Juan Ángel Higuera Veliz

Expediente 1460/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1460/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • Juan Ángel Higuera Veliz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se negó el amparo en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Devolución de legajos de prueba. En ese orden de ideas, resulta innecesario conservar los legajos de prueba recibidos mediante proveído de ******************** e identificados como Tomo I, II y III, los cuales fueron formados con las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable; en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con dieciséis minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en audiencia pública Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal asistido de José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da cuenta con la demanda de derechos, las constancias de emplazamiento a las partes y el informe justificado rendido por la autoridad responsable. La secretaria encargada: Téngase por hecha la certificación que antecede. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales que anexó la autoridad responsable a su informe justificado. La secretaria encargada acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadoa por su propia y especial naturaleza, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que únicamente la parte tercera interesada hizo manifestaciones. La secretaria encargada acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las demás partes a formular alegatos. Acto seguido, se cierra este periodo, y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1460/2022 PC-CIVIL; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo El veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, recibió el oficio proveniente del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, al cual, por carecer de competencia por turno, anexó el juicio de amparo indirecto 1240/2022 de su índice, en el que Juan Ángel Higuera Veliz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que se precisarán con posterioridad. Turnado que fue el citado juicio de derechos a este órgano jurisdiccional, el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se aceptó la declinación de turno planteada, se avocó al conocimiento de la demanda, y se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. En autos se tuvo por apersonada al juicio a la moral tercera interesada Mabucapa I, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Posteriormente, la audiencia constitucional, tuvo lugar en los términos del acta que antecede. Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones II, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, toda vez que se reclama un acto, cuyo efecto se materializa dentro de la jurisdicción de este juzgado, por lo que se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo Fijación de la litis Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La resolución de cinco de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Segundo Tribunal Regional del Primer Circuito, de esta ciudad, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por el quejoso, contra el auto de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, que declaró abandonado el recurso de apelación dentro del toca 240/2016, interpuesto por Juan Ángel Higuera Veliz, en contra de la interlocutoria de catorce de octubre de dos mil quince derivada del juicio especial hipotecario 1260/2021. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó el presidente del Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, dicha certeza, se corrobora con las constancias que el tribunal responsable acompañó a su informe, las cuáles derivan del toca 240/2016 (tomos de pruebas I, II, y III), a las que se concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2 del mismo ordenamiento legal, ya que no fueron objetadas en cuanto a su autenticidad; además, provienen de autoridades en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial número 226 sustentada por el Pleno de la otrora Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". IV. Estudio de fondo No existiendo causas de improcedencia hechas valer o que se adviertan de oficio, se procede al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto en reclamo; sin que sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues no hay precepto legal que establezca la obligación de llevarla a cabo; además de que dicha omisión no la deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En principio, y previo al estudio de los conceptos de violación, es menester precisar que, del contexto de la demanda y de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales previamente se otorgó pleno valor convictivo, se advierten esencialmente los antecedentes siguientes: En sentencia de uno de julio de dos mil catorce, dictada en el juicio hipotecario 1260/2011, por el juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, se condenó a Juan Ángel Higuera Veliz (parte quejosa) al pago de diversas prestaciones (fojas 90 a 98 v, del tomo III de pruebas). Por proveído de ocho de abril de dos mil quince, causó ejecutoria tal determinación (foja 125, tomo III de pruebas). En la interlocutoria de catorce de octubre de dos mil quince, se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte quejosa -demandada en el juicio de origen- (fojas 10 a 21 del tomo II de pruebas). Por auto de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se declaró bien admitido el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, en contra de la citada interlocutoria (foja 3 v del tomo I de pruebas). En determinación de once de abril de dos mil diecisiete, se requirió a las partes para que manifestaran si tenían interés en la continuación del referido recurso, apercibiéndolas que en caso de ser omisos, se tendrá por abandonado el referido medio de impugnación (foja 6 del tomo I de pruebas). Por auto de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, se declaró abandonado el recurso de apelación interpuesto (foja 9 v del tomo I de pruebas). En determinación de cinco de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Segundo Tribunal Regional del Primer Circuito, de esta ciudad, se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el quejoso, contra el citado auto de veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Esta última determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Una vez establecido lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son inoperantes, en la inteligencia que en el caso no opera la suplencia de la deficiencia de la queja, al no actualizarse ninguna de las hipótesis a que alude el numeral 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, e ilustrativamente conforme la tesis de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA CIVIL Y ADMINISTRATIVA. