Juan Antonio Aguilar Ayala
Expediente 1123/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 56 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1123/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 56
- Última actuación
- 07/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Antonio Aguilar Ayala
- Juzgado Primero de Primera Instancia Y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 56.
- Principal
El siete de marzo de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifico: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintiuno de febrero al seis de marzo del año en curso, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra del proveído de trece de febrero de dos mil dieciocho Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; No existen constancias por devolver a la autoridad responsable. De igual forma, se hace constar que se abrió incidente de suspensión, en el que se negó la suspensión definitiva; asimismo no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído dictada por este Juzgado el día trece de febrero de dos mil dieciocho, en el cual se decretó sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Punto Vigésimo Primero, fracción III, del citado Acuerdo, el cuaderno original del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por haberse negado la suspensión definitiva, además de que este juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico ni son de relevancia documental que ameriten su conservación; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. De igual forma, se declara que es susceptible de destrucción el duplicado del incidente de suspensión; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado Punto Vigésimo Primero, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci 1867, 1868, 1869 y 1870
- Principal
El trece de febrero de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifico: Del veintinueve al treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, transcurrió el término de tres días concedido al quejoso en proveído de diecinueve del citado mes y año, a fin de que manifestara las razones por las cuales no exhibió las publicaciones de los edictos por los que se ordenó emplazar al tercero interesado José Carlos Molina Calderón, sin que a la fecha hiciera manifestación alguna. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. DOY FE. Zacatecas, Zacatecas, trece de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación asentada por el secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término de tres días concedido al quejoso en proveído de diecinueve del citado mes y año, a fin de que manifestara las razones por las cuales no exhibió las publicaciones de los edictos por los que se ordenó emplazar al tercero interesado José Carlos Molina Calderón, sin que a la fecha hiciera manifestación alguna. Asimismo, visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que el término de veinte días concedido al quejoso en auto de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, para que compareciera ante este Juzgado a efecto de que se le entregaran los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento del tercero interesado José Carlos Molina Calderón, transcurrió del uno al veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, sin que hubiera cumplido con esa determinación; por tanto, lo procedente es hacer efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto, ante el notorio desinterés de la parte quejosa en la prosecución del mismo, pues con ello se incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. De lo antes expuesto se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 108 fracción II y 5°, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento legal, así como en el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con el hecho de no haber acreditado ante este Juzgado la publicación de los edictos de mérito y así lograr el emplazamiento del tercero interesado de mérito; ha quedado paralizado el juicio de garantías en que se actúa al arbitrio del propio quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Consecuentemente, a continuación se procede al examen de dicha causal. Los artículos 14, párrafo segundo y 17, segundo párrafo, primera parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen: "ARTICULO 14.-. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Artículo 17... Segundo párrafo. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por su parte, los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 108 fracción II y 5°, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento legal, disponen: "ARTICULO 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter: [.] b) La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso;...". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Artículo 63. Procede el sobreseimiento cuando: [.] Fracción V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos en que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad.". Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de garantías en que se actúa, se advierte lo siguiente: a). Que mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, el quejoso Juan Antonio Aguilar Ayala solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas; cuyos actos hizo consistir esencialmente en el auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis, en el que negó otorgar las medidas de conservación solicitadas por el quejoso. b). En proveído de veinte de octubre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite dicha demanda, se pidió informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, se ordenó se tramitara por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión que solicitó el promovente del amparo y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. (Fojas 26 a 30). c). El cuatro de noviembre de ese año, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, del