Juan Ángel de Jesús Flores
Expediente 99/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 99/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juan Ángel de Jesús Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27 fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de ocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra del auto dictado en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer fuera de audiencia en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por otra parte, debe indicarse que la determinación de sobreseer el presente juicio de amparo, se cargó dos veces en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por lo que se ordena la aclaración correspondiente; así pues, en este acto y toda vez que dichas determinaciones fueron dictadas en el mismo sentido, se establece que la que debe prevalecer es la primera de fecha siete de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior, para los efectos legales conducentes. Apoya a lo anterior, la tesis 2a. VII/99, visible en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Febrero de 1999, Novena Época, que al rubro siguiente: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO. NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA INTERPONER LA REVISIÓN". Además, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en la tesis cuyo rubro es: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS.", De igual manera, la jurisprudencia P./J.94/97, visible en la página 6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Diciembre de 1997, Novena Época, que al rubro siguiente: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS" En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. Notifíquese personalmente.
- Principal
.....Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como corresponda, los informes justificados rendidos respectivamente, por la encargada del despacho de la Presidencia de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuaria adscrita; ahora, del informe rendido se advierte que la parte actora aquí quejoso Juan Ángel de Jesús Flores, en la diligencia llevada a cabo ante la autoridad responsable el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se le tuvo compareciendo y en uso de la voz manifestó que el motivo de su comparecencia era para desistirse de la acción ejercitada y prestaciones demandadas dentro del expediente 01-283-2014, a lo que la autoridad responsable lo tuvo por desistido ordenando el archivo del citado expediente como asunto total y definitivamente concluido por carecer de materia para su continuación; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades responsables de mérito a las personas que citan y de conformidad con el artículo 26 de la Ley de la Materia, las notificaciones se les realizaran mediante oficio en su residencia oficial. Asimismo, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que remite, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Por lo anterior, este juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)". Con la finalidad de establecer el alcance del precepto transcrito, debe tenerse presente que el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos fundamentales que le hayan sido violados. A efecto de cumplir dicho objetivo, se han establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, a que se hace referencia, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando de manera formal subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, aun en el caso de concluirse que el referido acto resulta inconstitucional. También podría darse el caso de que la sentencia concesoria no produzca algún efecto en la esfera jurídica del quejoso, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, o bien, por cualquier otro motivo que, jurídicamente, impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera de derechos del quejoso. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, del mes de diciembre de dos mil seis, con registro 173858, cuyo rubro y texto indican lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En ese orden de ideas, para una mejor comprensión del asunto, debe decirse que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la parte actora aquí quejoso Juan Ángel de Jesús Flores, en la diligencia llevada a cabo ante la autoridad responsable el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se le tuvo compareciendo y en uso de la voz manifestó que el motivo de su comparecencia era para desistirse de la acción ejercitada y prestaciones demandadas dentro del expediente 01-283-2014, a lo que la autoridad responsable lo tuvo por desistido ordenando el archivo del citado expediente como asunto total y definitivamente concluido por carecer de materia para su continuación; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Detallado lo anterior, es claro que el acto que reclama la parte quejosa, consistente en la denegación de justicia por no ordenar la notificación a las partes dentro del expediente laboral 01/283/2014, la regularización en el procedimiento tras el periodo de suspensión de labores, subsistió formalmente, dado que no se pudo observar que se haya realizado dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, sin que de las constancias remitidas por la responsable se advierta causa justificada alguna de la citada situación, incurriendo de esta manera en violación al derecho fundamental de tutela judicial consagrado en el artículo 17, de la Carta Magna. Sin embargo, se advierte que en la diligencia llevada a cabo ante la autoridad responsable el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se le tuvo a la parte actora aquí quejosa compareciendo y en uso de la voz manifestó que el motivo de su comparecencia era para desistirse de la acción ejercitada y prestaciones demandadas dentro del expediente 01-283-2014, a lo que la autoridad responsable lo tuvo por desistido ordenando el archivo del citado expediente como asunto total y definitivamente concluido por carecer de materia para su continuación, por lo anterior, el acto reclamado dejó de tener efecto legal. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que si bien el acto reclamado (la denegación de justicia por no ordenar la notificación a las partes dentro del expediente laboral 01/283/2014, la regularización en el procedimiento tras el periodo de suspensión de labores), subsistió formalmente, también lo es que dejó de tener la posibilidad de seguir surtiendo efectos, por lo que las repercusiones jurídicas de la omisión aludida ya cambió. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia, respecto de los actos reclamados en estudio, en términos de la fracción V, del numeral 63, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada, visible en la página 435 del Tomo XII, Octubre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 214694, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO SUBSISTIENDO EL ACTO RECLAMADO, ESTE NO PUEDE SURTIR EFECTO MATERIAL ALGUNO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Por tanto, cuando al promoverse el amparo directo en contra de la sentencia promovida por el Tribunal Fiscal de la Federación, el acto impugnado en el juicio de nulidad es cancelado, aun y cuando subsista la sentencia reclamada, ésta no puede surtir efecto material alguno por haber dejado de existir el acto impugnado en el juicio fiscal." Así como la diversa tesis aislada, visible en la página 215 del Tomo XII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro electrónico 222944, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR NO EXISTIR EL OBJETO O MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si en virtud de haberse dictado ejecutoria de garantías, la autoridad responsable debe restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, acorde con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de la materia, nulificando el procedimiento subsecuente a aquella violación, el acto reclamado en ese nuevo amparo, posterior a esas actuaciones, no podrá surtir efecto legal o material, al quedar anulado el procedimiento que lo contiene, acorde con lo dispuesto por la Ley de Amparo en el sentido de que: "Art. 73.