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO." En éstos, la parte quejosa refiere que la autoridad responsable al momento de dictar la resolución que hoy se reclama, debió tomar en cuenta que el auto de once de abril de dos mil diecisiete, en el que se requirió a las partes -del juicio de origen- para que manifestaran si tenían interés en la continuación del recurso de apelación mencionado en los antecedentes plasmados en líneas que anteceden, no se notificó personalmente a la parte actora. Aduce que dicha omisión vulnera sus garantías contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. En primer término, resulta oportuno precisar que de la interpretación sistemática de los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rindan las autoridades responsables; por tanto, para que en la sentencia constitucional que emita el juez de distrito se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio de amparo indirecto, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el juzgador y lo que es materia de la controversia en el juicio, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales. Asimismo, el Máximo Tribunal del País sustentó criterio en el sentido de que, para que el juzgador de amparo se encuentre obligado a estudiar los motivos de la queja basta con que en ellos se hubiera expresado con claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de la lesión o agravio que estime le cause el acto y los motivos que originaron ese agravio. Lo que obedece a la necesidad de precisar que los conceptos de violación no necesariamente deban plantearse a manera de silogismo jurídico como lo sustentaba la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni bajo alguna fórmula sacramental. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que lo anterior, de ninguna manera implica que los peticionarios de amparo se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, porque es obvio que al accionante de amparo le corresponde, salvo los supuestos legales de suplencia de la queja, exponer razonadamente el por qué estima inconstitucionales o ilegales los actos que reclama. Precisado lo anterior, en el caso concreto, la parte quejosa es omisa en combatir directamente las consideraciones producidas por el tribunal responsable en la determinación de cinco de agosto de dos mil veintidós, que declaró infundado el recurso de reposición interpuesto por el quejoso, contra el auto de veintiséis de abril de dos mil diecisiete dictado en el toca de origen. Es decir, omite exponer razonamiento en torno a las consideraciones y fundamentos que tomó en cuenta la autoridad responsable para concluir en el sentido en que lo hizo, a razón de que carece de una exposición razonada del porqué la resolución reclamada le causa una afectación, ya que prescinde de señalar los motivos por los que considera incorrecta la determinación de la autoridad responsable al emitir el fallo reclamado. En efecto, de la parte conducente de la determinación reclamada, se advierten las consideraciones que a continuación se transcriben: "(.) Sin embargo, no asiste razón al inconforme cuando discute que el hecho de que no se haya notificado personalmente a su contraparte el referido auto de once de abril de dos mil diecisiete, significa que este tribunal haya violentado en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Civil Sonorense, ya que conforme a lo expuesto en párrafos que anteceden, el apelante tenía la carga procesal de impulsar el procedimiento, al ser el interesado principal en la substanciación de la segunda instancia, pues a su contraparte ningún perjuicio le causa el hecho de que se decrete la firmeza de la resolución impugnada de primera instancia al no ser quien recurrió la misma, de esta forma, el auto impugnado emitido por este tribunal, decreta el abandono del recurso de apelación interpuesto (.)" De lo anterior se evidencia la inoperancia del motivo de violación en análisis, pues el peticionario de amparo no controvierte frontalmente la consideración reseñada en el párrafo precedente; máxime que dichos argumentos son una reiteración sustancial de los que hizo valer en sus agravios. Así, es evidente que el tribunal responsable no incurrió en las inconsistencias destacadas por la parte quejosa, sino que expuso las razones aquí plasmadas para justificar su conclusión; consideraciones que, cabe repetir, no son atacadas por la parte quejosa. En efecto, resultaba indispensable que la parte quejosa combatiera esas consideraciones, es decir, la circunstancia de que el tribunal responsable indicara que a su contraparte ningún perjuicio le causaba el hecho de que se decrete la firmeza de la resolución impugnada de primera instancia al no ser quien recurrió la misma. De ahí que la parte quejosa se encontraba obligada a destruir los razonamientos del tribunal responsable, esto es, expresar argumentos eficaces para demostrar la ilegalidad de las consideraciones aludidas y, al omitir hacerlo, devienen inoperantes sus planteamientos. Resultan aplicables las jurisprudencias 36 y 1a./J. 19/2012 (9a.), del tenor siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUÉLLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida." "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUÉLLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." En otro argumento, la parte quejosa refiere, que la parte actora en el juicio de origen, es la que debió solicitar el abandono del recurso de apelación, y no que la autoridad responsable lo haya realizado. El referido argumento, resulta inoperante, pues dicha aseveración es novedosa, dado que no fue expuesta en sus agravios, por lo que existe imposibilidad jurídica para pronunciarse al respecto, en atención al principio de congruencia que rige en las sentencias de amparo. Es ilustrativa la jurisprudencia VI.2o.A. J/7 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES AQUELLOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Son inoperantes aquellos conceptos de violación en que se formulan argumentos que no se hicieron valer ante la Sala Fiscal, toda vez que en caso de ocuparse de su estudio se violaría el principio de congruencia establecido en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, que obliga a pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas por las partes, en razón de que tales manifestaciones como no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas." Asimismo, la diversa jurisprudencia 2a./J. 188/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del contenido siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado." V. Decisión Ante dicha inoperancia de los motivos de disenso, los argumentos que sustentan la determinación tildada de inconstitucional resultan aptos para seguir rigiendo en sentido del fallo. En tales condiciones, al no haberse acreditado la violación en perjuicio de la parte quejosa de los derechos fundamentales que defiende, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por otra parte, este juzgador omite el estudio de los argumentos vertidos por la parte tercera interesada en vía de alegatos, pues éstos no forman parte de la Litis en el juicio constitucional, dado que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación. Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 27/94, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los 1°, fracción I, 73 a 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Ángel Higuera Veliz, en relación con el acto reclamado y autoridad responsable señalados en los apartados II y III, por los motivos expuestos en el considerando IV, todos del presente fallo constitucional. Notifíquese por lista a la parte quejosa, tercerea interesada, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. 1. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio remitido por la magistrada adscrita a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual comunica el resultado de la consulta realizada por el homólogo federal Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, en la cual determinó que le corresponde a éste órgano jurisdiccional conocer la demanda de amparo promovida por Juan Ángel Higuera Veliz. 2. Acúsese recibo de estilo de los autos originales del juicio de amparo 1240/2022 del índice del homólogo federal, así como ******************** de pruebas formados con motivo de las constancias que acompañó el magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito, de esta ciudad, a su informe con justificación. 3. Vinculación expediente. Asimismo, solicítese atentamente, que de no tener inconveniente alguno, comisione al personal respectivo para que realice la vinculación del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 4. Avoca por returno. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos los artículos 45, fracción II, y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, este juzgado conforme al returno planteado, se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Juan Ángel Higuera Veliz, contra el acto atribuido al Segundo Tribunal Regional del Primer Circuito, de esta ciudad. 5. Compensación de carga de labores. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 quater, fracción II, del Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince; reformado y adicionado por diverso Acuerdo General publicado en el mismo medio oficial el catorce de marzo de dos mil veintidós, comuníquese a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, la presente determinación, a fin de equilibrar las cargas de trabajo. 6. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con dieciséis minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente; ello con fundamento en lo señalado en el numeral 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. 7. Informe. Resulta innecesario requerir a la autoridad responsable, a efecto de que rinda su informe con justificación, toda vez que ya obra glosado al sumario. Sin embargo, hágasele del conocimiento que este órgano jurisdiccional continuará con el trámite de la presente demanda. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que hagan llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. 8. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 9. Agente del Ministerio Público de la Federación. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la representación social federal de la adscripción la intervención que legalmente le compete. 10. Emplazamiento. Sin que sea el caso proveer respecto a la parte tercero interesada, ya que de autos se advierte su existencia y emplazamiento, sin embargo, hágase de su conocimiento que este órgano jurisdiccional continuará con el trámite de la demanda promovida por el peticionario de amparo referido en párrafos que anteceden. 11. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. Se hace la acotación en este punto, que la parte ******************** señaló correo electrónico para establecer comunicación sobre cuestiones no procesales, en caso de que este órgano jurisdiccional lo considere necesario. 12. Incidente de suspensión. Sin tramitarse incidente de suspensión, por no haberse solicitado. 13. Domicilio. Téngase a la parte ******************** señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. 14. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda la parte ********************, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 15. Pruebas. La parte ******************** no ofreció medios de convicción. 16. Legajos de pruebas. Debido a la voluminosidad de las documentales exhibidas por la responsable, se ordena formar por separado ******************** de pruebas que se identificarán como ********************,********************y********************; en esa virtud, se ordena el cambio de las carátulas respectivas. 17. Imposibilidad para crear versión digital. Asimismo, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese a las partes que existe imposibilidad material para la digitalización de ********************, por lo que quedarán disponibles para consulta en la secretaría del órgano. 18. Comunicación a la autoridad responsable de cuáles resoluciones se les notificará por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que únicamente serán notificadas por oficio las determinaciones que por su importancia deban atenderse las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio que se envíe al tribunal de su adscripción), y las restantes serán notificadas por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 19. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 20. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 21. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 22. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 23. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente a la parte ********************, ******************** y a la representación social federal de la adscripción, así como por oficio a la autoridad responsable, al homólogo declinante y a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Integración de oficio. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que insiste en no conocer el juicio de amparo ********************, del índice del homólogo federal, y formuló consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano