Juan Antonio Alfaro Lara

Expediente 544/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
544/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
16/03/2018

Partes del expediente

  • Juan Antonio Alfaro Lara
  • Juez de Control del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, y tomando en consideración que mediante los oficios 9640/2018 y 9899/2018, allegados por la autoridad responsable Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector dictado en el juicio de garantías en que se actúa, y para acreditarlo, remitió copia certificada de la determinación de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho y la resolución emitida el uno de marzo siguiente, dictadas dentro de la carpeta judicial 10879/2017. Asimismo, por acuerdos de cinco y ocho de marzo de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que hayan realizado manifestación alguna; por lo que este Juzgado Federal hace efectivo el apercibimiento impuesto en ese proveído, en el sentido de resolver, de oficio, si está o no cumplida la sentencia de amparo y, en ese sentido, se procede a determinar lo conducente. Al efecto, es necesario mencionar que en la sentencia emitida por este Juzgado de Distrito, terminada de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, cuyo punto resolutivo establece: ".Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ++++++++, contra el acto reclamado al Juez de Control del Estado, atento a los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución." Resolución que al no ser recurrida causó ejecutoria el veintisiete de febrero de año que trascurre, requiriendo a la autoridad ministerial responsable precisada en el párrafo que antecede, el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, para que: ".a) El Juez de Control del Estado, deje insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva que se impuso al amparista el doce de septiembre de dos mil diecisiete, en los autos de la carpeta judicial 10879/2017 de su índice. b) Dicte otra resolución en la que analice nuevamente la solicitud del Ministerio Público con base en los argumentos que las partes hayan planteado y los datos allegados, pero en esta ocasión, atienda los razonamientos sustentados en esta sentencia, y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda; pues sólo de esta manera se podrá restablecer el orden constitucional quebrantado, como lo manda el dispositivo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, la potestad Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, remitió el oficio 9640/2018, mismo que contiene la determinación dictada el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en la que señaló las trece horas del uno de marzo del mismo año, a fin de celebrar la audiencia de cumplimiento de amparo. Asimismo, en atención al sendo citado en el párrafo que antecede, allegó la diversa comunicación 9899/2018, a la que acompañó copia certificada de la resolución dictada el uno de marzo de dos mil dieciocho. Ahora bien, con el propósito de cumplir con el requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, en dicha determinación dejó insubsistente la resolución dictada el doce de septiembre de dos mil diecisiete, emitida dentro la carpeta judicial 10879/2017, instruida en contra del aquí quejoso por el delito de lesiones calificadas. En dicha resolución, citó lo expuesto por el Ministerio Público al solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, en el sentido que peticionaba dicha medida para garantizar la presencia del agraviado, toda vez que mediante diversas comunicaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones, se advirtió que en varias ocasiones no se encontró al quejoso en el domicilio donde moraba; motivos por los cuales consideró necesaria la imposición de dicha medida. Asimismo, puntualizó lo citado por el defensor público, en cuanto a que dicha parte procesal consideraba excesiva la medida cautelar de prisión preventiva, en razón a los argumentos vertidos por el mismo. Citado lo anterior, en base a los manifestaciones de las referidas partes procesales, estableció que la prisión preventiva como medida cautelar, se debe imponer en aquellos casos en que exista un riesgo procesal para la cual se solicita dicha disposición, por lo que en ese sentido se ciñó a lo estipulado por el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece los factores para evaluar el peligro de sustracción de la justicia del imputado. En esa virtud, estimó improcedente la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, toda vez que en base a los principios de excepcionalidad y proporcionalidad contemplados por los numerales 156 y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales y lo expuesto por el defensor público ante los datos de prueba, se corroboró que existe un domicilio en donde habita el imputado ++++++++++++. En el mismo orden de ideas, en relación al argumento hecho valer por la fiscalía, en relación a que la orden de aprehensión ejecutada en contra de +++++, se cumplimentó en un domicilio diverso a donde reside el mismo, indicó que dicha razón resulta insuficiente para estimar que represente un modo de evasión del agraviado, señalando que dicho mandato de captura fue el medio por el cual se logró su comparecencia. Expuesto lo anterior, no advirtió algún riesgo procesal en ese sentido, por lo que consideró no imponerle al quejoso una medida cautelar para garantizar su presencia durante el procedimiento, porque como lo estableció, se encuentra justificado su domicilio, lo que garantiza la presencia durante el procedimiento, además que la fiscalía no hizo valer algún otro factor que pudiera estimar para imponer una medida cautelar que resulte menos gravosa a la prisión preventiva. Esto es, resolvió ordenar la inmediata libertad de agraviado Juan Antonio Alfaro Lara, exhortando al imputado para que se presente a las audiencias a las que sea citado, para darle continuidad al proceso. Por tal motivo, esta autoridad advierte que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio, porque el Juez responsable dejó insubsistente la resolución de doce de septiembre de dos mil diecisiete, y con plenitud de jurisdicción dictó una diversa en la que analizó nuevamente la solicitud del Ministerio Público con base en los argumentos planteados por las partes, atendiendo los lineamientos sustentados en el fallo protector; restituyendo de esta manera a la parte agraviada en el goce de las garantías individuales violadas, con apego en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por lo que, de conformidad con lo previsto en el diverso artículo 196, tercer párrafo, de la propia ley, cabe declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Ahora bien, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, por lo que refiere al hecho de que si la autoridad responsable, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, incurrió en exceso o defecto, a juicio de quien resuelve, es claro que ésta no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal (exceso de ejecución), ni existió omisión en el estudio y resolución de las cuestiones que se le ordenó resolver conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que estaba vinculada (defecto de ejecución). En otro contexto, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y tomando en consideración que en el presente juicio de garantías por una parte se sobreseyó y por otra se decidió conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, que carece de relevancia documental y que en el mismo no fueron exhibidos documentos originales, se concluye que es susceptible de depuración. Asimismo, hágase las anotaciones de la circunstancia indicada con anterioridad en la carátula del cuaderno, así como la fecha de su archivo; y, una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto décimo primero del acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. .......

