Juan Ángel Barraza Concha

Expediente 431/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
431/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Juan Ángel Barraza Concha
  • Juez del Juzgado Tercero Familiar por Audiencia del Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El veintitrés de junio de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Jesús Manuel Mora Bustillos.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a trece de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales procedentes. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, el presente expediente, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 20, fracción I), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Asimismo, una vez cumplido dicho plazo de conservación, se incluirá este expediente en la destrucción anual que corresponda, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, dentro de los treinta días naturales siguientes. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cuatro, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los mismos se desprende que mediante oficio 1214/2023 y anexo que adjunto al mismo la Juez Tercero de lo Familiar por Audiencia del Distrito Judicial Bravos, con residencia en la localidad, rindió su informe justificado, recibido el tres de mayo del año en curso del que se advierte que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, no se había emitido la resolución interlocutoria dentro del incidente de convivencia y/o variación la guarda y custodia de la infante de iniciales (B.J.G.B) promovida dentro del expediente 289/2022 de su índice, promovido por Juan Ángel Barraza Concha, en contra de Eduardo Arturo Guerra Martínez, omisión que constituía el acto reclamado en el presente controvertido constitucional, el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se resolvió dicha incidencia, lo que acredita con la copia certificada que de dicha resolución la cual adjunto a su informe, documental a la que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo. Así, en virtud de lo expuesto y acreditado por la autoridad responsable, se estima innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En términos de dicho precepto legal, se desprende la posibilidad de que si durante el juicio sobreviene alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, puede decretarse el sobreseimiento sin necesidad de esperar a que llegue la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es compatible con las disposiciones de la Ley de Amparo, y cuyos rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior, porque en la especie respecto al acto reclamado por la parte quejosa Juan Ángel Barraza Concha, que hizo consistir en la omisión de la juez responsable en dictar la sentencia interlocutoria dentro del dentro del incidente de convivencia y/o variación la guarda y custodia de la infante de iniciales (B.J.G.B) promovida dentro del expediente 289/2022 de su índice, se acredita la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (...)" De la disposición legal transcrita se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a. El acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncia una resolución que cambia la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamaron en el amparo. c. No puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d. Existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio biinstancial, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede sustituir a aquélla, con independencia de que el acto materia del amparo resulte inconstitucional. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la causa de improcedencia transcrita, ha establecido el criterio contemplado en la tesis 2a. CXI/96, visible en la página 219 del Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En efecto, de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que el Juez Tercero de lo Familiar por Audiencia del Distrito Judicial Bravos, con sede en la localidad, al rendir su informe justificado remitió copia certificada de la sentencia interlocutoria emitida el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dentro del incidente planteado por el aquí quejoso en el expediente 289/2022 de su índice, de cuya lectura se advierte que la responsable ha resuelto el incidente de convivencia y/o variación la guarda y custodia de la infante de iniciales (B.J.G.B) y cuya omisión constituía el acto reclamado. Por ello, el suscrito Juez Federal advierte que se actualiza de manera notoria e indudable la causa que hace improcedente el juicio de amparo, prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, puesto que en el procedimiento de origen, ha operado un cambio de situación jurídica. Se dice lo anterior, ya que el acto reclamado, emana de un procedimiento judicial y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa al promover la demanda de amparo; asimismo, no es posible pronunciarse sobre la constitucionalidad de la omisión reclamada, sin afectar la interlocutoria emitida el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, por lo que dicha omisión debe considerarse consumada de manera irreparable; por último, existe autonomía o independencia entre la omisión reclamada y la interlocutoria dictada en consecuencia, por lo que éste podría subsistir, con independencia de que la omisión resultara o no inconstitucional. Por ende, al actualizarse la causal de improcedencia en los términos ya precisados, el suscrito estima pertinente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Además, cabe precisar que las causales de improcedencia por la que se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, de ningún modo transgreden los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que, como ya se dijo, dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el veintitrés de mayo de dos mil catorce, bajo el registro 2006485, Décima Época, que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1º. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Con igual sentido se invoca la tesis 1ª. CCLXXVI/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 530 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, con registro 2002359, que rubro y contenido: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1º., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo.". Por lo tanto, se deja sin efectos el día y hora señalado en autos para la audiencia constitucional, esto es, a las once horas con treinta y cinco minutos del quince de junio de dos mil veintitrés; se ordena hacer las anotaciones en el libro de control electrónico dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y notifíquese el presente proveído a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexos que remite la Juez Tercero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en la localidad, agréguense a sus autos para que obren como corresponda por medio de los cuales de conformidad con los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su informe justificado y remitiendo documentales de su parte, con lo que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido, sin menoscabo de hacer relación de lo anterior al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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