Juan Andrés López Canseco
Expediente 487/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Andrés López Canseco
- Fiscal General del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que el disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los arábigos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y aun cuando en el acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo, se tiene en cuenta que en el proveído de doce de mayo de la presente anualidad, se otorgó a la parte quejosa la suspensión de oficio y de plano respecto de algunas de las actuaciones combatidas, la cual tuvo efectos definitivos y su vigencia abarcó hasta que quedó firme la resolución que puso fin al juicio constitucional en una situación análoga a la medida cautelar definitiva que se decreta en un incidente de suspensión, por lo que acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los dispositivos 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del referido Acuerdo General se estima que este asunto es conservable en términos de lo estatuido por el diverso 17, fracción III, inciso b), del propio acuerdo de observancia general, aplicado por analogía en el caso, dada la concesión de la medida suspensional señalada. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que el presente juicio de amparo se resguardará íntegramente en este órgano jurisdiccional durante el plazo de tres años previsto por el ordinal 17, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la notificación de este auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese lapso de conservación en términos de lo señalado por el diverso 26 del Acuerdo General indicado se solicitará la transferencia de este expediente al Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese."
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el instrumento señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores rinde su informe sobre la suspensión de oficio y de plano concedida al agraviado en el auto de doce de mayo del año en curso, respecto de algunos de los actos reclamados. Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 126 de la Ley de Amparo se tiene a la autoridad responsable por rendido su informe relativo a la suspensión de oficio y de plano otorgada a la parte quejosa en el acuerdo señalado y se toma conocimiento de las situaciones que expone; en consecuencia, dese vista al inconforme con el contenido de ese instrumento para su conocimiento. En diverso aspecto, se tiene como domicilio procesal de la citada responsable el que indica en su ocurso y como sus delegados a las personas que designa con esa calidad conforme a lo dispuesto por el ordinal 9 de la ley de la materia. En cuanto a la petición relativa a que se realicen las notificaciones de las resoluciones que se dicten en este asunto en la cuenta de correo electrónico que proporciona, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 26 fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo dígasele que no ha lugar a acordar de manera favorable su petición, porque para estar en aptitud de autorizar la realización de notificaciones electrónicas en el presente asunto es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas y deben señalar el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que en el caso se haya colmado esas exigencias con el suministro de una cuenta de correo electrónico, porque en todo caso ese dato servirá para establecer un contacto con la responsable en el supuesto de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por el ordinal 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, pero no para autorizar la práctica de notificaciones electrónicas; en consecuencia, una vez que se satisfagan los aludidos requisitos, previa insistencia de la citada autoridad respecto de la solicitud indicada, se proveerá lo que en derecho corresponda. No obstante lo anterior, con base en lo previsto por lo dispuesto por el ordinal 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales téngase al ente responsable por señalada la cuenta de correo electrónico que proporciona, únicamente como medio de contacto entre ese sujeto procesal y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales. En diverso aspecto, del contenido integral de la demanda se amparo presentada por ********************, quien promovió a favor del quejoso ******************** se advierte que se reclaman los actos siguientes: Del Fiscal General, del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General, del Comandante de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones de la referida Fiscalía General -en su denominación correcta-, todas esas autoridades de Oaxaca, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Gerente de ********************, ********************, ********************, Grupo Financiero ******************** -en su denominación correcta-, de la sucursal colonia ********************, con domicilio en la calzada ********************, de la colonia ********************, en la capital de esta entidad federativa, combate: Las órdenes de incomunicación, de intimidación, de tortura física y psicológica, de azotes, de palos, de tormentos, de arresto administrativo, de privación de la libertad personal fuera de procedimiento, de detención, de