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A QUEJOSO... Monterrey, Nuevo León, a dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, y tomando en consideración que mediante los oficios 9640/2018 y 9899/2018, allegados por la autoridad responsable Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector dictado en el juicio de garantías en que se actúa, y para acreditarlo, remitió copia certificada de la determinación de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho y la resolución emitida el uno de marzo siguiente, dictadas dentro de la carpeta judicial 10879/2017. Asimismo, por acuerdos de cinco y ocho de marzo de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que hayan realizado manifestación alguna; por lo que este Juzgado Federal hace efectivo el apercibimiento impuesto en ese proveído, en el sentido de resolver, de oficio, si está o no cumplida la sentencia de amparo y, en ese sentido, se procede a determinar lo conducente. Al efecto, es necesario mencionar que en la sentencia emitida por este Juzgado de Distrito, terminada de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, cuyo punto resolutivo establece: ".Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ++++++++, contra el acto reclamado al Juez de Control del Estado, atento a los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución." Resolución que al no ser recurrida causó ejecutoria el veintisiete de febrero de año que trascurre, requiriendo a la autoridad ministerial responsable precisada en el párrafo que antecede, el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, para que: ".a) El Juez de Control del Estado, deje insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva que se impuso al amparista el doce de septiembre de dos mil diecisiete, en los autos de la carpeta judicial 10879/2017 de su índice. b) Dicte otra resolución en la que analice nuevamente la solicitud del Ministerio Público con base en los argumentos que las partes hayan planteado y los datos allegados, pero en esta ocasión, atienda los razonamientos sustentados en esta sentencia, y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda; pues sólo de esta manera se podrá restablecer el orden constitucional quebrantado, como lo manda el dispositivo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, la potestad Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, remitió el oficio 9640/2018, mismo que contiene la determinación dictada el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en la que señaló las trece horas del uno de marzo del mismo año, a fin de celebrar la audiencia de cumplimiento de amparo. Asimismo, en atención al sendo citado en el párrafo que antecede, allegó la diversa comunicación 9899/2018, a la que acompañó copia certificada de la resolución dictada el uno de marzo de dos mil dieciocho. Ahora bien, con el propósito de cumplir con el requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, en dicha determinación dejó insubsistente la resolución dictada el doce de septiembre de dos mil diecisiete, emitida dentro la carpeta judicial 10879/2017, instruida en contra del aquí quejoso por el delito de lesiones calificadas. En dicha resolución, citó lo expuesto por el Ministerio Público al solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, en el sentido que peticionaba dicha medida para garantizar la presencia del agraviado, toda vez que mediante diversas comunicaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones, se advirtió que en varias ocasiones no se encontró al quejoso en el domicilio donde moraba; motivos por los cuales consideró necesaria la imposición de dicha medida. Asimismo, puntualizó lo citado por el defensor público, en cuanto a que dicha parte procesal consideraba excesiva la medida cautelar de prisión preventiva, en razón a los argumentos vertidos por el mismo. Citado lo anterior, en base a los manifestaciones de las referidas partes procesales, estableció que la prisión preventiva como medida cautelar, se debe imponer en aquellos casos en que exista un riesgo procesal para la cual se solicita dicha disposición, por lo que en ese sentido se ciñó a lo estipulado por el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece los factores para evaluar el peligro de sustracción de la justicia del imputado. En esa virtud, estimó improcedente la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, toda vez que en base a los principios de excepcionalidad y proporcionalidad contemplados por los numerales 156 y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales y lo expuesto por el defensor público ante los datos de prueba, se corroboró que existe un domicilio en donde habita el imputado ++++++++++++. En el mismo orden de ideas, en relación al argumento hecho valer por la fiscalía, en relación a que la orden de aprehensión ejecutada en contra de +++++, se cumplimentó en