Juan Antoni Hernández García

Expediente 290/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
290/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
10/11/2020

Partes del expediente

  • Juan Antoni Hernández García

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que ha quedado firme el mismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en virtud a que por auto de quince de octubre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por tanto; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otro lado, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso i), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, específicamente las constancias que remitió la Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en copias certificadas del proceso penal ********************, de su índice, de las que se desprende que el veintiuno de mayo de dos mil veinte, el quejoso ********************quien se encontraba detenido en el Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán, obtuvo su libertad, con motivo de que cesó la prisión preventiva a la que se encontraba sujeto, por los delitos de PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONALES, previsto y sancionado por el artículo 83, fracciones II y III, en relación con el 11 incisos b) y c), con las agravantes previstas en el último y penúltimo párrafo del citado artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y ASOCIACIÓN DELICTUOSA, previsto y sancionado en el artículo 164, párrafo primero del Código Penal Federal. Éstos en términos de los artículos 8, 9 párrafo primero y 13, fracción III, del Código Penal Federal. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en el amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda el quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.". Respecto de esta causal, conviene acotar lo siguiente: un cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Atento a lo anterior, como ya se dijo, en la especie se actualiza la aludida causal de improcedencia, en razón a que el acto reclamado en el presente asunto se hizo consistir en la orden de traslado del quejoso del Centro Penitenciario de la Piedad, Michoacán, lugar donde refirió se encontraba privado de su libertad, a otro Centro de Retención del Estado de Michoacán y/o Centro Federal de Reinserción Social. Sin embargo, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta capital, a través del oficio 12275/2020, informó que dentro del proceso penal ********************, de su índice, que se instruyó en contra del aquí quejoso ********************se ordenó la libertad de este último, misma que obtuvo el veintiuno de mayo del año en curso, en virtud de que cesó la prisión preventiva a la que se encontraba sujeto, lo que así acreditó con las copias certificadas del expediente en cita, a las que previamente se otorgó pleno valor probatorio. De lo expuesto se colige que en el procedimiento del que emana el acto reclamado ha operado un cambio de situación jurídica respecto del ahora quejoso, dado que las violaciones que pudiera contener la orden de traslado reclamada, ya quedaron consumadas irreparablemente con ese cambio de situación jurídica, pues a la fecha el quejoso obtuvo su libertad, por lo que es esta última resolución la que ahora rige ya que la determinación que ordena la libertad del quejoso sustituye jurídica y procesalmente a la orden de traslado reclamada. En ese orden de ideas, al actualizarse el motivo de improcedencia previsto en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 611, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. Si el quejoso reclama el auto de formal prisión y sus consecuencias, dictado en el proceso que se sigue en su contra por diversos delitos, pero consta en autos que ya ha sido dictada la sentencia en ese procedimiento, es incuestionable que ha operado un cambio de situación jurídica, debiendo considerarse consumados irreparablemente los actos y violaciones reclamadas porque no es posible decidir sobre la constitucionalidad de los mismos sin afectar la nueva situación jurídica. De ahí que se surta la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las QUINCE HORAS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese personalmente.

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