sujeción, de presentación, de comparecencia, de desalojo, de aseguramiento y de clausura del "puesto ********************, ubicado en el ******************** ********************", de colocación de material de soldadura en los candados de ese puesto y el aseguramiento de granos secos, semillas, cacahuates, maíz, frijol, frijolon, chiles y medicamentos de un supuesto infante que se asevera que se encuentran en el interior de tal inmueble. La ejecución de esos mandamientos. Enseguida, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial y de las constancias que integran este sumario se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ******************** a favor del justiciable ********************, porque en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables descritos en los párrafos anteriores se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 y 15 del propio ordenamiento, porque el promovente no tiene legitimación procesal activa para acudir a esta instancia constitucional a ejercer la acción de amparo favor del referido inconforme. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." De los numerales transcritos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley de la materia. También se advierte que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada; esto es, la para la procedencia de este medio extraordinario de defensa se requiere necesariamente que el acto reclamado cause un perjuicio al gobernado que se estime afectado; es decir, que ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por lo que esa situación provoca la génesis de la acción constitucional, la cual puede ejercerla el propio justiciable, o bien, por su representante o apoderado, por su defensor o por cualquier otra persona en los casos previstos por la ley de la materia. El arábigo 6 de la Ley de Amparo prevé la legitimación procesal activa que se traduce en la potestad legal del gobernado para acudir a los órganos jurisdiccionales a pedir el inicio de la tramitación del juicio; o sea, se presenta cuando la acción de amparo es ejercida por quien tiene aptitud legal para hacerla valer, ya sea porque es titular del derecho subjetivo público o porque cuenta con la representación legal o convencional del titular del derecho, o bien, es defensor del agraviado o se trata de cualquier persona, en los casos en los que se reclame algún acto señalado por el normativo 15 de la citada legislación, a saber, se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y el inconforme se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Al respecto es ilustrativa la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 76, Primera Parte, página 45, séptima época, con registro 232899, de rubro y texto siguiente: "LEGITIMACION PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo". Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que ********************, quien promueve a favor del quejoso ********************, señala como actos reclamados que atribuye a las responsables Fiscal General, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General, Comandante de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones de la referida Fiscalía General, todas esas autoridades de Oaxaca, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Gerente de ********************, ********************, ********************, Grupo Financiero ********************, de la sucursal colonia ********************, con domicilio en la calzada ********************, de la colonia ********************, en la capital de esta entidad federativa, las órdenes de incomunicación, de intimidación, de tortura física y psicológica, de azotes, de palos, de tormentos, de arresto administrativo, de privación de la libertad personal fuera de procedimiento, de detención, de sujeción, de presentación, de comparecencia, de desalojo, de aseguramiento y de clausura del "puesto ********************, ubicado en el ******************** ********************", de colocación de material de soldadura en los candados de ese puesto y el aseguramiento de granos secos, semillas, cacahuates, maíz, frijol, frijolon, chiles y medicamentos de un supuesto infante que se asevera que se encuentran en el interior de tal inmueble, así como la ejecución de esos mandamientos. Por otro lado, de las razones de doce y de trece, ambas fechas de mayo del año en curso, elaboradas por el fedatario judicial adscrito a éste órgano de administración de justicia se desprende lo siguiente: El doce de mayo pasado, al acudir a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana local se entrevistó con ********************, ******************** y ********************, quienes ostentan los cargos de Oficial Investigador B, encargado de los separos de la Fiscalía General de la República, Agente Estatal de Investigaciones encargado de los Separos de la Fiscalía General local y Policía de Guardia de los separos de la citada institución policiaca, respectivamente, y les hizo saber el motivo de su presencia, y después de realizar una búsqueda minuciosa en sus registros y bitácoras de personas detenidas, así como de tener a la vista esos documentos y a las personas que en ese momento se encontraban detenidas no localizó al justiciable, ni encontró registros de detención o de estancia del agraviado ********************, por lo que estableció que no le fue posible atender la encomienda dada en el proveído de doce de los corrientes dictado en este medio extraordinario de defensa. En otro punto, el doce y el trece, ambas datas del mes y año en curso, el citado funcionario se constituyó en las oficinas del particular señalado como responsable Gerente de ********************, ********************, ********************, Grupo Financiero ********************, de la sucursal colonia ********************, con domicilio en la calzada ********************, de la colonia ********************, en la capital de esta entidad federativa, para realizar la diligencia de notificación al agraviado ******************** del proveído de doce de mayo pasado, dictado en el presente juicio constitucional, dar fe de las condiciones físicas en las que se encontraba y requerirlo para que manifestara si ratificaba la demanda de amparo que ******************** presentó a su favor; en ese sentido, expuso que se entrevistó con el oficial de seguridad y la encargada de la sucursal bancaria señalada y le preguntó por el paradero del agraviado y esas personas le informaron que el doce de los corrientes no existió alguna persona detenida o retenida en ese lugar; además, apuntó que ninguna persona podía quedarse en el interior de esa institución bancaria; luego, el funcionario actuante hizo constar que no encontró detenido al quejoso en ese sitio, porque las personas que ahí se encontraban el trece de mayo pasado, con la calidad de clientes ingresaban y salían de tal inmueble sin algún tipo de restricción de su libertad ambulatoria, por lo que en la referida sucursal bancaria no encontró al disidente. En otro punto, en los proveídos de catorce y de ********************, ambas datas de mayo del año en curso, dictados en este juicio de amparo, así como en la presente determinación se recibieron diversos oficios presentados por el encargado del Grupo de Aprensiones y por el Coordinador General, ambas autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General local, por el Fiscal General del Estado, por el apoderado del particular señalado como responsable Gerente de ********************, ********************, ********************, Grupo Financiero ********************, de la sucursal colonia ********************, con domicilio en la calzada ********************, de la colonia ********************, en la capital de esta entidad federativa, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los que sumanciamente negaron la existencia de los actos que les fueron reclamados atinentes a las órdenes de incomunicación, de intimidación, de tortura física y psicológica, de azotes, de palos, de tormentos, de arresto administrativo, de privación de la libertad personal fuera de procedimiento, de detención y la ejecución de esos mandamientos respecto del inconforme ********************. Con base en los elementos anteriores, se arriba a la conclusión que ******************** no estaba legitimado para promover el juicio de amparo a favor del agraviado ******************** conforme a lo estatuido por los arábigos 6 y 15 de la Ley de Amparo, porque en la fecha de la presentación de la demanda de amparo el disidente gozaba de su libertad personal y no se encontraba detenido en el lugar que se indicó en el escrito inicial ni en los que acudió el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, por lo que al gozar el justiciable de su libertad ambulatoria no existía obstáculo que le impidiera promover por sí este juicio de protección de los derechos fundamentales en términos de lo prescrito por el numeral 6 de la citada legislación, o bien, por conducto de su apoderado o su representante legal, sin que el primero de los señalados tenga alguna de las dos calidades precisadas en último orden, porque no se aportó algún medio de convicción que demostrara esas representaciones legal o convencional respecto del quejoso. Se sostiene lo anterior, porque de las actuaciones descritas no se advierte que el justiciable haya sido incomunicado, intimidado, torturado física y psicológica, azotado, ni que fuera objeto de palos, de tormentos, de arresto administrativo, o bien, que estuviera privado de su libertad personal o detenido en las instalaciones de ********************, ********************, ********************, Grupo Financiero ********************, particularmente de la sucursal colonia ********************, con domicilio en la calzada ********************, de la colonia ********************, en la capital de esta entidad federativa, ni en los separos o dependencias de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana local donde el promovente aseveró que se encontraba siendo objeto de los actos reclamados el inconforme ni en los lugares que compareció el fedatario de la adscripción; en tal sentido, dado que el inconforme no ha estado privado de su libertad personal, como el promovente lo aseveró al presentar el escrito inicial, sino que goza de esa prerrogativa fundamental, entonces el disconforme no se encontraba imposibilitado para promover el presente juicio constitucional en términos de lo señalado por los preceptos 6 y 15 de la Ley de Amparo, sino que podía ejercer por sí la acción de amparo al