Juan Antonio Aguirre Castañeda
Expediente 3685/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3685/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/04/2018
Partes del expediente
- Juan Antonio Aguirre Castañeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días, para interponer el recurso de inconformidad que establece la Ley de Amparo, sin que las partes hayan presentado promoción encaminada a impugnar la resolución de tres de abril de dos mil dieciocho (folios 62 y 63); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha quedado firme la referida resolución, en la cual se determinó que la sentencia de amparo quedó cumplida. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido.
- Principal
Visto el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito...mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 518/2014... y copia certificada del testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de catorce de marzo de dos mil dieciocho...dictada dentro del recurso de revisión 201/2017... de su índice cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida cuyos puntos resolutivos establecen: ".PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo a ... respecto de las autoridades la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión así como el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por las razones y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta resolución. --- SEGUNDO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a ...respecto de las autoridades responsables Cámaras de Diputados y de Senadores así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicano por las razones y motivos precisados en el considerando noveno y décimo de este fallo. --- TERCERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ... respecto de las autoridades responsables Cámaras de Diputados y de Senadores así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicano por las razones y motivos precisados en el considerando último de este fallo. [.]" SEGUNDO. Es parcialmente fundada la revisión adhesiva." Agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar hágase saber la circunstancia anterior a las partes efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno glósese el cuaderno de antecedentes y acúsese recibo. Agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, glósese el cuaderno de antecedentes y acúsese recibo. Lo anterior permite concluir que la sentencia dictada el veintisiete de enero de dos mil diecisiete (folios 225 a 275), por el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, en la que se sobreseyó por una parte, se negó por otra y se concedió el amparo y protección solicitados, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Al respecto, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. Asimismo, el artículo 78 de la Ley de Amparo, establece que cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma general, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependan de la propia norma invalidada, es decir, la inaplicación únicamente respecto del quejoso. Por tanto, las autoridades responsables a las que se les reclaman actos legislativos, no tienen que ejecutar acto alguno en cumplimiento al fallo protector, pues el precepto legal que reclama la parte quejosa no puede quedar insubsistente, esto es, de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de garantías, contenido en el artículo 107, fracción II, Constitucional, que señala que los efectos de las sentencias de amparo, sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda de garantías, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 78, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Jefe de Servicio de Administración Tributaria, la inaplicabilidad de la norma declarada inconstitucional al quejoso, remitiendo a esta autoridad constancia fehaciente de ello, para mejor comprensión se anexa copia de la sentencia dictada en autos. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
Téngase por recibido el oficio que remite la Secretaria Auxiliar de Acuerdos Adscrita a la Subsecretaría General de Acuerdos, mediante el cual informa que asumió competencia para conocer del recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, asimismo, informa que fueron admitidos y turnados al Ministro ***, para su estudio y resolución. Con fundamento en los artículos 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y téngase a la Superioridad informando lo antes expuesto.
- Principal
Visto el contenido del escrito de cuenta, signado electrónicamente por ***********, parte quejosa en el presente juicio de amparo, mediante el cual, en esencia realiza manifestaciones respecto a la imposibilidad que indica tener, para acceder a la consulta de expediente electrónico, además de solicitar diligencias a efecto de que personal de éste órgano jurisdiccional verifique dicha situación. Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y conforme se aprecia de la certificación de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, suscrita por la Actuaria Judicial adscrita, relativa a la consulta que refiere realizó vía telefónica con la Subdirectora de Área de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el uso del expediente electrónico a través del portal de internet, en el que indica que únicamente es posible verificar las promociones y sus anexos, las determinaciones judiciales, así como las notificaciones electrónicas de las mismas; no así los acuses de los oficios girados por el órgano jurisdiccional en el juicio de amparo correspondiente. En ese orden de ideas, y tomando en consideración que el promovente solicita se le otorgue acceso al expediente electrónico que contenga las constancias de notificación, al respecto, dígasele que conforme a lo indicado en la certificación de cuenta, el expediente electrónico no se encuentra diseñado para ello; en el entendido de que las notificaciones electrónicas, practicadas por este órgano a las partes, se encuentran a su disposición. Hágase del conocimiento del promovente que no existe orden verbal o escrita de este juzgador para impedir al solicitante acceda a la consulta de su expediente electrónico, pues en términos del acuerdo de once de julio de dos mil diecisiete (foja 43 vuelta), se le ha dado la autorización respectiva. En otro orden de ideas, no ha lugar a proveer sobre la práctica de la inspección del equipo de cómputo que solicita el promovente, en razón de que de conformidad con el artículo 57, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, las partes autorizadas para consultar el expediente electrónico, que adviertan una falla en el sistema, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo, o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que puede accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y/o de no ser posible por esa vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal de dicho portal, o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, sin perjuicio de que éste órgano jurisdiccional, haga del conocimiento del departamento de informática correspondiente, la anterior circunstancia, a efecto de que dentro de sus facultades puedan realizar la revisión al sistema respectivo, con la finalidad de que se pueda analizar si ello constituye una falta técnica. Finalmente, en cuanto a la práctica de las diligencias que indica en el escrito de mérito, en relación a una reunión con el titular y personal, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad, pues las mismas constituyen un trámite que no se encuentra previsto en la ley de la materia, aunado a los razonamientos vertidos en supralíneas.
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