dictado por la Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Ciudad de México, en la que dio respuesta a la petición realizada por el quejoso, el uno de abril de dos mil veintiuno. Ahora, la ley que rige el acto reclamado, en su artículo 147, establece lo siguiente: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública "Artículo 147. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa por escrito, por correo con porte pagado o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación. Deberán preverse mecanismos accesibles para personas con discapacidad. Para el caso de personas que posean algún tipo de discapacidad que les dificulte una comunicación clara y precisa o de personas que sean hablantes de lengua indígena, se procurará proporcionarles gratuitamente un traductor o intérprete. En el caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido. Asimismo, cuando el recurso sea presentado por una persona con discapacidad ante la Unidad de Transparencia, dicha circunstancia deberá ser notificada al organismo garante, para que determine mediante acuerdo los ajustes razonables que garanticen la tutela efectiva del derecho de acceso a la información. 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de Amparo Indirecto 351/2021-XII [27] ." Así, del numeral transcrito se advierte que contra la respuesta reclamada en el presente asunto procede el recurso de revisión conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los términos y formas señalados por la disposición aplicable. De lo anterior resulta que el referido acto de autoridad previamente a impugnarlo en la presente instancia constitucional, debe combatirse a través del recurso de revisión en términos del citado artículo 147, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Ello se determina así, en razón de que, como ya se vio, el juicio de amparo se funda en diversos principios que lo distinguen de los restantes medios de defensa comunes, previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el de definitividad, cuyo objeto es restringir la procedencia de la acción con el propósito de que, previo a ésta, se agoten los medios de defensa ordinarios procedentes, para impedir que su promoción tenga el efecto pernicioso de obstaculizar la tramitación de aquellos procedimientos ordinarios hasta su culminación con el dictado de una resolución firme e incontrovertible, lo cual fortalece el ejercicio de las facultades que corresponden a las demás autoridades para resolver sobre las situaciones que se les presenten y genera certidumbre en el ordenamiento jurídico. Bajo esa premisa, la Ley de Amparo en su citado artículo 61, fracción XX16, dispone que tratándose de actos distintos de los emitidos por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo será improcedente mientras puedan ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que de acuerdo con las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la propia ley y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse. Consecuentemente, la mencionada causa de improcedencia se actualiza tratándose del amparo promovido contra el referido acto reclamado, pues es susceptible de impugnarse ordinariamente ante la autoridad que emitió el acto reclamado, mediante la revisión prevista en el artículo 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige al juicio de amparo.17 Por otra parte, si bien existen excepciones de agotar los recursos o medios de defensa, cuando el acto reclamado carece de fundamentación o se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de densa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, en el caso concreto no se actualiza ninguna de estas hipótesis como se explicará a continuación: Cabe mencionar que, de un examen objetivo del acto reclamado, sin prejuzgar sobre su constitucionalidad, permite advertir que se emitió con apoyo en una norma jurídica (Ley Federal de 16 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de lostribunales judiciales, administrativos o del trabajo, quedeban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso,con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensiónprovisional, independientemente de que el acto en símismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" 17 Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por reiteración, con datos de localización: Registro digital: 187016, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: I.6o.C. J/37, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, de rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de Amparo Indirecto 351/2021-XII [28] Amparo indirecto 351/2021-XII Transparencia y Accesos a la Información Pública), señalando artículos legales, de ahí que no carezca de fundamentación. En el mismo sentido, tampoco se actualiza la excepción relativa a que únicamente se hagan valer violaciones directas a la Constitución, sin que se encuentren mezcladas con argumentos de legalidad.18 Al respecto, se tiene que, el quejoso reclama el auto por el que se le da respuesta a su petición; lo cierto es, que tal excepción a la hipótesis prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, presupone que en la demanda de amparo exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Norma Suprema; lo que en el caso no acontece, puesto que basta dar lectura completa a la demanda de amparo, para advertir que también reclama cuestiones de legalidad. En ese sentido, resulta claro que la naturaleza jurídica del presente juicio no es la de un amparo contra leyes, puesto que se reclama un aspecto de legalidad, en virtud de que no fueron señaladas como responsables las autoridades que participaron en el proceso legislativo de creación de los precitados artículos, por lo que tampoco se actualiza la hipótesis de excepción que se estudia, dado que el análisis que se realizará no se hará a la luz de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que se tendrá que confrontar la mera legalidad de la debida o indebida aplicación de dicho precepto, y no la inconstitucionalidad de leyes. Consecuentemente, la circunstancia anotada, no releva al afectado de la obligación de agotar los recursos o medios legales que estatuye la ley del acto, pues de considerar lo contrario, imperaría el arbitrio de la parte quejosa, quien podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios de defensa que la ley secundaria establece, lo cual desnaturaliza los principios que rigen el juicio de amparo. En este orden de ideas, no puede estimarse actualizada la excepción a la causa de improcedencia en comento, pues las violaciones que se alegan podrían ser reparadas con el recurso de inconformidad que el propio quejoso instauró, pues se insiste, no constituyen violaciones propiamente de constitucionalidad, sino de legalidad, ya que se hacen depender de la conformidad de la actuación de la autoridad responsable con su marco legal. Asimismo, la excepción consistente en eximir al promovente de agotar el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, tampoco se actualiza, toda vez que está debidamente contemplado en el artículo 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 18 Apoya lo anterior la jurisprudencia por reiteración, con datos de localización: Registro digital: 237480, Instancia: Segunda Sala, Séptima Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 175-180, Tercera Parte, página 119, de rubro y texto siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de Amparo Indirecto 351/2021-XII [29] Por tanto, se sostiene que contra el acto que reclama la parte quejosa, es procedente el recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; por las razones antes indicadas; de ahí que, el presente juicio de amparo sea improcedente en la forma planteada por la parte quejosa. En efecto, al quedar demostrado que el acto reclamado carece definitividad y que no se actualiza alguna excepción al principio aludido, es inconcuso que opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. QUINTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado en los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio, promovido por Juan Antonio Arriola Partida, respecto a los actos y las autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos y razones expuestos en el cuarto. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese; procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Julio César Sarmiento Hernández,

  4. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, quince de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Juan Antonio Arriola Partida, en el presente juicio, mediante el cual formula diversas manifestaciones a manera de alegatos; por tanto, dígase que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, dichas manifestaciones serán relacionadas en la audiencia constitucional y tomadas en cuenta al momento de dictar sentencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Luz Alejandra Laveaga Astorga, Secretaria que autoriza y da fe.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic · 6,724 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano