Juan Antonio Arriola Partida

Expediente 48/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
48/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • Juan Antonio Arriola Partida

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2° de ésta, se acuerda: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en dicho plazo haya recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, por lo que es susceptible de destrucción una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Notifíquese.

  2. Principal

    TODA VEZ QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA JORGE**, NO COMPARECIO DENTRO DEL PLAZO DE DOS DÍAS FIJADOS EN EL AVISO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Zapopan, Jalisco, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante proveídos de diez de noviembre de dos mil veinte, cinco de marzo y siete de abril, ambos de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, diversas partes se manifestaron en torno al pretendido cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la responsable, entre ellas la quejosa. En ese tenor, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la ejecutoria de amparo pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el recurso de revisión ***, en lo que interesa, se resolvió: "Consecuentemente, lo que procede es modificar los efectos del fallo protector, a fin de que el tribunal agrario responsable deje insubsistente el fallo reclamado y todo lo actuado en el juicio agrario ****, inclusive las actuaciones que correspondan a los codemandados de la quejosa, a fin de que se emplace a juicio a la misma, y una vez hecho lo anterior, el tribunal debe conducir el proceso hasta su conclusión como corresponda y de acuerdo a la ley". Al respecto, en auto de diez de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio remitido por la Magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 15, por el que hizo del conocimiento el proveído dictado el cinco de noviembre de ese mismo año, en el juicio agrario ***, del que se advierte que dejó insubsistente el fallo reclamado y todo lo actuado en el juicio natural, inclusive las actuaciones que correspondían a los codemandados de la quejosa. De igual manera, se ordenó emplazar a la aquí quejosa, en los términos ahí precisados, así como se ordenó notificar a los codemandados de la quejosa, se fijó fecha para la celebración de la audiencia de ley y se les requirió para que dieran contestación a la demanda y ofrecieran y presentaran sus pruebas en dicha audiencia. Constancias que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Ahora bien, la parte quejosa alegó que la responsable incurrió en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en síntesis, por las siguientes razones: a) Resulta ilegal que la responsable, en auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, haya ordenado emplazar a la aquí quejosa en el domicilio para recibir notificaciones señalado en el presente juicio de amparo, así como que en diverso auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, haya requerido a sus codemandados para que señalaran un domicilio en donde pudiera ser emplazada. b) La responsable debió dejar insubsistentes los emplazamientos hechos a los codemandados de la aquí quejosa, y ordenar nuevamente llamarlos a juicio, lo anterior, pues en la ejecutoria de amparo se estableció que el efecto era dejar insubsistente todo lo actuado, "inclusive las actuaciones que correspondan a los codemandados de la quejosa". Por lo que hace a lo alegado en el inciso a), dígase a la parte quejosa que el tribunal agrario responsable no incurrió en defecto y/o exceso en el cumplimiento, toda vez que lo único que formó parte de la litis constitucional fue determinar la ilegalidad de la falta de emplazamiento a la aquí quejosa al juicio agrario, mas no el cómo debe ser el emplazamiento que deba practicarse, ya que no es propio de esta instancia constitucional velar por la legalidad del emplazamiento ordenado por la responsable. Así, los efectos de la ejecutoria de amparo se vieron plenamente satisfechos al dejarse insubsistente el fallo reclamado y todo lo actuado en el juicio natural, inclusive las actuaciones que correspondían a los codemandados de la quejosa, con lo que se restituyó a la quejosa en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Ilustra a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen"1. Por otro lado, es infundado lo argumentado por la parte quejosa, sintetizado en el inciso b), toda vez que la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concedió la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de la parte quejosa, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente. 1 Registro digital: 2015693. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 99/2017 (10a.). Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 287. Tipo: Jurisprudencia. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia siguiente: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado"2. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. 2 Registro digital: 160821. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materias(s): Común. Tesis: 1a./J. 72/2011 (9a.). Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, octubre de 2011, Tomo 2, página 933. Tipo: Jurisprudencia. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió la protección constitucional, por lo que es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general conjunto. Destino de los cuadernos incidentales. Por otra parte, por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, se considera que, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo general, es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en virtud de que se concedió la medida cautelar. En tanto que, el duplicado es susceptible de destrucción, en términos del inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo general, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido punto. Devolución de documentos originales. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en términos del numeral 18, párrafo segundo, del acuerdo general en consulta, prevéngase a la parte tercera interesada Ejido Tlajomulco, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para que, dentro del término de noventa días, comparezca a recoger los documentos que en original exhibió en autos (proveído de treinta de julio de dos mil diecinueve), mismos que obran en un sobre por separado, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Devolución cuadernos de pruebas. Por otra parte, al resultar innecesaria su retención, se ordena devolver los cuadernos de pruebas a la autoridad que los remitió, a efecto de que sea ella quien acuerde lo que en derecho corresponda en relación con su destino. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    TODA VEZ QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA RUBEN Y OTROS ***, NO COMPARECIO DENTRO DEL PLAZO DE DOS DÍAS FIJADOS EN EL AVISO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Zapopan, Jalisco, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante proveídos de diez de noviembre de dos mil veinte, cinco de marzo y siete de abril, ambos de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, diversas partes se manifestaron en torno al pretendido cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la responsable, entre ellas la quejosa. En ese tenor, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la ejecutoria de amparo pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el recurso de revisión ***, en lo que interesa, se resolvió: "Consecuentemente, lo que procede es modificar los efectos del fallo protector, a fin de que el tribunal agrario responsable deje insubsistente el fallo reclamado y todo lo actuado en el juicio agrario ****, inclusive las actuaciones que correspondan a los codemandados de la quejosa, a fin de que se emplace a juicio a la misma, y una vez hecho lo anterior, el tribunal debe conducir el proceso hasta su conclusión como corresponda y de acuerdo a la ley". Al respecto, en auto de diez de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio remitido por la Magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 15, por el que hizo del conocimiento el proveído dictado el cinco de noviembre de ese mismo año, en el juicio agrario ***, del que se advierte que dejó insubsistente el fallo reclamado y todo lo actuado en el juicio natural, inclusive las actuaciones que correspondían a los codemandados de la quejosa. De igual manera, se ordenó emplazar a la aquí quejosa, en los términos ahí precisados, así como se ordenó notificar a los codemandados de la quejosa, se fijó fecha para la celebración de la audiencia de ley y se les requirió para que dieran contestación a la demanda y ofrecieran y presentaran sus pruebas en dicha audiencia. Constancias que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Ahora bien, la parte quejosa alegó que la responsable incurrió en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en síntesis, por las siguientes razones: a) Resulta ilegal que la responsable, en auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, haya ordenado emplazar a la aquí quejosa en el domicilio para recibir notificaciones señalado en el presente juicio de amparo, así como que en diverso auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, haya requerido a sus codemandados para que señalaran un domicilio en donde pudiera ser emplazada. b) La responsable debió dejar insubsistentes los emplazamientos hechos a los codemandados de la aquí quejosa, y ordenar nuevamente llamarlos a juicio, lo anterior, pues en la ejecutoria de amparo se estableció que el efecto era dejar insubsistente todo lo actuado, "inclusive las actuaciones que correspondan a los codemandados de la quejosa". Por lo que hace a lo alegado en el inciso a), dígase a la parte quejosa que el tribunal agrario responsable no incurrió en defecto y/o exceso en el cumplimiento, toda vez que lo único que formó parte de la litis constitucional fue determinar la ilegalidad de la falta de emplazamiento a la aquí quejosa al juicio agrario, mas no el cómo debe ser el emplazamiento que deba practicarse, ya que no es propio de esta instancia constitucional velar por la legalidad del emplazamiento ordenado por la responsable. Así, los efectos de la ejecutoria de amparo se vieron plenamente satisfechos al dejarse insubsistente el fallo reclamado y todo lo actuado en el juicio natural, inclusive las actuaciones que correspondían a los codemandados de la quejosa, con lo que se restituyó a la quejosa en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Ilustra a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen"1. Por otro lado, es infundado lo argumentado por la parte quejosa, sintetizado en el inciso b), toda vez que la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concedió la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de la parte quejosa, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente. 1 Registro digital: 2015693. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 99/2017 (10a.). Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 287. Tipo: Jurisprudencia. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia siguiente: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado"2. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. 2 Registro digital: 160821. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materias(s): Común. Tesis: 1a./J. 72/2011 (9a.). Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, octubre de 2011, Tomo 2, página 933. Tipo: Jurisprudencia. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió la protección constitucional, por lo que es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general conjunto. Destino de los cuadernos incidentales. Por otra parte, por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, se considera que, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo general, es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en virtud de que se concedió la medida cautelar. En tanto que, el duplicado es susceptible de destrucción, en términos del inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo general, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido punto. Devolución de documentos originales. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en términos del numeral 18, párrafo segundo, del acuerdo general en consulta, prevéngase a la parte tercera interesada Ejido Tlajomulco, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para que, dentro del término de noventa días, comparezca a recoger los documentos que en original exhibió en autos (proveído de treinta de julio de dos mil diecinueve), mismos que obran en un sobre por separado, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Devolución cuadernos de pruebas. Por otra parte, al resultar innecesaria su retención, se ordena devolver los cuadernos de pruebas a la autoridad que los remitió, a efecto de que sea ella quien acuerde lo que en derecho corresponda en relación con su destino. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: atento al contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha en que se actúa se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, el que se tuvo por recibido mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno. Se difiere audiencia constitucional. Así las cosas, con el objeto de permitir que transcurra el plazo indicado, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo, misma que se establece en esa data, en virtud de que, además de que la agenda para tales efectos se encuentra saturada, por las excesivas cargas de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 19 del Acuerdo General 21/2020 reformado por el diverso 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado labora bajo el esquema de "Presencia Controlada", lo cual implica trabajar, de forma presencial, con una plantilla sumamente reducida, por un lapso de seis horas diarias, lo que impide que se fije una fecha anterior a la precisada previamente. En tanto, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 5 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia, en su caso, se desahogará a partir de las promociones presentadas física o electrónicamente por las partes, sin menoscabo de que, de considerarlo pertinente, este órgano jurisdiccional podrá llevarla a cabo mediante el uso de la herramienta tecnológica de videoconferencia. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia III. 2º. P./J/14, visible a página 1449, Tomo XVII, del mes de marzo del dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIÓ TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS". Notifíquese

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