cual se advirtió que les resultaba el carácter de terceros interesados a Adriana Molina Calderón, por propio derecho, así como en su carácter de albacea de la Sucesión Testamentaria a bienes de Gumara Calderón Canales; Helder Humberto Ramírez Molina; Primitivo Calderón Rodarte; José Carlos Molina Calderón y José Luis Molina Calderón, a quienes se ordenó emplazar a través de despacho; sin embargo, a través de dicha comunicación oficial, solo se logró el emplazamiento de Adriana Molina Calderón, por propio derecho, así como en su carácter de albacea de la Sucesión Testamentaria a bienes de Gumara Calderón Canales. (Fojas 59 a 60). d). En veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio actual y correcto de los diversos terceros Helder Humberto Ramírez Molina; Primitivo Calderón Rodarte; José Carlos Molina Calderón y José Luis Molina Calderón y se le apercibió que de no hacer manifestación al respecto dentro del término de tres días otorgado, se ordenaría el emplazamiento por medio de edictos a su costa. (Foja 119). e). Al no cumplir con el requerimiento formulado en auto de siete de diciembre siguiente, se inició el procedimiento de investigación a que se refiere el artículo 27, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se solicitó al Director de Seguridad Pública del municipio de Río Grande, Zacatecas; Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal, Titular de Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), Jefe de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral, Gerente de Teléfonos de México, Director de Catastro y Registro Público en el Estado de Zacatecas, Vocal Secretario del Instituto Nacional Electoral, Director General de la Policía Ministerial del Estado, Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Administrador Local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, Delegada Estatal de la Procuraduría General de la República, todos con sede en esta ciudad, informaran si en su base de datos se encontraba el domicilio actual y correcto de Helder Humberto Ramírez Molina, Primitivo Calderón Rodarte, José Carlos Molina Calderón y José Luis Molina Calderón. f). Posteriormente, se logró el emplazamiento de los terceros interesados de mérito, con excepción de José Carlos Molina Calderón, por lo que el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, al haber agotado los tramites de investigación para obtener el domicilio del antes nombrado y además del requerimiento que le fue formulado al quejoso para que proporcionara su domicilio y así emplazarlo al presente juicio, sin haber logrado su éxito, se ordenó el emplazamiento de dicha persona por medio de EDICTOS, y se requirió al quejoso para que compareciera en el término de veinte días a recibirlos. (Fojas 385 a 386) De lo anterior cabe concluir que no obstante el requerimiento realizado al impetrante de derechos para que proporcionara el domicilio actual y correcto del tercero de mérito y los trámites realizados para obtener el citado domicilio, no se logró su emplazamiento. Ahora bien, tomando en consideración, que el quejoso no compareció a recibir los Edictos ordenados por auto de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, a efecto de llevar a cabo el emplazamiento por ese medio, a pesar del requerimiento que le fue realizado; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído ante su notorio desinterés en la prosecución del mismo, pues con ello se incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Luego, si el quejoso al día de hoy no cumplió con el requerimiento formulado, ni realizó manifestación alguna en la que expusiera las razones que se lo impidieron, ni tampoco compareció ante este órgano jurisdiccional a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, tal como lo indica la jurisprudencia 2ª./J.108/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; es inconcuso, que lo procedente es hacer efectivo el apercibimiento realizado en el proveído de veinte de octubre del año en curso, y tener por reiterado su desinterés en la tramitación del juicio de garantías. De tal suerte que, si la parte promovente no cumplió con la carga impuesta por la fracción II, del artículo 108 de la Ley de Amparo, en relación con el señalamiento preciso de quien le corresponde el carácter de tercero interesada, sin siquiera atender el requerimiento formulado por este Tribunal, hace inferir que desapareció el interés que inicialmente tuvo para iniciar el procedimiento judicial; por lo que, existe un impedimento para dirimir en definitiva la contienda constitucional planteada, pues con su omisión, dilata caprichosamente la administración de justicia, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por el numeral 17 Constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la quejosa. Por ello, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción II, todos de la Ley de Amparo, así como en el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, de Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo número 1123/2016. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO JOSÉ LUIS MOLINA CALDERÓN, EL AUTO DICTADO EN FECHA TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: El trece de febrero de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifico: Del veintinueve al treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, transcurrió el término de tres días concedido al quejoso en proveído de diecinueve del citado mes y año, a fin de que manifestara las razones por las cuales no exhibió las publicaciones de los edictos por los que se ordenó emplazar al tercero interesado José Carlos Molina Calderón, sin que a la fecha hiciera manifestación alguna. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. DOY FE. Zacatecas, Zacatecas, trece de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación asentada por el secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término de tres días concedido al quejoso en proveído de diecinueve del citado mes y año, a fin de que manifestara las razones por las cuales no exhibió las publicaciones de los edictos por los que se ordenó emplazar al tercero interesado José Carlos Molina Calderón, sin que a la fecha hiciera manifestación alguna. Asimismo, visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que el término de veinte días concedido al quejoso en auto de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, para que compareciera ante este Juzgado a efecto de que se le entregaran los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento del tercero interesado José Carlos Molina Calderón, transcurrió del uno al veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, sin que hubiera cumplido con esa determinación; por tanto, lo procedente es hacer efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto, ante el notorio desinterés de la parte quejosa en la prosecución del mismo, pues con ello se incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. De lo antes expuesto se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 108 fracción II y 5°, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento legal, así como en el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con el hecho de no haber acreditado ante este Juzgado la publicación de los edictos de mérito y así lograr el emplazamiento del tercero interesado de mérito; ha quedado paralizado el juicio de garantías en que se actúa al arbitrio del propio quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Consecuentemente, a continuación se procede al examen de dicha causal. Los artículos 14, párrafo segundo y 17, segundo párrafo, primera parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen: "ARTICULO 14.-. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Artículo 17... Segundo párrafo. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por su parte, los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 108 fracción II y 5°, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento legal, disponen: "ARTICULO 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter: [.] b) La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso;...". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Artículo 63. Procede el sobreseimiento cuando: [.] Fracción V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos en que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad.". Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de garantías en que se actúa, se advierte lo siguiente: a). Que mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, el quejoso Juan Antonio Aguilar Ayala solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas; cuyos actos hizo consistir esencialmente en el auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis, en el que negó otorgar las medidas de conservación solicitadas por el quejoso. b). En proveído de veinte de octubre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite dicha demanda, se pidió informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, se ordenó se tramitara por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión que solicitó el promovente del amparo y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. (Fojas 26 a 30). c). El cuatro de noviembre de ese año, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, del cual se advirtió que les resultaba el carácter de terceros interesados a Adriana Molina Calderón, por propio derecho, así como en su carácter de albacea de la Sucesión Testamentaria a bienes de Gumara Calderón Canales; Helder Humberto Ramírez Molina; Primitivo Calderón Rodarte; José Carlos Molina Calderón y José Luis Molina Calderón, a quienes se ordenó emplazar a través de despacho; sin embargo, a través de dicha comunicación oficial, solo se logró el emplazamiento de Adriana Molina Calderón, por propio derecho, así como en su carácter de albacea de la Sucesión Testamentaria a bienes de Gumara Calderón Canales. (Fojas 59 a 60). d). En veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio actual y correcto de los diversos terceros Helder Humberto Ramírez Molina; Primitivo Calderón Rodarte; José Carlos Molina Calderón y José Luis Molina Calderón y se le apercibió que de no hacer manifestación al respecto dentro del término de tres días otorgado, se ordenaría el emplazamiento por medio de edictos a su costa. (Foja 119). e). Al no cumplir con el requerimiento formulado en auto de siete de diciembre siguiente, se inició el procedimiento de investigación a que se refiere el artículo 27, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se solicitó al Director de Seguridad Pública del municipio de Río Grande, Zacatecas; Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal, Titular de Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), Jefe de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral, Gerente de Teléfonos de México, Director de Catastro y Registro Público en el Estado de Zacatecas, Vocal Secretario del Instituto Nacional Electoral, Director General de la Policía Ministerial del Estado, Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Administrador Local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, Delegada Estatal de la Procuraduría General de la República, todos con sede en esta ciudad, informaran si en su base de datos se encontraba el domicilio actual y correcto de Helder Humberto Ramírez Molina, Primitivo Calderón Rodarte, José Carlos Molina Calderón y José Luis Molina Calderón. f). Posteriormente, se logró el emplazamiento de los terceros interesados de mérito, con excepción de José Carlos Molina Calderón, por lo que el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, al haber agotado los tramites de investigación para obtener el domicilio del antes nombrado y además del requerimiento que le fue formulado al quejoso para que proporcionara