Juan Ángel Martínez García

Expediente 622/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
622/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • Juan Ángel Martínez García

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda presentada por Juan Ángel Martínez García. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, el presente asunto es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. CAMBIO DE TITULAR Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Sergio Santamaría Chamú, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/616/2021, de siete de julio de dos mil veintiuno, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda que promueve Juan Ángel Martínez García, regístrese bajo el número de expediente 622/2021- IV-A. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO La parte quejosa reclama: En la especie, este juzgador considera que el juicio de amparo es improcedente, porque tal como se advierte de lo manifestado por el quejoso, este se promovió en contra del inicio de una carpeta de investigación en su contra por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro. Motivo por el cual los agentes investigadores (sin que haya manifestado datos de referencia exactos) arribaron al Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez" para efecto de entrevistarlo y hacerle de su conocimiento el inicio de la carpeta de investigación MOR/053/08163/2017 con número único de caso 1003201713672 (tal como se desprende de los hechos narrados por el impetrante de amparo). En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 1, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de esta Ley. [.] Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos invocados, la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de la actualización de cualquiera de las hipótesis previstas en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, pero también de otras que se pueden deducir tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, hipótesis que debe ser integradas atendiendo a la interpretación jurídica de la norma, como así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción". De las anteriores transcripciones se obtiene, que sólo es procedente el juicio constitucional cuando se reclaman actos que violen los derechos humanos reconocidos, en las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Del análisis integral de la demanda, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado en forma destacada el inicio y lo actuado dentro de una carpeta de investigación en su contra, a saber la MOR/053/08163/2017 con número único de caso 1003201713672. Así, tenemos que, de acuerdo a la naturaleza del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, de la Constitución General de la República, la persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público, en representación de la sociedad. Por tanto, la integración de dicha carpeta de investigación y el desahogo de las diligencias tendentes a ello, no causan perjuicio a los gobernados, pues la sola investigación de los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, en modo alguno genera efectos sobre la esfera jurídica de los particulares. Máxime, que es de orden público e interés social la persecución de los delitos; de ahí la improcedencia del juicio de amparo contra tal acto. Tiene aplicación al particular, la jurisprudencia VI.3o.8 P, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 264, tomo III, enero de 1996, Novena época, materia penal, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales". Como la jurisprudencia 68, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, tomo II, materia penal, Apéndice 2000, que establece: "AVERIGUACIONES PENALES. La simple iniciación del proceso y las demás diligencias practicadas en la averiguación de un delito, si no restringen la libertad, derechos o posesiones de los acusados, no pueden importar una violación de garantías". En ese orden de ideas, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a la luz del precepto 113 de la ley en aplicación. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que este juzgador cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la presente demanda. Ello, puesto que todo lo anterior parte de la premisa de que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, a lo que se adiciona que el hecho de que la demanda se debe analizar en forma integral incluso con los documentos que acompaña la parte quejosa a la demanda. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto los datos proporcionados por la parte quejosa en su demanda como la narración de antecedentes que se hagan bajo protesta de decir verdad, crean certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 713, libro 24, tomo I, noviembre de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable" (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe". De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las narraciones vertidas en la demanda -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, en relación con el numeral 1, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a la luz del precepto 113 de la ley en aplicación, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del peticionario el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda que promueve Juan Ángel Martínez García, regístrese bajo el número de expediente 622/2021- IV-A. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO La parte quejosa reclama: En la especie, este juzgador considera que el juicio de amparo es improcedente, porque tal como se advierte de lo manifestado por el quejoso, este se promovió en contra del inicio de una carpeta de investigación en su contra por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro. Motivo por el cual los agentes investigadores (sin que haya manifestado datos de referencia exactos) arribaron al Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez" para efecto de entrevistarlo y hacerle de su conocimiento el inicio de la carpeta de investigación MOR/053/08163/2017 con número único de caso 1003201713672 (tal como se desprende de los hechos narrados por el impetrante de amparo). En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 1, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de esta Ley. [.] Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos invocados, la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de la actualización de cualquiera de las hipótesis previstas en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, pero también de otras que se pueden deducir tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, hipótesis que debe ser integradas atendiendo a la interpretación jurídica de la norma, como así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción". De las anteriores transcripciones se obtiene, que sólo es procedente el juicio constitucional cuando se reclaman actos que violen los derechos humanos reconocidos, en las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Del análisis integral de la demanda, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado en forma destacada el inicio y lo actuado dentro de una carpeta de investigación en su contra, a saber la MOR/053/08163/2017 con número único de caso 1003201713672. Así, tenemos que, de acuerdo a la naturaleza del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, de la Constitución General de la República, la persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público, en representación de la sociedad. Por tanto, la integración de dicha carpeta de investigación y el desahogo de las diligencias tendentes a ello, no causan perjuicio a los gobernados, pues la sola investigación de los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, en modo alguno genera efectos sobre la esfera jurídica de los particulares. Máxime, que es de orden público e interés social la persecución de los delitos; de ahí la improcedencia del juicio de amparo contra tal acto. Tiene aplicación al particular, la jurisprudencia VI.3o.8 P, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 264, tomo III, enero de 1996, Novena época, materia penal, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales". Como la jurisprudencia 68, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, tomo II, materia penal, Apéndice 2000, que establece: "AVERIGUACIONES PENALES. La simple iniciación del proceso y las demás diligencias practicadas en la averiguación de un delito, si no restringen la libertad, derechos o posesiones de los acusados, no pueden importar una violación de garantías". En ese orden de ideas, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a la luz del precepto 113 de la ley en aplicación. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que este juzgador cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la presente demanda. Ello, puesto que todo lo anterior parte de la premisa de que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, a lo que se adiciona que el hecho de que la demanda se debe analizar en forma integral incluso con los documentos que acompaña la parte quejosa a la demanda. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto los datos proporcionados por la parte quejosa en su demanda como la narración de antecedentes que se hagan bajo protesta de decir verdad, crean certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 713, libro 24, tomo I, noviembre de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable" (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe". De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las narraciones vertidas en la demanda -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, en relación con el numeral 1, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a la luz del precepto 113 de la ley en aplicación, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del peticionario el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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