un domicilio diverso a donde reside el mismo, indicó que dicha razón resulta insuficiente para estimar que represente un modo de evasión del agraviado, señalando que dicho mandato de captura fue el medio por el cual se logró su comparecencia. Expuesto lo anterior, no advirtió algún riesgo procesal en ese sentido, por lo que consideró no imponerle al quejoso una medida cautelar para garantizar su presencia durante el procedimiento, porque como lo estableció, se encuentra justificado su domicilio, lo que garantiza la presencia durante el procedimiento, además que la fiscalía no hizo valer algún otro factor que pudiera estimar para imponer una medida cautelar que resulte menos gravosa a la prisión preventiva. Esto es, resolvió ordenar la inmediata libertad de agraviado Juan Antonio Alfaro Lara, exhortando al imputado para que se presente a las audiencias a las que sea citado, para darle continuidad al proceso. Por tal motivo, esta autoridad advierte que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio, porque el Juez responsable dejó insubsistente la resolución de doce de septiembre de dos mil diecisiete, y con plenitud de jurisdicción dictó una diversa en la que analizó nuevamente la solicitud del Ministerio Público con base en los argumentos planteados por las partes, atendiendo los lineamientos sustentados en el fallo protector; restituyendo de esta manera a la parte agraviada en el goce de las garantías individuales violadas, con apego en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por lo que, de conformidad con lo previsto en el diverso artículo 196, tercer párrafo, de la propia ley, cabe declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Ahora bien, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, por lo que refiere al hecho de que si la autoridad responsable, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, incurrió en exceso o defecto, a juicio de quien resuelve, es claro que ésta no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal (exceso de ejecución), ni existió omisión en el estudio y resolución de las cuestiones que se le ordenó resolver conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que estaba vinculada (defecto de ejecución). En otro contexto, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y tomando en consideración que en el presente juicio de garantías por una parte se sobreseyó y por otra se decidió conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, que carece de relevancia documental y que en el mismo no fueron exhibidos documentos originales, se concluye que es susceptible de depuración. Asimismo, hágase las anotaciones de la circunstancia indicada con anterioridad en la carátula del cuaderno, así como la fecha de su archivo; y, una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto décimo primero del acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. .......

  3. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a ocho de marzo de dos mil dieciocho. Vista la razón realizada por el Actuario adscrito a este juzgado el seis de marzo del año actual, se advierte que no fue posible notificar al directamente quejoso +++++++++, el proveído dictado el cinco de los corrientes en el Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico", con residencia en esta ciudad, toda vez que el mismo salió en libertad el pasado uno de marzo. Tomando en consideración lo anterior, visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se desprende que el referido agraviado indicó igualmente como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ++++++++++; en esas condiciones, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en el citado domicilio, a efecto de que notifique el presente auto y el diverso emitido el cinco de marzo de dos mil dieciocho, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. .....

  4. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a cinco de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos del juicio de garantías 544/2017-VIII el oficio allegado por la autoridad denominada Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, por medio del cual comunica sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Además, téngase a la autoridad aludida remitiendo copia certificada del disco versátil digital (DVD), que contiene la actuación de uno de los corrientes, celebrada dentro de la carpeta judicial 10879/2017, tómese nota de lo anterior y hágase relación de ello al momento de calificar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes a fin de que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el juicio de garantías en el que se actúa, apercibidos que de no hacer manifestación legal alguna sobre el particular, este juzgado de distrito resolverá sobre el cumplimiento con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. ......

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