gozar de su libertad ambulatoria en la fecha de la presentación de la demanda de amparo, o bien, por conducto de su apoderado o representante legal. En esos términos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 y 15 del propio ordenamiento, porque ******************** no estaba legitimado para promover el juicio de amparo a favor del agraviado ********************, conforme a lo estatuido por los arábigos 6 y 15 de esa legislación, sino que el justiciable podía ejercer la acción constitucional por sí, o bien, por conducto de su apoderado o representante legal, como lo establece el dispositivo 6 del citado ordenamiento, al no tener impedimento alguno para hacerlo; por tanto, con fundamento en lo prescrito por el normativo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que ********************, ********************, ********************, Grupo Financiero ********************, rinde su informe sobre la suspensión de oficio y de plano concedida al agraviado en el auto de doce de mayo del año en curso, respecto de algunos de los actos reclamados. Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 126 de la Ley de Amparo se tiene al particular señalado como responsable por rendido su informe relativo a la suspensión de oficio y de plano otorgada a la parte quejosa en el acuerdo señalado y se toma conocimiento de las situaciones que exponen; en consecuencia, dese vista al inconforme con el contenido de ese instrumento para su conocimiento. En cuanto a la petición relativa a que se realicen las notificaciones de las resoluciones que se dicten en este asunto en la cuenta de correo electrónico que proporciona, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 26 fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo dígasele que no ha lugar a acordar de manera favorable su petición, porque para estar en aptitud de autorizar la realización de notificaciones electrónicas en el presente asunto es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas y deben señalar el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que en el caso se haya colmado esas exigencias con el suministro de una cuenta de correo electrónico, porque en todo caso ese dato servirá para establecer un contacto con el particular señalado como responsable en el supuesto de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por el ordinal 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, pero no para autorizar la práctica de notificaciones electrónicas; en consecuencia, una vez que se satisfagan los aludidos requisitos, previa insistencia del promovente respecto de la solicitud indicada, se proveerá lo que en derecho corresponda. No obstante lo anterior, con base en lo previsto por lo dispuesto por el ordinal 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales téngase al particular señalado como responsable por señalada la cuenta de correo electrónico que proporciona, únicamente como medio de contacto entre esa parte y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. I De la primera razón de cuenta elaborada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal se advierte que el personal del particular señalado como responsable Gerente de la sucursal colonia ********************, de ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, con domicilio en la calzada ********************, de la colonia ********************, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca -en su denominación correcta-, en concreto la encargada de esa sucursal se negó a recibir el oficio 9183/2023 que contiene la inserción del auto de doce de mayo pasado, dictado en este medio extraordinario de defensa, al cual se adjuntó un ejemplar de la demanda, porque esa persona indicó que no podría recibir tales documentos, ya que ella no se encontraban facultada para recepcionar notificaciones, demandas o juicios, en razón de que dicho banco cuenta con una área jurídica que se localiza en la calle ********************, en el ******************** de la capital del Estado y que esa área era quien podía recibir tal documentación, por lo que el fedatario actuante hizo del conocimiento de la encargada de esa sucursal bancaria que no obstante su negativa de recibir la comunicación oficial indicada tendría por hecha la notificación, por lo que al subsistir la negativa realizó la notificación referida; en ese sentido, fijó en la puerta de acceso principal de dicho inmueble el oficio y el anexo señalados. Al respecto, se toma conocimiento de las circunstancias que el referido fedatario asentó en su razón actuarial y dada la negativa de recibir el comunicado referido y un ejemplar de la demanda de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por hecha la notificación del auto inicial al particular señalado como responsable. No obstante lo anterior, mediante un diverso oficio comuníquese este acuerdo y el diverso de doce de mayo del año en curso, dictado en el presente asunto, al área jurídica del particular señalado como responsable en el domicilio que fue proporcionado a fin de que esa área tenga conocimiento de las resoluciones judicial precisadas y pueda rendir el informe de la suspensión de oficio y plano decretada a favor del quejoso respecto de los actos reclamados, con la precisión que el nuevo comunicado que se elabore deberá contener la inserción las resoluciones judiciales precisadas, al cual deberá anexarse copia fotostática simple del escrito inicial. II Por otra lado, de la diversa razón actuarial con la que se da cuenta se colige que el Actuario Judicial de la adscripción el trece del mes y año en curso, nuevamente se constituyó en las oficinas del particular señalado como responsable Gerente de la sucursal colonia ********************, de ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, con domicilio en la calzada ********************, de la colonia ********************, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca -en su denominación correcta-, para realizar la diligencia de notificación al agraviado ******************** del proveído de doce de mayo pasado, dictado en el presente juicio constitucional, dar fe de las condiciones físicas en las que se encontraba y requerirlo para que manifestara si ratificaba la demanda de amparo que ******************** presentó a su favor; en ese sentido, expuso que se entrevistó con la encargada de la sucursal bancaria señalada y le preguntó por el paradero del agraviado y la citada persona le informó que el doce de los corrientes no existió alguna persona detenida o retenida en ese lugar; además, apuntó que ninguna persona podía quedarse en el interior de esa institución bancaria; luego, el funcionario actuante hizo constar que no encontró detenido al quejoso en ese sitio, porque las personas que ahí se encontraban con la calidad de clientes ingresaban y salían de tal inmueble sin algún tipo de restricción de su libertad ambulatoria, por lo que en la referida sucursal bancaria no encontró al disidente. Al respecto, se toma conocimiento de las situaciones descritas y de la imposibilidad que le asistió al mencionado funcionario para realizar la diligencia encomendada en el acuerdo inicial, dado que no encontró al justiciable en el lugar que se indicó en la demanda de amparo que estaba detenido, por lo que se reserva proveer lo que en derecho corresponda una vez que se reciba el informe sobre la suspensión de oficio y de plano que rinda el particular señalado como responsable Gerente de la sucursal colonia ********************, de ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, con domicilio en la calzada ********************, de la colonia ********************, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca -en su denominación correcta-, a fin de tener elementos objetivos que permitan establecer si en realidad el disidente estuvo detenido en la referida sucursal bancaria el doce de mayo pasado. Además, se tiene en cuenta que aún falta que el promovente ******************** atienda el requerimiento de doce de mayo pasado, y presente al agraviado ******************** ante este órgano jurisdiccional, a fin de que este último manifieste si es su deseo ratificar la demanda presentada a su favor o que indique el lugar en el que se encuentra el disidente actualmente. III En otro punto, del contenido de los oficios de cuenta se advierte que el encargado del Grupo de Aprensiones y el Coordinador General, ambas autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca, así como el Fiscal General de esta entidad federativa rinden sus informes sobre la suspensión de oficio y de plano concedida al agraviado en el auto de doce de mayo del año en curso, respecto de los actos reclamados. Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 126 de la Ley de Amparo se tiene a las citadas responsables por rendidos sus informes relativos a la suspensión de oficio y de plano otorgada a la parte quejosa en el acuerdo señalado y se toma conocimiento de las situaciones que exponen; en consecuencia, dese vista al inconforme con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Por otro lado, se tiene como delegados de la responsable Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General local a las personas que designa con esa calidad conforme a lo dispuesto por el ordinal 9 de la ley de la materia y como su domicilio procesal el que indica en la promoción de cuenta. En otro punto, con fundamento en lo dispuesto por el normativo 3 de la Ley de Amparo en relación con los diversos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se autoriza a la mencionada autoridad el acceso y la consulta del expediente electrónico relativo al presente asunto, vía Internet, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "********************" proporcionado para tal efecto. En razón de lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional que realice el alta del usuario "********************" a fin de que la mencionada responsable pueda realizar la consulta del expediente electrónico indicado. Notifíquese.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Juan Alberto Solís Briones189/2019
- Juan Alberto Villafañe García668/2016
- Juan Alejandro Antonio Morales1624/2015
- Juan Alejandro Fenochio Vigil132/2017
- Juan Alejandro Fenochio Vigil209/2016
- Juan Alejandro Hernández de la Rosa1120/2022
- Juan Antonio Castillo García1141/2016
- Juan Antonio Castillo García1667/2016
- Juan Antonio Castillo Treviño873/2018
- Juan Antonio Díaz Díaz264/2022
- Juan Antonio Domínguez Bautista939/2022
- Juan Antonio Domínguez Bautista285/2020