Juan Andres Solis Vega
Expediente 409/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 409/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Andres Solis Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de agosto de dos mil veintidós. FIRME FALLO. Visto el estado de los autos, así como de la certificación de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el proveído que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de agosto de dos mil veintidós. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO. (Registro 12047) Téngase por recibido el oficio signado por el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán"; por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase a dicha autoridad en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de veintiocho de julio pasado, aclarando su informe relativo a la suspensión de plano de los actos reclamados. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. INFORME JUSTIFICADO. (Registro 12052) Por otra parte, glósese a los autos el diverso oficio de cuenta; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán"; rindiendo su informe justificado. PRUEBAS. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, ténganse como prueba de la autoridad oficiante, las documentales que adjunta a su informe de ley, las cuales se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica. CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO. Hace valer la prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sin que haya lugar a requerir constancia alguna. EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Por otra parte, del inciso b) de la certificación secretarial se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de diecinueve de julio pasado, para que informara si ya fue puesto en libertad; y, de ser así, precisara si es su deseo continuar con el trámite del juicio en que se actúa, sin que haya hecho manifestación alguna. Consecuentemente, hágase efectivo el apercibimiento con que se le previno y por tanto, se acuerda lo siguiente: ESTADO DE AUTOS 1. Del estado que guardan los autos se desprende que mediante acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la demanda de garantías presentada por Juan Andrés Solís Vega, instaurada contra actos del Centro Federal de Readaptación Social "CEFERESO 17", en su denominación correcta y otra autoridad, en la que reclamó: La privación ilegal de la libertad e incomunicación por parte de las autoridades. Ahora, de la razón levantada por el Actuario de la adscripción el quince de julio de dos mil veintidós, se advierte la imposibilidad que tuvo de notificar al quejoso Juan Andrés Solís Vega, el proveído de trece del mismo mes; toda vez que al constituirse en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS Michoacán" fue informado por personal adscrito a ese Centro de reclusión, que el once de julio del año en curso, dicha persona egresó de ese establecimiento, al haber obtenido el beneficio de la condena condicional. Asimismo, se encuentra glosada en autos, la diversa razón de trece de julio mencionado, levantada por la Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, de la que se desprende la imposibilidad que tuvo de notificar al quejoso de referencia, el acuerdo de ocho de julio pasado, en razón de que fue informada que el once de julio de la anualidad que transcurre, el aquí quejoso fue puesto en libertad. Ahora bien, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62, de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. En el presente juicio se reclamó la privación ilegal de la libertad e incomunicación del quejoso Juan Andrés Solís Vega, por parte de la autoridad responsable. Asimismo, de las razones actuariales que se precisan, se desprende que el once de julio de dos mil veintidós, quejoso obtuvo su libertad al habérsele concedido el beneficio de la condena condicional; lo que se corrobora con el contenido del informe justificado de cuenta, en el que la autoridad responsable informa que mediante la boleta de libertad JE/18759/2022, fechada el diez de julio del año en curso, se tuvo al quejoso Juan Andrés Solís Vega, acogiéndose al beneficio de la condena condicional concedida en el procedimiento de ejecución de sentencia 411/2022, derivado de la causa penal 212/2021 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad de México, con sede en Reclusorio Norte, la cual se ejecutó el once de julio de dos mil veintidós; lo que trajo como consecuencia que el acto reclamado cesara en sus efectos, pues ello constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de su derecho violado, toda vez que el acto privativo de la libertad que le causaba agravio dejó de existir. De ahí, que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho humano, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que la misma garantía exija, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter positivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA. Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, SE SOBRESEE en este juicio fuera de audiencia; comuníquese este acuerdo a las partes y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno Robustece lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, visible en la página 210, registro digital 196820, cuyo rubro y texto narran: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo Asimismo, sustenta lo anterior en lo conducente, la diversa tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 184572, Materia Común, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo 2003, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior, sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, toda vez que de acuerdo con el artículo 217 del mismo ordenamiento, el Juez de Distrito no se encuentra obligado a dar vista a la parte quejosa con las causas de improcedencia advertidas de oficio. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia VI.1o.T. J/1 (10a.), Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2007628, Materia Común, visible en la página 2421, octubre de 2014, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes." Déjese sin efecto legal alguno, la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO ACTUAL. ESTADO DE AUTOS 2. Finalmente, del estado que guardan los autos se advierte que en proveído de trece de julio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con la inexistencia de la autoridad responsable denominada como "Administración del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán"; sin embargo dado lo resuelto en párrafos que anteceden, resulta innecesario insistir al quejoso en torno a ello; por tanto, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó a la parte quejosa en el citado proveído y se tiene como autoridad inexistente a la autoridad mencionada en líneas que anteceden, ordenado suspender toda comunicación con la misma. ACTUALIZACIÓN EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En ese aspecto, se instruye al analista jurídico encargado del S.I.S.E., para que actualice el expediente electrónico correspondiente a este asunto, respecto de la inexistencia de la autoridad responsable que se precisó en el párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, a veintiocho de julio de dos mil veintidós. De las constancias de autos se desprende la razón levantada por el Actuario de la adscripción el quince de los actuales, se advierte la imposibilidad que tuvo de notificar al quejoso Juan Andrés Solís Vega, el proveído de trece de los actuales; toda vez que al constituirse en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS Michoacán" fue informado por personal adscrito a ese Centro de reclusión, que el once de julio en curso, dicha persona egresó de ese establecimiento, al haber obtenido el beneficio de la condena condicional. Asimismo, se encuentra glosada la diversa razón levantada el trece de julio en curso, por la Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, en la que se desprende la imposibilidad que tuvo de notificar al quejoso de referencia, el acuerdo de ocho de julio en curso, en razón de que fue informada que el once de este mes, el aquí quejoso fue puesto en libertad. Ahora, del estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha la autoridad responsable Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán" no ha aclarado su informe relativo a la suspensión de plano de los actos reclamados, solicitado mediante oficio 13605/2022 de ocho de los actuales, no obstante que a través del diverso comunicado 13819/2022 de trece del mes y año en curso, se le remitió la copia simple de la demanda de garantías, solicitada para tales efectos. Consecuentemente, mediante oficio que para ello se envíe, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, cumpla con dicho requerimiento, esto es, aclare su informe relativo a la suspensión de plano de los actos reclamados. Apercibido que de no hacerlo o no informar la imposibilidad jurídica o material que para ello tenga, se le hará efectivo el apercibimiento con que se le previno en auto de cinco de julio del año en curso. NOTIFÍQUESE, MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de julio de dos mil veintidós. AUTORIDAD REMITE DESPACHO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual, la Actuaria encargada del Despacho por vacaciones del titular del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, devuelve sin diligenciar el despacho 697/2022, orden 1371/2022, del índice de este Juzgado, enviado a efecto de notificar al quejoso Juan Andrés Solís Vega, el acuerdo de ocho de julio actual. Diligencia que no fue posible realizar, en razón de que del acta domiciliada levantada el trece de los actuales por la Actuaria adscrita al Juzgado oficiante, se desprende la imposibilidad que tuvo de notificar al quejoso de referencia, en razón de que fue informada que el once de julio actual, el aquí quejoso fue puesto en libertad, en razón de habérsele concedido el beneficio de la libertad anticipada. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Consecuentemente, resérvese proveer lo que en derecho corresponda en torno tal acontecimiento, hasta en tanto la parte quejosa desahogue el requerimiento realizado en diverso acuerdo de diecinueve de julio actual. SE ORDENA DAR DE BAJA. Para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno el despacho de mérito; sin que haya lugar a acusar recibo de dicha comunicación, en virtud de que se recibió en el correo electrónico oficial de este Juzgado. NOTIFÍQUESE.
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