Juan Antonio Aldulcin Monroy

Expediente 901/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
901/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Juan Antonio Aldulcin Monroy

Actuaciones

  1. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1156/2020-III, promovido por ****, por su propio derecho, contra actos del Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otras autoridades; y, .... Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, se: R E S UE L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio, respecto de la autoridad responsable y acto reclamado precisados en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ****, por su propio derecho, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y Fiscal Ejecutivo Titular adscrito. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy veinticuatro de junio de dos mil veintidós, fecha en que las labores del Juzgado permitieron concluir su engrose. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a siete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto veintiséis de enero de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA QUE POR LA QUE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a dos de junio de dos mil veintidós. Vista el acta de cuenta, de la que se advierte que se llevó a cabo la diligencia de toma de muestras de firmas y escritura de los diseños que utiliza el quejoso Ulises Contreras Peña, necesaria para el desahogo de la prueba la pericial en materia de grafoscopía, derivada del incidente de falsedad de firmas promovido por la autoridad responsable General Secretario de la Defensa Nacional, en cumplimiento a lo ordenado el veintiocho de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que los efectos legales a que haya lugar y téngase por desahogada la diligencia de mérito. En mérito de lo anterior, se requiere a los peritos Lyzzette Guadalupe Trujillo Nolasco y Valentín Infante Herrera, oficial y de la autoridad responsable, respectivamente, para que en términos de lo dispuesto por los artículos 148 y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, rindan y ratifiquen su dictamen pericial; apercibidos, el perito designado por la autoridad responsable General Secretario de la Defensa Nacional, que en caso de ser omiso, o de no cumplir el presente requerimiento en sus términos, se le tendrá por adherido al dictamen que en su momento rinda la perito oficial designada en auxilio de las labores de este juzgado y ésta última, de no rendirlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, procede diferir la continuación de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las TRECE HORAS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, debido a las cargas de trabajo, se cita la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AUDIENCIA EN EL AMPARO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL SEÑALAMIENTO DE ELLA FUERA DEL TÉRMINO LEGAL. (No. Registro: 328587, Quinta Época, Instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo LXVI, página: 495) Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables no han dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; en consecuencia, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que puedan discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192, 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el citado artículo 192, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con apoyo en el diverso 258 y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192, que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, con el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en dicho ordenamiento legal. Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de amparo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación sintetizados, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para el efecto de que las autoridades responsables, dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias para que se aplique al menor quejoso de iniciales A.L.P., la vacuna PFIZERBIONTECH contra el virus SARS-CoV2 (enfermedad COVID-19) y no otro compuesto biológico, en las dosis, cantidad y temporalidad que, de acuerdo a las opiniones descritas a lo largo de esta sentencia, esto es, dos dosis de diez (10) microgramos, administradas con veintiún días de diferencia, determinen bajo su más estricta responsabilidad como adecuadas atendiendo a la edad, estado físico y de salud de dicho impúber, para lo cual deberán señalar el lugar, fecha y hora, en la que la promovente deberán presentar al infante a efecto de ser inoculado con el citado biológico, quien deberá ser asistido en todo momento por sus progenitores, quienes asumirán y estarán a cargo de todos los riesgos que produzca la aplicación de tal compuesto a su menor hijo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE al Titular de la Secretaría y al Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, ambos de la Secretaría de Salud, así como al Coordinador de las Brigadas Especiales de la Ciudad de México, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acrediten ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del citado artículo 193. b) En términos de los artículos 238 y 258 citados, se impondrá a cada uno de sus titulares una multa de hasta por cien veces la unidad de medida y actualización vigente. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del mencionado artículo 192, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del referido artículo 192, REQUIÉRASE al Titular de la Secretaría de Salud Federal como superior jerárquico del Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y del Coordinador de las Brigadas Especiales de la Ciudad de México, los conmine en cumplir con el fallo protector y remitan a este órgano jurisdiccional, dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a las directas responsables el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que conforme con el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ellas poder o mando para obligarlas a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dio la orden a la directa responsable o, en su caso, que no llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma, se realizará lo precisado en los incisos a), b) y c), señalados. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197, de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 193, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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