Juan Ángel Cruz Cruz

Expediente 69/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
69/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Juan Ángel Cruz Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a once de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a nueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se declaró cumplida la sentencia de amparo, y se ordenó hacer del conocimiento de la parte quejosa, tercera interesada, autoridad responsable y de la fiscal tercera interesada, sin que en autos obre agregada la constancia de notificación de la última de las partes mencionadas. Por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones, se ordena girar oficio a Nora Hilda Liahut Franco, Fiscal adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, quien tiene el carácter de tercera interesada, a fin de hacer de su conocimiento el contenido del auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese; y por oficio a la fiscal tercera interesada. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    (aviso) notificación por lista a la tercera interesada.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, solo con base en las constancias de autos, y con el escrito de la parte quejosa. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el cinco de julio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintidós, al no haber sido impugnada por las partes, dentro del término legalmente concedido al respecto y se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; y, para tal efecto, la responsable envió la resolución en cumplimiento, bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE En tales condiciones, ante lo parcialmente fundado de los conceptos de violación, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para el efecto de que la Jueza Primero de Primera Instancia, con residencia esta ciudad, realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente la resolución reclamada de término constitucional de dieciocho de enero de dos mil veintidós, dentro de la ******************** de su índice, que contiene el auto de formal prisión emitido en contra del aquí quejoso; y 1. El Juez Primero de Primera Instancia de esta ciudad, el uno de agosto de dos mil veintidós, dejó insubsistente la resolución reclamada de término constitucional de dieciocho de enero del año en curso, dictado en la ******************** de su índice. 2) En su lugar, emita una nueva resolución en la que resuelva la situación jurídica de la parte quejosa por el delito de que se trata, subsanando las violaciones formales destacadas en esta sentencia, es decir, para que realice lo siguiente: a) Valore las probanzas ofertadas por la defensa relativas a la declaración en ampliación de la madre de la agraviada ********************, emitida ante el juez de la causa y las cuatro fotografías del quejoso; pruebas que deberá valorar fundando y emitiendo el juicio de valor correspondiente. 2. El tres de agosto del año en curso, el juez responsable emitió una nueva resolución en la que resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, realizando un pronunciamiento de manera fundada y motivada, ya que analizó las pruebas aportadas por la defensa relativas a la declaración en ampliación de la madre de la agraviada ********************, rendida el dieciocho de enero del año en curso, ante la presencia del juez de la causa y las placas fotográficas del quejoso, presentadas por la Licenciada ********************. b) Asimismo, deberá dar respuesta a cada uno de los argumentos planteados por el procesado, hoy quejoso, en el escrito mediante el cual rindió su declaración preparatoria. Y hecho lo anterior resuelva, con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda. De igual forma, se constata que el juzgador responsable dio respuesta a cada uno de los argumentos planteados por el procesado, hoy quejoso, en el escrito de dieciséis de enero de este año, mediante el cual rindió su declaración preparatoria, documental que en esta nueva resolución emitida analizó, valoró y se pronunció respecto de la misma. Y una vez realizado lo anterior, con la libertad de criterio y plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución, en la que subsanó los vicios destacados en la sentencia pronunciada en el presente asunto, pronunciando nuevamente auto de formal prisión, en contra del aquí quejoso, por el delito de violación agravada, cometido en agravio de una persona de identidad resguardada con las iniciales ******************** Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como aprecia en el cuadro que antecede. Asimismo, se considera que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. No es óbice a lo anterior, lo manifestado por la autorizada del quejoso en el escrito de desahogo de vista que se acuerda en esta fecha, en el sentido de que no se cumplió la sentencia amparadora en los términos expuestos, ya que de la lectura del mismo se observa que sus manifestaciones van encaminadas a controvertir los razonamientos del juez responsable los cuales emitió con libertad de jurisdicción, por lo que no pueden ser analizadas en esta resolución, significándole que en su caso, podrá hacerlas valer como conceptos de violación en la nueva demanda de amparo que promueva en contra del nuevo auto de formal prisión que se dictó el tres de agosto de dos mil veintidós, en contra del quejoso. Apoya lo anterior, la tesis de la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, siguiente: "Registro digital: 2017156 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a. LXII/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, página 952 Tipo: Aislada CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN PARA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN ENCUENTRA SU LÍMITE EN LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Para evaluar el debido y total cumplimiento de una sentencia de amparo, tratándose de autoridades jurisdiccionales, si bien deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos precisados en aquélla, lo cierto es que éstos no están desvinculados de las consideraciones y de los razonamientos plasmados en la sentencia aludida; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán atender a dichos efectos, en el entendido de que la libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución encuentra su límite en la materia de análisis en el juicio de amparo." Por otra parte, no pasa inadvertido para la suscrita juzgadora que en la parte final del escrito de cuenta, la autorizada del quejoso afirmó que se repitió el acto reclamado; sin embargo, a juicio de esta juzgadora federal, dicha manifestación no puede considerarse propiamente una solicitud formal de que se tramite el incidente respectivo, por lo que no se realiza mayor pronunciamiento al respecto. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Visto; agréguese para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por ***** autorizada del quejoso, mediante el cual formula diversas manifestaciones de inconformidad, respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en esas condiciones, resérvese acordar lo que en derecho corresponda, hasta que se pronuncie la resolución en la que se analizará lo propio al cumplimiento de la sentencia pronunciada en el juicio en que se actúa. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

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