su domicilio y así emplazarlo al presente juicio, sin haber logrado su éxito, se ordenó el emplazamiento de dicha persona por medio de EDICTOS, y se requirió al quejoso para que compareciera en el término de veinte días a recibirlos. (Fojas 385 a 386) De lo anterior cabe concluir que no obstante el requerimiento realizado al impetrante de derechos para que proporcionara el domicilio actual y correcto del tercero de mérito y los trámites realizados para obtener el citado domicilio, no se logró su emplazamiento. Ahora bien, tomando en consideración, que el quejoso no compareció a recibir los Edictos ordenados por auto de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, a efecto de llevar a cabo el emplazamiento por ese medio, a pesar del requerimiento que le fue realizado; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído ante su notorio desinterés en la prosecución del mismo, pues con ello se incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Luego, si el quejoso al día de hoy no cumplió con el requerimiento formulado, ni realizó manifestación alguna en la que expusiera las razones que se lo impidieron, ni tampoco compareció ante este órgano jurisdiccional a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, tal como lo indica la jurisprudencia 2ª./J.108/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; es inconcuso, que lo procedente es hacer efectivo el apercibimiento realizado en el proveído de veinte de octubre del año en curso, y tener por reiterado su desinterés en la tramitación del juicio de garantías. De tal suerte que, si la parte promovente no cumplió con la carga impuesta por la fracción II, del artículo 108 de la Ley de Amparo, en relación con el señalamiento preciso de quien le corresponde el carácter de tercero interesada, sin siquiera atender el requerimiento formulado por este Tribunal, hace inferir que desapareció el interés que inicialmente tuvo para iniciar el procedimiento judicial; por lo que, existe un impedimento para dirimir en definitiva la contienda constitucional planteada, pues con su omisión, dilata caprichosamente la administración de justicia, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por el numeral 17 Constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la quejosa. Por ello, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción II, todos de la Ley de Amparo, así como en el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, de Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo número 1123/2016. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: El trece de febrero de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifico: Del veintinueve al treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, transcurrió el término de tres días concedido al quejoso en proveído de diecinueve del citado mes y año, a fin de que manifestara las razones por las cuales no exhibió las publicaciones de los edictos por los que se ordenó emplazar al tercero interesado José Carlos Molina Calderón, sin que a la fecha hiciera manifestación alguna. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. DOY FE. Zacatecas, Zacatecas, trece de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación asentada por el secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término de tres días concedido al quejoso en proveído de diecinueve del citado mes y año, a fin de que manifestara las razones por las cuales no exhibió las publicaciones de los edictos por los que se ordenó emplazar al tercero interesado José Carlos Molina Calderón, sin que a la fecha hiciera manifestación alguna. Asimismo, visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que el término de veinte días concedido al quejoso en auto de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, para que compareciera ante este Juzgado a efecto de que se le entregaran los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento del tercero interesado José Carlos Molina Calderón, transcurrió del uno al veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, sin que hubiera cumplido con esa determinación; por tanto, lo procedente es hacer efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto, ante el notorio desinterés de la parte quejosa en la prosecución del mismo, pues con ello se incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. De lo antes expuesto se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 108 fracción II y 5°, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento legal, así como en el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con el hecho de no haber acreditado ante este Juzgado la publicación de los edictos de mérito y así lograr el emplazamiento del tercero interesado de mérito; ha quedado paralizado el juicio de garantías en que se actúa al arbitrio del propio quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Consecuentemente, a continuación se procede al examen de dicha causal. Los artículos 14, párrafo segundo y 17, segundo párrafo, primera parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen: "ARTICULO 14.-. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Artículo 17... Segundo párrafo. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por su parte, los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 108 fracción II y 5°, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento legal, disponen: "ARTICULO 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter: [.] b) La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso;...". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Artículo 63. Procede el sobreseimiento cuando: [.] Fracción V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos en que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad.". Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de garantías en que se actúa, se advierte lo siguiente: a). Que mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, el quejoso Juan Antonio Aguilar Ayala solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas; cuyos actos hizo consistir esencialmente en el auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis, en el que negó otorgar las medidas de conservación solicitadas por el quejoso. b). En proveído de veinte de octubre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite dicha demanda, se pidió informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, se ordenó se tramitara por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión que solicitó el promovente del amparo y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. (Fojas 26 a 30). c). El cuatro de noviembre de ese año, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, del cual se advirtió que les resultaba el carácter de terceros interesados a Adriana Molina Calderón, por propio derecho, así como en su carácter de albacea de la Sucesión Testamentaria a bienes de Gumara Calderón Canales; Helder Humberto Ramírez Molina; Primitivo Calderón Rodarte; José Carlos Molina Calderón y José Luis Molina Calderón, a quienes se ordenó emplazar a través de despacho; sin embargo, a través de dicha comunicación oficial, solo se logró el emplazamiento de Adriana Molina Calderón, por propio derecho, así como en su carácter de albacea de la Sucesión Testamentaria a bienes de Gumara Calderón Canales. (Fojas 59 a 60). d). En veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio actual y correcto de los diversos terceros Helder Humberto Ramírez Molina; Primitivo Calderón Rodarte; José Carlos Molina Calderón y José Luis Molina Calderón y se le apercibió que de no hacer manifestación al respecto dentro del término de tres días otorgado, se ordenaría el emplazamiento por medio de edictos a su costa. (Foja 119). e). Al no cumplir con el requerimiento formulado en auto de siete de diciembre siguiente, se inició el procedimiento de investigación a que se refiere el artículo 27, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se solicitó al Director de Seguridad Pública del municipio de Río Grande, Zacatecas; Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal, Titular de Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), Jefe de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral, Gerente de Teléfonos de México, Director de Catastro y Registro Público en el Estado de Zacatecas, Vocal Secretario del Instituto Nacional Electoral, Director General de la Policía Ministerial del Estado, Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Administrador Local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, Delegada Estatal de la Procuraduría General de la República, todos con sede en esta ciudad, informaran si en su base de datos se encontraba el domicilio actual y correcto de Helder Humberto Ramírez Molina, Primitivo Calderón Rodarte, José Carlos Molina Calderón y José Luis Molina Calderón. f). Posteriormente, se logró el emplazamiento de los terceros interesados de mérito, con excepción de José Carlos Molina Calderón, por lo que el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, al haber agotado los tramites de investigación para obtener el domicilio del antes nombrado y además del requerimiento que le fue formulado al quejoso para que proporcionara su domicilio y así emplazarlo al presente juicio, sin haber logrado su éxito, se ordenó el emplazamiento de dicha persona por medio de EDICTOS, y se requirió al quejoso para que compareciera en el término de veinte días a recibirlos. (Fojas 385 a 386) De lo anterior cabe concluir que no obstante el requerimiento realizado al impetrante de derechos para que proporcionara el domicilio actual y correcto del tercero de mérito y los trámites realizados para obtener el citado domicilio, no se logró su emplazamiento. Ahora bien, tomando en consideración, que el quejoso no compareció a recibir los Edictos ordenados por auto de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, a efecto de llevar a cabo el emplazamiento por ese medio, a pesar del requerimiento que le fue realizado; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído ante su notorio desinterés en la prosecución del mismo, pues con ello se incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Luego, si el quejoso al día de hoy no cumplió con el requerimiento formulado, ni realizó manifestación alguna en la que expusiera las razones que se lo impidieron, ni tampoco compareció ante este órgano jurisdiccional a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, tal como lo indica la jurisprudencia 2ª./J.108/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; es inconcuso, que lo procedente es hacer efectivo el apercibimiento realizado en el proveído de veinte de octubre del año en curso, y tener por reiterado su desinterés en la tramitación del juicio de garantías. De tal suerte que, si la parte promovente no cumplió con la carga impuesta por la fracción II, del artículo 108 de la Ley de Amparo, en relación con el señalamiento preciso de quien le corresponde el carácter de tercero interesada, sin siquiera atender el requerimiento formulado por este Tribunal, hace inferir que desapareció el interés que inicialmente tuvo para iniciar el procedimiento judicial; por lo que, existe un impedimento para dirimir en definitiva la contienda constitucional planteada, pues con su omisión, dilata caprichosamente la administración de justicia, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por el numeral 17 Constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la quejosa. Por ello, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción II, todos de la Ley de Amparo, así como en el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, de Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo número 1123/2016. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci
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