Juan Andrés Maya Cerda
Expediente 1353/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1353/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Nicolás Maya Flores
- Juan Andrés Maya Cerda
- Juan Andrés Maya Cerda y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Diligencia de emplazamiento; señala domicilio. Vista la diligencia de emplazamiento de diez de los corrientes, practicada por la Actuaria de la adscripción al tercero interesado Rodolfo Flores Cervantes; atento a las manifestaciones vertidas en la misma, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones personales de dicha parte, el que indicó en la propia actuación. Vista con informe justificado. Por otra parte, con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde el informe justificado que le fue requerido, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Prueba documental. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio especial oral familiar sobre convivencia 902/2019; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. Con dicha documental fórmese cuaderno de pruebas por separado. Ahora, en atención a que dentro del juicio de origen la especialista Vanessa Melitza Cázarez Pahua tiene reconocido el carácter de tutora de menor de edad de iniciales N.M.F; en consecuencia, se comisiona a cualquiera de los Actuarios adscritos para que se constituya indistintamente en el domicilio ubicado en Calzada La Huerta número 400, colonia Nueva Valladolid, en esta ciudad, o bien, en las instalaciones que ocupa la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia del Sistema DIF Michoacán, y con copia del libelo inicial emplace a juicio a la aludida profesionista, a fin de que si lo estima conveniente, comparezca al presente juicio a fin de garantizar el interés superior del menor de edad tercero interesado. Además, se le deberá requerir para que en el acto de la diligencia, o dentro del término de tres días siguiente a dicha notificación o en el primer escrito que presente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, señale domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, en relación con este asunto, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, le correrán por lista, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que en proveído de seis de los actuales se reservó proveer en relación al posible emplazamiento de Karen Flores Herrejón, en cuanto tercera interesada, hasta en tanto se recibieran las constancias relativas al acto reclamado; en tal virtud, se considera innecesario el llamado a juicio de la referida persona, toda vez que se estima que no tiene un interés contrario al del promovente Juan Andrés Maya Cerda; incluso, de las propias constancias se obtiene que se encuentran asesorados por los mismos profesionistas. Representante especial acepta cargo conferido. En otro orden de ideas, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por Alejandro León Cortés, asesor jurídico federal, a través del cual comparece a aceptar y protestar el cargo de representante especial del menor de iniciales N.M.F; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 8° de la Ley de Amparo, se tiene al ocursante apersonándose dentro de los presentes autos en su calidad de representante especial del menor antes aludido. Señalamiento de domicilio y autorizados. Por otro lado, se tiene al asesor jurídico señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta; asimismo, dado lo asentado en la certificación de cuenta, se le tiene autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos con las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Olivia Benítez Reyes, y a Santiago Orozco Valencia, y en términos del artículo 24 de la ley de la materia a las diversas personas que refiere en su ocurso. Se autoriza consulta electrónica. Finalmente, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo los usuarios "alcleon" y "Estrella2"; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente a la asesora Vanessa Melitza Cázarez Pahua. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.Dva
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del trece de diciembre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1353/2019, promovido por Juan Andrés Maya Cerda, por sí y en ejercicio de la patria potestad del menor de iniciales N. M. F., se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. EL SECRETARIO: Se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. De igual manera se da cuenta con el oficio recibido el doce de diciembre de dos mil diecinueve, registrado con el número 18984, signado por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, mediante el cual rinde su informe previo. EL JUEZ: Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual, la autoridad que lo signa rinde informe previo en el expediente en que se actúa, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo; continúese con la celebración de la audiencia. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. EL JUEZ: Al no existir prueba alguna pendiente de desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: En ese orden, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión 1353/2019; y, R E S U L T A N D O: 1.- Por escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, que por razón de turno, fue remitido a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Juan Andrés Maya Cerda, por sí y en ejercicio de la patria potestad del menor de iniciales N. M. F., solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado a la autoridad precisada con antelación. 2.- Mediante proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama la omisión de emplazarlo al juicio 902/2019 del índice del Juzgado Primero Oral en Materia Familiar de este Distrito Judicial. SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la autoridad responsable, se advierte que reconoció la existencia del acto que la parte quejosa le reclama. TERCERO.- PROCEDENCIA DE LA MEDIDA SUSPENSIVA. Respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con los actos que se reclaman, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés jurídico. La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. En ese orden de ideas, dada la naturaleza del acto reclamado, se analizará la medida cautelar por lo que ve a los efectos y consecuencias, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso numeral 138 de la Ley de Amparo, además, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. De lo que se sigue que el acto reclamado en sí mismo, es susceptible a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro, y también produce un cambio de situación jurídica en su estatus general que como personas tienen frente al resto de sus congéneres. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos y las garantías establecidas en la constitución para su protección. Argumentos de los cuales se deduce que la parte quejosa tiene un interés legítimo para obtener la medida cautelar, y del juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho de las solicitantes, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido, se concluye que el amparista es titular de un derecho humano cuya protección conlleva la obligación de proteger su dignidad con ahínco, además de advertirse la interrelación a su derecho a la libertad protegido por la Constitución Federal y leyes secundarias aplicables. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Además de lo anterior, de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. En la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social, puesto que la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la omisión de emplazarlo al juicio 902/2019 del índice del Juzgado Primero Oral en Materia Familiar de este Distrito Judicial, actualizándose por tanto, la hipótesis prevista en los artículos 139, en relación con el diverso precepto 128 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Juan Andrés Maya Cerda, y al menor de iniciales N. M. F., la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado para el efecto de que el Juez Primero Oral en Materia Familiar de este Distrito Judicial continúe con el procedimiento del juicio 902/2019, por sus fases legales, hasta ponerlo en estado de resolución, pero se abstenga de dictar la sentencia relativa; hasta en tanto reciba notificación sobre la resolución que se pronuncie dentro del juicio del que derivan los presentes cuadernos incidentales. La suspensión que se concede, surte sus efectos desde luego, sin que se haga necesario fijar garantía a la parte quejosa, ya que de momento no se advierte que con la presente medida, se pueda causar al tercero interesado daños o perjuicios económicos, ya que por tratarse de una cuestión familiar, no sería susceptible de valoración económica; máxime, que en el caso se ven involucrados derechos del menor de edad de iniciales N. M. F. La medida que se concede no surte efecto alguno, en el caso de que a la fecha ya se hubiera dictado la resolución correspondiente en el juicio 902/2019 de origen; o bien, que el acto provenga de autoridad distinta a la señalada como responsable. Por otra parte, se comisiona a cualquiera de los Actuarios de la adscripción, para que notifique al tercero interesado Rodolfo Flores Cervantes, la presente determinación, en el domicilio el ubicado en la calle Ciudad de la Cantera Rosa, número 380, fraccionamiento Morelia 450, en esta ciudad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso K) y 27, fracción I, y en observancia al artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo y a la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/1996, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 143/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 190667 Pleno Tomo XII, Diciembre de 2000 Página 23 Jurisprudencia (Común) SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: ´NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.´, estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión. Contradicción de tesis 11/96. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 5 de octubre de 2000. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo." Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de la responsable que en caso de no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos". Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a Juan Andrés Maya Cerda, por sí y en ejercicio de la patria potestad del menor de iniciales N. M. F., la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por las razones precisadas en el considerando tercero de este fallo interlocutorio. Notifíquese. Lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Incidental
POR MEDIO DE LISTA notifico a la tercero interesada Rodolfo Flores Cervantes, lo siguiente: En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del trece de diciembre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1353/2019, promovido por Juan Andrés Maya Cerda, por sí y en ejercicio de la patria potestad del menor de iniciales N. M. F., se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. EL SECRETARIO: Se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama la omisión de emplazarlo al juicio 902/2019 del índice del Juzgado Primero Oral en Materia Familiar de este Distrito Judicial. SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la autoridad responsable, se advierte que reconoció la existencia del acto que la parte quejosa le reclama. TERCERO.- PROCEDENCIA DE LA MEDIDA SUSPENSIVA. Respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con los actos que se reclaman, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés jurídico. La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. En ese orden de ideas, dada la naturaleza del acto reclamado, se analizará la medida cautelar por lo que ve a los efectos y consecuencias, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso numeral 138 de la Ley de Amparo, además, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. De lo que se sigue que el acto reclamado en sí mismo, es susceptible a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro, y también produce un cambio de situación jurídica en su estatus general que como personas tienen frente al resto de sus congéneres. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos y las garantías establecidas en la constitución para su protección. Argumentos de los cuales se deduce que la parte quejosa tiene un interés legítimo para obtener la medida cautelar, y del juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho de las solicitantes, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido, se concluye que el amparista es titular de un derecho humano cuya protección conlleva la obligación de proteger su dignidad con ahínco, además de advertirse la interrelación a su derecho a la libertad protegido por la Constitución Federal y leyes secundarias aplicables. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Además de lo anterior, de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. En la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social, puesto que la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la omisión de emplazarlo al juicio 902/2019 del índice del Juzgado Primero Oral en Materia Familiar de este Distrito Judicial, actualizándose por tanto, la hipótesis prevista en los artículos 139, en relación con el diverso precepto 128 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Juan Andrés Maya Cerda, y al menor de iniciales N. M. F., la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado para el efecto de que el Juez Primero Oral en Materia Familiar de este Distrito Judicial continúe con el procedimiento del juicio 902/2019, por sus fases legales, hasta ponerlo en estado de resolución, pero se abstenga de dictar la sentencia relativa; hasta en tanto reciba notificación sobre la resolución que se pronuncie dentro del juicio del que derivan los presentes cuadernos incidentales. La suspensión que se concede, surte sus efectos desde luego, sin que se haga necesario fijar garantía a la parte quejosa, ya que de momento no se advierte que con la presente medida, se pueda causar al tercero interesado daños o perjuicios económicos, ya que por tratarse de una cuestión familiar, no sería susceptible de valoración económica; máxime, que en el caso se ven involucrados derechos del menor de edad de iniciales N. M. F. La medida que se concede no surte efecto alguno, en el caso de que a la fecha ya se hubiera dictado la resolución correspondiente en el juicio 902/2019 de origen; o bien, que el acto provenga de autoridad distinta a la señalada como responsable. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: ´NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.´, estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de de la responsable que en caso de no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos". Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a Juan Andrés Maya Cerda, por sí y en ejercicio de la patria potestad del menor de iniciales N. M. F., la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por las razones precisadas en el considerando tercero de este fallo interlocutorio. Notifíquese. Lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
POR MDEIO DE LISTA notifico y emplazo a la parte tercero interesada VANESSA MELITZA CAZAREZ PAHUA, EN CUANTO TUTORA DE LA MENOR DE INICIALES N. M. F., POR SÍ O A TRAVÉS DE QUIEN ACREDITE SER SU REPRESENTANTE LEGAL, en términos del siguiente acuerdo Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Diligencia de emplazamiento; señala domicilio. Vista la diligencia de emplazamiento de diez de los corrientes, practicada por la Actuaria de la adscripción al tercero interesado Rodolfo Flores Cervantes; atento a las manifestaciones vertidas en la misma, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones personales de dicha parte, el que indicó en la propia actuación. Vista con informe justificado. Por otra parte, con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde el informe justificado que le fue requerido, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Prueba documental. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio especial oral familiar sobre convivencia 902/2019; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. Con dicha documental fórmese cuaderno de pruebas por separado. Ahora, en atención a que dentro del juicio de origen la especialista Vanessa Melitza Cázarez Pahua tiene reconocido el carácter de tutora de menor de edad de iniciales N.M.F; en consecuencia, se comisiona a cualquiera de los Actuarios adscritos para que se constituya indistintamente en el domicilio ubicado en Calzada La Huerta número 400, colonia Nueva Valladolid, en esta ciudad, o bien, en las instalaciones que ocupa la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia del Sistema DIF Michoacán, y con copia del libelo inicial emplace a juicio a la aludida profesionista, a fin de que si lo estima conveniente, comparezca al presente juicio a fin de garantizar el interés superior del menor de edad tercero interesado. Además, se le deberá requerir para que en el acto de la diligencia, o dentro del término de tres días siguiente a dicha notificación o en el primer escrito que presente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, señale domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, en relación con este asunto, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, le correrán por lista, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que en proveído de seis de los actuales se reservó proveer en relación al posible emplazamiento de Karen Flores Herrejón, en cuanto tercera interesada, hasta en tanto se recibieran las constancias relativas al acto reclamado; en tal virtud, se considera innecesario el llamado a juicio de la referida persona, toda vez que se estima que no tiene un interés contrario al del promovente Juan Andrés Maya Cerda; incluso, de las propias constancias se obtiene que se encuentran asesorados por los mismos profesionistas. Representante especial acepta cargo conferido. En otro orden de ideas, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por Alejandro León Cortés, asesor jurídico federal, a través del cual comparece a aceptar y protestar el cargo de representante especial del menor de iniciales N.M.F; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 8° de la Ley de Amparo, se tiene al ocursante apersonándose dentro de los presentes autos en su calidad de representante especial del menor antes aludido. Señalamiento de domicilio y autorizados. Por otro lado, se tiene al asesor jurídico señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta; asimismo, dado lo asentado en la certificación de cuenta, se le tiene autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos con las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Olivia Benítez Reyes, y a Santiago Orozco Valencia, y en términos del artículo 24 de la ley de la materia a las diversas personas que refiere en su ocurso. Se autoriza consulta electrónica. Finalmente, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo los usuarios "alcleon" y "Estrella2"; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente a la asesora Vanessa Melitza Cázarez Pahua. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.Dva
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