Juan Angel Pedraza Ledesma

Expediente 732/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
732/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
10/09/2019

Partes del expediente

  • JUAN ANGEL PEDRAZA LEDESMA y Otros.
  • Juan Angel Pedraza Ledesma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Remite testimonio autorizado de la ejecutoria, acúsese recibo."ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto.Ahora, en vista de que dicha resolución no requiere de ejecución material alguna, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Acusa recibo del diverso por el que se le remitieron copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, e informa que se admitió el recurso de queja interpuesto, el que quedó registrado.

  3. Principal

    Téngase por interpuesto el recurso de queja. En consecuencia, dentro del término legal ríndase informe justificado sobre la materia en el sentido de que este juzgado efectivamente emitió el auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve; asimismo, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente en que se actúa para apoyar el contenido de dicho informe, sin que se estime necesario otorgar la vista para integrar el testimonio correspondiente. De la misma forma, dentro del término legal remítase testimonio certificado.

  4. Principal

    En términos del artículo 27 fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se emplaza y notifica a la parte quejosa, la resolución de 27 de mayo de 2019: "RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS. Téngase por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por Juan Ángel Pedraza Ledesma, por propio derecho contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro; así como diversas constancias; con motivo de que dicho Tribunal de Alzada determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver de dicha demanda de amparo. Acúsese recibo. TOMOS DE PRUEBA. Con las constancias relativas al juicio de origen remitidas por la autoridad responsable, fórmense por separado los cuadernos de pruebas correspondientes, los cuales serán identificados para su mejor manejo como tomo I y II. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 732/2019; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Tomando en consideración que la resolución que constituye el acto reclamado no es de aquellas que ponen fin al procedimiento; por consiguiente, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer de dicha demanda, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo, se avoca al conocimiento de dicha demanda. Acúsese recibo. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae el siguiente acto reclamado a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro:  La resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el toca civil 201/2019, derivado del juicio ordinario civil de recisión de contrato 413/2017, que confirma el auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia en Jalpan de Serra, Querétaro, que acordó no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud de allanarse al dictamen rendido por el perito de la parte demandada-nombrado el rebeldía- así como nombrar un perito tercero en discordia a fin de que realice un nuevo avaluó para ejecutar el resolutivo quinto de la sentencia definitiva. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO. Precisado lo anterior, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido este juzgador advierte de oficio que se materializa de forma manifiesta e indudable una hipótesis de improcedencia de la demanda, que le impide admitirla y que está prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra un acto dictado en ejecución de sentencia que no sea aquel que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. A fin de comprender en su exacta dimensión esta hipótesis de improcedencia, es importante mencionar que el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley;" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra los actos de ejecución de sentencia de los tribunales judiciales realizados, en los supuestos siguientes: 1. Contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia. 2. En el procedimiento de remate aquél que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega de los bienes rematados. Como bien se sabe, el objetivo del procedimiento de ejecución de una sentencia es cumplir con lo resuelto en ésta, aspecto que constituye una cuestión de orden público. En ese sentido, a fin de evitar su entorpecimiento o retardo, con motivo de la promoción de un amparo, el legislador consideró que éste únicamente procede en términos de la reglas descritas, esto es, contra la resolución que pone fin al procedimiento respectivo (entendida como aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla o aquella resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados), con la posibilidad de que se controviertan las violaciones producidas durante su tramitación que dejaron en estado de indefensión a la persona. Al respecto, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, julio de 2004, página 75, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." (énfasis añadido) De manera excepcional, existe la oportunidad de impugnar un acto de ejecución de sentencia, que no sea la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo, siempre que afecte de manera irreparable los derechos sustantivos de la persona reconocidos en la Constitución o en los tratados y demás instrumentos internacionales en que México es parte, o bien, que la parte quejosa ostente la calidad de persona extraña, circunstancias que en el caso concreto no se actualizan, tomando en cuenta que el quejoso figura como parte actora en el juicio natural, por lo que le asiste el carácter de parte en dicho procedimiento. Por las razones que la sustenta es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 103/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Agosto de 2004, página 417, de rubro y texto siguiente: "REMATE EN EJECUCIÓN DE LAUDOS. EL POSTOR NO PUEDE CONSIDERARSE PERSONA EXTRAÑA PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, POR LO QUE DEBE AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. De la interpretación de los artículos 967, 968, 970 y 971 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que el postor en el remate que se celebre en ejecución de un laudo pronunciado por una Junta de Conciliación y Arbitraje tiene carácter de parte en dicha diligencia por el hecho de presentar una postura por escrito y exhibir el billete de depósito respectivo, independientemente de que dicha postura sea calificada de legal o no. Por tanto, al incorporarse a la relación procesal y someterse a la dirección del presidente de la Junta durante el desarrollo del remate, es inconcuso que no puede considerársele como persona extraña al procedimiento en términos de los artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que el amparo que promueva contra actos que le causen perjuicio dentro de la diligencia de remate se rige por el artículo 114, fracción III, del último ordenamiento citado, hipótesis en la que necesariamente debe atenderse al principio de definitividad y, por ende, debe agotar previamente el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, el cual prevé su procedencia contra actos de los Presidentes en ejecución del laudo." Así como por analogía, la jurisprudencia P./J. 108/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En el caso, la parte quejosa se duele de la resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, emitida en el toca civil 201/2019, derivado del juicio ordinario civil de recisión de contrato 413/2017, que confirma el auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia en Jalpan de Serra, Querétaro, el cual acordó no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud de allanarse al dictamen rendido por el perito de la parte demandada-nombrado el rebeldía- así como nombrar un perito tercero en discordia a fin de que realice un nuevo avaluó para ejecutar el resolutivo quinto de la sentencia definitiva. Pues bien, esta determinación se dictó en el procedimiento de ejecución de sentencia, el cual no se trata de un acto autónomo de éste. Tampoco constituye la resolución definitiva que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, o bien ordena el archivo. No se trata tampoco de aquél dictado en la fase de remate que en forma definitiva ordena la entrega del bien rematado. En efecto, el acto que en esta vía reclama, como quedó precisado, no constituye ninguno de los referidos supuestos, de ahí que se improcedente el presente juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual forma cobra sustento la jurisprudencia III.5o.C. J/5 sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima época, tomo II, libro 7, junio de 2014, página 1454, de rubro y texto siguientes: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA. De lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados"; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución". Por tanto, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V y 113, todos de la Ley de Amparo, el último mencionado interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Ángel Pedraza Ledesma, por propio derecho.Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda; como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que se mencionan en la certificación de cuenta, pues cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho, y en términos restringidos del aludido numeral a las diversas personas, por no contar con cédula registrada en el mencionado sistema. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce".

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