Juan Angeles Robles

Expediente 272/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
272/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
10/04/2017

Partes del expediente

  • Juan Angeles Robles
  • Juan Angeles Robles y Otros.
  • Presidente ejecutor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mesa III-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de abril de dos mil diecisiete. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veintidós de marzo de dos mil diecisiete (foja 49), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA III B Por tanto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este juicio.

  3. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y estado procesal que guardan los autos, se advierte que el tercero interesado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por conducto de su representante legal no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones en el plazo de tres días, como se le indicó en proveído de veintisiete de febrero pasado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le previno al tercero interesado de mérito; por lo que, practíquense sus notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Mesa III-B. Notificación personal por lista. (3ro Interesado). San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por Juan Ángeles Robles; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 272/2017. Ahora bien, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, la parte quejosa indica que, entre otros, señala como autoridad responsable al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, de quien reclama, lo siguiente: ACTO RECLAMADO: A) El cumplimiento voluntario del laudo de fecha cuatro de junio del año dos mil quince, que se traduce en la negativa de realiza el pago de todas y cada una de las prestaciones decretadas en el laudo y que hasta la fecha no ha cumplido, incluyendo la reinstalación. En el caso, por lo que se refiere a la autoridad y actos antes precisados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, los cuales, en ese orden, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De los preceptos legales transcritos, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En ese sentido, por autoridad responsable debe entenderse que tal calidad no únicamente le asiste a los entes entre los que dentro de sus facultades se encuentra la de imperio, es decir, de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquéllas (incluso particulares) que realicen actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular determinado y de una manera imperativa. En vinculación con lo anterior, deviene relevante dejar en claro qué debe entenderse por autoridad, al respecto, es de decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 164/2011, al interpretar la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, referente al concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, determinó las notas distintivas siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Con base en ello, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal. Ahora, debe decirse que el análisis sistemático del transcrito artículo 5º, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en cuanto establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares "... cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad ...", debe entenderse en su contenido semántico del vocablo "equivalente", el actuar de los particulares que se coloquen en un plano semejante respecto de las autoridades que realicen actos unilaterales, imperativos y coercitivos. En ese sentido, la ejecución de actos en un plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen una subordinación como autoridad coercitiva e imperativa, de ningún modo refleja el que los particulares pudieran tener por equivalencia el carácter de autoridades responsables, ni de actos equivalentes a los de autoridad, dado que el fragmento del precepto de que se trata no debe interpretarse de manera aislada, sino que con los principios constitucionales que como mandatos de optimización estatuyen los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que en su contenido literal no establecen la regulación expresa de actos propios de particulares para la procedencia del juicio de amparo, ni esa connotación jurídica puede encontrar sustento en la iniciativa de la nueva Ley de Amparo, ni en el procedimiento propio de debate correspondiente, por no referirse a la indicada acepción, que tampoco puede contrariar lo dispuesto en la Ley Suprema del país. Por consiguiente, si el actuar de un particular en un plano de igualdad y horizontal con otro u otros particulares no se encuentra previsto en un principio regulado como acto de autoridad en la Constitución Federal, menos puede discernirse ese vínculo jurídico de leyes generales secundarias, como reglas en un ámbito meramente fáctico, puesto que la Ley de Amparo no ha de reñir con los principios que la propia Carta Fundamental estatuye, sino que debe atenderse a lo que dispuso el legislador ordinario en la norma secundaria como "equivalente", entendiéndose por esto cuando los particulares actúen en auxilio o en cumplimiento de un acto de autoridad, pues no pueden soslayarse los preceptos constitucionales que rigen por excelencia el juicio de amparo en México, continúan incólumes en su contenido deontológico -teoría de los deberes- y axiológico -teoría de los valores- la procedencia del amparo contra "actos de autoridad", esto es, los que cumplen los requisitos legales de ser unilaterales, imperativos y coercitivos, en el orden en que actúa un ente público -por sí o por auxilio de un particular o en cumplimiento de un mandato o de una ley- que exija un hacer u omisión inexcusable, sometiéndose la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión originariamente proveniente de la autoridad estatal. De la lectura integra de la demanda de amparo se aprecia que el ahora quejoso presento demanda ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en la que demandó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, diversas prestaciones, que tal demanda se radicó con el número de expediente 348/2014; que en tal juicio el cuatro de junio de dos mil quince, se dictó laudo, en el que se condenó a la mencionada dependencia, a la reinstalación al puesto que desempeñaba y al pago de diversas prestaciones; mediante escrito presentado el diez de enero del año en curso, el apoderado legal del quejoso presentó escrito dirigido al Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, solicitando fecha para llevar a cabo la reinstalación, siendo que hasta el día de diecisiete de febrero del año en curso no ha sido acordado dicho escrito Ahora, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, cuenta con diversas normas jurídicas a efecto de conseguir el cumplimiento del laudo, como la facultad para imponer multas; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución del laudo; el deber de dictar todas las medidas necesarias para su cumplimiento, y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento de la condena. Por similitud jurídica esencial, se plasma la jurisprudencia 133/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatoria dicha garantía. A partir de lo anterior, el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, a cuyo efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. A su vez, conforme al artículo 151 de la ley citada, la primera actuación del procedimiento de ejecución consiste en dictar acuerdo ordenando ésta a través de la presencia de un actuario, en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el artículo 148, el cual sólo prevé la imposición de multa hasta por $1,000.00. Por otra parte, las fracciones III y IV del artículo 43 del indicado ordenamiento, imponen la obligación a los titulares de reinstalar a los trabajadores y ordenar el pago de