-El juicio de amparo es improcedente:" (...) "XVII.- Cuando subsistiendo el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo.", y en esas condiciones, el nuevo juicio de garantías debe sobreseerse." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. Carlos.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de siete de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como corresponda, los informes justificados rendidos respectivamente, por la encargada del despacho de la Presidencia de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuaria adscrita; ahora, del informe rendido se advierte que la parte actora aquí quejoso Juan Ángel de Jesús Flores, en la diligencia llevada a cabo ante la autoridad responsable el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se le tuvo compareciendo y en uso de la voz manifestó que el motivo de su comparecencia era para desistirse de la acción ejercitada y prestaciones demandadas dentro del expediente 01-283-2014, a lo que la autoridad responsable lo tuvo por desistido ordenando el archivo del citado expediente como asunto total y definitivamente concluido por carecer de materia para su continuación; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades responsables de mérito a las personas que citan y de conformidad con el artículo 26 de la Ley de la Materia, las notificaciones se les realizaran mediante oficio en su residencia oficial. Asimismo, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que remite, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Por lo anterior, este juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)". Con la finalidad de establecer el alcance del precepto transcrito, debe tenerse presente que el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos fundamentales que le hayan sido violados. A efecto de cumplir dicho objetivo, se han establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, a que se hace referencia, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando de manera formal subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, aun en el caso de concluirse que el referido acto resulta inconstitucional. También podría darse el caso de que la sentencia concesoria no produzca algún efecto en la esfera jurídica del quejoso, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, o bien, por cualquier otro motivo que, jurídicamente, impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera de derechos del quejoso. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, del mes de diciembre de dos mil seis, con registro 173858, cuyo rubro y texto indican lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En ese orden de ideas, para una mejor comprensión del asunto, debe decirse que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la parte actora aquí quejoso Juan Ángel de Jesús Flores, en la diligencia llevada a cabo ante la autoridad responsable el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se le tuvo compareciendo y en uso de la voz manifestó que el motivo de su comparecencia era para desistirse de la acción ejercitada y prestaciones demandadas dentro del expediente 01-283-2014, a lo que la autoridad responsable lo tuvo por desistido ordenando el archivo del citado expediente como asunto total y definitivamente concluido por carecer de materia para su continuación; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Detallado lo anterior, es claro que el acto que reclama la parte quejosa, consistente en la denegación de justicia por no ordenar la notificación a las partes dentro del expediente laboral 01/283/2014, la regularización en el procedimiento tras el periodo de suspensión de labores, subsistió formalmente, dado que no se pudo observar que se haya realizado dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, sin que de las constancias remitidas por la responsable se advierta causa justificada alguna de la citada situación, incurriendo de esta manera en violación al derecho fundamental de tutela judicial consagrado en el artículo 17, de la Carta Magna. Sin embargo, se advierte que en la diligencia llevada a cabo ante la autoridad responsable el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se le tuvo a la parte actora aquí quejosa compareciendo y en uso de la voz manifestó que el motivo de su comparecencia era para desistirse de la acción ejercitada y prestaciones demandadas dentro del expediente 01-283-2014, a lo que la autoridad responsable lo tuvo por desistido ordenando el archivo del citado expediente como asunto total y definitivamente concluido por carecer de materia para su continuación, por lo anterior, el acto reclamado dejó de tener efecto legal. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que si bien el acto reclamado (la denegación de justicia por no ordenar la notificación a las partes dentro del expediente laboral 01/283/2014, la regularización en el procedimiento tras el periodo de suspensión de labores), subsistió formalmente, también lo es que dejó de tener la posibilidad de seguir surtiendo efectos, por lo que las repercusiones jurídicas de la omisión aludida ya cambió. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia, respecto de los actos reclamados en estudio, en términos de la fracción V, del numeral 63, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada, visible en la página 435 del Tomo XII, Octubre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 214694, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO SUBSISTIENDO EL ACTO RECLAMADO, ESTE NO PUEDE SURTIR EFECTO MATERIAL ALGUNO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Por tanto, cuando al promoverse el amparo directo en contra de la sentencia promovida por el Tribunal Fiscal de la Federación, el acto impugnado en el juicio de nulidad es cancelado, aun y cuando subsista la sentencia reclamada, ésta no puede surtir efecto material alguno por haber dejado de existir el acto impugnado en el juicio fiscal." Así como la diversa tesis aislada, visible en la página 215 del Tomo XII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro electrónico 222944, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR NO EXISTIR EL OBJETO O MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si en virtud de haberse dictado ejecutoria de garantías, la autoridad responsable debe restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, acorde con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de la materia, nulificando el procedimiento subsecuente a aquella violación, el acto reclamado en ese nuevo amparo, posterior a esas actuaciones, no podrá surtir efecto legal o material, al quedar anulado el procedimiento que lo contiene, acorde con lo dispuesto por la Ley de Amparo en el sentido de que: "Art. 73.-El juicio de amparo es improcedente:" (...) "XVII.- Cuando subsistiendo el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo.", y en esas condiciones, el nuevo juicio de garantías debe sobreseerse." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y personalmente
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes
- Juan Amado Ortiz1645/2018
- Juan Amado Ortiz1750/2015
- Juan Amaro Benitez719/2016
- Juan Andres Alvarez Sanchez303/2019
- Juan Andres Arizmendi Aguilar2358/2015
- Juan Angel Alvarez Oliveros2293/2015
- Juan Angel de Jesus Flores2043/2014
- Juan Antonio Bahena Novoa1801/2019
- Juan Antonio Blas Meana Y Remis515/2017
- Juan Antonio Campos Martinez1219/2017
- Juan Antonio Gonzalez Lazcano81/2015
- Juan Antonio Goula López1710/2018