Juan Antonio Alanis Romo
Expediente 386/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Juan Antonio Alanis Romo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación puesta en esta por el secretario de este juzgado, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la propia ley, en contra del auto de dieciocho de abril del presente año, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por... en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, al no existir actuación pendiente por realizar, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.
- Principal
Se notifica por lista al promovente Torreón, Coahuila, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Agréguese la diligencia que antecede practicada al quejoso Juan Antonio Alanís Romo, en la cual ratifica el contenido y firma del escrito de aclaración de su demanda de amparo; por lo que, se tiene por cumplido el requerimiento de doce de abril de este año. Ahora bien, en relación a la demanda de amparo promovida por el citado quejoso, se estima que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del numeral transcrito se desprende, que el órgano jurisdiccional dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto e indudable. En el caso, al examinar integralmente la demanda de amparo y su aclaración, aparece que el quejoso Juan Antonio Alanís Romo, reclama esencialmente la orden de privación de la libertad, presentación, comparecencia y/o arresto, así como la multa de $4,418 (cuatro mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), derivados de los citatorios de quince y veintidós de febrero de dos mil dieciocho, emitidos dentro de la averiguación previa penal expediente L1-P1-191/2011, por los cuales se requiere para que comparezca a una diligencia de carácter penal, en calidad de inculpado. Sobre el particular, esta juzgadora advierte que respecto de los actos antes mencionados se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuyo tenor es el siguiente: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". En efecto, la disposición trascrita claramente establece que una de las causas que da lugar a la improcedencia del juicio de garantías, es aquella cuando cesan los efectos del acto reclamado, la cual, según su interpretación gramatical, se puede afirmar que el concepto "cesación de los efectos del acto reclamado" es cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga y para que sea aplicable esta causal de improcedencia, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada. Ciertamente, la razón que justifica la improcedencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna, en la esfera jurídica del particular. Así pues, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible a página 28, tomo IX, junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Dicho lo anterior, se tiene que el quejoso reclama esencialmente la orden de privación de la libertad, presentación, comparecencia y/o arresto, así como la multa de $4,418 (cuatro mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), derivados de los citatorios de quince y veintidós de febrero de dos mil dieciocho, emitidos dentro de la averiguación previa penal expediente L1-P1-191/2011, por los cuales se requiere para que comparezca a una diligencia de carácter penal, en calidad de inculpado. Al respecto, cabe destacar que constituye un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, la existencia del diverso juicio de 241/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el mismo quejoso Juan Antonio Alanís Romo, contra actos derivados de la citada indagatoria, en cuyo juicio aparece el informe justificado rendido por el agente del Ministerio Publico de Delitos Patrimoniales Distintos al Robo Mesa I, con residencia en esta ciudad, por el que informó que con fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, emitió un acuerdo en que dejó insubsistentes los citatorios de quince y veintidós de febrero del mismo año, que contenían los apercibimientos decretados en contra del citado quejoso, relativos a la privación de la libertad y la multa por la cantidad de $4,418 (cuatro mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional). Lo anterior, pues dicha agente sustituyó dichos actos por un diverso citatorio emitido en esa fecha de veintisiete de febrero del año en curso, en el cual citó al quejoso para compareciera voluntariamente a una diligencia de carácter penal, a fin de que manifieste si es su deseo declarar o no, pero sin emitir ningún apercibimiento en caso de incumplimiento, según aparece de las copias certificadas que se acompañaron a dicho informe justificado, las cuales se tienen a la vista y gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para mayor comprensión se ordena glosar copia certificada de dichas actuaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.3º.C.102K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2333, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, febrero de 2011, cuyo texto es el siguiente: "HECHO NOTORIO. SU INVOCACIÓN NO ES UN DERECHO DE LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO SINO UNA FACULTAD JURISDICCIONAL CONFERIDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE NO DEBE APLICAR FRENTE A LA CARGA PROBATORIA QUE DERIVA DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados o probados por las partes. Tal es el caso de las sentencias que emite la autoridad judicial federal en los juicios de amparo que se tramitan ante ella, de las que tiene conocimiento por razón de su actividad y, por ello, al ser notorio, la ley exime de su prueba; sin embargo, su invocación no constituye un derecho de las partes, sino una facultad del órgano jurisdiccional federal que no debe aplicar cuando se actualiza la obligación establecida en el artículo 78 de la Ley de Amparo, que consiste en analizar el acto reclamado tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, cuando la quejosa intervino como parte y estuvo en aptitud legal de ofrecer todos aquellos medios de prueba que a su interés conviniera en el juicio de origen y el hecho notorio respecto del cual se alegue, ya sea en el juicio de amparo biinstancial o en la revisión de la sentencia ahí dictada que en su caso se recurra, que debió ser invocado por el Juez de Distrito, tiene por objeto probar la legalidad de la referida sentencia o aspectos que debieron formar parte de la litis del juicio natural y probarse en esa oportunidad con las actuaciones y sentencias que se hayan dictado en los diversos juicios de amparo relacionados con el juicio principal en el que se emitió la resolución reclamada. La controversia de origen quedaría alterada si bajo el supuesto del hecho notorio, el Juez de amparo tuviera que analizar la legalidad del acto con el contenido de diversas ejecutorias dictadas en los juicios de garantías que se afirma, se tramitaron ante el mismo juzgador. Además, no debe pasar por alto que el hecho notorio del que