los salarios caídos o cubrir la indemnización por separación injustificada y pagar las prestaciones correspondientes cuando fueron condenados por laudo ejecutoriado, mientras que el artículo 147 prevé que el mencionado Tribunal podrá solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares para hacer cumplir sus resoluciones. En consecuencia, si bien la imposición de una multa es la única medida de apremio expresamente establecida por la Ley Burocrática, no puede desconocerse que el referido artículo 150 ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual la ley pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que el indicado Tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa. De igual manera, se invoca la tesis aislada del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, de rubro y texto: EJECUCIÓN DE LAUDOS EN LOS JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS. AL NO PREVER LA LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ MEDIDAS PARA QUE LA LEGISLATURA LOCAL EXPIDA UN DECRETO QUE AUTORICE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA SU LIQUIDACIÓN, DEBEN APLICARSE LOS ARTÍCULOS 95, 96 Y 97 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. Si bien es cierto que la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez no prevé medidas para obtener por parte de la Legislatura Local la expedición de un decreto que autorice la erogación de una partida presupuestal a fin de liquidar las condenas económicas a que fue condenado un Ayuntamiento oaxaqueño, no menos lo es que su artículo 7o., segundo párrafo, autoriza que en los casos no previstos en ella, se resuelva conforme a los lineamientos generales de la misma, a la mayor equidad y a las exigencias que reclaman los servicios públicos en bien de la sociedad. En esa virtud, por razones de mayor equidad, deben aplicarse los artículos 95, 96 y 97 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con el numeral sexto de la ley de bienes pertenecientes a esa entidad federativa, que sí prevén tales medidas y que son aplicables a los burócratas municipales oaxaqueños, debido a que éstos como los estatales, tienen el mismo control presupuestal por la Legislatura Local. Como consecuencia necesaria de lo anterior, conduce a determinarse que el laudo dictado el cuatro de junio de dos mil quince, donde se condena al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, demandado no debe considerase como un acto de autoridad, toda vez que conforme a la normativa anteriormente citada, la Junta responsable cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales respectivos y, a ella le corresponde vigilar que sus determinaciones sean acatadas. De ahí que resulta inconcuso que el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de la amplia gama de instrumentos legales con que cuentan para lograr el cumplimiento de los laudos que emite; esto es, que desde ese modelo, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. Consecuentemente, el incumplimiento por parte de las autoridades señaladas como responsables al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a un laudo dictado en su contra no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. De ahí que resulta inconcuso que el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte del organismo público descentralizado puede ser vencido a través de instrumentos legales con que se cuentan para lograr el cumplimiento de los laudos; esto es, que desde ese modelo, el organismo público demandado no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. Sin que sea óbice para lo anterior, que no sea útil en el caso el procedimiento de embargo y remate de bienes a fin de que se cumpla coactivamente un laudo, toda vez que este se ve sustituido por el procedimiento previsto por el artículo sexto de la ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca. Consecuentemente, el incumplimiento por parte de los Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a laudo dictado en su contra no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 31/2014 y 79/2014 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros y contenidos: ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona. AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor. Por las relacionadas consideraciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 5, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA la demanda de amparo de que se trata, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. En cambio, por lo que se refiere al acto atribuido a las diversas autoridades responsables, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de que se trata. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión relativo, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para la audiencia constitucional. Solicítese a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes a que reciban el oficio, para ello, acompañarán en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, de no hacerlo en sus términos, con fundamento en el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, se impondrá a la omisa una multa de cien a mil unidades de medida y actualización. A fin de agilizar el procedimiento, se pone a disposición exclusiva de las autoridades responsables el correo oficial de este Juzgado 1jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 23870, para que por tales vías puedan enviar comunicaciones oficiales. Se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, así mismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, se les impondrá multa prevista en el precepto 251 de la referida Ley. Con apoyo de los normativos 5º, fracción III, inciso b), 26, fracción I, inciso b), y 116 de la Ley de Amparo, téngase por señalado como tercero interesado al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con domicilio en Carretera Cristóbal Colón kilómetro cinco y medio ( 5 1/2) Santa María Ixcotel, Santa Lucia del Camino, Centro, en esta Ciudad de Oaxaca, por lo que se instruye al Actuario Adscrito para que por conducto de quien legalmente lo represente, le notifique personalmente este proveído, lo emplace a este juicio constitucional con copia simple de la demanda de amparo, le entregue copia autorizada de este auto y en términos del precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia los requiera para que en el plazo de tres días, contado a partir de que le notifique este auto, señale domicilio en la zona conurbada de esta ciudad, para recibir notificaciones, de no hacerlo, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos en este órgano de control constitucional. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables; se les tendrá aquí como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales, y en su oportunidad, se resolverá la litis, conforme a tal situación; salvo prueba en contrario, o señalamiento corregido. Por otro lado, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizada con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Héctor Lorenzo Estrada y Sahira Belén Avendaño Patiño y Canciano Carlos Cortes Cruz, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa y encontrarse registrada sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las restantes personas únicamente se les tiene por autorizadas para recibir notificaciones, por no encontrarse registradas sus cedulas profesionales en el aludido sistema computarizado. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado. Finalmente, en términos del artículo 52 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de febrero de dos mil diecisiete, determinó la readscripción del suscrito y designó como nueva titular de este Juzgado, a partir del uno de marzo siguiente, a la Juez Elizabeth Franco Cervantes; lo cual fue comunicado mediante oficio SEADS/172/2017. Notifíquese personalmente.

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