Juan Antonio Alatorre Arias
Expediente 2333/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2333/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/02/2023
Partes del expediente
- Juan Antonio Alatorre Arias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución de veintitrés de diciembre ********************, mediante la cual se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni conservable. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Atento a lo dispuesto en el ordinal 18 del acuerdo en cita, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger la documental que exhibió, apercibida que de no hacerlo en el aludido término, dicho documento podrá ser destruido junto con este expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Por lo antes expuesto y fundado se resuelve: 1. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, por los actos y autoridades precisadas en el considerando 2) y por los motivos y consideraciones expuestos en el diverso 4) de esta sentencia.
- Principal
Visto lo de cuenta y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 875/2022, promovido por LA PARTE QUEJOSA contra actos de autoridades. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, PÍDASE vía interconexión o correo electrónico oficial, cuya recepción se deberá certificar, y agregar a los autos, A LAS AUTORIDADES, RINDAN SU INFORME PREVIO, el cual deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndoles al efecto copia de la demanda de garantías. Se les apercibe de las consecuencias que implica su falta, tal como lo disponen los artículos 142 y 260 de la Ley de Amparo. Con base en lo dispuesto por el artículo 3, segundo párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe previo al correo electrónico institucional priscila.barragan.castellanos@correo.cjf.gob.mx con la precisión de que, de hacerlo por alguno de estos medios, será innecesaria se remita vía ordinaria. Igualmente, dígaseles que de hacerlo a través del correo electrónico oficial deberá proporcionar uno para que por esa vía se remitan las comunicaciones que se precise hacer de su conocimiento. Además, se requiere a la autoridad en comento para que al momento de rendir su informe antes mencionado, en caso de remitir documentales vía digital, bajo protesta de decir verdad, manifiesten que el documento digitalizado es copia íntegra e inalterada del documento impreso, tal como lo dispone el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la ley de la materia, se señalan las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Previo a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, es menester determinar los actos reclamados cuya suspensión solicita. Así, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso precisa como tales: De las autoridades ordenadoras reclama; IV.- ACTOS RECLAMADOS: En tanto que se solicitó la medida cautelar para el efecto de que: "las responsables no procedan al corte del suministro del fluido eléctrico ni cualesquiera otra medida que lo interrumpa parcial o total, transitoria o definitivamente, como lo puede ser el retiro del medidor instalado en mi domicilio, hasta en tanto se resuelva sobre el fondo de la cuestión planteada". En esa tesitura, tomando en consideración que las consecuencias de lo reprochado constituyen actos a realizar en el futuro, y por ende, susceptibles de paralizarse, es procedente analizar si se reúnen las exigencias previstas por los artículos 107, fracción X, Constitucional, 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social". Conforme al precepto legal transcrito, los actos reclamados en los juicios de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la Ley de Amparo, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la apariencia del buen derecho y el interés social. Por otra parte, los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como exigencias para el otorgamiento de la medida cautelar: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. En el caso, se considera que se cumple con la totalidad de los requisitos antes descritos, pues se solicita por la parte interesada, tan es así que ello motiva la sustanciación de este incidente y con lo impetrado no se advierte que se cause perjuicio alguno al interés social ni al orden público; aunado a que se pueden causar perjuicios de difícil reparación dado que la Comisión Federal de Electricidad presta en forma exclusiva el Servicio de distribución y venta de energía eléctrica, en tanto no existen en el mercado empresas subsidiarias, filiales, asociadas o independientes que ofrezcan al público en general los servicios correspondientes en términos de lo establecido en la Ley de la Comisión Federal Electricidad, el cual constituye, de forma notoria, un servicio elemental para que los gobernados gocen de una vivienda digna, por lo que si hasta el momento no está en posibilidad de contratar el servicio con una persona diversa a la autoridad señalada como responsable. En ese sentido, a efecto de mantener viva la materia de amparo, se CONCEDE a LA PARTE QUEJOSA la suspensión provisional solicitada para el único efecto de que la autoridad responsable no suspenda el servicio correspondiente, lo que consistirá en la ininterrupción del suministro de energía eléctrica del servicio número bajo las condiciones con las que cuenta dicho servicio, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Sin que la presente medida implique otorgar efectos restitutorios propios del fondo del amparo, dado que la medida no comprende la orden de corte del suministro, sino únicamente sus efectos y consecuencias. Además, la parte quejosa demostró el interés suspensional que tiene para que se le conceda la medida cautelar de que se trata, ello con las documentales públicas exhibidas, mismas que se tienen a la vista al momento del dictado de esta resolución. Máxime a que la concesión de la medida cautelar no sigue perjuicio al interés social ni contraviene disposiciones de orden público. Primero, porque como se consideró en párrafos precedentes en el particular se pueden causar perjuicios de difícil reparación dado que la Comisión Federal de Electricidad presta en forma exclusiva el Servicio de distribución y venta de energía eléctrica. Segundo, porque la cancelación total en el suministro de energía eléctrica implicaría contravenir el derecho fundamental de goce a una vivienda digna y decorosa, ya que resulta un servicio o característica elemental de éste derecho fundamental; tan es así, que de conformidad a la interpretación realizada del artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el Comité relativo de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General No. 4; así como de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la vivienda adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y los Principios de higiene de la vivienda, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en 1990, se concluye que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene entre otras características el garantizar a toda persona en forma enunciativa mas no restrictiva, el que una vivienda garantice un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente una infraestructura básica adecuada que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, ACCESO al agua potable, ELECTRICIDAD, y drenaje. Lo anterior con fundamento en la tesis: "DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, establece el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, así como la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su efectividad. Ahora bien, de la interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), a dicho numeral, así como de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y los Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en 1990, se concluye que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene las siguientes características: (a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere "adecuada" requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres. Así, dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una vivienda digna y decorosa reconocido por el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal". (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Página 801. Número de registro 2006171). Y tercero, porque en términos del artículo 4° de la Ley de la Industria Eléctrica el suministro eléctrico es un servicio de interés público; por tanto y por mayoría de razón, en el particular se robustece la procedencia de la suspensión provisional de los actos reclamados en términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizado de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a en razón de que cuenta con cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Y términos restringidos de los artículos 12, segunda parte, y 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a quienes indica en último lugar por así haberlo solicitado. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Asimismo, ténganse por presentadas las documentales que acompaña, en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo. Se exhorta al resto de las partes, para que si les es posible, actúen de manera electrónica, desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente dígasele a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículo 1, 3, fracciones IX, X, y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV, y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones así como la sentencia que se emitan en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se emitan se publicarán sin supresión de datos.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la autoridad responsable, para que rinda su informe justificado conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, lo procedente es DIFERIR la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, y se señalan para su verificativo las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, por así permitirlo la agenda oficial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo.
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