dicha autoridad tiene conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional, no constituye un derecho de las partes dentro del procedimiento del juicio de amparo, porque es claro lo que señala el citado numeral 78 de la ley de la materia, concerniente a que el acto reclamado debe apreciarse tal como fue probado ante la autoridad responsable y, por ende, no pueden admitirse ni tomarse en consideración en el juicio de garantías o en la revisión pruebas que no se hubieren rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, ni aquellas que no sean de las consideradas necesarias para la resolución del juicio de amparo, menos aún cuando las pruebas de que se trate el recurrente las exhiba hasta la revisión sin haberlas ofrecido en la audiencia constitucional". En esas condiciones, al quedar insubsistente los citatorios reclamados de quince y veintidós de febrero de dos mil dieciocho, emitidos en la carpeta de investigación L1-P1-191/2011, que contenían los apercibimientos decretados en contra del quejoso, referentes a la orden de privación de la libertad y la multa por la cantidad de $4,418 (cuatro mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), por ende, es claro que han cesado los efectos del acto reclamado, con lo cual las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación, ya que se ha originado una situación diversa que destruye a la que dio motivo al amparo, habida cuenta que, al haber desaparecido el motivo originador de este sumario biinstancial, no es factible entrar al análisis de un acto que ya no surte efectos, desde el mismo momento en que se proveyó al respecto. Consecuentemente, tal hecho actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de amparo, motivo por el cual, se desecha de plano la demanda promovida por Juan Antonio Alanís Romo, de conformidad con el diverso numeral 113 de la ley en la materia. Desechamiento que se hace extensivo respecto de los diversos actos consistente en la totalidad del procedimiento seguido en la carpeta de investigación L1-P1-191/2011, así como la aplicación retroactiva en su perjuicio de una ley sin vigencia, ya que dichos actos lo manifiesta a manera de agravios de las citatorios ya mencionados. Sin que sea óbice a lo anterior, que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento del acto que se provee, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del quejoso y que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, cuyo epígrafe indica: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". No obsta a lo anterior, que algunos de los criterios jurisprudenciales invocados en párrafos anteriores se hayan emitido conforme a los artículos de la Ley de Amparo abrogada, toda vez que son de idéntico contenido a los que se invocan en esta determinación, debido a que regulan la improcedencia del juicio constitucional en situaciones similares a la que se presenta Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque no habría beneficio para las partes; además, de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Y el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, del tomo V, mayo de 1997, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por cusa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto".
- Principal
Se notifica por lista al promovente Torreón, Coahuila, doce de abril de dos mil dieciocho. Por recibido el escrito de Juan Antonio Alanís Romo; ahora bien, advirtiéndose que la firma que aparece al calce del mismo resulta notoriamente distinta de la que obra asentada en los escritos de fecha quince de marzo y tres de abril, ambos del año en curso; relativos al escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio; a fin de acordar lo que en derecho corresponda, se requiere al promovente Juan Antonio Alanís Romo, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado de distrito, con documento oficial que lo identifique, a ratificar la firma que calza el escrito de cuenta. Advertido de las penas en que incurre, en términos del artículo 247, fracción IV, del Código Penal Federal y del numeral 261 fracción I, de la Ley de Amparo, a quien faltare a la verdad, a ser interrogado por autoridad judicial. Fundamenta lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 202, tomo IX, marzo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece lo siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". De igual forma, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.59/2017 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1234, tomo II, junio de 2017 en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, que a la letra dice: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada". Apercibido de que en caso de no hacerlo dentro del término concedido para tal efecto, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso Agréguese el escrito signado por... mediante el cual pretende desahogar el requerimiento de veintiséis de marzo del año en curso, relativo a la aclaración de la demanda de amparo. Ahora bien, al examinar el escrito de cuenta aparece que el promovente no es claro en cuanto a sus manifestaciones, ya que si bien refiere que los actos reclamados derivan de los citatorios de fechas quince, veintidós y veintisiete de febrero del año en curso, emitidos por el agente del Ministerio Público de Delitos Patrimoniales Distintos al Robo Mesa I, con residencia en esta ciudad; sin embargo, el último de los citatorios no contiene ningún apercibimiento que implique los actos reclamados, pues así se obtiene del análisis que se efectúa a la copia simple de dicho citatorio y que acompañó a su escrito de aclaración. Es decir, el citatorio de veintisiete de febrero de este año, no contiene apercibimiento en el sentido de girar ordenes de privación de la libertad, orden de presentación y/o comparecencia, multa o arresto en caso de no asistir a la fecha de la cita, por ende, se ignora la causa de su señalamiento en el escrito de aclaración. En esas condiciones, dígase al promovente que subsiste el requerimiento, término y apercibimiento efectuados en auto de veintiséis de marzo en comento, toda vez que no es claro al señalar como causa de los actos el citatorio de fecha veintisiete de febrero de este año, por las razones antes mencionadas; por ello, tendrá que aclarar dicha situación o bien precisar si los actos reclamados derivan únicamente de los diversos citatorios de fechas quince y veintidós de febrero del año en curso.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · 9,893 expedientes
- Juan Antonio Alanís Romo640/2020
- Juan Antonio Alanis Romo997/2018
- Juan Antonio Alanís Romo1281/2018
- Juan Antonio Alanís Romo873/2019
- Juan Antonio Alanís Romo51/2020
- Juan Antonio Alanis Romo1128/2019
- Juan Antonio Alanis Romo1072/2018
- Juan Antonio Aparicio Pérez379/2020
- Juan Antonio Aparicio Pérez848/2020
- Juan Antonio Caldera Román1345/2016
- Juan Antonio Campos Ruiz687/2017
- Juan Antonio Castruita Gutiérrez47/2022